El 14 de febrero, el presidente Zedillo se dirigió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para solicitar se convoque a un período extraordinario de sesiones, para que “conozca de los asuntos siguientes:
“a) análisis de la situación en Chiapas y discusión sobre propuestas de posibles soluciones al conflicto en esa entidad, y b) iniciativa presidencial de una Ley de Amnistía.”
En el documento que fundamenta su petición, EZ recuerda que el 5 de febrero hizo un nuevo exhorto al EZLN a “decidirse abierta y expresamente por la vía política para expresar sus demandas”. Ese mismo día, explica, “convoqué a todos quienes guardan vínculos organizativos y políticos a que hicieran a un lado sus intereses particulares para actuar consecuentemente con los intereses superiores de la unidad y la concordia nacionales”. Zedillo se siente defraudado porque “lejos de encontrar una disposición clara y expresa para el diálogo y lejos de corresponder con hechos a una voluntad de negociación claramente acreditada, la semana pasada se descubrió que mientras el gobierno de la república insistía en establecer cauces para el diálogo, el EZLN venía preparando nuevos actos de violencia no sólo en Chiapas sino en otros lugares de la república”.
Los descubrimientos de la PGR no son, hay que decirlo, importantes en cuantía; más bien, han hallado armas de muy bajo calibre, pistolitas y unas cuantas armas largas. Se hallaron en poder, además, de grupos que pueden estar o no vinculados orgánicamente con el EZLN. Es probable que se trate, en algunos casos, como el de Veracruz, sólo de simpatizantes que se dicen miembros del EZLN sin tener vínculos reales con éste.
Es natural que en el país haya grupos de esta naturaleza por la gran simpatía que la causa zapatista surgida en Chiapas ha despertado en México y en el extranjero. Y es probable que el surgimiento de estos grupos esté por completo fuera del control de la dirección del EZLN. Por otro lado, muestras de disposición al diálogo y al no enfrentamiento con el ejército mexicano las ha dado el EZLN desde el 12 de enero de 1994. Hasta ahora y desde ese día no ha disparado un solo tiro contra el ejército mexicano. Ese es uno de los hechos que están a la vista de todo mundo. No se puede entonces afirmar que haya sido el EZLN el que reanuda hostilidades.
Una circunstancia que puede explicar la decisión gubernamental de ordenar la persecución de los dirigentes del EZLN para aprehenderlos es el conocimiento, o su presunción, de que Marcos está identificado. No se puede, se afirma, permanecer impasible ante un ciudadano que ha infringido la ley de manera tan evidente. Antes no se le conocía y por eso no se ordenaba su aprehensión.
Sin embargo, analistas, nacionales y extranjeros, atribuyen la orden de detener a los dirigentes a las presiones que sobre el gobierno han ejercido los grandes intereses económicos de connacionales y de estadunidenses, de ésos que se han quejado por la devaluación del peso que les ha ocasionado pérdidas millonarias. Cualesquiera que hayan sido las causas reales por las cuales el titular del Poder Ejecutivo decidió emprender la acción persecutoria contra el EZLN y, consecuentemente, desatar la guerra, es opinión generalizada que de esa manera se está entrando en el conjunto de los países latinoamericanos con guerra de guerrillas permanente al lado de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia y Perú.
La decisión de ordenar la aprehensión de los dirigentes del EZLN sorprendió a la Comisión Legislativa del Diálogo y Conciliación para el estado de Chiapas cuando regresaba de una visita a la entidad, donde había realizado un intenso recorrido por la zona en conflicto y entrado en contacto con algunas de las partes. Había pulsado el profundo descontento que existe en la región y comprobado el odio y el rencor que han echado raíces en los diversos sectores sociales chiapanecos.
Llegábamos preocupados de allá, pero con la esperanza todavía de abrir caminos a la reconciliación por la vía de la discusión a fondo de los problemas de la entidad. De inmediato hicimos contacto con el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, para hacerle conocer personalmente el texto que publicamos en diversos periódicos, donde expresamos nuestra exhortación a las partes, a la sociedad, a los partidos y a los medios de difusión para buscar alternativas para retornar al camino de la negociación. Rechazamos, dijimos, el uso de la fuerza o la indiferencia al diálogo como alternativa para alcanzar la reconciliación en Chiapas. Aceptamos que el diferimento sistemático del diálogo por x o z razones abre posibilidades a la opción militar y obstaculiza el camino de la paz. Expresamos que privilegiamos por encima de la fuerza el ejercicio superior de la razón y la inteligencia. No es posible, señalamos, convocar a dialogar a quienes se pretende capturar. Esa decisión anula la posibilidad de todo encuentro para negociar. Por ello exhortamos al Ejecutivo federal a retomar acciones para resolver el conflicto sin derramamientos de sangre, restablecer el alto al fuego y reinstalar la salida política.
Al mismo tiempo, llamamos al EZLN a iniciar de inmediato, sobre la base anterior, las negociaciones directas para encauzar la solución a sus demandas sin el recurso de las armas y la violencia.
Esteban Moctezuma escuchó nuestros planteamientos y coincidió con la Comisión Legislativa (CL) en que es imperioso retomar el camino de las negociaciones y evitar la violencia, pero explicó la decisión del Ejecutivo apoyado en la negativa sistemática del EZLN para reiniciar el diálogo de manera sistemática. Nuestra misma Comisión conoció de la dificultad para entablar contacto con la dirección del EZLN, ya que tras mes y medio de haber pedido a través de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) una entrevista con ella, no se obtuvo siquiera una respuesta dando cuenta de que se había recibido la petición. Expresamos que, sin embargo, era nuestra obligación, del gobierno y de la CL buscar por todos los medios posibles que el EZLN se sentara a discutir la situación de Chiapas para hallar solución a los problemas de la entidad. Ninguna nación de nuestra Latinoamérica ha resuelto sus problemas políticos y sociales por la vía armada de manera inmediata. Hay conflictos en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Colombia que llevan más de 30 años. No tenemos por qué pensar que en México las cosas serán diferentes.
Celebramos una importante reunión con los miembros de la Conai, que preside el obispo Samuel Ruiz, para conocer su disposición a mantener su condición de mediadores entre los actores de la confrontación directa en Chiapas. Supimos por ellos la persecución policiaca que sufren algunos de sus integrantes y de que Jorge Santiago Santiago es acusado de “ser contacto entre el EZLN y la Conai”. También, les dijimos, de entregar dinero al EZLN, lo que rechazaron. Señalaron, sin embargo, que las acusaciones que se le hacen, sin fundamento alguno, son también de rebelión, terrorismo, posesión de armas reglamentarias del ejército y otros delitos.
Conversamos con ellos sobre la necesidad de sumar esfuerzos para lograr sentar a las partes ante una mesa de negociaciones y de que se entienda, como entendemos nosotros, entre ellos quien estas líneas escribe, que ante decenas de miles de indígenas de Chiapas, el obispo Samuel Ruiz y los sacerdotes son sus representantes y defensores más leales desde hace muchos años y que cualquier acción que se emprenda contra ellos es una ofensa que siente en carne propia entre los indígenas.
Pedimos reunirnos con los coordinadores de los grupos parlamentarios de los cuatro partidos representados en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, para explicarles de viva voz nuestros puntos de vista de consenso en la CL y tuvimos esa reunión para recibir la solidaridad de todos ellos.
Después de esos encuentros y de recibir esos apoyos institucionales para la CL, acudimos a entrevistarnos con el presidente Zedillo, para darle a conocer nuestra preocupación por la situación que vivía el país y el peligro de que se desatara una guerra civil, así como las propuestas de la CL sobre la solución concreta de problemas internos de la entidad, tales como la tenencia de la tierra, la carencia de obras de infraestructura pese a ser uno de los estados que más riqueza aporta a la federación, la ingobernabilidad que sufre la entidad después de las elecciones del 21 de agosto, el problema añejo de las etnias y sus reclamos de autonomía y una definitiva reforma política.
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