SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Chis.- Lo que se considera aquí como una declaración de guerra del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León a escasos cuatro días de haberse comprometido ante la república a “seguir procurando el diálogo y la negociación con el EZLN” constituye, a juicio de quienes simpatizan con los zapatistas, una determinación que “lejos de solucionar el conflicto de Chiapas, lo agrava a nivel nacional”.
La orden presidencial de aprehender a los presuntos dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), principalmente al subcomandante Marcos, seguida de un operativo militar en el corazón de la zona rebelde en la Selva Lacandona, provocó muestras de júbilo entre los ganaderos, la iniciativa privada, algunos sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gabinete del gobernador Eduardo Robledo Rincón.
Y mientras ellos celebraron que el presidente haya “decidido fajarse los pantalones”, del lado de los indígenas y campesinos sólo hay “rabia y preocupación” porque, dicen, “el gobierno siempre mintió, ya que nunca se propuso la paz. Pero debe tomar en cuenta –advierten– que la guerra no se frena aunque detengan o maten a Marcos. Mientras exista hambre, la insurgencia no desaparecerá”.
Amado Avendaño, el llamado gobernador de Transición en Rebeldía, dijo en sus oficinas, localizadas en lo que fue sede del Instituto Nacional Indigenista: “la verdadera guerra ya empezó. Eso es lo triste. La historia va a condenarnos después porque no fuimos capaces de pararla”.
Y agrega: “desafortunadamente, vemos que la situación en Chiapas se pone cada día más crítica: hay ingobernabilidad. Nadie controla a las guardias blancas ni a los ganaderos que están agresivos y desesperados por tratar de proteger sus intereses. No hay quién dé respuesta a los campesinos que piden tierras mientras otros se posesionan de grandes extensiones”.
Mientras tanto, en Tuxtla Gutiérrez, dirigentes de los pequeños propietarios, entre ellos Fidel Culebro, gritan entusiasmados: “¡ahora es cuando deben acabar con los indios!”. “¡Qué derechos humanos ni que la chingada, que los maten. Pa’qué se meten con lo que no es suyo!”. Alegres, los rancheros tienen la seguridad de que la guerrilla está aniquilada y que todo volverá a la situación anterior. El lunes 6 de febrero demandaban el uso de la fuerza contra el EZLN y pronta llegó la respuesta presidencial.
Todavía unas horas antes de que se iniciara la ofensiva del ejército y la Procuraduría General de la República, el miércoles 9, el obispo de Tuxtla Gutiérrez, Felipe Aguirre Franco, advirtió que la opción militar “sólo traerá en consecuencia un baño de sangre entre la población”.
En tanto, las comisiones para el Diálogo, integrada por miembros del Congreso de la Unión –propuesta por el presidente mismo–, y la Nacional de Intermediación, que encabeza el obispo Samuel Ruiz García, pedían cesar las hostilidades. No se les escuchó, pese a que Ernesto Zedillo Ponce de León había prometido, el 5 de febrero, convocar a un periodo extraordinario de sesiones para que “en el marco de la nueva corresponsabilidad que se está forjando entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, coadyuvemos a determinar las alternativas más adecuadas para garantizar la solución definitiva del conflicto”.
Desde la tregua del 12 de enero de 1994, pactada entre el EZLN y el ejército federal, se dio una guerra no declarada entre ganaderos y campesinos, priístas y perredistas, soldados y población civil, militares y elementos de la Policía Judicial del Estado, los simpatizantes de Eduardo Robledo Rincón y los de Amado Avendaño Figueroa.
Prácticamente las pugnas arreciaron con la toma de posesión de Robledo Rincón, quien además de los cuestionamientos a su legitimidad, agrega el ingrediente de superar, en los dos meses que lleva en el cargo, “la represión que caracterizó al gobierno del general Absalón Castellanos Domínguez”.
En el temprano balance de su administración, destaca el no haber solucionado más de 600 invasiones de tierras fuera de la zona de conflicto; la integración de concejos en 38 de los 110 municipios de la entidad ante la demanda de la población de remover a los presidentes municipales, debido sobre todo a actos de corrupción; una decena de secuestros; múltiples asesinatos de parvifundistas e indígenas al disputarse la tierra, y una inseguridad creciente que se manifiesta en robos y saqueos en todas las regiones de la entidad.
El ambiente de guerra en Chiapas se intensificó desde el 8 de diciembre pasado, cuando el nuevo gobernador solicitó que se realizaran patrullajes militares en todo el estado.
Sólo 21 días después, la Red Nacional de Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos –”Todos los Derechos para Todos”– expresó su preocupación por los hechos y las víctimas de lo que muchos llaman ya una “guerra civil”. El organismo enumeró hostigamientos, amenazas, allanamientos, torturas –por ejemplo, simulacros de ahorcamiento– y otros abusos cometidos por miembros del ejército federal contra indígenas, campesinos e incluso sacerdotes, como Joel Padrón, párroco de Simojovel.
Mientras la violencia civil se agudizaba, los preparativos para la guerra entre el EZLN y el ejército federal eran evidentes. A principios del año, el gobierno de Transición en Rebeldía consideraba ya “falso” el discurso de Ernesto Zedillo Ponce de León, porque “pretende en los hechos desplegar una ofensiva generalizada con objeto de aniquilar el movimiento zapatista”, y enumeraba actos de “franca provocación”. Por ejemplo, a partir del 26 de diciembre se dio la invasión por vía aérea de territorios oficialmente reconocidos como zapatistas. La tarde de ese día, diez helicópteros desembarcaron cerca de 300 efectivos militares en el poblado de San Quintín, municipio de Ocosingo. La operación se repitió con 17 aparatos más y 700 efectivos, que se dirigieron a la comunidad de Zapata.
De igual forma, el ejército federal se posesionó de las comunidades Flor de Café, Ixcán, Benemérito de las Américas, Monte Líbano y Amparo Agua Tinta, con cerca de 4,000 elementos.
Los contingentes militares se dispersaron para hostigar a los habitantes de las comunidades aledañas, y los “vuelos rasantes” se intensificaron día y noche con el afán de continuar los desembarcos de efectivos, buscando desatar “la guerra frontal en que perecerá en mayor proporción la sociedad civil, lo cual echará por la borda todo el esfuerzo pacifista que hasta este momento han realizado las diversas instancias que proponen el diálogo”.
Para esas fechas, de acuerdo con el gobierno de Transición en Rebeldía, 80% de la entidad se hallaba prácticamente sitiado por el ejército. Por eso dicen que el discurso zedillista es “mentiroso”, porque todo “indica que no están dispuestos a reconocer sus justas demandas ni tienen ninguna intención de llegar a un diálogo para alcanzar la paz”.
Desde entonces, el gobierno de Amado Avendaño Figueroa solicitó a las comunidades nacional e internacional el envío de observadores, invitó públicamente a diputados y senadores del Congreso de la Unión para que comprobara de manera directa “la situación de emergencia que viven los habitantes de esas poblaciones”.
Lo cierto es que una semana antes, el 19 de diciembre, los integrantes del EZLN realizaron un operativo “relámpago”, con el cual adelantaron posiciones en al menos 30 municipios que fueron declarados en “rebeldía”.
Para el 10 de enero se dieron los hechos de Chicomuselo, donde hubo siete muertos luego de que “guardias blancas” de los ganaderos y elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado, encabezados por su titular, Jorge Enrique Hernández Aguilar, reprimieron con armas de alto poder y gases lacrimógenos a la población. Actos de violencia similares se registraron a partir de entonces en Acacoyahua, Huehuetán, Tonalá, Tapachula, Comalapa, La Trinitaria, Pichucalco, Villa Corzo y la región de la Fraylesca, entre otros.
La situación obligó, el 12 de enero, a que la Secretaría de Gobernación argumentara en favor de la presencia del ejército federal en Chiapas. Remitió a la Primera Declaración de la Selva Lacandona, emitida un año antes, y denunció que a pesar de haberse decretado la tregua, el EZLN seguía realizando actos “vandálicos en perjuicio de la población”, calificando al grupo armado de “intransigente”.
Ya para entonces había visos de la determinación presidencial, pues se decía que “en respuesta de las continuas invitaciones al diálogo y la búsqueda de una solución pacífica”, el grupo armado “ha emitido una serie de amenazas con el único propósito de crear incertidumbre y apoyar con la violencia las posibles soluciones a sus demandas, las cuales han variado de las que inicialmente argumentaron, con el único propósito de lograr beneficios para la población indígena, trocándolas por exigencias meramente políticas”.
En estas condiciones, el 6 de febrero los ganaderos chiapanecos se reunieron con la Comisión Legislativa Plural para el Diálogo y la Mediación por la Paz. Hablaron de la ingobernabilidad y “la dolorosa realidad” que los acomete.
“Desde el 1 de enero de 1994, en la inseguridad, los ganaderos hemos padecido un dramático viacrucis. Somos el grupo social más golpeado y menos atendido. Los asaltos, secuestros, robos y despojos persisten desde entonces, con más impunidad que justicia.”
Denunciaron que más de 1,000 productores de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas no han podido regresar a sus propiedades, y que fuera de esta zona otros 500 tienen invadidos sus predios.
Por conducto del diputado local y dirigente parvifundista Gonzalo López Camacho, gritaron: “se ha impuesto la ley de la selva, proscribiendo la vigencia del orden jurídico e imponiendo sus designios como si se tratara de territorios conquistados o de botín, desligados de la observancia de normas legales de la convivencia social”.
Y añadían: “el vandalismo nos ha saqueado, destrozado o robado maquinaria agrícola, hurtado y dado muerte al ganado, y asesinado a pequeños propietarios que se han atrevido a defender su patrimonio de la rapiña desenfrenada.
“Hacernos justicia de propia mano es prohibición constitucional que acatamos. Se nos ha estigmatizado como terratenientes, explotadores, latifundistas, así como de poseer en nuestros ranchos guardias blancas para protegerlos.
“Si en los ranchos tuviésemos guardias blancas para repeler la acción desenfrenada de las invasiones consumadas por grupos campesinos, una de dos: no habría un sólo rancho invadido o no hubiesen muerto tantos parvifundistas.”
Posteriormente, cuando nadie lo esperaba, pues prevalecía la esperanza del diálogo con los rebeldes, el presidente Zedillo Ponce de León reveló la supuesta identidad del subcomandante Marcos y de sus allegados principales en la dirigencia del EZLN, contra quienes se giraron órdenes de aprehensión que tensaron la situación en la entidad. “A mí no me engañaron –dice Amado Avendaño Figueroa–, porque sabía de antemano que el gobierno le estaba dando largas al diálogo famoso. Teníamos la esperanza de que el gobierno de la república optara por la vía política. Pero en la última plática que tuvimos con el secretario de Gobernación dedujimos clarísimo que, aun cuando quisiera, el gobierno federal no podía controlar a las fuerzas y tuvo que ceder a las presiones que le hicieron, ya sea del propio ejército, de la cúpula del PRI, de los intereses económicos y políticos del país, y de los intereses externos”.
Según Avendaño Figueroa, al llegar el ejército a la selva de la manera como lo está haciendo, es dar un golpe al país, no a los zapatistas. Ellos, agregaba, “van a reaccionar y de hecho hoy, 10 de febrero, escuchamos que ya reaccionaron. Y sabemos que por cada guerrillero muerto, el ejército tiene que invertir 50 soldados, eso nos da la dimensión del problema… por lo cual quizá no podrá combatirse a los zapatistas en su medio.
“Es posible que los soldados mexicanos estén muy capacitados para luchar contra otros de su mismo rango, pero están imposibilitados para luchar en una selva, en una jungla, donde el pobre soldado mexicano está en desventaja.”
–El que detengan o no a Marcos, ¿soluciona los problemas de Chiapas?
–Claro que no. Se agravan en lo político, en la realidad misma, problemas que están desde tantísimos años que no han recibido respuesta de los gobiernos que han pasado, de tal manera que los indígenas siguen igual. Por tanto, detener o no a Marcos no impedirá que el conflicto siga adelante, porque por fortuna ya se concientizó la gente. El indígena ya sabe que tiene dignidad y por tanto debe pelear. La guerra no se detiene si atrapan a Marcos. Tantos años que estuvo en la selva el hombre, capacitó a la gente mentalmente y por eso yo temo una reacción violenta que con o sin Marcos será la misma.
–¿Fue un engaño de ambas partes?
–No, sólo del gobierno, porque lo tenía todo para poder aplacar esta guerra. Los zapatistas pedían únicamente que se satisficieran sus necesidades elementales. Y el gobierno lo único que hizo desde el 1 de enero de 1994 fue ir posponiendo sus ofertas. Se dedicó a justificar periodísticamente la situación de los zapatistas, pero jamás logró satisfacer sus necesidades elementales.
–¿Cuál es su futuro?
–El mío es regresar a seguir siendo abogado y periodista, pero más que todo seguir encabezando a los campesinos, que tienen alguna esperanza en mí. Ya les he dicho a ellos que si se quieren quedar tranquilos, me quedo tranquilo, pero que si quieren seguir adelante, también voy a estar al frente empujado por ellos.
–Se habla de que ustedes hicieron compromisos, de que el secretario de Gobernación les ofreció cosas, que ustedes aceptaron y creyeron.
–Eso hablamos con la famosa Comisión del Congreso encabezada por Heberto Castillo. Pusimos en claro que en la plática que hubo entre el gobierno y el EZLN no había ningún testigo, y por tanto nadie sabe qué ocurrió. Ahora los zapatistas podrán decir que se hicieron compromisos serios, y por su lado la Secretaría de Gobernación podrá negarlo, porque nadie escuchó lo pactado ahí. Estamos ante una gran incertidumbre.
–¿Don Samuel sabe?
–Tampoco don Samuel sabe. Sólo Marcos y (Esteban) Moctezuma (Barragán, secretario de Gobernación) estuvieron. Esa es la incertidumbre. No sabemos cuál fue el compromiso real.
Amado Avendaño Figueroa habla de la violencia civil. Por ejemplo, de Tonalá, donde un Frente Cívico Tonalteco que no pertenece al Partido de la Revolución Democrática intenta cuestionar al presidente municipal y en respuesta recibe agresiones, inclusive de los mismos diputados del PRI y de un Frente Democrático Chiapaneco que apareció por ahí.
Luego recordó que en su ausencia, porque el 5 de febrero fue a la tercera reunión de la Convención Nacional Democrática, realizada en Querétaro, y después estuvo en la ciudad de México con altos funcionarios del gobierno federal, aquí, en la sede del gobierno de Transición en Rebeldía, se descubrió la presencia de dos soldados, y que entonces la Secretaría de la Defensa Nacional, en su desesperación o en falta de tino, lo acusó directamente de golpear a un militar.
“En primer lugar, mi edad ya no da para estar golpeando soldados; aparte de mis limitaciones físicas, secuela del atentado en donde pretendieron asesinarme los del partido oficial –el 25 de julio de 1994–, tengo limitaciones físicas que me impiden levantar las manos para golpear a una persona.”
De acuerdo con Avendaño Figueroa, las fuerzas indígenas y campesinas se hallan sueltas, lo cual está provocando una serie de eventos que se salen de control, “y ya vimos también que del control del PRI y su gobierno se suscitan hechos inesperados: se organizan los ganaderos y deciden desalojar por su cuenta y riesgo los predios; los campesinos, a su vez, reaccionan también y vuelven a invadir, con lo que se provocan hechos lamentables. Es la desesperación de unos y otros, y esto puede tener consecuencias que no quisiéramos ni pensar”.
Subraya: “esto nos pone en grave riesgo de una guerra civil entre mexicanos enfrentados por intereses distintos”.
–¿Ve usted una falta de capacidad del presidente para controlar la situación?
–En toda la situación política del país, no sólo de Chiapas. Porque esto se está agravando con lo que sucede en Tabasco y Veracruz, y en pocos días veremos el conflicto que surgirá en Jalisco, y luego vendrá Yucatán… como que este barco se está hundiendo.
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