WASHINGTON, DC.- Pese a los recientes esfuerzos del gobierno de México por mostrar que ha dado claridad a su relación con los extranjeros que visitan el país o que residen en él, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró –en un informe aprobado hace pocos días– que las autoridades federales mexicanas violaron derechos elementales de tres sacerdotes que fueron deportados de territorio nacional en 1995.
De acuerdo con fuentes cercanas al organismo, los comisionados –elegidos por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)– determinaron que el gobierno mexicano violó los derechos de integridad personal, debido proceso y libertad religiosa, entre otras garantías consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los sacerdotes Loren L. Riebe, Jorge Alberto Barón Guttlein y Rodolfo Izal Elorz.
El gobierno mexicano, consideró la comisión, está obligado a reparar las consecuencias de esas violaciones.
Los tres sacerdotes extranjeros fueron puestos en un avión con destino a Miami, el 23 de junio de 1995, unas horas después de que se les apresó en sendas comunidades chiapanecas donde realizaban su trabajo espiritual (Proceso 974 y 979). En marzo de 1996, el estadunidense Loren Riebe presentó una denuncia ante la CIDH, a la que se sumaron después el argentino Jorge Alberto Barón y el español Rodolfo Izal (Proceso 1111 y 1124). El año pasado, la comisión realizó una audiencia para ventilar el caso.
El gobierno mexicano ha sostenido que la deportación de los sacerdotes se realizó con apego a derecho. Oficialmente se les acusó de realizar “diversas actividades ilícitas” y de “crear un clima que profundiza y acentúa las diferencias en las comunidades”.
Sin embargo, la CIDH encontró que, entre el momento de su detención y el de su expulsión, fueron objeto de diversas arbitrariedades.
En el informe, que aún es confidencial, la CIDH recomendó al gobierno mexicano revisar la validez del proceso administrativo que concluyó con la deportación de Riebe, Barón e Izal; investigar la responsabilidad de los funcionarios públicos que tomaron la decisión de detenerlos en Chiapas, trasladarlos a la Ciudad de México y expulsarlos del país; restablecer la situación jurídica de los afectados (presumiblemente, permitir su reingreso en el país), y pagar una compensación por el daño que se les causó.
La comisión aprobó el informe final en el marco de su reciente periodo de sesiones, después de otorgar al gobierno mexicano un plazo de cinco meses para cumplir con sus recomendaciones, cosa que no sucedió.
El organismo aún no ha decidido hacer público el documento.
Esa acción, que es el máximo castigo que impone la CIDH a un Estado, podría evitarse si las autoridades mexicanas cumplieran con las recomendaciones del informe.
Sin embargo, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo ha mostrado poca disposición de acatar las recomendaciones que le ha hecho anteriormente la CIDH, como las que aparecen en sus informes finales sobre el asesinato de 17 campesinos en Aguas Blancas, la tortura y desaparición de tres indígenas en el ejido Morelia y el encarcelamiento del general José Francisco Gallardo Rodríguez. Además, el gobierno ha manifestado hasta ahora su negativa de permitir el reingreso en el país de los tres sacerdotes expulsados.
Robert Benson, especialista en derecho internacional que ha representado a Loren Riebe en su denuncia ante la CIDH, afirmó: “Estamos contentos de que la Comisión Interamericana haya dado pasos para que se corrijan las injusticias que se cometieron en este caso. No es bueno para el gobierno mexicano que los comisionados hayan tenido que llegar tan lejos”.
En conversación telefónica desde Los Angeles, Benson se negó a comentar el contenido del informe, pues, dijo, “aún es confidencial”.
El profesor de leyes de la Universidad Loyola Marymount informó que Loren Riebe acababa de viajar a Guatemala, donde fue asignado a una iglesia. Aparentemente, el gobierno de Guatemala, país que colinda con Chiapas y tiene problemas étnicos y sociales similares a los de ese estado, no tuvo objeciones para que Riebe realice allá el mismo trabajo que hacía en México.
Apenas el 1º de marzo último, una delegación del gobierno mexicano viajó a Washington para participar en una audiencia de la CIDH. El propósito expreso del viaje –según explicó a este semanario el subsecretario de Población y Servicios Migratorios, de la Secretaría de Gobernación, Fernando Solís Cámara– fue comentar con los comisionados los cambios que el gobierno promovió a la Ley General de Población y las próximas modificaciones al Reglamento General de Población (Proceso 1165). Sin embargo, grupos de derechos humanos vieron en la visita de los funcionarios mexicanos a esta capital un intento de detener la aprobación del informe final sobre la deportación de los tres sacerdotes.
“La aprobación del informe demuestra que las explicaciones del gobierno mexicano fueron insatisfactorias”, opinó Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización no gubernamental que también representó a los sacerdotes en su denuncia ante la CIDH. “Afortunadamente, la comisión no se compró la versión del gobierno y consideró que los cambios no fueron suficientes”, agregó Krsticevic, quien, al igual que Benson, no quiso hablar en detalle sobre el informe.
Arturo Requesens, abogado del Taller Universitario de Derechos Humanos –otra ONG que participó en la presentación de la denuncia–, dijo que un grupo de activistas se reunió con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pocos días antes del comienzo del periodo de sesiones de la CIDH, para tratar de resolver el problema. “Nos dijeron que el regreso de los sacerdotes no era negociable. Han mostrado tal cerrazón, que era lógico que la CIDH aprobara su informe. El gobierno no ha tenido voluntad política en este tema”.
Consultado por el corresponsal, un vocero de la misión mexicana ante la OEA dijo que el gobierno no haría comentarios sobre la aprobación del informe en tanto éste no se hiciera público. “El caso de referencia está sujeto a un proceso confidencial, que México respeta, de acuerdo con las disposiciones de la Convención Americana”, dijo.
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