El gobierno de Ernesto Zedillo tiene en marcha ya, desde el primer bimestre de este año, el plan financiero negociado con Estados Unidos que apenas se aprobó el martes 7 en la Cámara de Diputados con el voto mecánico de una mayoría priísta, que tuvo que ser disciplinada, y el silencio negociado de la fracción panista.
Según un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (que le fue negado a la oposición para la comparecencia del secretario del ramo, el pasado 1º de marzo), sólo en el primer semestre de este año “se tiene planeado utilizar hasta 10,000 millones de dólares del fondo de apoyo”, autorizado por el gobierno estadunidense, particularmente para adquirir Tesobonos.
En el texto se informa que “durante el primer bimestre del año (enero y febrero pasados), en el marco del Acuerdo Financiero de América del Norte, se liberaron 2,000 millones de dólares mediante un intercambio de divisas (swaps), los cuales se destinaron en su totalidad para amortizar Tesobonos”.
En marzo, anuncia el documento, “se reducirá en 3,000 millones de dólares la circulación de Tesobonos”, también mediante el uso de swaps.
Para abril próximo, el plan financiero negociado con Estados Unidos prevé que “se emitirán hasta 5,000 millones de dólares en bonos garantizados (por Estados Unidos), a un plazo promedio de siete años”, y aclara que estos recursos servirán ya no sólo para amortizar Tesobonos sino “otras deudas de corto plazo”.
Para entonces, el gobierno mexicano habrá usado ya la mitad de los 20,000 millones de dólares ofrecidos por Estados Unidos como “garantías”. El restante 50%, dice el plan financiero, “estará disponible para contingencias en el resto del año”.
El plan financiero negociado por el gobierno de México con Estados Unidos incluye una “estrategia” para acceder de nuevo a los mercados internacionales de capital.
Para eso, México emitirá nueva deuda… de corto plazo.
Dice el plan:
“En el transcurso de los meses próximos, México empezará un programa para emitir una pequeña cantidad de papel comercial a plazos de seis meses a un año, mediante el programa de papel comercial del gobierno federal por 2,000 millones de dólares establecido en 1992 (sic).
“El papel comercial será emitido en una cantidad adicional por 1,500 millones de dólares por el gobierno federal, el Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera y Petróleos Mexicanos, durante mayo.”
Esta nueva deuda será de corto plazo en serio, pues se reconoce que ese papel comercial “vencerá en 1995”, y todavía se confía en que “sea negociado al final del mismo año”.
Más adelante, dice el plan, “México empezará a utilizar el mercado de deuda a mediano plazo, a través de una emisión de bonos a plazos de uno a dos años hasta por una cantidad de 500 millones de dólares”.
En el colmo del optimismo, el documento establece que “se considera que el mercado absorberá sin problema dicho monto, si los niveles de confianza evolucionan conforme a lo esperado”.
Además, el plan financiero anticipa que “a lo largo de 1995, el sector público, por conducto de las agencias del sector público, emitirá de manera adicional de 2,000 a 3,000 millones de dólares en deuda de mediano plazo”.
Y anuncia que “se espera que dicha emisión será cada dos meses, con montos de 500 millones de dólares, tanto en junio como en agosto, las cuales serán seguidas por dos emisiones de 1,000 millones de dólares cada una en los meses de octubre y diciembre”.
AMARRES
Luego de dos días de presiones sobre un bloque de legisladores priístas insubordinados y de negociaciones en Los Pinos con el Partido Acción Nacional (PAN), la Cámara de Diputados aprobó el martes 7 las condiciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos en el paquete de ayuda financiera a México.
Disciplinados los priístas disidentes, sólo uno de ellos rompió con el voto aprobatorio unánime del partido oficial: Alejandro Rojas Díaz Durán, quien se abstuvo. Pero los priístas fueron compensados por el perredista Marco Rascón, el único legislador de oposición que irónicamente aprobó el dictamen:
“Antonio López de Santa Anna, en favor”, grito el perredista en el momento de su voto.
Zedillo había tenido que cabildear ante la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hace tres semanas en Los Pinos. Al final de la votación, el martes, el coordinador de la fracción priísta, Humberto Roque Villanueva, en una entrevista, evidenció la línea recibida:
“Es una votación muy positiva del decreto que autoriza el paquete financiero de Estados Unidos, en donde se ha dado una gran muestra de unidad del priísmo en torno del presidente Zedillo.”
El PAN había fijado su posición al abrirse la sesión, al calificar de “inadmisible” el apoyo financiero estadunidense, porque sus exigencias impedirán “el cumplimiento cabal” de las condiciones y busca “ante todo el ejercicio de la discrecionalidad del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, situación que antepone el beneficio particular de un gobierno en perjuicio real del otro”.
El PAN anunció su voto en contra… y guardó silencio el resto de la sesión.
Los panistas, encabezados por su dirigente nacional, Carlos Castillo Peraza, no cedieron, pero decidieron no participar en el debate. Para salvar –según se interpretó– la relación con Zedillo, los senadores panistas aprobaron el paquete, luego que sus diputados votaron en su contra.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) combatió “la inconstitucionalidad” de los acuerdos con Estados Unidos; la “amenaza a la soberanía nacional” de ofrecer en prenda de pago los recursos de la exportación petrolera de México; la “camisa de fuerza” impuesta por una política de ajuste “dramáticamente recesiva”; en una palabra, el “¡no, por patriotismo… el que no tuvieron los representantes de México en las negociaciones”.
De nada sirvieron ocho horas de debate.
Los priístas alegaron una y otra vez: “no hay de otra”, y, maniqueos, restregaron hasta la saciedad: “rechazamos las salidas falsas de la moratoria que quiere el PRD”… aunque el PRD jamás se pronunció por la moratoria.
El jueves 9, las fracciones del PRI y del PAN quedaron en evidencia.
Primero, Humberto Roque Villanueva citó a conferencia de prensa para anunciar la “total solidaridad y lealtad” de los legisladores del partido oficial con el plan de ajuste económico del presidente Ernesto Zedillo, que se conocería tres horas después.
Roque Villanueva se enredó: “es importante que la población sienta que estaremos solidarios con el presidente Zedillo, pero sobre todo (que) junto con esa solidaridad estamos ofreciendo nuestro sentido de responsabilidad para superar lo más pronto la crisis económica”, dijo.
Los panistas no quedaron mejor parados. Su silencio durante el debate del paquete financiero estadunidense y su aprobación en la Cámara de Senadores resaltaron aún más cuando, el jueves, en un boletín de prensa, expresaron su “rechazo categórico al programa económico anunciado el día de hoy por el gobierno de México”, acusaron al gobierno y al PRI de ser los “responsables de la crítica situación que padece México” y reclamaron que “deben ser ellos los que asuman el costo de las correcciones económicas y las consecuencias políticas”.
