Desde agosto pasado integrantes de la Organización Social Deportiva y Ecológica Magdalena Mixhuca, A.C. (Osdemmac) han realizado protestas y plantones en defensa de su derecho a utilizar las instalaciones de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca acaparadas por la Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (OCESA).
El pasado 8 de octubre fueron detenidos seis integrantes de esta asociación civil, y el viernes 13 la juez décimo octavo de Paz Penal en el Distrito Federal, Josefina Alcántara Mondragón, les dictó “auto de formal prisión o preventiva por el delito de allanamiento de establecimiento mercantil agravado”, según consta en el expediente 313/11.
Ese mismo día, Alcántara Mondragón instruyó al coordinador general de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que girara las órdenes necesarias para que los inculpados –quienes se encuentran en libertad provisional– fueran identificados por el sistema administrativo en vigor. También le solicitó al director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente del Distrito Federal que se les practicaran estudios de personalidad.
“Pretenden ficharnos como auténticos criminales”, comenta el veterano deportista Pedro Vidal Ortiz Ramos, uno de los seis acusados de “allanamiento de establecimiento mercantil agravado cometido en agravio de OCESA”.
El 28 de marzo de 2003 el gobierno capitalino concesionó a la empresa de espectáculos el recinto de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. Ello a pesar de que las instalaciones de este conjunto fueron concebidas para el bienestar de la ciudadanía.
Así lo establece el Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde se indica que el predio se destina al uso de espacio abierto “en el cual pueden establecerse deportivos, parques, plazas y jardines, zonas donde se realizan actividades de esparcimiento, deporte y recreación”.
Los deportistas acusados son Juan Carlos Arellano Ascensión, Gilberto Medina Huitrón, Pedro Amaro, José de Jesús Hurtado González, Mariano Soto Argumaniz y Pedro Vidal Ortiz Ramos, quienes desde el domingo 15 demandaron el amparo y protección de la justicia federal. Aseguran que las resoluciones en su contra violentan sus garantías constitucionales.
En septiembre pasado este semanario documentó que miles de usuarios de la Magdalena Mixhuca fueron afectados por los constantes cierres de espacios y horarios ordenados por OCESA, en complicidad con las autoridades del gobierno capitalino y de la delegación Iztalcalco. Por ello, los integrantes de Osdemmac promovieron una serie de movimientos y plantones en la Ciudad Deportiva (Proceso 1819).
Concesión ampliada
Los inconformes mostraron al reportero varios documentos en los que se enumeran las irregularidades en que han incurrido los concesionarios del predio –antes de OCESA fue el promotor Michel Jourdain–, entre ellas el incumplimiento de la resolución SMA/DGRAASR/10629/2002, de la Secretaría del Medio Ambiente, que ordenaba el retiro inmediato de las gradas temporales, y para lo cual se otorgaba de un plazo de 100 días a partir de 2002.
Además, señalan, la empresa no da mantenimiento a diversas áreas de las instalaciones y no ha cumplido con su compromiso para la recuperación de áreas verdes. Es por eso que los atletas de Osdemmac no sólo realizaron plantones en el interior del inmueble, sino que demandaron al gobierno capitalino y a la delegación Iztacalco que revisen la concesión a la empresa de espectáculos.
No obstante, el pasado 1 de septiembre el gobierno de Marcelo Ebrard amplió el convenio con la empresa de espectáculos, cuyo vencimiento estaba programado para el 13 de marzo de 2013 (Proceso 1824).
El 8 de octubre último, a las dos de la tarde llegaron a la Magdalena Mixhuca varias patrullas con elementos de seguridad que detuvieron a los deportistas y los remitieron a la agencia del Ministerio Público de la delegación Iztacalco, acusados del delito de allanamiento de morada.
“En un principio querían acusarnos de pandillerismo, pero los mismos policías, sorprendidos, cuestionaban a sus superiores: ‘¿Con qué motivos vamos a subir a estos señores a las patrullas, toda vez que no están haciendo nada indebido?’”, relata Pedro Ortiz.
Añade que ante el Ministerio Público se presentó una persona que dijo ser representante de la empresa de espectáculos. “Nos amagó: ‘no saben en qué problema se han metido, porque la Ciudad Deportiva fue rentada por el oficial mayor del Departamento (sic) del Distrito Federal (Adrián Michel) y por el delegado de Iztacalco (Francisco Sánchez)’”.
La averiguación previa (313/11) fue consignada al Juzgado Décimo Octavo de Paz Penal en el Distrito Federal, que en un principio se la devolvió al Ministerio Público, pues consideró que no contaba con suficientes elementos de prueba. Pero el caso regresó a la misma instancia por el delito de “allanamiento de establecimiento mercantil agravado”, hasta que el viernes 13 la juez Alcántara Mondragón sentenció a los seis usuarios de la Ciudad Deportiva.
En su demanda de amparo y protección ante acciones de la justicia federal, los deportistas argumentan que no se acreditaron los elementos materiales del cuerpo del delito de allanamiento de establecimiento mercantil:
“Nos encontrábamos en el interior del inmueble por haber ingresado dentro del horario de servicio al público por la puerta número 7, sin que el elemento de seguridad nos hiciera alguna indicación.
“Tampoco se acreditó la calidad de establecimiento mercantil, ya que la fracción X del artículo 2 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal establece que es local mercantil el ubicado en un inmueble donde una persona física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compra-venta, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios con fines de lucro, cuya naturaleza no corresponde a la Ciudad Deportiva”, afirman.
En sus alegatos precisan que ingresaron a las instalaciones con el único propósito de realizar deporte, “que es precisamente la finalidad para la cual está destinada la Ciudad Deportiva, misma que conduce a la concesión del amparo y protección que demandamos”.
También impugnan las órdenes de la juez para que se les identificara dentro del sistema administrativo en vigor, y les realizaran el estudio de personalidad. Aseguran que de esta manera quedan fichados como si fueran criminales.
Sostienen que con la sentencia se ven afectadas sus garantías individuales, pues “nos acusan sin pruebas de algo que no fue”. Por el momento aguardan a que un juez federal les conceda la suspensión provisional que solicitan “porque nos resulta molesto presentarnos a firmar cada lunes por el presunto delito cometido en perjuicio de OCESA”.
Y añade Ortiz: “Ya queremos finiquitar todo esto, y terminado el asunto buscaremos un amparo administrativo contra OCESA para que el usuario pueda usar y disfrutar las instalaciones deportivas cuantas veces sea necesario. Vamos a seguir en nuestra lucha. Somos los únicos que le ponemos peros a todas las irregularidades cometidas por la empresa de espectáculos en Ciudad Deportiva”.
Por su parte, la Osdemmac señala: “En lugar de que OCESA genere beneficios para la ciudad ocurre todo lo contrario: han formado un monopolio de la industria del espectáculo, han causado daños ecológicos a todos los inmuebles concesionados, han permitido el consumo de drogas y alcohol en sus eventos. La reventa, que está prohibida, también la fomentan, al igual que la venta de productos de piratería, en contubernio con el coordinador de la Ciudad Deportiva, Leonardo Muñoz Romero, líder de los ambulantes”.
