La insatisfacción de los ciudadanos con la gestión de Felipe Álvarez Cibrián en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, los señalamientos de organizaciones civiles y colegios de abogados sobre sus amarres políticos y el derroche de recursos, no fueron obstáculos para que el Congreso estatal lo reeligiera para el periodo 2012-2017. Sus críticos dicen que el principal atractivo del abogado para el poder es su complacencia.
Cerca de una veintena organizaciones defensoras de derechos humanos, un colegio de abogados y diversas agrupaciones ambientalistas se declararon dispuestos a seguir por todas partes al ombudsman jalisciense, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, para evidenciar sus mediocres resultados en el cargo y dejar de manifiesto lo que consideran “la farsa en su reelección”.
Álvarez fue ratificado el 24 de enero por 34 de los 40 diputados locales para su segundo periodo en la comisión (2012-2017). La votación y la toma de protesta del funcionario se realizaron en medio de críticas y descalificaciones de activistas civiles por su “tibieza” y “servilismo” ante el poder.
Desde el 27 del mismo mes, un grupo de inconformes clausuró simbólicamente las oficinas de la comisión. Ahora, en entrevista, algunos de ellos advierten que impedirán que el “reinado” de Álvarez Cibrián se prolongue más allá de agosto, cuando termina su actual periodo.
Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) y quien aspiró al presidir la CEDHJ, informa que están en proceso tres amparos contra la acción del Congreso estatal para que se reponga el procedimiento de elección.
“Con esto queda en evidencia que Álvarez Cibrián por fin logró juntar a los principales defensores de los derechos humanos de Jalisco, pero en su contra”, ironiza, y confía en que hay “grandes posibilidades” de que los demandantes sean beneficiados con la suspensión provisional para que Álvarez no asuma el cargo por segunda vez:
“Una alternativa es que se nos conceda razón ante los amparos; la otra sería que el juez nos diga que no procede la suspensión y considere que esto ya es un hecho consumado desde el momento en que le tomaron protesta (el 24 de enero). Pero tenemos elementos técnico-jurídicos para considerar que los amparos se resolverán a nuestro favor, porque vemos que este procedimiento (de elección) es violatorio al mandato constitucional”.
Y critica: “Su trabajo es frívolo. Por ejemplo, el señor decide presentar su informe en hotel Hilton, uno de los más caros de la ciudad, cuando de antemano se exhibe una pobreza absoluta en la defensa los derechos humanos; no entiende que la comisión debe ser la institución más humilde y accesible al pueblo”.
El abogado Jaime Hernández, representante de la Coordinadora 28 de Mayo, denuncia que el Legislativo pasó por alto la reforma en materia de Derechos Humanos y concerniente al artículo 102 constitucional, donde se habla de la necesidad de desarrollar procesos abiertos, transparentes y de consulta a las organizaciones sociales sobre la designación del ombudsman.
Hernández añade que la convocatoria de los diputados para la elección fue lanzada, de manera tramposa, poco antes de la elección: el 16 de enero, para evitar la inscripción de otros candidatos. Además, la comisión legislativa sesionó en domingo, día inhábil, cuando se determinó que Álvarez Cibrián sería reelecto.
Asimismo Francisco Macías, director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organismo cercano al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Álvarez Cibrián se embolsa cada mes 124 mil pesos, más que el ombudsman del Distrito Federal. Recuerda que en 2007, cuando asumió la presidencia de la comisión, percibía alrededor de 85 mil pesos mensuales, pero el año pasado incrementó su salario en 46%.
En el último informe oficial de 2011, la CEDHJ destaca que emitió más de 60 recomendaciones –un récord en su historia–, ya que en promedio se expidieron 10 por año. Sin embargo, dice el representante de Cepad, seis de cada 10 quejas que llegan a la comisión se archivan.
El maestro en derecho Luis Octavio Cotero Bernal, presidente de la Federación Estatal de Colegios y Asociaciones de Abogados de Jalisco, destaca los pobres resultados de la primera gestión de Álvarez Cibrián y el gasto inadecuado de más de 117 millones de pesos en un aparato burocrático que “sirve de nada”.
Sostiene que la reelección de un funcionario tan ineficaz debe obligar a autoridades y sociedad a buscar un mejor destino para esos recursos. “Es preferible que ese presupuesto se destine al nuevo Instituto de Justicia Alternativa o al Tribunal de lo Administrativo”, dice.
Y enseguida admite un error cometido hace seis años: “Debo decirlo con todo y vergüenza: varios colegios (de abogados) y yo en lo particular colaboré para que (Álvarez Cibrián) llegara a la presidencia de la CEDHJ”.
Detalla: “Hace seis años, cuando le pusieron una madriza en las instalaciones de Secretaría de Seguridad Pública los policías estatales, varios litigantes levantamos un movimiento nacional para defenderlo. Él era presidente de la Confederación Nacional de Colegios y Barras de Abogados (delegación Jalisco). Vinieron litigantes de Nuevo León, de Colima y de otros estados a solidarizarse.
“Hicimos una protesta afuera de Palacio de Gobierno… pero el sujeto no se defendió, no ratificó la denuncia que había interpuesto ante el Ministerio Público. Felipe es un hombre cobarde, tibio, dúctil, maleable y sin ninguna dignidad para representar a su gremio, y menos a la sociedad, en el agravio a sus derechos. Además carece de legitimidad para el cargo.”
Amarres políticos
Para los inconformes, Álvarez Cibrián amarró la reelección con la entrega de 60 plazas a parientes y amigos de diputados y funcionarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Sin embargo, desde el día de su ratificación el funcionario se dijo satisfecho por el procedimiento. Acerca de las inconformidades, manifestó que “son muy respetables todas las voces; en este país tenemos que trabajar porque se garantice plenamente esa libertad de expresión, pero también ser justos en saber evaluar las cosas y decir que llego con un amplio apoyo de los distintos sectores de la sociedad”.
Se jactó ante los medios de que entregó a los legisladores 224 cartas de apoyo: 10 de ellas enviadas por universidades de la entidad, entre ellas una del rector sustituto de la UdeG, Marco Antonio Cortés Guardado.
Nada dijo sobre el plazo tan corto para presentar la documentación requerida ni de las denuncias de que utilizó toda la infraestructura de la CEDHJ para gestionar el apoyo que recibió, como lo señalaron algunos aspirantes provenientes de las organizaciones civiles.
Otra de las críticas que se le lanzaron fue que solicitara reelegirse cuando tiene poca experiencia en derechos humanos. Al respecto, la página de internet de la CEDHJ publica que Álvarez Cibrián ha cursado 100 programas académicos sobre ese tema e impartición de justicia, así como derecho penal, y destaca que el ombudsman reelecto acumula 19 años de experiencia como abogado.
Al contrario que la UdeG, el ITESO se inconformó públicamente por el apresuramiento del proceso en el Congreso estatal. En un comunicado del 25 de enero, los responsables del programa institucional de Derechos Humanos y Paz cuestionaron: “Las elecciones o reelecciones de presidente de la CEDHJ no deberían tomarse como un asunto público de poca monta y realizarse en procesos simplistas o de fast track. Se trata de la institución defensora de los derechos humanos de los jaliscienses, y si lo queremos ver por el lado pragmático relacionado con el gasto público, es una institución que ejerce un presupuesto relevante”.
La institución educativa aclaró que en 2011 la CEDHJ ejerció 91.5 millones de pesos, mientras en 2012 dispondrá de 117 millones, lo que significa un aumento de 28%.
Añadió en el mismo comunicado que, en la actual situación de violencia y violaciones a los derechos humanos en la entidad, se requiere un ombudsman con un perfil de “entrega, apertura, transparencia, valentía y mucho profesionalismo”. También cuestionó: “La estrategia de los diputados para este proceso implicó premura en los tiempos y ausencia de evaluación. Esto limitó la democratización y transparencia en la reelección del presidente de la CEDHJ”.
A decir del abogado Jaime Hernández, entre los amarres que hizo Álvarez Cibrián para permanecer en el cargo estuvo la contratación en la CEDHJ a la esposa del director del Departamento de Derecho Público de la UdeG, Adrián Miranda Camarena. Con ello, señala, se congració con funcionarios de la División de Estudios Jurídicos y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades que lo apoyaron.
Por su parte, el coordinador de la Red Jalisciense de los Derechos Humanos, Oscar González Garín, recuerda que en 2006 Álvarez Cibrián era un “simple litigante” que tenía su despacho en la parte alta de un edificio en la calle de Pavo, en el primer cuadro de la ciudad, y se especializaba era la defensa de inmobiliarias:
“Álvarez Cibrián, tenía un nulo antecedente en el área de derechos humanos. Un día me lo encontré en el elevador cuando acababa de ser electo para su primer periodo y me dijo: ‘Abogado, yo creí que usted iba a participar en la designación de ombudsman’, porque él sabía de mi antecedente en el trabajo como defensor de derechos humanos, y yo le dije que esa grilla a mí no me interesaba”.
Incluso recuerda que tras su nombramiento Álvarez Cibrián aprovechó la oportunidad para llevarse a la comisión a Norma Saldaña, que trabajaba como secretaria de un juzgado pero muy conocida en la facultad de derecho:
“Norma y su hermana eran famosas en la facultad por ser mujeres muy guapas y atractivas, pero sin ninguna experiencia en el cargo que se le asignó. Ella fue nombrada titular en la Quinta Visitaduría, la misma oficina que se encargó de dar carpetazo a las quejas promovidas por miles de ciudadanos y organizaciones civiles que se opusieron al famoso limosnazo, con el que el gobierno de Emilio González pretendía regalar 90 millones de pesos a la Iglesia católica para el Santuario de los Mártires, violentando el concepto de Estado laico”.
Expedientes negros
Entre los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos que Álvarez Cibrián no resolvió satisfactoriamente se cuenta la denuncia contra el procurador estatal Tomás Coronado Olmos por su participación en actos relacionados con prostitución y pornografía infantil, en 2007 (Proceso Jalisco 149). Coronado Olmos en todo momento rechazó la acusación y la CEDHJ lo exoneró en mayo de 2009, pese a que para entonces la PGR ya tenía abierta la averiguación previa PGR/FEVIMTRA/054/08, derivada de la denuncia interpuesta en la PGJ.
De cualquier manera, Coronado tramitó un amparo ante las actuaciones de la Fiscalía Especial para Delitos Contra Las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), como se publicó en la edición 352 de Proceso Jalisco.
En abril de 2008, el gobernador panista Emilio González decidió regalar a la Iglesia católica 90 millones de pesos del erario para la construcción del Santuario de los Mártires. El mandatario llegó al extremo de mentarle la madre a quienes se opusieron a su “donación”. El video donde aparece el mandatario estatal ebrio e insultando a los adversarios muy pronto se extendió en las redes sociales y provocó más de 7 mil quejas contra el gobierno de Jalisco. El donativo finalmente abortó, pero de nuevo la CEDHJ dejó en evidencia su tibieza ante los abusos de la autoridad.
La doctora en derecho ambiental Raquel Gutiérrez Nájera recuerda otra muestra de la falta de capacidad del ombudsman para procesar una queja. Es el caso del menor Miguel Ángel López Rocha, que cayó por accidente al río Santiago y murió envenenado por los contaminantes de ese cuerpo de agua.
“La CEDHJ emitió una macro-recomendación que cacaraquearon por todos lados, pero en donde el impacto de esta recomendación es en términos reales no se ve y su nivel de impacto es menor al 5% de respuesta positiva para remediar el deterioro”, dice.
El expediente sobre el río Santiago fue enviado para su análisis a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2007, que a su vez envió una misiva al presidente Felipe Calderón para pedirle respeto a los derechos de los habitantes de Juanacatlán y El Salto.
Gutiérrez Nájera recuerda también la serie de violaciones cometidas por autoridades estatales en el proyecto de la presa de Arcediano, en la barranca de Huentitán, donde la señora Guadalupe Lara exhibió la incapacidad de la CEDHJ para proteger sus garantías individuales.
El 26 de noviembre de 2006, Néstor Alán Rodríguez Licea, de 18 años, falleció en un accidente automovilístico provocado por Christian Arias de la Torre (hijo del exdirector de comunicación social del gobierno de Jalisco, Fernando Arias) y por Francisco Álvarez del Castillo, nieto del exgobernador priista y exprocurador general de la República, Enrique Álvarez del Castillo.
Los padres del joven fallecido presentaron la queja 2600/2006-II ante la CEDHJ, pero ésta actuó en forma deficiente, según los deudos.
Según el reporte de 2009 de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y su actualización correspondiente a diciembre de 2010, la CEDHJ de Álvarez Cibrián mostró desprecio, prejuicios, estigmas y descalificación hacia el trabajo de organizaciones independientes y agrupaciones que reciben financiamiento del extranjero (Proceso Jalisco 333).
De esta manera Álvarez Cibrián apareció en la misma lista, por ejemplo, que el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, quien durante su administración descalificó los informes de Amnistía Internacional; o que el secretario federal del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien omitió las revisiones oficiales sobre la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde fallecieron 26 mineros en 2008.
El 23 de noviembre de 2011 Francisco Pérez, Alberto Bayardo y Emma Valadez, miembros del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, renunciaron por la falta de transparencia en ese organismo.
Por esas razones, en marzo de 2011 Alberto Herrera, director ejecutivo del capítulo México de Amnistía Internacional, dijo que ante la crisis de credibilidad de la CEDHJ, el principal reto del Congreso estatal era el de garantizar la designación de un ombudsman en un proceso de elección abierto, transparente y efectivo que garantizara la participación de las organizaciones civiles. Llamado que no tuvo ningún efecto en los diputados de la LIV legislatura. (Con información de Víctor M. López).
