CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó este domingo que el Juzgado Primero de Distrito, con sede en esta capital, libró 10 órdenes de aprensión contra el exprocurador de Justicia, Alberto López Rosas, ocho funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y un civil, por incurrir presuntamente en diversos delitos federales derivados del caso Ayotzinapa.
Mientras que la agente del Ministerio Público adscrita a la PGJ, Gloria Rocío Cruz Méndez, quien este viernes fue detenida por agentes federales e ingresada al penal capitalino por el mismo caso, salió libre bajo caución mediante el pago de una fianza de ocho mil pesos.
A dos días de que Apro reveló este hecho, la PGR, mediante un comunicado oficial difundido esta tarde, indica que el exprocurador, así como los funcionarios de la dependencia estatal, son acusados por el Ministerio Público federal por “delitos contra la administración de justicia, al favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de la justicia”.
El comunicado de la PGR omite precisar los nombres de los inculpados que están en funciones y sólo se refiere a ellos como: “un subprocurador; un director general; un fiscal; tres agentes del Ministerio Público del fuero común; un auxiliar del Ministerio Público y otro servidor público”.
No obstante, agrega que en el caso de López Rosas, quien este viernes obtuvo su registro como precandidato del PRD a la alcaldía de Acapulco, también es acusado por “encubrimiento, en la hipótesis de desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictivo”.
En el caso del civil, quien es el décimo indiciado, tampoco se aporta su nombre, pero podría ser el testigo que utilizó la PGJ para inculpar a los federales por el crimen de los normalistas de Ayotzinapa, la PGR refiere que la orden de aprehensión en su contra es por los delitos de “falsedad en informes dados a una autoridad y por simulación de pruebas”.
La PGR señala que desde el miércoles 22, el juez Primero de Distrito otorgó las 10 órdenes de aprehensión por diversos delitos del orden federal y advierte que la indagatoria PGR/DGCAP/ZNE-VIII/114A/2011, que se integró por el caso Ayotzinapa, continúa abierto y enfocado en la investigación los delitos de posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; así como el de abuso de autoridad y tortura.
Desde el viernes Apro difundió este hecho, al día siguiente la agente del Ministerio Público del fuero común rindió su declaración preparatoria ante el Juzgado Séptimo de Distrito, donde se determinó que saliera libre bajo caución debido a que los delitos por los que la PGR la acusaba no son graves.
