MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a hacer públicos los datos proporcionados por el gobierno de Chihuahua, para integrar el reporte en el que se da cuenta del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso del Campo Algodonero.
Se trata del lugar donde se encontraron los cuerpos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, expediente por el que la CoIDH condenó al Estado mexicano por violar derechos fundamentales.
El caso, cuyo nombre formal es González Banda y otras vs México, a cuya información intentó tener acceso una particular vía una solicitud de transparencia, la Segob respondió con la negativa a proporcionar la información y, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convim), buscó declarar bajo reserva los contenidos por un año.
Ante ello, la solicitante interpuso un recurso de revisión ante el IFAI invocando la prohibición expresa en la Ley Federal de Transparencia, en el sentido de que aquellos casos que impliquen violaciones graves a derechos humanos no pueden ser declarados bajo reserva ni clasificarse.
Y lo cierto es que el proceso por transparentar la información ha sido un largo calvario jurídico, pues las dependencias involucradas se han caracterizado por declararse incompetentes, asegurar que es inexistente o declararla bajo reserva, esto es, han acudido a todos los procedimientos que la ley prevé para mantener la opacidad de los datos en poder de las dependencias.
El gobierno de Chihuahua declaró bajo reserva la información, en tanto la Segob secundó esa decisión en su declaratoria. Además de orientar el pedimento a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que integró toda la información relativa al caso, en virtud de que se trata de un proceso internacional.
Sin embargo, el IFAI ya había dictado una resolución (3571/2011), en la que se aceptó que la Cancillería declarara la inexistencia de la información, pues supuestamente no se encontraba en sus archivos.
En otras palabras, el gobierno de Chihuahua, la Segob y la SRE se hicieron bolas en su afán por mantener la opacidad en torno al cumplimiento de la sentencia de la CoIDH.
La ponencia fue turnada a la comisionada Sigrid Artz Colunga, quien integró el expediente 4951/2011 y, como parte del procedimiento, citó a la Segob y a la SRE a fin de que ambas explicaran lo que estaba pasando.
Con ello quedó en evidencia Gobernación, pues no sólo tuvo que admitir que era la poseedora de la información, sino que ésta se había integrado en las propias instalaciones de la Conavim.
En el expediente presentado por Artz Colunga –y aprobado hoy por el pleno– se consideró que, además del principio de máxima publicidad previsto por el artículo 6º constitucional, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia, establece justamente la imposibilidad de declarar reservas en casos de violaciones graves a derechos humanos, “no se encontró elemento alguno para sostener la reserva”, con lo que dio la razón a la solicitante.
Peor aún. La sentencia de la CoIDH detallaba que el cumplimiento de la sentencia debía estar sujeto a publicidad, es decir, a ser transparente, con lo que el Estado estaba incumpliendo uno de los compromisos internacional en materia de derechos humanos, a los que está obligado México.
En Chihuahua, a través de un amparo, la solicitante ya había logrado revertir la reserva de información.
La instrucción decidida hoy por el pleno del IFAI prevé que la información debe presentarse completa, toda vez que los nombres y datos que pudieran ser sujetos a protección de datos ya son públicos como parte de la sentencia, así que no se consideró que debe integrarse una versión pública.
Los pronunciamientos de los comisionados del IFAI fueron severos contra la Segob. La comisionada María Elena Pérez Jaén Zermeño calificó de indebida la declaración de reserva y destacó que la resolución emitida hoy por el IFAI corrige lo hecho por esa dependencia del Ejecutivo federal.
En tanto, el comisionado Ángel Trinidad Saldívar fue más allá, pues se dijo sorprendido por el proceder de la Segob, al observar que es digno de atención que haya dado ese tratamiento al asunto.
El caso Campo Algodonero se integró como parte del agotamiento de instancias a las que acudieron las familias de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, víctimas de violencia.
La CoIDH también condenó que las familias denunciantes hayan sido sujetas a violencia estatal.
