Economista y especialista en asuntos energéticos, José Luis Manzo asegura que ofrecer en garantía, por los recientes créditos, los ingresos por la exportación de petróleo y el proceso de desincorporación de productos petroquímicos basta para fincar responsabilidades y demandar el enjuiciamiento político y penal de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez, y de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría Treviño.
Su argumento, la Ley del Petróleo vigente desde 1959.
En entrevista, Manzo, exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), despedido por denunciar un contrato que dañaba el patrimonio nacional, refiere:
“El ofrecimiento como garantía de los ingresos por las exportaciones petroleras en caso de no poder cubrir la línea de crédito es ilegal en cualquier circunstancia. El artículo 19 del reglamento de la Ley del Petróleo dice: `mientras el petróleo no sea extraído de los yacimientos no podrá ser objeto de enajenación, embargo, gravamen o compromiso de cualquier naturaleza. Los actos que se celebren con violación de este artículo serán nulos de pleno derecho y no producirán efecto alguno’.”
Así que las garantías que México ofrece carecen de toda validez mientras no cambie la ley.
Y acerca de la total privatización de la industria petroquímica secundaria, “de activos petroquímicos que están fuera del ámbito constitucional”, anunciada por el director de Pemex, Adrián Lajous Vargas, dice:
“Las que están fuera del ámbito constitucional son las autoridades. De manera tramposa, con argucias administrativas, eliminaron prácticamente toda la lista de petroquímicos básicos. Las reclasificaciones de esta industria, hechas en 1986 y en 1992, están también fuera de la ley.”
Indignado por esos “malabares administrativos que solamente protegen un producto con relevancia económica –el etano, que representa cerca de 20% de la producción total de petroquímicos de Pemex– dentro de los petroquímicos básicos”, Manzo detalla que “en los hechos, con esta reclasificación, el gobierno desapareció la petroquímica básica”.
De esta manera, se deja “en manos de empresas privadas nacionales o extranjeras el control de insumos tan importantes como el etileno y los polietilenos, base de toda la industria de los plásticos, que están en computadoras, zapatos, bolsas; en todo”.
Manzo expone que con esta “desincorporación” se violan los artículos segundo y vigésimo del reglamento de la Ley Reglamentaria en Materia Petroquímica:
“Tan es así, que la fundación Heritage, en un estudio de Wesley Smith, publicado desde hace dos años, exige que estas medidas administrativas, tan atractivas en la práctica para muchos industriales estadunidenses, se reglamenten para que no haya manera de darles marcha atrás.”
Manzo dice por dos razones fundamentales no conviene privatizar la industria petroquímica secundaria:
“Por el papel estratégico que ha desempeñado el petróleo durante los 20 últimos años, como inclusive lo reconoce el Departamento de Energía de Estados Unidos, y porque la industria petrolera es un negocio altamente rentable, que no tenemos por qué regalarlo o traspasarlo al capital privado nacional y menos extranjero.”
En cuanto a la dificultad que parece tener Pemex para aprovechar y desarrollar amplia e independientemente esta industria, Manzo es contundente:
“Nosotros somos capaces de hacer del petróleo una industria mucho más rentable, pero siempre y cuando se combatan a fondo la corrupción y la impunidad de que gozan los altos funcionarios, que permiten que prevalezcan los deficientes niveles con que se opera Pemex.”
Como uno de los muchos ejemplos de que Pemex “avanza a trasmano en las diferentes formas de privatización de la refinación de petróleo”, Manzo menciona el convenio entre Pemex y Shell para invertir conjuntamente 1,000 millones de dólares en la modernización de la refinería que tiene la empresa trasnacional cerca de Houston, Texas, en Deerpark.
“Se trata de trasladar y refinar crudo pesado mexicano a dicha refinería y devolver a México gasolinas y otros combustibles que se usan en nuestro país. Esta operación cuesta a Pemex 32 millones de dólares al año, costos que pueden evitarse si se incrementara en México la capacidad de refinación.”
También denuncia los llamados contratos-riesgo:
“Con este sistema, Pemex virtualmente regala un porcentaje de crudo extraído como pago por servicios de exploración y perforación. Sólo que, casi siempre, los yacimientos mexicanos son tan ricos que no tiene nada de riesgoso explorarlos y por tanto carece de sentido establecer este tipo de contratos.”
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