Señor director:
Ante la reciente decisión del actual régimen de renunciar al carácter estratégico que para el Estado mexicano constituía la comunicación por satélite, modificando el artículo 28 constitucional y permitiendo así la participación privada e incluso extranjera en el sector, el Comité Ejecutivo 1993-95 de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) manifiesta su desacuerdo con tal medida, por los graves riesgos que puede implicar para la soberanía nacional, dado el papel que representa para ésta el manejo y funcionamiento de la comunicación satelital.
Asimismo, expresamos nuestra inconformidad por la manera en que dicha determinación ha sido asumida, dejando fuera de toda posibilidad de discusión a sectores especializados en la problemática de las comunicaciones, que podrían haber aportado elementos útiles para valorar las implicaciones para la nación de la privatización del rubro mencionado.
Ya que la decisión de ceder a los intereses privados la explotación de la comunicación satelital parece ser definitiva, la AMIC considera imprescindible que, a fin de garantizar la utilización adecuada de los recursos físicos de la nación involucrados en la comunicación por satélite, se incluyan para la asignación de concesiones en este campo los puntos siguientes:
–Integración de una comisión consultiva nacional de comunicación y cultura, formada por representantes de sectores especializados en ambos campos, para que colaboren en la definición de lineamientos y estrategias para el uso de la tecnología satelital, como parte de una política nacional de comunicación que se base en las necesidades del país y verdaderamente garantice una participación rectora del Estado en el campo de la comunicación espacial y de las nuevas tecnologías.
–Con base en el punto anterior, formulación de un régimen legal de concesiones que, a diferencia del que rige en los medios electrónicos, imponga las normas necesarias a los concesionarios del sector; revisiones periódicas de uso, establecimiento de sanciones ante incumplimientos, etcétera, que garanticen un empleo adecuado de los recursos del Estado en el rubro de la comunicación satelital.
–Que las concesiones para la explotación de la comunicación por satélite se otorguen a aquellos candidatos cuyos proyectos realmente se acrediten como los mejores y convenientes para los intereses de la nación, y no se adjudiquen al mejor postor (como ocurrió con la llamada televisión estatal), además de que, como marca la ley, dichos proyectos se hagan del conocimiento público.
–Que el marco legal mencionado prevea y garantice efectivamente –como incluso lo ha mencionado la Presidencia de la República– un uso de la tecnología de los satélites de comunicación para programas de beneficio social, como la educación y la telefonía rural, entre otros.
Atentamente
Comité Ejecutivo de AMIC
Alma Rosa Alva de la Selva, presidenta, y varias firmas más.
