Lo que en crisis anteriores correspondía a los organismos financieros internacionales –Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, sobre todo–, esta vez lo hará el gobierno estadunidense: llevará un estricto monitoreo del comportamiento económico de México, evaluará medidas aplicadas por el gobierno mexicano, vetará decisiones económicas, vigilará el correcto uso de los recursos facilitados, castigará cualquier incumplimiento de los acuerdos, se cobrará con ingresos petroleros si México no paga en los términos acordados…
El sometimiento.
Tras dos meses de intensa crisis financiera, y luego de tres semanas de arduas negociaciones en Washington, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo logró finalmente acceder a una parte –3,000 millones de dólares– de los recursos, hasta por 20,000 millones, ofrecidos por el gobierno estadunidense para rescatar la economía mexicana.
Calificado dentro y fuera del país como una “amarga medicina” o “salvavidas de plomo” –por la severa recesión que provocarán la brutal alza de 20 puntos a las tasas de interés y la astringencia crediticia comprometida con el gobierno estadunidense–, el acuerdo entre los dos países, firmado el martes 21, si bien trajo un alivio a las autoridades mexicanas, no causó euforia alguna entre los agentes económicos nacionales.
Mientras el presidente Zedillo festejaba la conclusión de los acuerdos –”en 1996 la economía mexicana será una de las más dinámicas de América Latina”, dijo el jueves–, y el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, agradecía al presidente Bill Clinton su “gran comprensión de la esfera financiera internacional”, en el país cundió el descontento y el sector financiero no salía de la turbulencia.
En efecto: la Bolsa Mexicana de Valores respondió a los acuerdos de Washington con caídas de entre 3 y 6% en su principal indicador, aun el mismo día del anuncio del fin de las negociaciones; el tipo de cambio siguió inestable: el dólar estuvo sobredemandado y la paridad no dejó de rondar los seis pesos por dólar.
Más aún, la decisión del Banco de México de incrementar las tasas de interés en 20 puntos porcentuales –los Cetes a 28 días quedaron en casi 60%–, que llevaron los intereses en el mercado secundario hasta 80% –en tarjeta de crédito rebasaron el 120%–, produjo no sólo la estampida de capitales del mercado de valores sino la franca irritación del empresariado nacional, particularmente de los banqueros que, se quejaron ya, verán incrementada su abultada cartera de créditos incobrables.
Y no sólo por las condiciones a que se sujeta el gobierno mexicano, que no podrá dar paso en materia económica sin el visto bueno de su contraparte estadunidense sino por las implicaciones que tendrá la severa contracción del crédito a que se comprometió el Banco de México.
Para lograr la firma de los acuerdos por 20,000 millones de dólares –parte del paquete de rescate por 52,000 millones promovido por el presidente Clinton–, no fue poco lo que debieron ofrecer el gobierno mexicano y el Banco de México. Entre lo más destacado: cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional; mantener un límite de 10,000 millones de nuevos pesos a la expansión anual del crédito interno del banco central; restringir la tasa de crecimiento de la base monetaria a niveles inferiores a los de la inflación.
También, mantener altas las tasas de interés de corto plazo –el martes se anunció que el aumento sería de diez puntos porcentuales, pero al día siguiente se decidió que fuera por el doble–; recuperar, por vía de créditos caros y altas tasas, las reservas perdidas en intervenciones en el mercado cambiario; lograr un superávit en las finanzas públicas y ajustar, si fuera necesario, el programa económico del país.
El gobierno deberá acelerar las reformas estructurales en los sectores de transporte, telecomunicaciones y bancario, y buscará obtener entre 12,000 y 14,000 millones de dólares en operaciones de privatización y concesiones durante los próximos tres años.
El Banco de México se compromete a hacer valer el carácter autónomo que legalmente tiene conferido desde abril del año pasado y respecto del cual se le critica, dentro y fuera del país, el no hacerlo efectivo. Además, deberá difundir de manera oportuna la información sobre operaciones y estadísticas financieras. Inversionistas de prácticamente todo el mundo podrán acceder a ella por medio de un sistema computarizado internacional.
Todo ello, en cuanto a las medidas que el propio gobierno mexicano dice haber asumido como propias y no exigidas en los acuerdos suscritos en Washington.
Dijo el presidente Zedillo, el miércoles, al defender, en Los Pinos, los acuerdos del día anterior:
“Se equivocan quienes afirman que a cambio del respaldo financiero, se ha convenido la política económica de México con las autoridades de otro país”. Y aclaró: “el programa económico que sustenta el respaldo financiero es el anunciado el pasado 3 de enero y analizado en su oportunidad por el Honorable Congreso de la Unión”.
También aseguró que “la política monetaria, de la que se ha hablado tanto en los últimos días, es la expuesta desde el cierre de enero por el Banco de México al propio Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto por el artículo 51, fracción primera, de la Ley del Banco Central”.
EL ACUERDO NO DIFUNDIDO
Lo que sí no estaba previsto es la serie de condicionamientos a que se sujeta el gobierno mexicano para poder hacer uso de los recursos ofrecidos por el gobierno estadunidense. El Acuerdo Marco entre los Estados Unidos de América y México para la Estabilización de la Economía Mexicana, que no ha sido difundido oficialmente, revela un virtual sometimiento al gobierno estadunidense.
Por ejemplo, para evitar que se suspenda el flujo de recursos acordados, “México proporcionará o hará que se proporcione toda la información que requiera el Departamento del Tesoro a fin de poder constatar que se han dado las condiciones previstas en este artículo” (en relación con los ingresos petroleros como garantía del cumplimiento de obligaciones).
Peor aún, “a petición del Departamento del Tesoro, México le proporcionará, a costa suya, una confirmación de contadores públicos independientes en el sentido de que dicha información entregada al Departamento del Tesoro no es inconsistente con la contenida en los libros y registros de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus empresas subsidiarias”.
También, se desprende del Acuerdo, el gobierno mexicano se obligó a entregar un Plan Financiero “explicado y detallado”, con una descripción del destino que dará a los “recursos primarios” y cómo tal destino se relaciona con el uso que se dará a otros fondos puestos a disposición de México. Antes, el Departamento del Tesoro debió haber dado su visto bueno.
El Departamento del Tesoro, hasta la cocina. Dice el texto: “antes de cada solicitud formulada por México o el Banco de México para la obtención de recursos primarios, México presentará al Departamento del Tesoro una descripción escrita sobre el estado que guarda la situación financiera conforme a lo previsto en el Plan Financiero, el pretendido destino que se dará a los recursos primarios y una explicación sobre la consistencia entre tal destino y el Plan Financiero”.
Más: “México y el Banco de México proporcionarán al Departamento del Tesoro toda información solicitada de manera razonable por el Departamento del Tesoro que considere necesaria para la revisión del Plan Financiero”.
No podrá darse paso sin el visto bueno del gobierno estadunidense: “México actualizará su Plan Financiero al menos una vez por año durante todo el tiempo en que los recursos primarios se encuentren pendientes de pago”, y “México deberá notificar por escrito al Departamento del Tesoro cualquier intención de modificar sustancialmente el Plan Financiero”.
El artículo VI del Acuerdo Marco, denominado “Condicionalidad”, revela cuándo el gobierno mexicano podría no recibir los dineros acordados. Sirva la transcripción:
“1. No se desembolsarán recursos primarios en favor de México o del Banco de México directa o indirectamente si el Departamento del Tesoro determina que las políticas económicas de México y el Banco de México no son consistentes con la Carta de Intención y el Memorándum sobre Política Económica referido en el crédito para México aprobado por el FMI el 1 de febrero de 1995, o cualquier otra de las políticas económicas establecidas subsecuentemente bajo el Programa del FMI. Al hacer dicha determinación, el Departamento del Tesoro deberá tomar en consideración las revisiones del FMI para llevar a cabo los objetivos y políticas económicas de México.
“2. No se desembolsarán recursos primarios en favor de México, directa o indirectamente, si el Departamento del Tesoro determina que México ha incurrido en algún incumplimiento sustancial en relación con la instrumentación de políticas económicas anunciadas el 21 de febrero de 1995.
“3. No se desembolsarán recursos primarios en favor de México o del Banco de México, directa o indirectamente, si el Departamento del Tesoro determina, después de cada solicitud de recursos primarios y antes del desembolso de dichos recursos primarios, que: I) México o el Banco de México han emprendido acciones que son sustancialmente inconsistentes con el Plan Financiero; II) el Plan Financiero de México es sustancialmente inconsistente con las condiciones prevalecientes; III) el destino que se pretende dar a los recursos primarios son inconsistentes con el Plan Financiero de México; IV) el propio Departamento del Tesoro no está de acuerdo con alguno de los cambios sustanciales hechos por México a su Plan Financiero, o V) México o el Banco de México han incurrido en un incumplimiento sustancial en relación con las obligaciones previstas en el artículo IX (sobre la obligación de dar toda la información monetaria exigida).
“4. No se desembolsarán recursos primarios en favor de México o del Banco de México, directa o indirectamente, si… incumplen con algún pago cuando éste sea exigible y no subsanen dicho incumplimiento dentro de los siete días que sigan a la notificación que al efecto dirija el Departamento del Tesoro a México o al Banco de México…”
Otro castigo será la revocación de garantías cuando el gobierno mexicano no haga las correcciones a las políticas económicas exigidas por el Departamento del Tesoro.
El artículo XV, “Legislación Aplicable y Sometimiento de Jurisdicción”, dice textual:
“El presente Acuerdo se regirá por y será interpretado de conformidad con las leyes del estado de Nueva York, en la medida en que ello no sea inconsistente con las leyes federales de los Estados Unidos de América. En este acto, y de manera irrevocable, México y el Banco de México se someten, en relación con cualquier asunto relacionado con el presente Acuerdo, a la jurisdicción exclusiva del Juzgado de Distrito de los Estados Unidos de América localizado en el Distrito de Manhattan en la ciudad de Nueva York. En este acto, y de manera irrevocable, los Estados Unidos de América se someten, en relación con cualquier fin o asunto relacionado con el presente Acuerdo, a la jurisdicción exclusiva de los tribunales federales de los Estados Unidos de América. En este acto y de manera irrevocable México, el Banco de México y los Estados Unidos de América renuncian, de la manera más amplia que proceda, a cualquier defensa de tribunal incompetente que pretendan hacer valer bajo cualquier acción o procedimiento que corresponda conforme al presente párrafo.”
El Acuerdo no ha sido difundido por el gobierno, pero una versión de la “traducción preliminar” fue obtenida por diputados, que luego la filtraron a la prensa.
A los medios informativos, en cambio, la Secretaría de Hacienda sí envió la información más general de los contratos que instrumentan las operaciones acordadas en Washington. Son cuatro: Contrato Marco, Contrato de Intercambio de Divisas a Mediano Plazo, Contrato de Garantías y Contrato Relativo a los Recursos Provenientes de las Exportaciones de Petróleo.
En la descripción de este último, se señala que “Pemex, de acuerdo con sus prácticas de cobranza, instruirá a sus clientes en el extranjero a que realicen los pagos de exportaciones en las cuentas que para estos efectos tiene en un banco en Estados Unidos. Adicionalmente instruirá al citado banco, de manera irrevocable, para que los recursos aludidos sean transferidos a la cuenta que para tales propósitos tiene el Banco de México en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. El Banco de México podrá disponer libremente de los aludidos recursos, salvo en el caso de que dejen de cumplirse las obligaciones de pago de los apoyos otorgados. De presentarse este último supuesto, el gobierno de Estados Unidos tendrá derecho a compensarse cargando los recursos que a partir de la fecha de incumplimiento sean transferidos a la referida cuenta”.
A cambio de cumplir rigurosamente con todos los compromisos contraídos, el gobierno mexicano podrá hacer uso del paquete de 20,000 millones de dólares, que quedó dividido en tres partes: una primera de 3,000 millones de dólares, que podrá ser usada de inmediato; una segunda de 7,000 millones de dólares, integrada principalmente de garantías crediticias, que estará a disposición de México entre los meses de marzo y junio, y una tercera de 10,000 millones de dólares, utilizable a partir de julio entrante. Las dos últimas partes del paquete sólo serán entregadas por Estados Unidos si México cumple rigurosamente con las condiciones impuestas hace tres semanas por el Fondo Monetario Internacional, y si provee a Washington de información “transparente” y “oportuna” sobre su desempeño económico.
Luego de la firma de los acuerdos, los gobiernos de los dos países respondieron a reclamos y expectativas de sus respectivos públicos. Por Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Robert Rubin, afirmó que los acuerdos “sirven a los intereses económicos de Estados Unidos respecto de fuentes de empleo y niveles de vida, y a los intereses estadunidenses respecto de la inmigración ilegal y la seguridad nacional, mediante la estabilización de la economía mexicana”. Calificó las acciones y condiciones comprendidas en los acuerdos como “pasos difíciles pero necesarios”.
Por México, el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, negó que en los acuerdos hayan sido incluidas condiciones políticas y aseguró que el mecanismo de garantizar el pago del crédito vía ingresos petroleros no es nuevo y tampoco lesivo para el país. Argumentó: “mientras el gobierno mexicano se mantenga al corriente en sus pagos, conserva plena e irrestricta disponibilidad sobre dichos recursos. Cabe señalar que este mecanismo no constituye una garantía ni otorga derechos sobre los activos de Pemex. Mucho menos concede al gobierno estadunidense injerencia sobre el diseño o implementación de las políticas petroleras”.
Si bien, las autoridades mexicanas insistieron durante la semana en negar la inclusión de condiciones políticas, el secretario de Estado estadunidense, Warren Christopher, dijo el mismo día de la firma que ya había evidencia de que México estaba tomando acciones para hacer “puentes y cruces fronterizos más seguros” y que incrementará la presión sobre los cárteles de la droga, según reportó, el miércoles, el diario The New York Times.
Mientras el contenido completo de los contratos firmados no ha sido informado al público mexicano, ni siquiera al Congreso, el costo de los préstamos otorgados quedó también oculto oficialmente. Buena parte de la información que pudo obtenerse sobre los documentos, que fueron inmediatamente retirados de la mesa en la que se firmaron, provino de sumarios editados por el Departamento del Tesoro. En uno de ellos se explica que, por concepto de swaps de mediano plazo, México pagará una tasa de interés equivalente a la tasa de los bonos del Tesoro estadunidense de 91 días (alrededor de 6%) más una prima de riesgo de 225 a 375 puntos base (un punto base equivale a 0.01 puntos porcentuales); es decir, México podría llegar a pagar un interés de 9.75%. Hace tres semanas, un alto funcionario había adelantado que tasa y prima se ubicarían “entre 7 y 12%”. Ese mismo día, Ortiz había replicado: “Será de 4%”.
Al tiempo que el presidente estadunidense Bill Clinton felicitaba al gobierno mexicano por los “pasos valientes” que estaba dando, en referencia a la austeridad y recesión que se derivan de los acuerdos, en México las autoridades matizaban públicamente sus graves repercusiones. Al menos su expresión en el tiempo: serán pasajeros los problemas, dijeron una y otra vez el presidente Zedillo y el secretario de Hacienda.
En Washington, en cambio, se reconocía de otra manera. De acuerdo con The New York Times, “funcionarios mexicanos dijeron que las condiciones causarán un dolor considerable al pueblo mexicano y reconocieron que el país podría caer en una recesión. Esto, en cambio, podría incrementar el descontento social, ahondando los retos para el debilitado gobierno del presidente Ernesto Zedillo, y aumentando en gran medida la posibilidad de una fuerte afluencia de inmigrantes a Texas y California”.
Publicó el Times: “… el Sr. Ortiz y sus asistentes dijeron que las alternativas a dicha austeridad serían mucho peores, corriendo mayores riesgos políticos, caos financiero y aun un mayor flujo de ilegales. `Obviamente esto no es fácil’, dijo un alto funcionario mexicano a los reporteros hoy. `Las condiciones que México enfrenta son muy difíciles. Pero no hay otra salida'”.
En el mismo sentido insistió el presidente Zedillo: “si no hubiéramos tomado la decisión de devaluar el peso y poner en marcha las medidas de ajuste, al otro día hubiéramos tenido que declarar la suspensión de pagos y haber aceptado la caída de por lo menos 30% del producto interno bruto. Y ahí se nos acaba el país”.
A bordo del avión presidencial, que lo conducía la mañana del jueves, el mandatario sostuvo un breve encuentro informal con periodistas invitados a una gira de trabajo por el estado de Zacatecas. Confió que en 1996 México va a tener una de las economías más dinámicas de América Latina. Serio, dijo que si las líneas de crédito recién acordadas con Washington se hubieran tardado un solo día más, México no tendría más que declarar la suspensión de pagos.
En varias oportunidades, el mandatario reiteró que los problemas financieros que hoy aquejan al país serán pasajeros. “quiero asegurarles que estos problemas son estrictamente temporales; que los problemas que estamos hoy viviendo, de altísimas tasas de interés, de inestabilidad cambiaria, de aceleramiento de la inflación, son problemas que no van a durar mucho”.
