CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Esta mañana el exprocurador estatal Alberto López Rosas confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) libró una orden de presentación en su contra por el caso Ayotzinapa.
Más tarde, funcionarios del Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en esta capital, indicaron que fueron libradas siete órdenes de aprehensión contra funcionarios y exautoridades de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) por el mismo caso.
Las mismas fuentes informaron que el Ministerio Público federal no sólo está requiriendo a López Rosas, sino también ordenó la presentación de 21 funcionarios de la PGJE, en contra de quienes se integró una averiguación previa por diversos delitos, entre ellos tortura, abuso de autoridad, contra la administración de justicia, actuaciones irregulares y evasión de presos.
La lista de indiciados la encabezan López Rosas y el exsubprocurador Alejandro Hernández Paz y Puente.
Además, el actual subprocurador César de los Santos Mendoza y más de una decena de agentes del Ministerio Público del fuero común, peritos y policías ministeriales que participaron en la integración de la averiguación previa por el desalojo violento de normalistas, registrado el pasado 12 de diciembre en esta capital y donde fueron asesinados a tiros dos estudiantes, refirieron las mismas fuentes consultadas por Apro.
En rueda de prensa ofrecida en su domicilio del fraccionamiento Mozimba, en el puerto de Acapulco, el exfuncionario, quien originalmente tuvo a su cargo la investigación, dijo que dicha acción es ilegal y comentó que se trata de una persecución en su contra, por lo que anticipó que buscará ampararse antes de presentarse ante el Ministerio Público federal porque desconfía de la autoridad.
López Rosas aseguró que la investigación de la PGR ha sido “sesgada” y reiteró que pretenden proteger a la Policía Federal, a quienes señaló como los responsables del homicidio de los dos estudiantes y las acciones represivas cometidas durante el desalojo violento del 12 de diciembre en esta capital.
Durante la conferencia, el exfiscal, quien fue destituido un día después de la represión a normalistas, se autodefinió como “perseguido político” del gobierno federal.
López Rosas indicó que esta mañana se enteró de forma extraoficial sobre la orden de presentación en su contra, y dijo desconocer si lo están citando como testigo o indiciado, porque aún no le notifican oficialmente.
A pesar de ello, consideró que la PGR ha incurrido en excesos y acciones arbitrarias durante la investigación que realiza sobre el caso Ayotzinapa y volvió a insistir sobre la presunta protección hacia los policías federales que participaron en el desalojo violento y que de acuerdo con testimonios, fue la primera corporación que llegó al bloqueo carretero que se registró sobre la autopista del Sol.
“Percibo que es una persecución de la PGR en mi contra por la difusión de los videos el 18 de diciembre, porque a partir de este hecho, la dependencia federal emprendió una sucesión de actos de persecución y hostigamiento que hoy concretan con la orden de presentación”, indicó.
Luego afirmó que el requerimiento de la PGR no será obstáculo para que este día se registre como precandidato del PRD a la alcaldía de Acapulco ante el órgano electoral interno de este partido.
–¿Con esto va a frenar su aspiración política?
–No, de ninguna manera, voy a continuar, hoy mismo mientras yo comparezca (ante PGR), habrá quien me registre legalmente para poder participar, expresó López Rosas.
Enseguida, el exfuncionario estatal indicó: “Vamos a afrontar con bastante responsabilidad y a demostrar a la sociedad que el hacer las cosas bien es un pecado en la entidad y el país”.
Por la noche, López Rosas reconoció que la acción penal en su contra se trata de una “orden judicial”, pero reiteró desconocer si se trata de una orden de aprehensión o presentación.
Y enseguida remató: “No hay duda del interés de proteger a la Policía Federal a costa de la institución del estado”.
Durante este mes, las actuaciones que realizan autoridades de la PGR y la PGJE sobre el caso Ayotzinapa, han desatado una ola de protestas en la dependencia estatal.
Ello debido a que las autoridades de la Procuraduría local iniciaron un procedimiento administrativo en contra de al menos 70 trabajadores de esta dependencia –entre agentes del MP del fuero común; peritos y policías ministeriales que participaron en la integración de la averiguación previa– por incurrir en “actos arbitrarios” y “limitar indebidamente” las manifestaciones de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Aunado al procedimiento administrativo interno de la PGJE, la PGR integró una averiguación previa en contra de los mismos inculpados por los delitos de evasión de presos, encubrimiento y obstrucción de la justicia, como denunció a principios de mes un grupo de trabajadores inconformes que a manera de protesta realizaron un paro laboral.
Luego, el lunes 13, el gobernador Ángel Aguirre Rivero ordenó la destitución de siete funcionarios de la PGJE como parte de la estrategia oficial para destrabar el conflicto que persiste por el caso Ayotzinapa.
Entre los funcionarios removidos se encuentran tres exfiscales (agentes del MP del fuero común), y cuatro agentes de la Policía Ministerial (PM), entre ellos el comandante en la región Centro de esta corporación, David Jesús Urquizo Molina, quien es señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de haber “torturado y sembrado” un fusil AK-47 a un estudiante normalista, indica un comunicado de la PGJE.
Estas destituciones fueron presentadas por el gobernador
Aguirre durante la reunión que sostuvo ese lunes 13 con integrantes de la comisión civil de interlocución por el caso Ayotzinapa, y los ceses se hicieron efectivos un día después, a través del oficio suscrito por el encargado de la Procuraduría local, Juan Manuel Herrera Campos.
Entre los acuerdos que asumió el gobierno estatal durante el encuentro realizado en la residencia oficial Casa Guerrero, al oriente de esta capital, se encuentra el compromiso de “llegar a la verdad histórica” del desalojo violento de normalistas.
También se pactó “aplicar la ley” a los responsables; generar un programa de reparación del daño y promover reformas legislativas para que no se repitan ese tipo de sucesos, informó el gobierno estatal en un boletín de prensa.
En este marco, el lunes 20 fueron ejecutados dos escoltas del director de Averiguaciones Previas de la PGJE, Marciano Peñaloza, quien es el encargado de la indagatoria que realiza la dependencia local sobre el caso Ayotzinapa.
En respuesta, el gobierno estatal reforzó la seguridad del funcionario de la Procuraduría local, a quien le fue asignado un grupo de policías para su resguardo.
