Cincuenta y ocho días le duró la paciencia al presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.
Dijo el 13 de diciembre, siete días antes de que estallara la crisis financiera desatada por la devaluación: “estaré esperando 24 horas al día, todos los días, todas las semanas, todos los meses que sean necesarios, para iniciar ese diálogo (con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional –EZLN–) bajo condiciones dignas de respeto, de tolerancia. No a la violencia. Sí a la paz. Sí al diálogo. Sí al entendimiento entre los mexicanos”.
El 9 de febrero –cuando ya están en las arcas gubernamentales los primeros 7,725 millones de dólares del paquete de rescate por 51,000 millones promovido por el gobierno estadunidense–, en medio de tensas negociaciones con la comunidad financiera internacional, el jefe del Poder Ejecutivo decidió no esperar más:
“En uso de las facultades que” le “confiere la fracción VI del artículo 89 constitucional” –el presidente podrá disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente… para la seguridad interior y defensa exterior de la federación–, ordenó al ejército mexicano, la tarde del jueves 9, efectuar patrullajes en distintos puntos del estado de Chiapas “para prevenir actos de violencia”.
La acción militar, dijo, será coadyuvante en las tareas de la Procuraduría General de la República, que un día antes descubrió, en la ciudad de México y en Veracruz, dos resguardos clandestinos del EZLN. En el operativo, la dependencia detuvo a militantes zapatistas y afirmó haber logrado la identificación de varios integrantes del alto mando guerrillero, incluido, dijo, el subcomandante Marcos, contra quienes se han girado órdenes de aprehensión.
Tropas suficientemente pertrechadas empezaron, el jueves mismo, a desplazarse por tierra y aire a las zonas de influencia zapatista. A la caza ya no de “inconformes” que se alzaron contra la injusticia social –como el presidente definía– sino de presuntos criminales que han participado en la “comisión de múltiples y graves delitos”.
En efecto, con la decisión de militarizar prácticamente el estado de Chiapas y capturar a los dirigentes zapatistas, el presidente Zedillo Ponce de León dio la vuelta a la concepción y al tratamiento que venía dando, desde su toma de posesión, a la insurrección armada encabezada por el EZLN y, de paso, desechó unilateralmente las posibilidades del diálogo por el cual tanto decía abogar.
Antes de la crisis económica, los guerrilleros zapatistas eran para Zedillo Ponce de León no “profesionales de la violencia” ni “grupo armado infiltrado por extranjeros” –como lo calificó inicialmente su antecesor, Carlos Salinas de Gortari– sino “inconformes” que se rebelaron por la violencia cotidiana en Chiapas, “y más todavía, por las condiciones de profunda injusticia; por las condiciones de miseria y de abandono que abonaron esa violencia”.
Después, pasada la turbulencia financiera causada por la devaluación, su opinión es otra: “el origen, la composición de la dirigencia y los propósitos de su agrupación no son populares, indígenas ni chiapanecos. Se trata de un grupo guerrillero, derivado de uno formado en 1969 en otro estado de la república y denominado Fuerzas de Liberación Nacional, partidario de la lucha armada para tomar el poder político”.
También, antes de la crisis, el presidente aguantaba las presiones para resolver unilateralmente el conflicto en Chiapas. Inclusive llegó a decir que “algunos” –así mencionaba, sin identificar a nadie– le pedían que acabara ya, desde la Presidencia de la República, con el problema. Pero él se negaba de manera contundente:
Dijo el 7 de diciembre, en el Senado:
“El gobierno de la república no quiere imponer unilateralmente su criterio en la solución de este problema. Por eso no nos cansaremos de invitar a la parte inconforme a que se sume al diálogo, a que exprese con claridad cuáles son sus propuestas para resolver los problemas que han provocado su inconformidad.”
Con énfasis, aclaró:
“El gobierno de la república no actuará de manera autoritaria en éste ni en ningún otro asunto de la república.”
El camino de la negociación, decía, “es el único” para llegar a una paz digna y justa.
Empero, el presidente se cansó. No esperó más y desechó ese camino –impensable que el gobierno dialogue con “delincuentes”– y cayó en el autoritarismo: en el intento que pretende ser definitivo para solucionar el conflicto en Chiapas, se escudó en la Constitución y marginó a la Comisión Legislativa para el Diálogo y la Mediación por la Paz que él mismo propuso; a la Comisión Nacional de Intermediación; al propio gobierno de Eduardo Robledo Rincón, y a todos los grupos políticos y sociales que han insistido en la ruta del diálogo.
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El cambio en las percepciones y acciones del presidente Zedillo Ponce de León en el caso Chiapas no fue, sin embargo, abrupto. Empezó al iniciarse la crisis económica, el 20 de diciembre, y tomó forma al entrar, la semana pasada, los primeros capitales del rescate financiero promovido por el presidente de Estados Unidos, William Clinton.
Ajenos el país y el gobierno a la tormenta que vendría con la devaluación del peso, el presidente tuvo en su agenda, como tema central, el problema de Chiapas.
En las dos primeras semanas de diciembre fueron pocos los días en que el mandatario no se refiriera o tomara determinación alguna en torno del estado en conflicto. Desde el primer día de su mandato quiso imprimir su sello personal al tratamiento del problema. Tomó distancia de Salinas de Gortari, quien hasta el término de su gestión no veía conflicto alguno en el país. El de Chiapas, para él, era “expresión de unos cuantos”. Zedillo Ponce de León, en cambio, asumía la gravedad de la situación y colocó el conflicto como primer punto por resolver.
Inclusive, antes de tomar posesión, Zedillo Ponce de León –como candidato triunfante y luego como presidente electo– intentó en seis ocasiones, infructuosamente, establecer un diálogo directo con los líderes zapatistas. Invitó al EZLN a una negociación “sin prejuicios” y lo instó a “ser parte activa de la solución”. Los zapatistas, incrédulos, dijeron siempre que no:
“Las señales gubernamentales y la situación nacional siguen hablando en sentido contrario” a la voluntad que expresaba el futuro presidente, apuntaban los zapatistas.
Ya en el poder, Zedillo Ponce de León expuso, desde el primer día, su convicción de que era posible lograr una paz “justa, digna y definitiva” en Chiapas.
Prometió que no habría violencia de parte del gobierno y anunció que el ejército federal mantendría “unilateralmente el cese al fuego”. Prueba de su disposición, al día siguiente instruyó a su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán, a buscar un encuentro con Amado Avendaño Figueroa, el excandidato perredista al gobierno de Chiapas, con el afán de hallar soluciones a la creciente tensión en la entidad. Se reunieron sábado y domingo siguientes y acordaron que el día 8, durante el cambio de poderes en el estado, no habría confortaciones ni actos de provocación.
El martes 6 de diciembre, el presidente acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro. Comió con diputados. Les reiteró sus tesis respecto de Chiapas –en el origen del conflicto, dijo, están la injusticia, el abandono, la miseria, la violencia– y afirmó que la paz en esa entidad sólo podría ser producto de la negociación entre todas las partes, nunca del arreglo excluyente:
“Esa paz sólo puede ser construida si todos estamos dispuestos a negociar, lo cual equivale a ceder; todos tendremos que ceder algo y, sobre todo, que estemos dispuestos a negociar”, dijo.
No cedió, sin embargo, en la percepción de la victoria electoral “legítimo” de Eduardo Robledo Rincón en Chiapas. Respondió a los diputados opositores que calificaron de “imposición” ese triunfo: “no podemos resolver presuntos atropellos cometiendo otros atropellos. No pasemos por encima de las leyes; conciliemos respeto a la ley con solución política”, remató.
Entre diputados, aun de la oposición, Zedillo Ponce de León dejó buena impresión. Así lo reconocieron ellos mismos. Por el hecho mismo de que el jefe del Poder Ejecutivo acudiera a la sede de la representación nacional –”reunión inédita en la vida republicana de la nación”, se calificó– y por –al menos– la forma como se refería al conflicto en Chiapas. Lejos de subestimarlo, lo abordaba con ánimo de solución pacífica.
Pero no descartaba una vía distinta.
La tarde de ese mismo martes 6 de diciembre, el EZLN anunciaba el fin de su compromiso de mantener el cese al fuego si Robledo Rincón tomaba posesión como gobernador, el jueves 8. Por la noche, Zedillo Ponce de León aprovechó un foro de industriales para advertir que en la búsqueda de la paz en Chiapas “no caben las amenazas, no caben los ultimátum; tampoco cabe mancillar la Constitución de la República”. Y, virtualmente, amenazó: “mantendremos el cese unilateral al fuego, pero haremos cumplir en todo momento la Constitución que nos rige a todos los mexicanos”.
Unas 12 horas después –la mañana del miércoles 7–, matizó ese tono beligerante. Reunido con los senadores de la república en la casona de Xicoténcatl, abogó nuevamente por el camino del diálogo y la negociación. Fue cuando dijo que el gobierno no quería imponer unilateralmente su criterio en la solución del conflicto, y que nunca actuaría, en ningún asunto, de manera autoritaria. Exhortó entonces a la “parte inconforme” a sumarse al diálogo. Invitación, dijo, que nunca se cansaría de hacer el gobierno.
Senadores perredistas pidieron al presidente reconsiderar el caso Robledo Rincón: que no tome posesión, le dijeron unos; que se aplace, sugirieron otros. “No es posible”, atajó Zedillo Ponce de León. Y al día siguiente, jueves 8, asistió en la capital chiapaneca a la toma de posesión de Robledo Rincón.
Nada pasó: las amenazas, las expectativas de que sería un día turbulento en Chiapas, no se cumplieron. Al término de la ceremonia, el presidente, en otro intento por mostrar interés en la solución del conflicto, anunció la creación de la Comisión para el Desarrollo y el Bienestar de Chiapas, convenida entre los gobiernos federal y estatal, que se instaló la semana siguiente. De esa comisión nada se supo después. Y nada se sabe.
Si de las reuniones con diputados y senadores había surgido una especie de coqueteo entre el presidente y los legisladores perredistas, Zedillo Ponce de León abonó en ello el mismo día de la toma de posesión de Robledo Rincón. Poco antes de abordar el vehículo que lo conduciría al aeropuerto, de regreso a la ciudad de México, hizo una declaración en torno de la visita que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano haría a zona zapatista. “Me parece muy satisfactorio que lo haga. El señor ingeniero Cárdenas es una persona que cree en la política y, siendo un político, un político muy respetable, estoy seguro que hará un exhorto al EZLN para que opte por la vía política. Por eso me da mucho gusto que él entre en contacto con ellos”.
Así transcurrieron los primeros ocho días. En los siguientes, el presidente no dejó de tocar el asunto. Lo hizo con insistencia, pero comenzó a desesperarse, a cambiar tonos en su discurso y amenazar veladamente al EZLN. Sus continuas expresiones en favor del diálogo y la paz, y su reiterado anuncio de que el ejército mexicano mantendrá unilateralmente el cese al fuego, no surtían los efectos buscados: en Chiapas crecía la tensión, el ambiente era de guerra, los zapatistas insistían en no creerle y movilizaban sus tropas.
Reunido con asambleístas, el 13 de diciembre, Zedillo Ponce de León subrayó:
“Que quede claro: en Chiapas no habrá guerra.”
Y mostraba su paciencia: “estaré esperando 24 horas al día, todos los días, todas las semanas, todos los meses que sean necesarios, para iniciar ese diálogo bajo condiciones dignas de respeto, de tolerancia”.
No obstante, al día siguiente dejaba la contundencia y asomaba la impaciencia: en mensaje a la nación, desde Los Pinos, dijo apenas que en Chiapas “no debe haber violencia”.
Y antes de anunciar su propuesta para crear una comisión legislativa, plural, para el “diálogo y la mediación por la paz”, hizo un recuento de todas las acciones que ha emprendido el gobierno federal desde que comenzó el conflicto:
La designación de un comisionado para la paz, la declaración de cese unilateral del fuego, la ley de amnistía, el establecimiento de zonas francas, el diálogo de San Cristóbal y sus infructuosos esfuerzos personales por entablar un diálogo directo con los zapatistas.
En el largo discurso apareció el primer reproche abierto al EZLN. El detallado recuento de las acciones gubernamentales en favor de la paz en Chiapas inducía a señalar que, mientras la autoridad hacía todo lo que estaba de su parte por resolver el conflicto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional respondía con amenazas: “lamentablemente, hace unos días… anunció su intención de emprender acciones violentas”, sostuvo Zedillo Ponce de León ese 14 de diciembre.
Y las acusaciones, aunque implícitas, eran directas: el conflicto “ha mantenido en zozobra a la sociedad mexicana”; “ha significado la suspensión de las condiciones constitucionales de soberanía nacional en una parte considerable del estado de Chiapas, cerca de una frontera internacional”; “se ha erigido como causa de división entre los mexicanos”; “representa una amenaza constante a la tranquilidad pública, a la paz y la justicia”, y en Chiapas ha significado “el deterioro agudo de las condiciones económicas y sociales de la población, señaladamente de los sectores y grupos más necesitados”.
La presión que inició el presidente mediante su discurso la arreció con otras acciones para dejar en mal ante la opinión pública a los zapatistas. Al día siguiente de que propuso la comisión plural, decidió empezar a hacer públicas las cartas que envió, antes de asumir la presidencia, a los líderes del EZLN, en las cuales reiteradamente los invita al diálogo y a la negociación “sin prejuicios”, y a las que aquéllos respondieron con negativas.
Paralelamente, a las presiones verbales, Zedillo Ponce de León añadió otras en plano material: desde el 8 de diciembre –el día de la toma de posesión de Eduardo Robledo Rincón– el ejército federal realizó desplazamientos de tropa en operaciones comando y en la periferia de San Cristóbal, supuestamente para buscar “agresores” que habían hecho disparos con arma de fuego. Una semana después el ejército siguió militarizando el estado, por vía de patrullajes en las ciudades, reforzando retenes y protegiendo presas, plantas hidroeléctricas y pozos petroleros.
Al discurso por el diálogo correspondía una creciente presencia militar.
Organismos no gubernamentales calcularon en 50,000 el número de efectivos.
Pero aún no terminaba la tercera semana del nuevo gobierno.
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El 19 de diciembre empezó el viacrucis de Ernesto Zedillo Ponce de León. Chiapas amenazaba con salírsele de las manos y la economía se le derrumbaba. Ese día el EZLN proclamó haber roto el cerco militar impuesto desde el 10 de enero. En la madrugada del 20, el subcomandante Marcos anunció que sus huestes tenían presencia en 38 de los 110 municipios de la entidad. La información recorrió el mundo.
Al mismo tiempo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Jaime Serra Puche, luego de reunirse con los integrantes del Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento y con el gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, anunció la decisión gubernamental de aumentar en 53 centavos el techo superior de la banda de flotación del tipo de cambio.
Todo se vino encima. Chiapas se tensó al máximo: tropas de uno y otro bandos incrementaron sus desplazamientos; las federales llegaron a territorio controlado por los rebeldes y se internaron en las montañas. En la capital del país se convulsionaban los mercados financieros; los especuladores atacaron sin compasión y las reservas del Banco de México se vaciaron: tibia resultó la medida de modificar la banda de flotación. El gobierno decidió, poco más de 24 horas después, devaluar abiertamente: dejó que el tipo de cambio flotara y el dólar se fue a las nubes.
Las autoridades económicas, en el pasmo, achacaron los problemas en la economía al conflicto en Chiapas y concretamente al EZLN:
“Los llamados a la violencia y las amenazas a la paz social han ido creando un clima de incertidumbre que obstaculiza el desenvolvimiento económico de México”, acusaba Jaime Serra Puche, dos días antes de ser sustituido del cargo.
La magnitud de la crisis generada por la devaluación fue tal, que el argumento Chiapas resultó insuficiente para explicarla.
Así como en la justificación del desastre económico Chiapas pasó a segundo término –lastres heredados, decisiones no tomadas el sexenio anterior, se apuntaron como causas oficiales de la crisis–, en el discurso del presidente Zedillo Ponce de León también.
Chiapas no sería más, hasta la segunda mitad de enero, tema fundamental en las apariciones públicas del presidente. Al margen del discurso, no obstante, el gobierno actuaba.
Al tiempo que imploraba el auxilio de la comunidad financiera internacional para salir de la crisis, enfrentaba el conflicto en Chiapas desde varios frentes: por un lado, incrementaba la presencia militar en la entidad. Proceso documentó en su momento cómo todo Chiapas estaba sitiado por el ejército, desde Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Campeche, con una barrera militar que aparecía desde Guatemala.
Por otro, que mereció despliegue publicitario oficial, el presidente Zedillo Ponce de León quiso dar un paso en favor de la solución del conflicto agrario en la entidad, una de las causas del surgimiento de la guerrilla zapatista. Mandó a Miguel Limón Rojas, entonces secretario de la Reforma Agraria –hoy de Educación Pública–, a repartir tierras, en un intento por calmar los crecidos ánimos entre ganaderos y campesinos.
Pero unos y otros se le echaron encima. Los primeros, porque no les hizo caso de que desalojara los predios invadidos; los segundos, porque la acción del funcionario les pareció totalmente insuficiente. “Vino a repartir 31,139 hectáreas, cuando nuestra demanda es por 200,000”, dijeron.
Un frente más de la acción presidencial fue la búsqueda formal, insistente, de un diálogo directo con el EZLN. Ello, a principios de enero cuando, en medio de la crisis financiera, la situación en Chiapas pareció distenderse levemente: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció que entre los días 1 y 6 no haría movimiento alguno de sus tropas; luego ampliaría la tregua unilateral al 12 y después hasta el 18. Esto, en aparente correspondencia con la decisión presidencial de reiniciar el diálogo.
A encuentros de Amado Avendaño Figueroa, en la Secretaría de Gobernación, sucedió el viaje sorpresivo a Chiapas, de la subsecretaria Beatriz Paredes, quien se entrevistó con el obispo Samuel Ruiz García. Se preparaba el encuentro del secretario Esteban Moctezuma Barragán con la dirigencia del Ejército Zapatista.
En aparente muestra de la disposición presidencial por solucionar el conflicto en Chiapas y evitar que siguiera siendo factor de inestabilidad nacional –pero, sobre todo, elemento en contra frente a la exigente comunidad financiera internacional, que acusaba a México de desestabilizar los mercados mundiales–, ese encuentro se realizó, finalmente, “en algún lugar de la Selva Lacandona”, el 15 de enero.
El subcomandante Marcos y Esteban Moctezuma Barragán discutieron y acordaron “medidas que distiendan el clima beligerante y alejen el peligro de choques armados entre ambos ejércitos, con la finalidad de alejar el ambiente de guerra inminente”.
Se abrió un compás. La esperanza por la paz se reavivaba. Del encuentro resultó que, desde ese día, el EZLN decretaba un cese al fuego por tiempo indefinido. Y de parte del gobierno, el retiro de las tropas federales de Simojovel y San Andrés Larráinzar, considerados por los zapatistas como municipios en “territorio rebelde”. También, la restricción de los patrullajes del ejército mexicano en vías federales de comunicación y la permanencia de la Cruz Roja en Las Margaritas y Ocosingo.
Vinieron días de aparente calma en el frente chiapaneco. Eduardo Robledo Rincón pudo por fin salir de Tuxtla Gutiérrez y acercarse a otros municipios. Inclusive se sugirió que, a propuesta del presidente Zedillo Ponce de León, el EZLN habría expresado que podría transformarse en una fuerza política formal.
En el frente financiero, en cambio, las cosas se complicaban. La indecisión del Congreso estadunidense para discutir y aprobar el paquete de aval crediticio por 40,000 millones de dólares, propuesto por el presidente Clinton, generaba incertidumbre en los mercados financieros tanto en México como en el exterior. Y ante la amenaza de que la crisis mexicana se convirtiera en un colapso internacional, pero sobre todo en un riesgo real para la seguridad nacional de Estados Unidos, Clinton decidió hacer a un lado al Congreso y hacer valer sus facultades ejecutivas, para proponer un nuevo esquema de salvamento para México.
En el rescate financiero, por 51,000 millones de dólares, participan lo mismo el gobierno estadunidense que la banca comercial y las organizaciones financieras internacionales. De entrada, la emergencia económica parecía haberse resuelto, pero México debía enfrentar compromisos –que están negociándose en Washington– que igual incluyen directrices y reformas de la conducción económica que condiciones fuera de ese ámbito como –por ejemplo– temas migratorios.
Empresarios y banqueros de Estados Unidos han advertido que la exagerada devaluación del peso propiciará una invasión de exportaciones a ese país, lo mismo de mercancías que de mexicanos sin empleo. De hecho, las autoridades fronterizas norteamericanas han dispuesto ya controles para el acceso de mexicanos a ese país. Este lunes 13, en Zacatecas, se realizará una reunión bilateral para analizar los asuntos migratorios.
Al tiempo que arrecian las presiones en ése y otros rubros –el secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez, negocia en Washington condiciones para acceder a los recursos ofrecidos por el gobierno estadunidense–, el presidente Zedillo Ponce de León volvió al tono duro en el caso Chiapas. El 5 de febrero, en la ceremonia de aniversario de la Constitución, esbozó la salida militar al conflicto, que anunciaría cuatro días después.
En Querétaro, para sorpresa de la población, dijo no estar satisfecho con lo logrado a raíz del encuentro entre Esteban Moctezuma Barragán y la dirigencia del Ejército Zapatista. Reiteró que el conflicto “representa una amenaza constante a la tranquilidad pública, a la paz y la justicia”. Y lanzó un virtual ultimátum a los zapatistas: “hoy, desde esta tribuna, exhorto al EZLN a decidirse abierta, expresa y resueltamente por la vía política para reivindicar sus demandas.
“La desconfianza –dijo– ya no es excusa válida para retrasar el diálogo. Mi convicción pacífica y mi voluntad negociadora se mantienen firmes, y han sido acreditadas en los hechos.”
Y, en lenguaje y tono que más parecían del gobierno anterior, exhortó a los zapatistas a no utilizar el conflicto “para protagonismos que no contribuyen a la democracia, a la justicia ni a una solución con dignidad”.
Al día siguiente del discurso en Querétaro, el gobierno recibió los primeros 7,725 millones de dólares, de un préstamo por 17,725 millones del Fondo Monetario Internacional, que es parte del paquete de 51,000 millones promovido por Clinton.
Tres días después, el jueves pasado, el presidente Zedillo Ponce de León se decidió por una solución al conflicto chiapaneco distinta de la que había sostenido. La Procuraduría General de la República había detenido el día anterior a militantes zapatistas y les arrancó la identidad de los dirigentes del EZLN.
Ahora, desechada la opción por el diálogo, militares y judiciales recorren Chiapas y el país entero a la caza del subcomandante Marcos y los demás líderes insurgentes, que de “inconformes” con la injusticia social quedaron convertidos, por decisión presidencial, en cabecillas de un grupo subversivo que no es popular, “indígena ni chiapaneco” y que ha participado “en la comisión de múltiples y graves delitos”.
No obstante, la noche del viernes, la Presidencia de la República informaba: “el gobierno federal mantiene la más profunda convicción de que la solución definitiva del conflicto en Chiapas debe darse por la vía del respeto a la ley, por los cauces políticos y mediante la conciliación”.
