No sólo Juan Molinar Horcasitas ha utilizado recursos del IMSS para apuntalar a Metrofinanciera, sociedad financiera de objeto múltiple en la que mostraron particular interés él y su hermano Javier Molinar, director del Grupo Ixe. Un cliente de esa institución crediticia se queja de la disposición indebida de sus ahorros para invertirlos en dicha empresa y ofrece indicios de que el grupo también está desviando ahorros de sus clientes para sus propias y arriesgadas apuestas bursátiles.
En 2009, tras nueve años de tener 680 mil pesos –todos sus ahorros– en una cuenta bursátil del Grupo Financiero Ixe, Rodolfo Alfaro Aguiñaga se enteró súbitamente de que tenía 100 mil pesos menos porque Ixe los tomó sin su autorización para invertirlos especulativamente en Metrofinanciera, una Sociedad Financiera de Objetivo Múltiple (sofom) en quiebra.
Como nunca le informaron de ese movimiento, Alfaro Aguiñaga sólo se percató del faltante dos años después. De un mes al otro, en su estado de cuenta de abril de 2009 vio disminuido su capital en casi una sexta parte.
El afectado señala que el traspaso de dinero lo hizo directamente el asesor que le asignó Ixe Casa de Bolsa, Ignacio Loyola Calderón Sandoval.
El grupo financiero del mismo nombre lo dirige Javier Molinar Horcasitas, hermano de Juan Molinar, que de diciembre de 2006 a marzo de 2009 fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social, después fue nombrado secretario de Comunicaciones y Transportes y actualmente es secretario de Acción de Gobierno del PAN.
En su primer periodo como funcionario público, Juan Molinar invirtió en varias sofom al menos 3 mil millones de pesos de los derechohabientes del IMSS, según la Auditoría Superior de la Federación (Proceso 1842). No obstante, hay versiones de funcionarios del propio Grupo Ixe, ahora fusionado con Banorte, acerca de que la inversión alcanzó en realidad 10 mil millones de pesos.
En varios encuentros con este reportero durante febrero, Alfaro Aguiñaga informa que es economista y fue empleado de Hacienda, así como funcionario del Banco de México y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Tiempo después de haberse jubilado del servicio público, el 1 de septiembre de 2000 firmó un contrato de intermediación bursátil con Ixe Casa de Bolsa del Grupo Financiero Ixe.
Su cuenta, la número 31176, era “no discrecional”, es decir que ningún ejecutivo o asesor financiero podía hacer uso de ella sin el visto bueno del cliente. Todo iba normal hasta el 30 de abril de 2009, cuando apareció en su estado de cuenta un saldo de algo más de 580 mil pesos. Apenas el mes anterior tenía 680 mil.
El cuentahabiente fue a Ixe Casa de Bolsa, donde le dijeron que parte de su patrimonio colocó en un fondo la sofom Metrofinanciera, “en el cual invirtieron 100 mil pesos, y como esa empresa estaba en problemas y se declaró en suspensión de pagos, pues resulta que perdí esa cantidad”. Lo peor es que Ixe desvió el dinero a esta sofom sin informarle al dueño del dinero.
Fue el asesor de cuenta Ignacio Loyola Calderón quien dispuso de ella, como pudo hacerlo con las de otros clientes, dice el entrevistado. Añade que en su contrato está claro que su cuenta “no era discrecional y por lo mismo no incluía instrumentos de renta variable” o capital de riesgo.
Pese a ello, después Ixe trató de que Alfaro Aguiñaga firmara ante notario público como cliente con certificados bursátiles “para llevar adelante todo el proceso judicial del plan de reestructura de la empresa Metrofinanciera”, como dice el afectado en la solicitud de defensa que presentó a la Condusef.
En dicho plan, cuya copia tiene este semanario, se establece que hasta el 31 de mayo de 2009 los adeudos de la sofom ascendían a más de 15 mil 723 millones de pesos, repartidos de la siguiente forma: 8.28% de la Sociedad Hipotecaria Federal y 91.71% de “acreedores por operaciones comunes”.
Al advertir la falta de sus 100 mil pesos, Alfaro clausuró su cuenta e inició una pelea a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) a fin de que le devolvieran su dinero.
No consiguió nada. “Aunque siempre me trataron bien en la Condusef (Delegación Jalisco), nada más, porque defienden más a los banqueros que a los clientes, por lo que podría tratarse de un fraude maquinado desde los más altos niveles”, dice.
Condusef, defensora de banqueros
La Condusef aceptó formalmente defender al cuentahabiente, que hizo trámites durante más de dos años. El 23 de febrero de 2010, en una audiencia de conciliación, la apoderada legal de Ixe Casa de Bolsa e Ixe Grupo Financiero, Jessica Fuentes Escobedo, alegó que “de acuerdo a las instrucciones del reclamante” (Alfaro Aguiñaga), el 18 de octubre de 2007 se realizó la compra de 2 mil certificados bursátiles “Metrofi 907” y que desde esa fecha hasta el 18 de septiembre de 2008 se hicieron los abonos de los intereses generados, sin que el interesado hubiera hecho reclamo alguno.
La defensora de Ixe agregó que “el reclamante” los instruyó el 18 de septiembre de ese año para que vendieran los certificados adquiridos y que hasta el 5 de marzo de 2009 recibió al menos seis depósitos más por concepto de abono de intereses, “sin que en cinco meses mi representada haya recibido objeción alguna”. Pero cuando el demandante exigió aunque fuera un solo comprobante firmado por él donde se especificara su aceptación, la abogada no tuvo argumentos. Sólo respondió que ahí estaban los estados de cuenta.
Sobre el faltante de 100 mil pesos de la cuenta en cuestión, dijo la abogada de Ixe que “no se trata de una pérdida ni de una disminución, sino de una minusvalía que obedece al cambio de valuación que sufrió la emisión de Metrofinanciera”.
Alfaro exigió que se exhibieran pruebas. La apoderada nunca lo hizo y volvió a insistir en los estados de cuenta, pero no objetó la petición del demandante. A la hora que se levantó un acta para que Ixe y Alfaro aceptaran someter su controversia al juicio arbitral de la Condusef, Jessica Fuentes Escobedo se negó.
El demandante solicitó al licenciado Víctor Manuel Uribe Flores, asistente de la delegada de Condusef en Jalisco, Adriana Romo López, que se hiciera constar en el acta que la representante legal de Ixe no tenía pruebas de que él hubiera autorizado la inversión de riesgo. Increíblemente, prosigue Alfaro Aguiñaga, “Uribe Flores entró a la defensa de Ixe. Sin que hubiera alguna negativa por parte de la apoderada, dijo que no podía incluir mi petición porque la abogada del grupo financiero no firmaría el acta. La apoderada nunca objetó mi petición. Fue el propio conciliador quien se negó a poner en el acta mi solicitud. Con esto queda claro de qué lado está esa comisión”.
Ante la tendencia que percibió en la Condusef y la negativa del Grupo Ixe a reconocer su abuso de confianza, el 3 de marzo de 2010 Alfaro Aguiñaga le solicitó a la comisión un dictamen técnico que se adjuntara a su expediente (2009/150/21795).
Finalmente, el 30 de junio de 2010 la Condusef dejó el camino libre al señor Alfaro: llegó a la conclusión “única” de que “este organismo no está en posibilidades de emitirlo (el dictamen), toda vez que no contamos con los elementos suficientes, lo que no obsta para que el usuario, de considerarlo procedente, haga valer sus derechos ante la autoridad jurisdiccional competente”. Firma este documento Elsa Margarita Fonseca Leal, directora de Dictaminación de la comisión.
El 23 de febrero de 2011, el jefe del Departamento de Recursos de Revisión de la Condusef, Pedro Mauricio González Aburto, firmó la revocación del anterior acuerdo de improcedencia.
El 31 de marzo siguiente, la comisión dictaminó que “la reclamada debía aclarar todas sus dudas respecto a su inversión y devolverle el monto cuestionado que se perdió por negligencia, o bien, que se exhiba el documento de autorización debidamente firmado por él” (Roberto Alfaro) y que era “indispensable que la parte reclamada (Ixe Casa de Bolsa, Grupo Financiero) exhibiera el documento aludido”, porque, de lo contrario se daba por hecho que en el contrato de la cuenta se pactó que sería solidaria y no discrecional.
Por lo pronto, dice el documento, “se presume que la reclamada no sustentó la compra de valores de Metrofinanciera objeto del reclamo”. Hasta ahí llegó la defensa de la Condusef.
Alfaro Aguiñaga insistió en que este organismo debería sacar adelante el asunto hasta que le regresaran su dinero más los intereses, pero la licenciada María del Carmen Moraila Urbano –cuyo cargo no se especifica– le envió el 29 de noviembre de 2011 una carta donde le informa que la comisión no seguirá llevando su caso “porque se considera que el usuario cuenta con recursos económicos, considerando el monto de lo reclamado”.
Para el afectado, se trata de una conclusión personal de la funcionaria de la Condusef, hecha desde su escritorio, puesto que nuca se presentó nadie a su departamento para elaborar un estudio socioeconómico.
Eso sí, el pasado 25 de enero llegó a la vivienda de Alfaro Aguiñaga un telegrama “urgente” en el que la Condusef le pide información “sobre el uso del dictamen a su favor. Si fue presentado ante alguna autoridad. Qué valor el otorgó. Su amable cooperación nos interesa sobre el uso que dará al dictamen emitido en su favor. Si su asunto está siendo atendido por abogado, favor de autorizarnos para solicitar información”.
Hasta la fecha el denunciante, de 72 años y jubilado en 1998, ha sido abandonado totalmente por la Condusef y no sabe dónde quedó buena parte de los ahorros de toda su vida. Lamenta que la comisión, supuestamente creada para apoyar a los clientes, “defienda a los bancos y a sus dueños”.
Metrofinanciera, un hoyo negro
De acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2010 dado a conocer la semana antepasada (Proceso 1842), Metrofinanciera, que desde hace al menos cinco años estaba en serios aprietos económicos, fue una de las sofom beneficiadas por una inversión especulativa calculada en 3 mil millones de pesos procedentes de pensionados del IMSS.
Metrofinanciera tenía serios problemas desde 2007, cuando perdió más de 3 mil 643 millones de pesos que no fueron reportados a la Bolsa Mexicana de Valores. Por esta razón su director, Armando Guzmán González, estuvo a punto de ser detenido por la PGR, pero un juez negó la orden de aprehensión a principios de este año (La Jornada, 7 de febrero de 2012). Y tras la crisis hipotecaria de 2008 en Estados Unidos, sus dificultades se agravaron.
En 2009 Metrofinanciera, asentada en Monterrey, Nuevo León, entró en franco declive e ingresó a concurso mercantil (CNN-Expansión, 17 de noviembre de 2009). Un año después, la sofom ofreció a sus acreedores transferir recursos de donde fuera e invertirlos en ese capital de riesgo (El Economista, 9 de julio de 2010). Entre esos acreedores está el Grupo Financiero Ixe, cuyos directivos Enrique Castillo Sánchez Mejorada, presidente del consejo de administración, y el director general Javier Molinar Horcasitas, habrían optado anticipadamente para salvar a Metrofinanciera. Así es como se explica por qué fueron a parar ahí los 100 mil pesos de Alfaro Aguiñaga.
Pero los intereses de los hermanos Molinar Horcasitas no paran ahí. Según la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Javier Molinar Horcasitas formaba parte del consejo de administración de Mexicana de Aviación y “está involucrado en la quiebra deliberada de la empresa” (La Crónica de Hoy, 17 de agosto de 2008). De ahí que Ixe y los Molinar Horcasitas se hayan interesado en quedarse con la empresa aérea en condiciones de remate, sostuvo ASPA en un co
