Señor director:
Tanto en mi vida cotidiana como en los diversos cargos que he desempeñado a lo largo de mi carrera política, he actuado conforme a derecho. No soy cómplice de nada ni de nadie y puedo hablar de frente y de cara a todos porque a lo largo de mi trayectoria están en todos mis actos la legalidad, honestidad y transparencia.
Por esta razón me permito hacer las siguientes aclaraciones en relación con el reportaje especial publicado en Proceso 1837, del pasado 15 de enero, con el título de portada El nuevo megafraude del Caribe, y que en interiores se denomina Piratas sobre el Caribe, firmado por el periodista Jenaro Villamil.
1. En la nota, el periodista señala que “en la trama de intereses también está involucrada la exalcaldesa panista de Isla Mujeres y exdelegada estatal del Registro Agrario Nacional (RAN) Alicia Ricalde Magaña, artífice del cambio de uso de suelo de la zona para permitir la construcción de este megadesarrollo”.
Agrega que “Ricalde Magaña facilitó en 2008 el cambio de uso de suelo de Isla Blanca, a través de un nuevo Plan de Desarrollo Urbano de la zona, para permitir la construcción de desarrollos hoteleros y campos de golf, pero lo hizo sin consultar previamente a la población…”.
Sin embargo, fue el 9 de abril del 2008 cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo.
El 27 de noviembre del 2007 se publicó en el mismo Periódico Oficial el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Península de Chacmuchuch, en la zona continental del municipio de Isla Mujeres, durante la administración de la alcaldesa priista Manuela Godoy.
Y el 24 de enero del 2008 se publicó en el Periódico Oficial una “Fe de erratas” del Periódico Oficial de fecha 27 de diciembre del 2007.
Estos tres documentos dan viabilidad al Desarrollo Urbano de la Península de Chacmuchuch, mejor conocida como Isla Blanca.
Es importante señalar que la administración municipal que encabecé durante el trienio 2008-2011 inició, el 10 de abril del 2008, ya con planes y cambios autorizados por la anterior administración.
En las administraciones de la suscrita, Alicia Ricalde, y la actual, que encabeza Hugo Sánchez Montalvo, no se han realizado cambios de uso de suelo en dicha zona de la península. La normatividad urbana y ambiental que se aplica en el área al día de hoy es la que se señala en los periódicos oficiales mencionados.
El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Península de Chacmuchuch aplica para una superficie de poco más de 3 mil hectáreas, de las 100 mil hectáreas que tiene la zona continental de Isla Mujeres. Es una sola parte de la zona continental, como su nombre lo indica en la Península, que va desde el límite municipal de las ruinas de El Meco hasta el norte, donde se encuentran los predios conocidos como Isla Blanca, Acapulco, etcétera.
Hasta donde tenemos conocimiento, la tenencia de la tierra en la zona de Península es propiedad privada.
Lo que es un hecho es que durante la gestión municipal que encabecé se aprobaron dos programas de desarrollo urbano: el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Insular de Isla Mujeres, Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 5 de octubre de 2010. El programa aplica, como su nombre lo indica, en la zona insular de 370 hectáreas.
Se publicó también el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población “Ciudad Mujeres”, en la Zona Continental del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 17 de marzo de 2011.
Dicho programa aplica solamente en 15 mil hectáreas de las más de 100 mil que abarca la zona continental; la zona urbana se desarrolla básicamente en la superficie de tierra de lo que fue el ejido Isla Mujeres, conocido como la zona de Rancho Viejo.
2. En el texto del reportaje se indica que “junto con la alcaldesa Ricalde Magaña, Bojórquez León operó para desalojar a 40 familias de pescadores que vivían en la zona”.
Es totalmente falsa mi supuesta participación en la presunta “operación” para el desalojo de familias de pescadores.
3. En el texto se hace alusión a posible afectación de “áreas naturales protegidas”.
Suponemos que el área natural protegida que mencionan en Proceso es la del sistema lagunar de la laguna Chacmuchuch, pero ésta no forma parte de la zona de aplicación de la Península de Chacmuchuch; o tal vez se refieran a la Isla Contoy, reserva de la biósfera que está ubicada frente a los predios conocidos como Isla Blanca.
El punto donde se ubica el restaurante “Acapulco” es la zona de la angostura, de mucha fragilidad, con dunas costeras y muy dinámicas en los movimientos del mar y la laguna. En el Plan de la Península Chacmuchuch dicha zona tiene una vocación de área pública.
La reserva del Tiburón Ballena que mencionan se ubica al norte de Isla Blanca, a varios kilómetros de la Península.
Asimismo, cabe subrayar que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la autoridad responsable de las autorizaciones de los Manifiestos de Impacto Ambiental de los proyectos, y que todos los planes previstos en la Península y que colinden con la Zona Federal Marítima Terrestre están sujetos a este estudio y su aprobación.
Entre las facultades del municipio se encuentra únicamente la aprobación de licencias de construcción, siempre y cuando cumplan con los parámetros urbanos establecidos en los programas de Desarrollo Urbano, y como requisito para la obra de construcción es preciso contar con la aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental.
Los programas de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico local son perfectibles y pueden cambiarse, tomando en cuenta el avance de los desarrollos e impactos ambientales que generen y en caso de que éstos no cumplan con los objetivos planteados en los programas, siguiendo todo un procedimiento establecido en las legislaciones vigentes y donde todas las autoridades, tanto municipales como estatales y federales, interactúan con observaciones y propuestas a los estudios que se presentan.
Por todo lo anterior, reitero mi actuación conforme a derecho y que mis acciones han estado enfocadas de manera prioritaria a establecer la base para un desarrollo ordenado del creciente municipio de Isla Mujeres y evitar el desorden al que actualmente se enfrentan el municipio de Benito Juárez y Solidaridad con sus desarrollos urbanos y turísticos.
Asimismo, durante mi gestión, los planes y proyectos fueron debidamente avalados tanto por el gobierno del estado como por la Federación.
Finalmente, permítaseme confirmar que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, no tiene ningún interés personal ni tierras en el municipio de Isla Mujeres.
Atentamente
Alicia Ricalde Magaña
(Responsable de la publicación:
Patricia Vázquez Pérez)
Respuesta del reportero
Señor director:
En su extensa carta, la exalcaldesa de Isla Mujeres nos recuerda el trayecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Península de Chacmuchuch y del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Isla Mujeres.
Efectivamente, su administración inició el 10 de abril de 2008, “con planes y cambios autorizados por la anterior administración”. Sin embargo, antes de eso la señora Ricalde Magaña fungió como delegada del Registro Agrario Nacional (RAN) en Quintana Roo, de 2003 a 2007.
Nunca aclara si en esta responsabilidad ella apoyó o no el megaproyecto de Isla Blanca.
Tampoco nos aclara si está a favor o no del Proyecto Soto Lindo, aprobado por la Semarnat, que ha sido considerado como contrario a la protección ecológica, de acuerdo con el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental.
Los testimonios recabados por este reportero en la zona, especialmente de pescadores que pidieron el anonimato y del señor Crescencio Navarro Pallares, la señalan a ella como artífice del desalojo y de la protección de los consorcios españoles interesados en la zona.
Dos meses antes de la publicación de este reportaje, ella asistió a una comida que le organizó el empresario Bojórquez León en los terrenos que él ocupa con vigilancia armada en la zona de Isla Blanca.
Existen, además, otras denuncias que documentan su actuación en contra de pescadores y residentes. La Asociación de Posesionarios, Propietarios y Colonos de la Zona Continental interpuso en su contra una demanda penal desde noviembre de 2010. Los integrantes de esta asociación, que intentó hacer modificaciones al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Ciudad Mujeres, aseguran que la exalcaldesa “ya negoció esas tierras para entregárselas a inversionistas extranjeros”.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos interpuso, en marzo de 2011, 36 quejas en contra de la exalcaldesa de Isla Mujeres.
En otras palabras, hay antecedentes y denuncias que vinculan a la aspirante panista a diputada federal con acciones de despojo para favorecer a inversionistas extranjeros.
Ricalde Magaña se lava las manos también respecto de la protección medioambiental. La posible afectación de “áreas naturales protegidas” es el argumento de un extenso estudio del Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda), citado por la revista. Nada dice sobre estos comentarios y análisis, como tampoco aclara hasta dónde llegó su compromiso de proteger el sistema de la Laguna Chacmuchuch.
En el último párrafo de su carta, la exalcaldesa “confirma” que el presidente Calderón Hinojosa “no tiene ningún interés personal ni tierras en el municipio de Isla Mujeres”.
Esto, en respuesta al párrafo que, en la página 7 de Proceso 1837, consigna:
“La prensa quintanarroense (…) ha señalado que Ricalde Magaña cuenta con el apoyo del presidente Felipe Calderón, quien tendría intereses en la zona a través de Román Rivera Torres, empresario que encabeza otro grupo de desarrolladores…”
Pero nunca explica la celeridad de la Semarnat para autorizar el megaproyecto.
Atentamente
Jenaro Villamil
