La pésima administración ha convertido las cárceles de Jalisco en núcleos de violencia y corrupción que, según abogados penalistas, funcionarios e investigadores académicos, están a punto de estallar. Lejos de desactivar a la delincuencia, el sistema penitenciario hacina a los reos en instalaciones inadecuadas, mezcla a peligrosos con incautos, fomenta la corrupción; todos estos, detonantes de las sangrientas crisis en los penales del país.
OCOTLÁN.- La frustrada construcción del penal de El Joconoxtle, a menos de 20 minutos de esta cabecera municipal, en seis hectáreas de la falda del cerro La Pitayera, en la región de la Ciénega, es un ejemplo de que las fallas en materia de planeación ocasionan el derroche de decenas de millones de pesos.
Mientras este megaproyecto del gobierno estatal es devorado por la maleza, la sobrepoblación en las cárceles estatales oscila entre 130 y 170% , aunque hay algunas donde se hacinan reos al 400% de su capacidad, con el riesgo de violencia que esto implica, como lo aceptan las propias autoridades jaliscienses.
Hay reclusorios municipales donde los internos comen sólo una vez al día por falta de presupuesto y se han dado casos en que es la población tiene que brindarles alimentos a los presos porque los ayuntamientos no tienen con qué, o eso argumentan.
No obstante, todavía hay tiempo de evitar tragedias como la matanza de los reos del ambulatorio Delta en el penal de Apodaca, Nuevo León, señalan los académicos, defensores de derechos humanos y alcaldes consultados por Proceso Jalisco.
El Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de El Joconoxtle está a menos de 13 kilómetros de la cabecera municipal de Ocotlán, una ciudad industrial que vive en recesión económica desde hace más de cinco años. Allí se entra por una brecha sólo accesible en camioneta o en tractor. La entrada principal está a 800 metros de la carretera que conecta San Miguel de Zula y El Joconoxtle.
Ese tramo carretero se construyó precisamente cuando empezó a edificarse la cárcel regional; hoy esa vía se encuentra en pésimas condiciones y representa un verdadero peligro por su gran cantidad de baches.
La que sería la entrada principal del penal está bloqueada por huizaches, grandes piedras y alambre de púas. Nadie cuida la instalación; la parte que corresponde al área de gobierno tiene un avance del 60%; tiene comedor, oficinas y baños sin muebles. La parte más atrasada es la del patio central, las torres de vigilancia y las que parecen ser celdas.
En esa misma área de administración, unas bardas gravemente fracturadas demuestran fallas en su cimentación; en algunos muros ya corre el cableado eléctrico y se ven ductos de agua potable y drenaje. Junto a las paredes blancas hay otras grises, amarradas a la nada, cuya función no queda clara.
La obra comenzó en 2006. Ese año el gobierno del estado estableció que la culminaría con un presupuesto de 96 millones de pesos. Pero ahora el director de Seguridad Pública de Ocotlán, Javier López Ruelos, quien sólo tiene unas semanas en el cargo, afirma que el problema del Ceinjure es mayor porque el inmueble se edificó en la parte baja del cerro de La Pitayera y por lo tanto cualquier persona puede dominar las instalaciones y el movimiento de autos, personal y reos. “Sería un blanco fácil”, dice.
Con la seguridad vulnerada desde su origen, es posible que las autoridades estatales decidieran abandonar la cárcel de Joconoxtle, a pesar de que hay documentación que revela el intercambio de información del municipio con la Secretaría de Desarrollo Urbano estatal para tratar de reiniciar los trabajos.
Sobrepoblación
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ha advertido que la saturación de las cárceles desborda el ámbito municipal y llamó la atención sobre la situación del núcleo carcelario de Puente Grande, en el municipio de Tonalá.
Aunque coincide con este punto de vista, el abogado Juan Manuel Torres Barajas, extitular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (Digpres) aclara que la llegada de reos al Centro Federal de Readaptación Social número 2 de Puente Grande no provocará motines u otros hechos de violencia en penales estatales y municipales.
De cualquier forma, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, declaró en Guadalajara y en el marco del informe del presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, que urge resolver el problema de la sobrepoblación en las cárceles locales.
En ese mismo acto, el gobernador Emilio González Márquez, reconoció que además del Ceinjure inconcluso en Ocotlán, también falta terminar otro en Colotlán y uno más en Puente Grande, que tendrá capacidad para mil 200 reos.
El mandatario mencionó también el problema de hacinamiento en los reclusorios. Días antes, su secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera, dijo que al igual que las de todo el país, los penales jaliscienses estaban saturados y que urgía “despresurizarlos” para evitar estallidos violentos.
Según cifras oficiales, tan sólo el Reclusorio Femenil de Puente Grande tiene capacidad para 376 internas pero actualmente permanecen ahí 504, es decir, padece una sobrepoblación de 34%.
El jurista Rubén Ortega Montes, académico del Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, compara el sistema penitenciario de Jalisco con una maquinaria con “engranajes sobrecalentados”, lo que obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno a implantar medidas precautorias.
Por su parte, Óscar Hernández, comisario general de Reclusorios del estado, señala que desde mayo de 1995, cuando se registró un motín en el Cereso de Puente Grande, los penales locales permanecen en calma. Sin embargo, admite que la población carcelario de Jalisco es de 15 mil 514 reos, al menos 3 mil de ellos considerados de alta peligrosidad.
No obstante esta declaración, a finales de 2011 y principios de 2012, en menos de una semana se reportaron dos fugas en cárceles de Jalisco. A la media noche del 3 de enero se fugaron dos internos de la prisión de Cihuatlán, en la Costa Sur. De acuerdo con las autoridades penitenciarias, los internos Mario Alberto Téllez y Benjamín Fonseca escaparon por la azotea.
El director de Seguridad Pública del municipio y en esa calidad responsable de ese penal, Matías Jiménez, indicó que existe la infraestructura necesaria para albergar a 38 presos, pero que ahí se ha recluido a 117, es decir, está sobrepoblado al 300% porque opera inadecuadamente como cárcel regional.
Días antes, el 29 de diciembre los reos Gerardo Dávila Ceballos, Ricardo Venegas y Mario Vázquez Baz, considerados de alta peligrosidad, lograron evadirse del penal del Puente Grande.
Sin espoleta
Además del sobrecupo, la problemática carcelaria en el estado incluye las instalaciones inadecuadas, la carencia de personal capacitado para tratar con los reos, presupuesto insuficiente, fallas en los sistemas hidrosanitarios y en las instalaciones eléctricas, así como la atención médica deficiente y el abarrotamiento de celdas con más de 15 personas cuando su capacidad es de cuatro en los presidios municipales.
Además prevalece una deficiente atención en la alimentación de los internos. Desde hace tres semanas la CEDHJ giró la recomendación 02/2012, en donde se denunciaba falta de alimentos y problemas de higiene en la cárcel municipal de Ocotlán.
En respuesta a esa recomendación, el alcalde interino de Ocotlán, Juan Carlos Godínez, asegura que la cárcel del municipio funciona desde hace 70 años y que ahí permanecen 38 personas, cuando sus instalaciones son adecuadas para siete. Dice que con esta sobrepoblación de 500% se hace el mejor esfuerzo para responder a las quejas:
“El problema es que no nos alcanza para otorgar los tres alimentos diarios. Nos esforzamos para que la comida se otorgue en calidad y cantidad suficiente, tal como se pide, y por contar con un nutriólogo certificado, pero en eso sí pedimos el apoyo del gobierno del estado, porque toda la friega la está llevando el municipio”.
Por esa razón, dice, decenas de prisioneros que ya fueron sentenciados deben abandonar la cárcel municipal para reubicarlos en “verdaderos” centros penitenciarios.
Godínez destaca que el municipio gasta 150 pesos por cada recluso diariamente sólo en alimentación, pero la seguridad, la limpieza y demás servicios necesarios en la cárcel elevan el gasto a mil pesos diarios por cada reo. Con 38 internos, la cárcel consume un millón 140 mil pesos del erario al mes.
Para el académico Rubén Ortega, ya existen condiciones para que estalle una crisis en los penales de Jalisco, ya que hasta ahora no se han atendido las reiteradas advertencias de investigadores, académicos, defensores de los derechos humanos (institucionales y activistas), así como de abogados penalistas.
En su opinión, la sobrepoblación, la deficiente infraestructura, la falta de recursos y el aumento del número de detenidos facilitan que los delincuentes recluidos se organicen y participen en delitos que sus cómplices cometen fuera de la cárcel; así fortalecidos, los reos pueden provocar serios problemas o crisis en los centros penitenciarios.
El abogado penalista Rogelio Barba también enfatiza la necesidad de trabajar para desahogar la tensión en las cárceles antes de que la plena temporada de calores. Para él, debe obligarse a todas las autoridades a brindar soluciones reales con el fin de evitar problemas como la masacre de Apodaca.
Ortega argumenta que “los Ceinjures están en malas condiciones y sobrepoblados; además, las cárceles municipales son un verdadero problema porque la mayoría se encuentran ubicadas en el centros de poblados del interior del estado y, como funcionan dentro de edificios oficiales como las presidencias municipales, una situación de violencia o intento de fuga pueden afectar a la población civil”.
Los malos tratos a los reos sólo incrementan el peligro: “Ahí se carece del respeto elemental de los derechos humanos, hay hacinamiento marcado, no se dispone de espacio suficiente para distribuir a los procesados a partir de las penas que purgan y, en consecuencia, se revuelven presos de alta peligrosidad con gente que quizá este ahí por problemas de faltas administrativas. A todos se les vulnera su seguridad jurídica”.
Desde el año pasado Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso) aclaró que al menos 70% del presupuesto para el sistema penitenciario del país se encauza a la atención de personas que purgan penas por delitos de bajo impacto. Puso como ejemplo el robo de un paquete de galletas.
Según el académico, un preso acusado de ese tipo de ilícitos se enfrenta a una pena de tres meses en prisión y puede ser obligado a pagar una fianza de entre 800 a y 9 mil pesos para salir libre. Agrega que un reo cuesta cerca de 140 pesos por día al erario.
El director de Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, Rafael Castellanos, considera alarmante que haya decenas de personas encarceladas por el robo de un perfume o un desodorante, quienes son sentenciadas a penas de uno o dos años por no tener dinero para pagar una fianza de 4 mil o 5 mil pesos.
Afirma que el sistema alternativo de justicia puede ayudar a “despresurizar” las cárceles en la entidad y podría atender en los próximos años hasta a 12% o 14% de los juicios que ahora atienden los juzgados, donde no se dimensiona adecuadamente la gravedad del delito.
La proyección de los datos aportados por Zepeda Lecuona muestra que en un año de cárcel de un reo de delito menor se gastan por lo menos 62 mil pesos, más de 10 veces el monto de la fianza que debía pagar el recluso.
Documentos de la Cuarta Visitaduría de la CEDHJ establecen que las cárceles municipales con mayores problemas son las de Cihuatlán, Arandas, Colotlán, Jalostotilán, Ahualulco, Encarnación de Díaz, Mascota, San Juan de los Lagos, Tala y Zapotlanejo, pero también existen problemas en las de La Barca y San Gabriel.
Los principales reclusorios estatales de Jalisco están en Tepatitlán, Lagos de Moreno, Ameca, Tequila, Autlán de Navarro, Chapala, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta además de los tres del núcleo penitenciario de Puente Grande. En Tonalá existe la mayor sobrepoblación.
Sin embargo, este grave problema no se limita a los penales de Jalisco, sino que ya se manifiestan de forma regional. A pocos días del motín en Apodaca, incluso surgieron fuertes diferencias entre el gobierno de Nayarit y la Presidencia de la República.
El pasado 29 de febrero Felipe Calderón tenía en agenda una gira por territorio nayarita para anunciar la ampliación del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, conocido como Noroeste del Rincón y ubicado en Tepic, con una inversión de 2 mil millones de pesos.
El día anterior el gobernador Roberto Sandoval Castañeda declaró públicamente que estaba en desacuerdo con que Calderón anunciara que Nayarit contaría con “el penal más grande de Latinoamérica”.
“Queremos sacar de la ciudad (de Tepic) el actual penal estatal, que tiene capacidad para 800 presos y está saturado con 2 mil 400; que se ubica en plena zona urbana y frente a la Universidad Autónoma de Nayarit”, informó el gobernador, y pidió que el Cefereso se traslade a las Islas Marías.
Añadió que Calderón es bienvenido en su entidad para anunciar compromisos con la salud, la educación y el campo, pero “que no… venga a darnos más presos. A Nayarit no le interesa más ser el resumidero de los presos federales; espero que no sea así”. Calderón canceló la gira.
Con la representación presidencial, el secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acudió al acto oficial y dijo que con la ampliación del Cefereso se cuenta con instalaciones para 2 mil reos y con la tecnología más avanzada. También negó que el arribo de reos federales provoque más inseguridad en Nayarit.
