TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Después de 21 meses de prisión, donde fueron torturados por delitos que según ellos no cometieron, ocho integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) quedaron en libertad al obtener un amparo de la justicia federal.
Detenidos el 4 de julio de 2010, junto con cinco compañeros más –dos de los cuales recobraron su libertad hace dos semanas–, los campesinos liberados fueron acusados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de asonada, sedición, motín y pandillerismo.
La detención se llevó a cabo durante un bloqueo carretero en el municipio de Frontera Comalapa, para exigir el cumplimiento de obras sociales y la liberación de varios compañeros presos. La respuesta del gobierno que encabeza Juan Sabines fue la cárcel.
Obtuvieron su libertad gracias al apoyo de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos (Limedh). Los liberados anoche son: Tereso Morales Roblero, Pedro Raymundo Silva, Priscilio Morales Morales, Juan López Roblero, Marvel Zunun López, Everneo Cecilio Velázquez Agustín, Hipólito Ramírez de León y Santos Salas Vázquez.
Dos semanas antes fueron liberados Emanuel Pérez Morales y Miguel Ángel Roblero. Sin embargo, aún permanecen en prisión Darinel Roblero Gómez, Calistro Roblero Roblero y Roberto Ramírez Roblero.
Santos Salas Vázquez recordó hoy que lo único que pedían era sistemas de agua potable, clínicas y más aulas para sus comunidades. No obstante, no entiende por qué el gobierno de Sabines les respondió con esa violencia, los mantuvo más de 30 días en una casa de arraigo ahora desaparecida y luego los llevaron al penal de El Amate.
Señaló que fueron consignados ante un juez del penal de El Amate, por delitos “prefabricados” por la PGJ, todos de tipo político como asonada, sedición, motín y pandillerismo.
“Fueron liberados después de ser privados de su libertad y torturados para que se declararan culpables de delitos no cometidos, ya que lejos de detener a los verdaderos delincuentes el infame sistema en que vivimos se dedica a encarcelar a luchadores sociales y a civiles por igual, tan sólo por diferir de ideas retrógradas del gobierno en turno o por alzar la voz”, dijo Aurelio Morales, abogado de la Limedh.
