Buscado por la justicia mexicana y por la Interpol, el priista José Antonio Aguilar Bodegas –exsenador y aspirante a gobernador de Chiapas– niega los cargos que le imputa el mandatario estatal Juan Sabines: operaciones con dinero ilícito y delincuencia organizada. El exlegislador se considera uno más de los “perseguidos políticos” del gobernador, a quien acusa de corrupto, autoritario y represor.
Desde el 20 de noviembre de 2011 el político priista José Antonio Aguilar Bodegas huye de la justicia luego de que el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, lo acusara de operar con recursos de procedencia ilícita y de pertenecer a la delincuencia organizada.
Aunque ya obtuvo un amparo, sigue prófugo pues asegura que en el fondo se trata de una persecución política; dice que la intención de Sabines es anular cualquier intento suyo de ser candidato a gobernador para las elecciones de este año, imponer a su favorito y que la corrupción en que ha incurrido su gobierno permanezca impune. Desde ese 20 de noviembre está escondido, evitando la orden de aprehensión que le dictó el juez tercero en Materia Penal de Tuxtla y de la cual se enteró cuando un desconocido le avisó por teléfono que iban a detenerlo.
Javier Coello Trejo –el “fiscal de hierro” del salinismo– es su abogado y él es quien ofrece un lugar para el encuentro con el también excandidato a gobernador, quien de entrada se declara perseguido político de Sabines al que acusa de corrupción y de haber hecho de Chiapas un estado más pobre y olvidado.
Coello asegura que Aguilar Bodegas es inocente y califica de absurda la persecución política en su contra. Confiado, espera que el amparo concedido el martes 3 por el juez Segundo de Distrito de Chiapas, Juan Manuel Vázquez Fernández, cauce ejecutoria el miércoles 18 para actuar con libertad y demostrar que las dos acusaciones que pesan sobre su defendido son prefabricadas.
Cacería política
Durante el par de horas que dura la entrevista, Aguilar Bodegas no duda en calificar a Sabines de autoritario, represor y corrupto. Sostiene que en Chiapas nada ocurre si él no lo autoriza, y si alguien se atreve a contrariarlo es perseguido, como es su caso y el del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, encarcelado bajo la acusación de un desvío de 2 mil millones de pesos y la muerte de un grupo de niños en el hospital de Comitán.
Coello acota que Sabines tiene listas 300 órdenes de aprehensión contra sus enemigos, listas para ser liberadas cuando él lo considere necesario.
–¿Es usted un perseguido político? –se le pregunta a Aguilar Bodegas.
–Sí. Todo es una persecución política. Incluso mi familia ha recibido amenazas vía telefónica. Después de que el martes 3 se ganó el amparo, hubo un violento cateo en mi domicilio en la Ciudad de México y la página en internet de la Interpol me colocó entre los buscados por la justicia. Además en todos los medios chiapanecos hay una campaña contra el juez que me otorgó el amparo, diciendo que está al servicio de los mafiosos.
Asegura que el control político de Sabines en Chiapas es absoluto y que la persecución en contra suya y de Salazar Mendiguchía es ejemplo de que no quiere tener a nadie que entorpezca sus planes de permanecer impune a partir de diciembre, cuando acabe su administración.
De la supuesta corrupción de Sabines, Aguilar Bodegas dice que no está claro el uso que ha hecho de los recursos que le da la federación: “Ningún gobierno en Chiapas había recibido tanto dinero; del gasto corriente ha tenido 90 mil millones de pesos y por la vía del Ramo 23 las asignaciones van de 25 mil a 30 mil millones. Pero el estado tiene una deuda de 20 mil millones”.
Señala que recientemente el Congreso estatal autorizó 5 mil millones de pesos para el pago de adeudos, pese a que constitucionalmente la deuda pública sólo la puede contratar el gobernador y únicamente para programas de infraestructura que tengan resultados productivos.
“No hay obras importantes en el estado, sólo las que se hicieron el sexenio pasado; hay engaños grotescos, como decir que hay cobertura total de salud porque se repartieron credenciales de seguro popular, pero lo que no hay son clínicas, médicos o medicinas”, asegura.
Respecto a las seis ciudades rurales sustentables que desde 2009 comenzaron a levantarse en diversos puntos de Chiapas –su objetivo era combatir el rezago y la alta dispersión poblacional, pues el estado tiene 19 mil 386 localidades de las cuales 14 mil 346 (74%) son de menos de 100 habitantes– afirma que son un gran fracaso: La primera, “Nuevo Juan del Grijalva”, ya está deshabitada y la gente rechaza las otras.
Otro caso es la Torre Chiapas, afirma. Se construyó en Tuxtla Gutiérrez como expresión de modernidad, pero en realidad fue un gasto excesivo porque costó 2 mil 500 millones de pesos: a 150,000 pesos el metro cuadrado de construcción.
“¿Dónde está el dinero del presupuesto, del gasto público, de los empréstitos que se han otorgado? Los informes de gobierno son palabras, carentes de hechos concretos, porque en Chiapas se vive una realidad muy triste: el estado es un set publicitario, hay una población famélica, no hay obra, nada.”
Recuerda que en los resultados del año pasado de la Auditoría Superior de la Federación el gobierno de Chiapas fue el que recibió la mayor cantidad de observaciones y se le detectaron irregularidades por 2 mil 400 millones de pesos. Esta cifra la mencionó también el exgobernador Salazar Mendiguchía en la entrevista que publicó Reforma el miércoles 11, en la que aseguró que 900 millones de pesos fueron entregados a constructoras fantasma.
Lo grave de las irregularidades en el manejo de las finanzas públicas, dice el priista, va más allá pues se tiene detectado que la deuda de Sabines con constructoras o proveedoras del gobierno es de 10 mil millones de pesos.
“Set” publicitario
Después del alzamiento zapatista en 1994, Chiapas no había tenido tanta difusión en la televisión como ahora, pero no por las obras que se han realizado, sino por las telenovelas que ahí se han grabado, los concursos deportivos y hasta de belleza.
Por eso Aguilar Bodegas sostiene que en Chiapas se vive una realidad ficticia, de set publicitario, porque detrás del escenario televisivo y del manejo mediático del gobernador “hay una población famélica, no hay obra, nada, y quienes han ganado son los medios de comunicación, los artistas y los promotores de los eventos deportivos y artísticos y de las telenovelas”.
Que se revele esa realidad y la corrupción de su gobierno es a lo que le teme Sabines y por eso, afirma el político priista, es que no quiere a nadie que se le interponga para imponer las candidaturas que él quiere y mantenerse en la impunidad. “Esa es la triste realidad del estado. Quien se opone a su voluntad tiene que enfrentar la persecución o procesos judiciales”, advierte.
A lo largo de la entrevista señala que el problema con Sabines comenzó en la Semana Santa del año pasado, cuando al asistir a la reunión de un amigo en San Cristóbal de Las Casas un grupo de sus excolaboradores en la campaña de 2006 le planteó la posibilidad de que se lanzara de nuevo como candidato. Recuerda que ese mismo día recibió la llamada de un asistente del gobernador quien lo invitó a reunirse con él en Tuxtla Gutiérrez.
“En esa reunión se volvió a tocar el tema de mis intenciones políticas y la supuesta relación con Pablo Salazar. Le dije que yo no tenía ninguna relación con el exgobernador porque lejos de recibir un beneficio, lo que tuve con él fueron enfrentamientos y que no lo había visto desde octubre de 2005, que ni telefónicamente habíamos tenido una relación.
“Sabines planteó condiciones para que yo me desarrollara políticamente, pero que él las iba a conducir. Yo le dije que mi partido era el PRI y que él no pertenecía al partido, le dije que las cosas con el partido yo las definiría bajo la idea de que no soy propiedad de nadie. A partir de entonces comenzaron este tipo de agobios que han llegado hasta la represión.”
Meses antes, en diciembre de 2010, ya se había reunido con Sabines con la idea de aclarar algunos problemas que tenía el gobierno estatal con el despacho Álvarez y Puga, una firma especializada en cuestiones fiscales donde Aguilar trabaja desde 2007.
Este despacho, con oficinas en siete estados, Centroamérica y Estados Unidos, fue denunciado el año pasado por Gabriel Reyes Orona por presunto fraude al IMSS. Según el exprocurador fiscal de la Federación, la empresa tiene como socios a Ernesto Zedillo, Marcelo de los Santos y Santiago Creel y sus actividades van más allá del manejo de cuentas financieras: presuntamente está implicada en actividades políticas y campañas electorales.
En ese encuentro, dice Aguilar Bodegas, el gobernador lo acusó de tener vínculos financieros y políticos con Salazar Mendiguchía e incluso de estar operando juntos desde el despacho para denostar con panfletos a su gobierno.
“Le aclaré que Salazar Mendiguchía no era parte del despacho y que no hablaría con él de mis planes políticos. Después de que nos reunimos a solas entró Alejandro Álvarez Puga, socio del despacho, quien aclaró también la situación y que no había ninguna alianza política. Fue una reunión aparentemente cordial pero las cosas no mejoraron, comenzaron los acosos hasta llegar a esta situación”, advierte el priista.
Según la demanda interpuesta por el gobierno de Sabines, durante tres años (2008-2011), Aguilar Bodegas recibió transferencias y depósitos bancarios por 494 millones 16 mil 667 pesos, dinero cuya procedencia es “ilícita”.
“Estos cargos son infundados y eso ha sido demostrado, por eso nos dieron el amparo”, sostiene el exsenador del PRI.
“En primer lugar quiero remarcar que la averiguación previa dice ‘inyecta dinero del cual hasta el momento se desconoce su origen’. Es decir que el Ministerio Público no sabe si es lícito o ilícito, lo cual es una aberración porque el acusador dice que me consigna por recursos de procedencia ilícita y luego dice que desconoce el origen de esos recursos.
“Ya se demostró que los recursos no son de procedencia ilícita, que yo no deposité ni transferí esos recursos, que todo deriva de un préstamo que me hizo una empresa con la que hice un contrato en 2008 para un proyecto forestal que estoy desarrollando en Chiapas.”
–¿Cuánto le prestaron?
–Dos millones y medio de pesos en diversas exhibiciones. Ese es el origen de todo. El cargo de delincuencia organizada es porque dicen que yo estoy vinculado a Pablo Salazar y a Alejandro Álvarez Puga. Yo a Pablo no lo veo ni le hablo desde 2007 y a Álvarez Puga lo trato porque es fundador del despacho donde doy mis servicios.
–¿Entonces de qué se trata?
–Es una persecución política, lo que le preocupa al gobernador es mi presencia en Chiapas y mi participación política hacia algún cargo de elección, sea gobernador o regidor de Tapachula.
–¿Por qué?
–Por su propios temores de haber hecho un gobierno de fantasías y porque ha de pensar que si sigo en la actividad política, seguiría con una actitud de venganza que no tengo y no comparto.
“La realidad termina imponiéndose. El gobierno en Chiapas ha sido represor, corrupto, de acciones fallidas y evidentemente el gobernador debe tener miedo de que la justicia lo alcance. Por eso quiere tener a todos bajo su control y que le rindan pleitesía.”
El priista adelanta que seguirá el proceso legal hasta el fin, que no abandona sus aspiraciones de ser candidato a gobernador –pese a que ya se percibe el apoyo del PRI al senador Manuel Velasco– y fundamentalmente se dedicará a demostrar su inocencia.
