Acaso la más grave consecuencia del alzamiento chiapaneco con su trasfondo irrecusable de justicia indígena y pobreza inaceptable, pero con su evidencia paralela de impunidad guerrillera e incertidumbre política, ha sido dividir a las élites del país, y quizás al país mismo, en torno a las causas y las soluciones deseables del conflicto. La lenta cocción de esa discordia ha tocado dos fibras opuestas que conviven, sin embargo, con las mismas cargas de legitimidad y vigor en el imaginario de la cultura cívica mexicana: la obsesión por la estabilidad política y la fascinación por la insurgencia justiciera. La primera es la plegaria permanente de las fuerzas reales; la segunda, parte sustancial del evangelio de la historia patria.
Chiapas ha separado a los contingentes de una y otra fibra, y ha hecho surgir en ambos una intransigencia binaria, con pocos espacios para el matiz y prácticamente ninguno para las soluciones intermedias. Volvió a dividir esas aguas la sorpresiva decisión del 9 de febrero del presidente Zedillo, quien ese día giró órdenes de aprehensión contra los dirigentes del EZLN –al descubrir, sorpresivamente, que se preparaban a dar golpes fuera de Chiapas– y ordenó al ejército que recuperara los territorios hasta ahora bajo dominio zapatista, en apoyo de la acción de la PGR contra los indiciados.
El hecho produjo una abrumadora reacción adversa en el flanco ilustrado de la opinión pública, con un alineamiento enérgico y prácticamente total de las élites intelectuales y periodísticas en el bando de la guerrilla chiapaneca, la solución pacífica y el repudio al uso de la fuerza como expediente de solución en Chiapas. La intensidad de la protesta en los diarios extendida a las calles por las organizaciones de izquierda llevó al gobierno a matizar su decisión original el 14 de febrero, ordenando al ejército y a la PGR suspender su búsqueda de los dirigentes del EZLN en territorio zapatista. Sin escándalos de prensa ni manifestaciones en las calles, el flanco de las élites, de los poderes reales de las cúpulas financieras a las cúpulas corporativas, ofreció su respuesta a la rectificación gubernamental al día siguiente, con una caída espectacular de la bolsa de 6.41% y una caída del peso hasta a 6.10 por dólar.
Ese mismo día, desde Michoacán, el presidente Zedillo convocó a los mexicanos a preservar la unidad, “porque un México dividido no le va a servir a nadie”. En efecto, pero la división en torno de Chiapas ya está ahí, y es la que hace ver al gobierno en blanco y negro, como un represor macarthista o como un barco indeciso y errático. El gobierno ha hecho su parte al emitir mensajes contradictorios, cambiando súbitamente de actitud al pasar de la promesa de diálogo incansable a la persecución judicial de los antes dialogantes, a suspender la persecución de los delincuentes que vuelven a ser invitados a dialogar y son convertidos por tanto, de nuevo, en dialogantes. Contando sus errores de comunicación y ritmo –que son casi todo en política–, lo cierto es que la polarización en curso añade a esos errores una carga casi inmanejable de reclamo e incertidumbre.
En un flanco del litigio, por ejemplo, la ocupación del ejército de los territorios zapatistas es mirada sin más como una declaración de guerra y el anuncio de una inminente masacre indígena. En el flanco contrario, la orden de no avanzar más es entendida como un titubeo y una concesión inaceptable. Al flanco antiocupación no le dice nada el hecho de que la guerra que denuncian no haya existido, mucho menos la masacre. Al flanco proocupación no le dice nada el hecho de que el ejército haya restablecido el dominio del gobierno sobre el territorio zapatista, luego de un año de excepción en la materia. Ambos flancos quieren todo; unos, que desaparezca el ejército de Chiapas; otros, que desaparezcan los zapatistas.
Esta polarización se extiende a lo largo de prácticamente todos los asuntos vinculados al conflicto chiapaneco. Aun en lo que todos parecemos coincidir, que es la urgencia de la paz, los mensajes implícitos son contradictorios porque para unos la paz es estricta responsabilidad del gobierno y para otros no puede llevarse a cabo por la intransigencia zapatista.
Hemos perdido o vamos perdiendo así la posibilidad de una salida intermedia, efectivamente negociada y consensada, para Chiapas. Y el intento del gobierno de trazar su propia línea y dar un poco a cada bando –ocupación pero no campaña militar en territorio zapatista, órdenes de aprehensión pero oferta de amnistía para los dirigentes del EZLN– acaba encontrando como respuesta no el aprecio parcial a sus ofertas parciales sino vacío y rechazo plenos. La política cede así su paso a la puja de fuerzas y el debate al diálogo de sordos.
Es una situación hecha de muchos ingredientes tóxicos, pero uno central es el de la interpretación de los hechos, la discusión de las ideas, la guerra latente de paradigmas y pulsiones en el seno de la cultura política nacional. Los intelectuales y periodistas debemos asumir esa realidad y devolver a las ideas su flexibilidad y sus matices, no reproducir cadenas binarias de blancos y negros, buenos y malos, que sólo hacen crecer la polarización y, antes que esclarecer, enturbian el conflicto chiapaneco. Entiendo que en las condiciones presentes éste es un llamado inútil, pero quizá no resulte del todo desechable.
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