El 1 de febrero, un día después de anunciar la integración del paquete financiero de asistencia a México, el gobierno de Estados Unidos, por conducto de su Departamento de Estado, denunció al gobierno mexicano por violaciones a los derechos humanos. Y el viernes 10, anunció su postura sobre las decisiones tomadas por el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, en relación con Chiapas. Christine Shelly, vocera del Departamento de Estado, dio a conocer un comunicado de prensa, en el cual dice:
“El presidente Zedillo Ponce de León anunció anoche, basado en evidencias de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se prepara para aumentar la violencia en Chiapas y en otras partes de México, que giró instrucciones al procurador general (de la República) de que arreste a los líderes del EZLN.
“Zedillo Ponce de León reitera que su decisión no significa que el gobierno de México elija la violencia para resolver el conflicto chiapaneco y reafirma la responsabilidad que tiene el gobierno de hacer frente a las causas legítimas del descontento social en el estado. El presidente pidió ayuda del ejército para asistir al procurador general (de la República) en la ejecución de los arrestos y para patrullar diversas localidades del estado de Chiapas e impedir la violencia.”
Anunciada la noticia, el Departamento de Estado establece su postura: “los gobiernos tienen el derecho y la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos contra la violencia, pero respetando, al mismo tiempo, sus derechos humanos. En este aspecto, notamos que el presidente Zedillo Ponce de León resaltó la importancia de observar plenamente la ley, y dijo que permanecían abiertos los canales para la resolución pacífica de los problemas de fondo.
“Estados Unidos sigue exigiendo moderación, respeto de los derechos humanos y acatamiento pleno del proceso legal. Estados Unidos cree que, en palabras del presidente Zedillo Ponce de León, `la solución a este conflicto debe venir a través de un pleno respeto de la ley, a través de los canales políticos y a través de la conciliación’.”
Esa es una de las preocupaciones de Estados Unidos con México y por eso vigila constantemente la conducta mexicana. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos y las garantías individuales en el mundo, dado a conocer el 1 de febrero, el Departamento de Estado denunció “severas violaciones de los derechos humanos (en México), incluidos violencia y asesinatos en Chiapas, homicidios extrajudiciales cometidos por la policía, tortura y detenciones ilegales”. Reconoció que las elecciones mexicanas del 21 de agosto significaron “un paso adelante en los procesos democráticos”, pero mostraron amplias irregularidades y ventajas en favor del partido gobernante (el Revolucionario Institucional).
Informa que en México está muy extendido el trabajo infantil en la economía informal y que, a pesar de los cambios en la Procuraduría General de la República y de la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “pocos” violadores de esas garantías han sido procesados, mientras que los abusos persisten.
Organizaciones no gubernamentales con sede en México habían criticado ya las investigaciones oficiales de violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército federal durante el conflicto armado en Chiapas. Las organizaciones Human Rights Watch-Americas y Physicians for Human Rights elaboraron un informe, el año pasado, en el cual denuncian que hubo funcionarios mexicanos que encubrieron a los soldados que torturaron y ejecutaron a civiles, en los primeros días del alzamiento guerrillero, en Morelia y Ocosingo.
En su visita reciente a Washington, Jorge Madrazo Cuéllar, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirmó que pondría a la vista de decenas de pobladores del ejido Morelia las evidencias del informe, entre ellas los resultados de una prueba de DNA que establece, en opinión de los activistas, que los cadáveres encontrados en la brecha son los de los campesinos que fueron secuestrados por los militares. Madrazo prometió que la prueba de DNA sería puesta a consideración de la Academia Mexicana de Medicina y que si ésta avalaba la seriedad del estudio, la CNDH presionaría nuevamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que revelara la identidad de los culpables y procediera judicialmente contra ellos.
Después de haber leído el comunicado de prensa, los representantes de la prensa interrogaron a la vocera del Departamento de Estado. A pregunta expresa sobre el origen informativo del comunicado y sobre la opinión oficial a propósito de las medidas tomadas por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, Christine Shelly señaló:
“Nuestra información de los hechos obviamente proviene de las autoridades mexicanas. El secretario de Relaciones Exteriores (José Angel) Gurría (Treviño) llamó al secretario de Estado para darle una apreciación del contenido sustancial del discurso del presidente Zedillo Ponce de León, aproximadamente a la misma hora en que lo estaba pronunciando. Y prometió información importante sobre la sesión especial del Congreso mexicano. Esperamos que se nos vayan presentando las evidencias, a su debido tiempo, a lo largo de los procesos legales apropiados. Espero que nuestra relación con México siga adelante del mismo modo como se ha ido desarrollando.
“Por supuesto, estamos muy atentos al compromiso del presidente Zedillo Ponce de León de introducir reformas muy importantes a diversos aspectos de su sistema legal y de su proceso electoral, ni más ni menos. Pienso que, este año y hasta la fecha, tiene un récord muy alto en áreas que representan para nosotros su determinación y su liderato valeroso en una amplia gama de asuntos políticos. Expuso su agenda en su discurso de toma de posesión, empezando por lo que –pienso– será una casi total reforma del sistema judicial mexicano y, obviamente, su compromiso y su empeño en corregir las injusticias en el proceso electoral. Nosotros pensamos que ha hecho buenos progresos en esto, en las enmiendas y en las propuestas de ley que ha enviado al Congreso, y ciertamente esperamos ver que arranque el proceso de reformas del sistema judicial.”
Pregunta de la prensa: “el Departamento de Estado ha dicho antes que nosotros creemos que sólo puede darse una solución pacífica a la situación de Chiapas y ahora, sin embargo, parece que el gobierno de México está usando el descubrimiento de un par de escondites de armas como razón para aplastar a toda la dirección del EZLN. Con la evidencia que tenemos, ¿apoyamos ahora la escalada de esta acción? Y segundo, ¿querría comentar sobre la preocupación de America’s Watch sobre las posibles violaciones de los derechos humanos en esta acción?”.
Shelly: “pienso que ya tratamos el segundo punto en el comunicado oficial. Por lo demás, sabemos que la información que tenemos proviene de las autoridades mexicanas y que han iniciado un proceso para evaluar esa información y juzgar las acciones en cuestión. Nosotros, hasta el momento, no tenemos ninguna clase de información independiente que nos permita, hasta el presente, formarnos un juicio que se contraponga al gobierno mexicano. Obviamente, es algo en lo cual tenemos interés y vamos a vigilar. Pero en este momento no estamos en posición de hacer ninguna clase de juicio independiente”.
Las organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos se declararon en alerta y dijeron que estaban “vigilando muy cuidadosamente” la situación de México. La comunidad financiera, informó la prensa, reaccionó parcial y negativamente ante las informaciones que venían de México, sobre todo por el hallazgo de escondites de armas en la capital mexicana misma.
Los analistas de Solomon Brothers estaban escépticos: “esto provoca más preguntas que respuestas. Si tenían conocimiento desde antes, ¿por qué recurrieron a acciones tan teatrales? Parece que quieren distraer la atención de las próximas elecciones y del estado de la economía”. Los hechos –así comentaron– alimentan la incertidumbre de la comunidad financiera para invertir en México.
Human Rights Watch-Americas declaró su preocupación “de que las medidas de fuerza se traduzcan en abusos graves contra los derechos humanos”.
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