CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La agente del Ministerio Público adscrita a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Gloria Rocío Cruz Méndez, fue detenida ayer por la tarde por elementos federales por el caso Ayotzinapa.
El arresto de la funcionaria se dio en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por el Juzgado Primero de Distrito, con sede en esta capital.
La detención forma parte de una estrategia jurídica del Ministerio Público federal para detener a funcionarios y exautoridades de la PGJ por el mismo caso.
El arresto fue confirmado por el exprocurador estatal Alberto López Rosas, quien dijo ayer que hay una orden de presentación en su contra y que se amparará contra dicha medida porque no confía en las autoridades.
Cruz Méndez fue aprehendida en su domicilio en Chilpancingo y enseguida fue trasladada al penal capitalino, donde permanecerá hasta que el juez de Distrito defina su situación jurídica a través de un auto de plazo de libertad o formal prisión por los delitos federales que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR), indicaron fuentes oficiales.
El Ministerio Público federal acusa a Cruz Méndez de haber elaborado el acuerdo de libertad mediante el cual la PGJ liberó a 24 detenidos durante el desalojo violento del 12 de diciembre, por lo que es señalada de incurrir en el delito de evasión de presos, según los reportes oficiales.
Cruz Méndez estaba adscrita a la Fiscalía Regional en la Zona Centro de la PGJ.
Apro reveló ayer que el Ministerio Público federal ordenó la presentación de 21 exfuncionarios y autoridades de la PGJ, quienes inicialmente integraron la averiguación previa por el desalojo violento de normalistas en diciembre en esta capital, durante el cual fueron asesinados a tiros dos estudiantes.
De forma paralela, el Ministerio Público federal también solicitó a los juzgados Primero y Séptimo de Distrito –ambos con sede en Chilpancingo– librar órdenes de aprehensión contra el mismo número de exfuncionarios y autoridades de la Procuraduría local contra quienes se integró una averiguación previa por diversos delitos federales, entre ellos tortura, abuso de autoridad, contra la administración de justicia, actuaciones irregulares y evasión de presos.
La lista de indiciados la encabezan el exprocurador Alberto López Rosas y el exsubprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente.
Además, el actual subprocurador César de los Santos Mendoza y más de una decena de agentes del Ministerio Público del fuero común, peritos y policías ministeriales que participaron en la integración de la averiguación previa, señalaron las mismas fuentes consultadas por Apro.
Por ello, desde ayer a las 11:00 horas la juez Séptimo de Distrito, Lucina Altamirano Jiménez, libró un paquete de siete órdenes de aprehensión mientras que el juez Primero de Distrito, Jorge Porras Gutiérrez, ordenó la detención de otro grupo de exautoridades y funcionarios de la PGJ.
Las órdenes están siendo ejecutadas por agentes federales y la primera detenida fue Cruz Méndez, quien es acusada de delitos federales tipificados como graves y por lo cual no alcanza fianza.
