La iniciativa de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas fue enviada el jueves 2 a la Cámara de Diputados, cuyos integrantes deberán aprobarla en el período extraordinario de sesiones que comenzará este lunes 6.
Los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional aceptaron en lo general el proyecto, pero buscarán hacerle añadidos y modificaciones. Además, una copia fue enviada a la Comisión Nacional de Intermediación, que encabeza el obispo Samuel Ruiz, para que se hiciera llegar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con el afán de que pudiera hacer propuestas antes de su aprobación.
Según Ricardo Valero, quien participó en varios procesos de pacificación centroamericanos, en el documento “no se le da carácter de interlocutor al Ejército Zapatista de Liberación Nacional”, con el que se pretende negociar las formas de la amnistía.
El documento establece que el gobierno federal pactará la amnistía con “el grupo involucrado” (nuevo eufemismo oficial para referirse al EZLN), así como los calendarios, la agenda y, en general, las bases para el diálogo y la negociación.
Valero advierte que el documento “sólo menciona vagamente una fuerza que desencadenó el conflicto”, y se pregunta: “¿qué significa esto?”. Y se responde de inmediato: “que no le da reconocimiento ni status” al EZLN.
Entrevistado en sus oficinas del PRD, Valero subraya que la iniciativa de ley se elaboró en “negociaciones ocultas”.
“Es una iniciativa del Ejecutivo y de una comisión legislativa, por lo cual la acepta sólo una de las partes. Sin embargo, es fundamental que cualquier esfuerzo de paz salga de un acuerdo entre las partes en conflicto. Dudo que el Ejército Zapatista acepte la iniciativa. No tendrá éxito.”
Actual representante del PRD ante las autoridades electorales, excoordinador de la fracción de su partido en la Cámara de Diputados, Valero fue también subsecretario de Relaciones Exteriores cuando se llegó al acuerdo de Contadora, tendente a pacificar Centroamérica. El participó activamente en las negociaciones. Señala:
“En la iniciativa debió especificarse un lugar para la intermediación, un espacio que proporcione seguridad a los interlocutores, donde sea respetada su integridad física. Así no tendrá utilidad alguna.”
No considera importante la discusión sobre el establecimiento de zonas francas, ya que –dice– la negociación puede hacerse fuera de Chiapas, o inclusive fuera del país:
“Debemos recordar que el mismo territorio mexicano se usó para facilitar el diálogo en los conflictos centroamericanos. Muchas capitales europeas también sirvieron para este tipo de contactos. El levantamiento armado salvadoreño nos dejó esta clase de experiencias. El argumento de las zonas francas resulta, pues, poco convincente.”
Y advierte el riesgo del “desgaste”:
“En El Salvador tuvieron que pasar diez años de enfrentamientos armados para llegar a la conclusión de que no había vencidos ni vencedores sino un empate técnico entre la capacidad militar de la guerrilla y la del ejército. Sin embargo, el país había sufrido ya un gran desgaste. De manera que para sentarnos a negociar no debemos esperar el aniquilamiento de una de las partes.”
Y advierte otro riesgo:
“Ojalá el diálogo no se produzca cuando los objetivos valiosos ocupen un lugar secundario: por ejemplo, que la negociación se desvíe hacia los grupos de desplazados o hacia los heridos de guerra. Conforme avanzan los conflictos, las negociaciones, natural y dolorosamente, se van desviando hacia este tipo de problemas. Es importante, y quizá lo más difícil, saber calcular el momento en que debe darse la negociación, y sin perder de vista los objetivos principales.”
La iniciativa contiene 13 artículos que abordan aspectos generales para emprender la negociación entre gobierno y EZLN.
Dispone suspender hasta durante 30 días, prorrogables a juicio del Congreso, las órdenes de aprehensión giradas contra los dirigentes zapatistas, entre ellos el subcomandante Marcos.
Y hace tres propuestas principales: crear una Comisión de Concordia y Pacificación, que fijará las bases del diálogo y en la cual no habrá ningún representante zapatista; el Acuerdo de Concordia y Pacificación, que será firmado al final de las negociaciones, y, finalmente, crear la Comisión de Seguimiento y Verificación, encargada de que se cumplan los compromisos pactados.
Prevé la adopción de compromisos que concluyan en un acuerdo de concordia y pacificación, en el cual se asienten las bases que permitan, dentro del Estado de derecho y las vías institucionales, garantizar la paz, atender las causas que originaron la inconformidad y propiciar la incorporación del grupo a los cauces pacíficos y legales. Asimismo, conciliar demandas e intereses legítimos de los diversos sectores de la sociedad chiapaneca; promover el bienestar social y el desarrollo económico y los lineamientos para la amnistía.
Pero Ricardo Valero espera que la iniciativa “sufra modificaciones importantes en el Congreso, ya que tiene lagunas y errores graves”. De lo contrario, puede correr la misma suerte de la ley de amnistía propuesta por el presidente Carlos Salinas de Gortari tan pronto estalló el conflicto y a la que nadie se acogió.
Por lo pronto, el gobierno mexicano enfrenta un dilema: si en las negociaciones reconoce el Ejército Zapatista como fuerza beligerante, tendrá que ajustarse a las normas establecidas en la Convención de Ginebra y en la Convención de La Haya. Por consiguiente, los zapatistas estarán amparados por el derecho internacional y automáticamente dejarán de ser “subversivos” o “terroristas”.
Por su parte, el diputado perredista Juan N. Guerra, quien celebra la “rectificación” del Ejecutivo porque optó finalmente por la negociación con el EZLN, “ninguna ley alcanzará para la paz si no hay una distensión militar del gobierno”.
El tiempo, mientras tanto, transcurre contra la paz, y en la medida que el ejército nacional siga avanzando dentro de la selva, según Guerra, “se corre el riesgo de que ocurra un enfrentamiento”.
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