MONTERREY, NL.- Los feminicidios en Nuevo León son un problema en aumento, aunque el gobierno estatal se niegue a reconocerlo, acusa Irma Alma Ochoa Treviño, directora de la asociación civil Arthemisas por la Equidad. Y presenta estadísticas: en 2000 hubo 28 homicidios dolosos contra mujeres en territorio nuevoleonés; 2011 cerró con 221.
Feministas del estado afirman que hay una actitud de desdén del gobernador Rodrigo Medina frente al problema, mientras organismos no gubernamentales han pedido al gobierno federal que lance una alerta de violencia de género (AVG) y se investiguen las causas del incremento de la violencia contra las mujeres en la entidad.
La diputada local panista Jovita Morín Flores considera inadmisible que el gobierno estatal no haya iniciado un estudio para determinar las causas del incremento en la cifra de homicidios de género y lamenta que no prosperara en el Congreso de Nuevo León la iniciativa que presentó en octubre para tipificar como delito el feminicidio, una figura ausente en los códigos de la entidad.
El gobierno de Rodrigo Medina, afirma, no quiere atender el problema porque hacerlo significa exhibir a la entidad como un reducto de violencia donde las mujeres son las víctimas.
El año pasado el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) presentó ante la legislatura local una iniciativa con 46 reformas al Código Penal para adecuar las leyes a favor de los derechos de las mujeres. El expediente está archivado.
Violencia a la alza
Aunque la inseguridad es general en el país, actualmente el fenómeno se acentúa en Nuevo León, donde durante 2011 cada cuatro horas se cometió un homicidio. “El estado no es un buen lugar para que vivan las mujeres”, señala Liz Sánchez Reyna, subdirectora de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).
Desde 2000 Arthemisas por la Equidad hace un conteo hemerográfico de homicidios dolosos contra mujeres. Aquel año hubo 28. En 2008 fueron 20. La cifra se duplicó en 2009. En 2010 hubo 74 y en 2011, 221 homicidios dolosos contra mujeres. El incremento desde el inicio del milenio es de 689%… y en los primeros 40 días de 2012 han sido asesinadas 23 mujeres.
En lo que va de este siglo, el total de feminicidios es de 548, del que 34% corresponde a víctimas no identificadas y se presume que en 46% de los casos, los victimarios fueron miembros de grupos delictivos. Del total, 452 homicidios de mujeres ocurrieron en la zona urbana y los 96 restantes, en el área rural.
En la danza de las cifras, el IEM aporta las suyas, similares a las de Arthemisas: En 2011 el Instituto reporta 216 casos de mujeres asesinadas, de las que 24 fueron víctimas de la violencia familiar. En la cifra total se incluye a las mujeres muertas en el Casino Royale el pasado 25 de agosto, cuando un grupo armado prendió fuego al inmueble y mató a 52 personas.
Ochoa afirma que el gobierno de Nuevo León ha ocultado la información al no publicar las cifras por género en la página de la Procuraduría de Justicia, pues al revelarlas quedaría en entredicho por la poca seguridad que ofrece a las mujeres.
El 23 de noviembre de 2011 algunas ONG locales enviaron un informe al Comité de Seguimiento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, de la ONU. En ese reporte –Informe sombra de la sociedad civil– los organismos encontraron que, según registros hemerográficos, entre 2000 y 2008 hubo un promedio de 23 mujeres asesinadas al año en Nuevo León, cifra que aumentó a 40 en 2009.
Frente a la brutalidad prevalece la indiferencia de los tres poderes de Nuevo León, según expusieron ante la ONU: “El problema se ha minimizado en los diferentes órdenes de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mientras que organismos descentralizados que deberían velar por la integridad de las mujeres y sus derechos, como el Instituto Estatal de las Mujeres, no han ejercido acciones al respecto”.
Argumenta el informe: “Organizaciones civiles reportan haber recibido casos de violaciones que no han sido denunciados ante la autoridad, con la característica de que las mujeres son desaparecidas. Las víctimas son mujeres jóvenes que han sido bajadas de sus vehículos por comandos armados o han sido interceptadas en plena calle, sumándose a la violación otras agresiones”.
El informe sombra fue elaborado por Arthemisas por la Equidad, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León, Pro Salud Sexual y Reproductiva, Zihuame Mochilla y el Colectivo Plural de Mujeres.
Tras documentar el panorama de violencia contra las mujeres, organismos civiles de Nuevo León solicitaron, el pasado 12 de enero, al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que estudiara el caso Nuevo León para que fuera lanzada una AVG basada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que toca el tema en su capítulo V:
“Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.”
Promovieron la petición Arthemisas por la Equidad, Alternativas Pacíficas, Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León (CIMACNL) y Pro Salud Sexual y Reproductiva.
Ochoa Treviño explica: “Cuando se lanza una alerta de género se toman acciones para garantizar la seguridad de las mujeres y detener la violencia en su contra, como pueden ser medidas preventivas, que las autoridades avoquen las investigaciones, que encuentren a los criminales y los procesen y juzguen”.
Sánchez Reyna señala que la alerta es una instancia que no ha sido empleada en el país desde que fue creado el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en 2007.
El sistema rechazó la solicitud el pasado 8 de febrero. Ochoa dice que planea promover un amparo apoyada por feministas de otras organizaciones del país, debido a que se les negó el derecho de audiencia en la sesión. Agregó que el estado de Nuevo León, representado por el IEM, votó contra la solicitud, una decisión que llamó “simulación” frente a los feminicidios públicamente conocidos.
Por su parte, Juany Nava, directora de CIMACNL, consideró que el rechazo del IEM en la entidad representa una muestra de insensibilidad y falta de interés en la seguridad de las mujeres: “El instituto en Nuevo León es un mecanismo para el avance de las mujeres y lo que hicieron evidencia una falta de interés en lo que les pasa a las mujeres aquí. Están negando una realidad. La alerta de género pide que se investiguen estos hechos tan lamentables que se han incrementado en los últimos años”, comenta.
Al explicar la razón por la que el IEM votó contra la solicitud de investigación para la AVG, María del Refugio Ávila Carmona, secretaria ejecutiva del organismo, precisó que las promoventes no cumplieron con formalidades requeridas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia.
Entre otros puntos, explicó que incumplieron con el artículo 33 al no acreditar en qué consistieron los hechos violatorios de los derechos humanos de las mujeres en cada uno de los casos expuestos, pues se mencionan de manera general.
Las organizaciones que pidieron la investigación incluyeron como feminicidios los casos de las 42 mujeres que murieron en el incendio del casino Royale. Para Ávila Carmona esas mujeres murieron por “un accidente trágico”.
Iniciativas congeladas
El 5 de octubre del año pasado, Jovita Morín presentó una iniciativa para reformar el capítulo IX del Código Penal de Nuevo León. Propuso reformar el artículo 326 para tipificar el delito de feminicidio para quien dolosamente prive de la vida a una mujer en las siguientes circunstancias: cuando haya relación afectiva con la víctima; una relación laboral, de confianza o subordinación; cuando haya signos de violencia sexual; cuando se le inflijan a la mujer lesiones con cicatrices visibles; que haya mutilaciones, y que haya antecedentes de amenazas o acoso”.
Para este delito propuso una penalidad de entre 25 y 50 años de prisión.
En entrevista con este semanario la legisladora señala que el atraso en el Código Penal de Nuevo León es responsabilidad del gobernador Medina, quien no ha manifestado voluntad política para contener la violencia contra las mujeres.
Para la legisladora, el gobernador tiene miedo a enfrentar la realidad del estado, pues no puede calcular las reacciones adversas que habría contra la imagen de su gobierno si dejara de ocultar, como lo ha hecho hasta ahora, la cifra de feminicidios.
“Si no existe la estadística, no hay ese nivel de gravedad e importancia que se le debe dar al tema. Se cuida la imagen y el buen nombre de Nuevo León ocultando la realidad en la que vivimos”, dice.
Ella, en su calidad de legisladora, ha enfrentado el burocratismo oficial: Antes de presentar la iniciativa para penalizar el feminicidio solicitó a la procuraduría local información relacionada con el tema y la respuesta que recibió es que no hay una categorización en las cuestiones de homicidios dolosos a mujeres. La estadística es general, sin distinción de género.
Considera grave que ninguna autoridad estatal se haya ocupado de analizar el fenómeno del incremento de los niveles de violencia en la entidad. Los datos más confiables son los que se pueden contabilizar en los periódicos.
Arturo Ojeda Becerra, quien fuera coordinador jurídico del IEM, presentó el 8 de marzo de 2011 un paquete de reformas al Código Penal del estado para adecuarlo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que opera en la entidad desde 2007.
El doctor en derecho dice que el espíritu de esta propuesta con 46 reformas era facilitar el uso de esa ley de las mujeres, pues con frecuencia los jueces decían que no era necesaria y que al interpretarla podían usar delitos que ya estaban tipificados en los códigos tradicionales.
El especialista intentó una completa reforma legal para proteger a las mujeres: Pretendió modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil para el Estado de Nuevo León, el Código Civil, el Código Penal, el de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Buscaba con ello armonizar también la legislación estatal con la federal en materia de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia. Si embargo la iniciativa descansa en la congeladora legislativa.
