MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) acusó a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) de incurrir en una práctica “sistémica” de exhibir públicamente a presuntos culpables, cuando no se ha probado jurídicamente su responsabilidad en la comisión del delito.
Esa acción, dijo el organismo, genera violaciones a la dignidad, la honra y la vida privada de las personas que son detenidas preventivamente.
Según la CDHDF, cuenta con un expediente acumulado de 32 casos de ese tipo que, en su opinión, demuestra que no se trata de hechos aislados, sino de una práctica común.
Uno de esos casos, que destacó por las reacciones que generó en medios de comunicación y redes sociales, es el de la estudiante universitaria Mariel Solís, quien fue detenida, recluida y exhibida ante los medios como presunta responsable de robo y homicidio de dos académicos de la UNAM.
Mariel participó hoy en el Foro Violaciones a los derechos del debido proceso en la investigación ministerial. Casos, causas y consecuencias, organizado por la CDHDF, donde refirió que el daño más grande que sufrió como “víctima de fabricación de culpables” fue que le quitaron su seguridad.
Pese a que recibió una disculpa del entonces procurador general del DF, Miguel Ángel Mancera, quien reconoció que sus elementos se equivocaron al detenerla, y ha recibido terapia psicológica y apoyo económico para subsanar los gastos que hizo su familia durante el proceso, la joven afirmó que la experiencia la traumó.
“Yo podía salir a la calle con mucha seguridad, incluso a veces llegaba noche de la Universidad; después de esto no podía salir ni de día, sola, incluso acompañada. De repente me daban ataques de histeria, de repente no me quería bajar del Metro, lloraba, me daba mucho miedo, ya estoy mejor, pero para mí el daño más importante fue que me quitaron mi seguridad”, relató.
Mariel reveló que está considerando seguir un proceso en contra de quienes la metieron a la cárcel sólo porque tenían su nombre y una imagen de una mujer que se parecía a ella.
El primer visitador, Mario Patrón Sánchez, afirmó que el debido proceso es una garantía que auxilia a los probables responsables y a las víctimas del delito, y consideró que si la autoridad cuida que la detención sea legal, que el probable responsable tenga una defensa y se recaben adecuadamente las pruebas, se respetarán los derechos de ambas partes.
Refirió que el caso de Mariel fue excepcional por la rápida respuesta institucional que hubo para liberarla después de unos días, pero no ha sido así en los demás casos que el organismo tiene registrados.
De hecho, indicó que la CDHDF estudia la “práctica sistémica” de la PGJDF de exhibir a personas que considera culpables ante los medios de comunicación, generándoles un juicio paralelo: uno ante la sociedad y otro ante las instancias, violando múltiples derechos procesales, como la presunción de inocencia y la garantía de defensa adecuada.
“Consideramos que la exhibición ante medios de comunicación de personas probables responsables de delitos genera una serie de violaciones, incluso la dignidad, la honra y la vida privada de las personas”, subrayó.
Añadió que la exhibición de presuntos culpables en los medios es un problema de la autoridad “que detenta la información, al divulgarse datos que son propios de un expediente de investigación, que de acuerdo con la Ley de Transparencia es información restringida. Estamos hablando de datos de carácter personal, como es la imagen de las personas”, dijo Patrón Sánchez.
Al exhibirlos, enfatizó, la autoridad viola derechos humanos, como la presunción de la inocencia y la independencia de la imparcialidad.
Por su parte, Rafael Heredia, el abogado que llevó el caso de Mariel, sostuvo que en México existe un problema grave de investigación científica por parte de la policía.
Hizo hincapié en la afectación que sufren las personas que son exhibidas en medios, y se pronunció porque en éstos no se siga “acusando, juzgando y sentenciando”.
En julio de 2011, Mariel Solís fue acusada por la PGJDF de ser autora material de robo y homicidio calificado del profesor Salvador Rodríguez y Rodríguez, así como del homicidio en grado de tentativa en contra del profesor Carlos Bustamante Lemus, ultimados por dos delincuentes el 12 de agosto de 2009, quienes los despojaron de 34 mil pesos que habían sacado de un banco en la delegación Coyoacán.
Mariel fue confundida con la mujer que presuntamente dio la información a los asaltantes para llevar a cabo el asalto contra los académicos de la UNAM, y cuya imagen fue sacada de las cámaras de seguridad del banco.
