MÉXICO, D.F. (apro).- El subsecretario de Gobernación, Obdulio Ávila Mayo, rechazó que el gobierno federal que encabeza Felipe Calderón haya desatado una persecución política en contra del exprocurador de Guerrero, Alberto López Rosas.
En entrevista, después de presidir la ceremonia por el 158 aniversario de la promulgación del Plan de Ayutla, en el municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica guerrerense, el funcionario consideró que la actitud de López Rosas obedece a una estrategia política o jurídica.
Sin embargo, dejó en claro que el exprocurador tiene que responder a las imputaciones que se le hacen por el caso de los dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que murieron durante un desalojo en diciembre del año pasado.
“Cada quien trae su estrategia jurídica y política, yo respeto al señor. Pero tiene que aclarar las imputaciones ante la Procuraduría General de la República y será la Procuraduría la que determine, y tendrá él que defenderse”, atajó el subsecretario.
“No confundamos lo jurídico con las aspiraciones políticas”, insistió el funcionario federal. En México, precisó, la impartición de justicia se efectúa sin distinciones..
López Rosas ha denunciado que las imputaciones que le hace la PGR y la orden de aprehensión girada en su contra por el caso Ayotzinapa, obedece a una estrategia para evadir la responsabilidad de policías federales que participaron en el desalojo y que el exprocurador guerrerense acusa de ser los homicidas.
Por otra parte, el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, Juan Manuel Herrera Campos, dio a conocer que además de la consignación de dos policías ministeriales como probables responsables de la muerte de los dos estudiantes normalistas, se han abierto ocho averiguaciones más relacionadas con el desalojo violento del 12 de diciembre den Chilpancingo, aunque se negó a abundar.
“Nosotros, por responsabilidad, no podemos dar a conocer datos relacionados con la integración de estas averiguaciones previas”, argumentó.
Sin embargo, admitió que una de las averiguaciones está relacionada con la muerte del empleado de la gasolinera Eva, Gonzalo Miguel Rivas Cámara, quien murió 19 días después del desalojo, debido a las quemaduras que sufrió en 80% de su cuerpo.
