GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Comisión de Vigilancia del Congreso local ratificó que en la cuenta pública 2009 del Poder Legislativo se detectaron irregularidades por más de 280 millones de pesos, según las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).
De acuerdo con el diputado priista Salvador Barajas del Toro, presidente de la Comisión de Vigilancia, los involucrados no entregaron documentos que comprobaran el gasto de las anomalías observadas.
“Es la falta de documentación comprobatoria en algunos de los proveedores que surtieron algunas de las necesidades del Congreso, algunos de los temas de las nóminas que no se acreditaron con los trabajadores que supuestamente fueron cubiertos con recursos del Poder Legislativo y que llegan a un cargo, como lo ha aprobado esta comisión, de más de 280 millones de pesos”, puntualizó.
Y añadió: “Cada uno de estos diputados integrantes de la Comisión de Administración tendría que dar un seguimiento a todos aquellos diputados o funcionarios que pudieran estar involucrados para que reintegren estos recursos, pero los responsables ante la Auditoría y ante el Congreso son quienes integraban la Comisión de Administración”.
Barajas reconoció que esta es la primera vez en la historia del Congreso local que diputados sancionan a sus antecesores.
Los cargos fueron fincados a los exlegisladores miembros de la Comisión de Administración en la LVIII Legislatura.
Si el dictamen aprobado ayer al interior de la Comisión de Vigilancia corre la misma suerte en el pleno del Congreso local, los exdiputados priistas Jorge Arana y Jorge Villanueva, la panista Norma Angélica Aguirre, el perredista Samuel Romero Valle, Luis Manuel Vélez Fregoso (PVEM), Alfredo Zárate (PT), y Lorenzo Moccia y José Guadalupe Madera Godoy, de Nueva Alianza, tendrán que solventar las irregularidades con cerca de 35 millones de pesos cada uno.
No obstante, los diputados podrán acudir ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) o, como lo marca la Ley de Fiscalización, que el pleno de la actual Legislatura regrese a la ASEJ el dictamen, sólo en caso de que existan elementos que puedan sustentar los cargos.
