La Subprocuraduría Especial a cargo de Pablo Chapa Bezanilla sí elaboró un informe conclusivo del caso Colosio, en el que sostiene la realización de un complot, solicita la intervención de “otra instancia” para hurgar documentos del Estado Mayor Presidencial porque algunos de sus “elementos” habrían estado involucrados en la conjura, y apunta la necesidad de que declaren ministerialmente Carlos Salinas de Gortari, José María Córdoba Montoya y Manuel Camacho Solís.
El documento, de acuerdo con afirmaciones de miembros de la Comisión Legislativa de Seguimiento, fue “congelado”, y su existencia, a partir de las Conclusiones que Proceso publicó la semana pasada, fue aceptada por el procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia.
ABSURDO SUPONER QUE NO EXISTIA
Los diputados Ramón Sosamontes y Jesús Zambrano, quienes afirmaron que existía el informe y habían sido desmentidos por la PGR el martes 16 de abril, celebran el reconocimiento de que el documento es real y exhortan al procurador Lozano a ventilar públicamente su contenido:
“Lozano debe informar oficialmente, porque no hacerlo crea inestabilidad”, dicen.
Consideran un “absurdo” suponer que catorce meses después de haber sido nombrado subprocurador especial, Pablo Chapa Bezanilla no tuviera por escrito “algo más que la consignación de Othón Cortés Vázquez como presunto segundo disparador contra Colosio”.
Recuerdan que los exsubprocuradores especiales Miguel Montes y Olga Islas, en ocho meses, informaban hasta en televisión, editaban en libros las conclusiones a que llegaban –en total cinco tomos con anexos–, “y si bien concluyeron que Mario Aburto es un asesino solitario, al menos daban fluidez a sus pesquisas, siempre de manera oficial y no mediante insinuaciones ni filtraciones inciertas, como acostumbra Chapa Bezanilla, que provocan una gran confusión”.
Ellos, por lo pronto, averiguaron ya que el informe “fue elaborado por Chapa Bezanilla en agosto del año pasado”, apoyado en las declaraciones ministeriales “que en la Subprocuraduría Especial sólo conocieron dos o tres investigadores”.
Para los legisladores, es muy importante el hecho de que el documento incluía desde entonces la carta de Ernesto Zedillo a Luis Donaldo Colosio, dada a conocer por el diario Reforma en octubre.
En octubre y noviembre, recuerdan, el subprocurador dijo a los integrantes de la Comisión de Seguimiento que la difusión del informe era “inminente”, pero que en diciembre, al conocerlo el presidente Zedillo, “inexplicablemente no se procedió”.
Subrayan el hecho de que el informe de Chapa Bezanilla no responsabiliza del homicidio explícitamente a Carlos Salinas de Gortari, pero en su contra se esgrimen testimonios incriminatorios “que apuntan hacia la autoría intelectual del crimen”.
Los diputados perredistas hacen una precisión:
“Nosotros no acusamos a nadie –no somos Ministerio Público– de haber ordenado ni participado en el asesinato de Lomas Taurinas; lo mismo con respecto a Salinas que a Córdoba y Camacho; ni a elementos del Estado Mayor Presidencial.
“Nuestra posición ante este informe es muy clara: que se dé curso a las conclusiones a que llegó el subprocurador especial, quien señala qué documentos le interesan y quiénes deben declarar ministerialmente.
“Lo que resulte a partir de esas pesquisas ya sería otra cosa; pero aun de obtenerse elementos para ejercer acción penal en contra de esas u otras personas, para eso hay un marco jurídico y tribunales en los que se llegaría al desenlace.
“Lo que no se vale es que se diga insistentemente que la Procuraduría General de la República y la Subprocuraduría Especial se conducen con absoluta libertad dentro de sus atribuciones, y que se pare en seco un informe que solicita otra instancia para acceder a los archivos del Estado Mayor Presidencial que, por definición, sirve al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Ernesto Zedillo.”
LO ADMITE LOZANO
El martes 16 de abril, en Querétaro y a insistencia de reporteros que cubrieron un acto de organizaciones de derechos humanos que encabezó el presidente de la República, el procurador Lozano dijo acerca del escrito:
“Se trata de informes que se tienen y que corresponden a etapas muy anteriores, donde se hacen consideraciones sobre cómo van las líneas de investigación. Existen muchos informes que tienen que ver con una serie de consideraciones, pero es falso que haya autorizaciones o solicitudes a nadie más. Nosotros somos autónomos y así estamos actuando…”
En la misma semana, Chapa Bezanilla –dicen Sosamontes y Zambrano–, en conversaciones privadas de las que ellos están enterados, reconoció plenamente su informe “ante distintas personas que gozan de nuestra mayor confianza y admitió que en diciembre se lo congelaron”.
El senador Guillermo del Río –también perredista– hizo un llamado para que “a la brevedad posible” Lozano y Chapa informen con precisión acerca del destino del informe, porque la Comisión Legislativa “está obligada a impedir que se dé carpetazo al asunto”.
El viernes 19 de abril, en Guanajuato, Lozano volvió al tema del documento. La siguiente es la transcripción textual de lo que dijo ante reporteros:
“Concretamente ese informe, esas fojas y esa descripción, no es un documento del expediente que se tenga, se tienen por supuesto, y esto no es necesario ni ser adivino ni experto en la cuestión, pues hay cortes frecuentes en donde se analiza qué es lo que ha sucedido y cuáles son las diligencias oportunas o necesarias para continuar con la investigación. Este es un procedimiento normal de esta investigación y de cualquier otra.
“Por desgracia, este asunto, por el interés legítimo del pueblo de México y por el interés de muchos grupos de tratar de sacar publicidad o difusión en esto, se tergiversa, y llevan a cabo o traen una consecuencia muy negativa, que es confusión.
“Yo les he comentado que cuando citemos a personas vamos a tratarlo con mucha discreción, porque el manejo que por desgracia se da a este tipo de actuación es: si citamos a una persona para que nos dé algún dato, tal vez irrelevante respecto de la escena del crimen pero relevante respecto de cualquier otra cosa, hay especulaciones de su vinculación con el asesinato y esto, además de ser equivocado, es muy injusto para estas personas.
“Por esto es entendible que la normatividad implique discreción en las citas. Entonces, nos parece que hay voces importantes en medios de comunicación y de la sociedad que piden que se deje de tomar solamente el punto escandaloso del asunto.
“El asunto es delicado, es un crimen que conmocionó a la sociedad mexicana. Despierta un interés legítimo de saber qué pasó, pero tampoco se puede mantener en los límites del escándalo, o exclusivamente de la nota roja.
“Hay un compromiso de la autoridad, incluso asumido por el presidente de la República, coparticipado por comisiones legislativas y por mucha gente que está trabajando en esto para que podamos saber la verdad o explicar ante la sociedad y la opinión pública a qué hemos llegado.
“Nadie está obligado a lo imposible, pero sí estamos obligados a hacer hasta lo imposible por tratar de descubrir esto, y ése es el compromiso que tenemos y es lo que vamos a hacer.”
