El gobierno de México propuso al de Estados Unidos intercambiar de manera automática información sobre los intereses que pagan los bancos de un país a los residentes del otro con el propósito de “detectar, prevenir y combatir la evasión de impuestos, el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, el tráfico de drogas y el crimen organizado”, pero Washington desestimó la propuesta.
El 9 de febrero de 2009 Agustín Carstens, entonces secretario de Hacienda y actual gobernador del Banco de México, envió una carta a Timothy Geithner, secretario del Tesoro de Estados Unidos, para pedirle considerar esa “iniciativa” e incluso le sugirió crear un “grupo especial de trabajo bilateral”, integrado por expertos, para que emita recomendaciones en la materia.
En su misiva, Carstens describe a Geithner las “reformas estructurales” impulsadas por el gobierno de Felipe Calderón para ampliar y aumentar los ingresos públicos, así como la “lucha sin precedentes contra la ilegalidad, el crimen organizado y los cárteles de la droga”.
“El apoyo material de Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida también será esencial para mejorar las capacidades de reacción y respuesta del gobierno mexicano frente a las actividades del crimen organizado”, enfatiza Carstens.
Y añade que la Secretaría de Hacienda está “mejorando sus bases de datos y análisis, así como la selección de objetivos”, lo que ha derivado en “un creciente decomiso de drogas y dinero en las aduanas, así como en una mayor efectividad en el trabajo de auditoría fiscal”.
“Para continuar con estos esfuerzos, tanto fiscales como de aplicación de la ley (…), México y Estados Unidos deberían empezar a compartir información sobre los intereses que los bancos de un país pagan a los residentes del otro”, señala Carstens a Geithner.
Argumenta: “Ya sean algunos de nuestros contribuyentes movidos por el simple afán de evadir impuestos o, más peligroso aún, criminales que buscan esconder en uno de nuestros dos países el efectivo que obtuvieron de fuentes ilícitas en el otro, ambos encuentran la forma de lograr su objetivo abriendo cuentas en los bancos” de la nación vecina.
“Más aún, por el hecho de que Estados Unidos no grava los intereses pagados por los bancos a extranjeros residentes y que ambos países no cuentan con un mecanismo sólido y confiable para verificar la verdadera residencia de los depositantes foráneos, simplemente estamos permitiendo a ambos, evasores y criminales, que muevan su dinero y se beneficien de él.”
Luego Carstens recuerda que existe un Tratado Impositivo Bilateral que permite a México y a Estados Unidos intercambiar regularmente información sobre una base de “caso por caso”. Además existe un “intercambio voluminoso de información sobre el pago de intereses (entre corporaciones), dividendos y regalías”.
“Sin embargo –señala Carstens a Geithner–, no intercambiamos información sobre los intereses que pagan los bancos de un país a los residentes del otro”. Le recuerda incluso que Canadá y Estados Unidos “implementaron este mecanismo desde hace años” y que México y Canadá hicieron lo mismo.
Entonces lanza su propuesta: “Al ser el mayor bloque comercial del mundo bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y enfrentar amenazas a la seguridad considerablemente mayores que hace un decenio, sinceramente creo que deberíamos incrementar nuestra cooperación y reforzar nuestras capacidades para proteger nuestra riqueza y a nuestros pueblos. El intercambio de información sobre los intereses que pagan los bancos sin duda nos proporcionará una poderosa herramienta para detectar, prevenir y combatir la evasión de impuestos, el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, el tráfico de drogas y el crimen organizado”.
En tono comedido, Carstens le dice a Geithner: “Si usted está de acuerdo en dar entrada a esta iniciativa, México está abierto a recibir cualquier sugerencia de su parte sobre si considera más apropiado adaptar el actual instrumento legal bilateral o crear uno nuevo con este propósito”.
Y sugiere que un representante de la Secretaría de Hacienda en Washington se reúna con un funcionario del Departamento del Tesoro que Geithner designe para “iniciar deliberaciones”. Propone incluso la creación de un grupo especial de trabajo bilateral, integrado por expertos en la materia, para que “se reúna regularmente durante los próximos meses” y cuyas recomendaciones “se someterían a nuestra consideración”.
Eso fue en febrero de 2009.
Sin embargo, Estados Unidos lleva casi tres años “sin responder a esta solicitud directa procedente de su convulso vecino del sur, error que es necesario corregir inmediatamente”, escribe Raymond W. Baker, director de Global Financial Integrity (GFI), en la presentación del informe que esa organización realizó sobre los flujos financieros ilícitos que salen de México.
En entrevista con Proceso, Baker explica los beneficios de este sistema de intercambio automático de información fiscal, el cual, comenta, Estados Unidos y Canadá aplican desde los setenta.
Dice: “Si un ciudadano estadunidense abre una cuenta en un banco de Canadá, las autoridades de ese país notifican automáticamente al Servicio de Impuestos de Estados Unidos la existencia de la cuenta y el monto de los intereses que ésta devenga. Con base en ello, los funcionarios fiscales pueden calcular el valor total de la cuenta bancaria. Algo similar sucede a la inversa: se aplica a los ciudadanos canadienses que hacen depósitos bancarios en Estados Unidos”.
Comenta que esto es justo lo que pide México a Washington: un trato similar al otorgado a Canadá.
Señala que ante la ausencia de un acuerdo de este tipo, las autoridades mexicanas tienen dificultades para detectar cuentas bancarias sospechosas de sus ciudadanos en Estados Unidos. Afirma que esto facilita la evasión de impuestos, la salida de flujos financieros ilícitos y el lavado de dinero.
Subraya: “El intercambio automático de información fiscal haría más difícil que ciudadanos mexicanos depositen secretamente dinero ilegal” en Estados Unidos, país que, según GFI, es el principal destino de los depósitos lícitos e ilícitos del sector privado mexicano.
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