De una u otra manera, los que han participado en la dirección de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) desde su creación en 1949, así como todos los que la financiaron, cuidaron, toleraron sus excesos y le brindaron impunidad, tienen responsabilidad en los sangrientos hechos de la semana antepasada que, por desdicha, son la coronación de su historia de 60 años, no pocas veces cruenta tanto por pugnas internas como externas. El viernes 16, entre 4 mil y 5 mil universitarios se organizaron y salieron a las calles a protestar –¿o a darse golpes de pecho?– por lo ocurrido, exigir a las autoridades justicia y la entrega del edificio y terrenos fegistas a la UdeG. Si decenios atrás hubieran actuado como ahora, sin desórdenes, nadie se lamentaría de ese horripilante festín que por su crueldad y sadismo se asemeja a los del narcotráfico. Autoridades universitarias, civiles y hasta militares incubaron, crearon y mimaron esos cuervos y convierten en verdad aquella leyenda de que en los terrenos del inmueble de la FEG había cuerpos enterrados. En una entrevista con Radio Metrópoli, uno de sus expresidentes, Tonatiuh Bravo Padilla, aceptó que la federación actuaba “de manera sistemática como una organización delictiva y porril”. No precisó fechas, ni era necesario. Eso ha ocurrido siempre y hacia allá podría encaminarse la FEU (Federación de Estudiantes Universitarios), nacida del mismo tronco bajo los auspicios de Raúl Padilla López, pues ya ha hecho sus pininos en materia de cobro de piso y algunos bajes, como antaño.
En un hecho inédito e inexplicable, la UdeG hace doble examen de admisión a quienes ya lo cursaron y aprobaron. Los aspirantes citados para el caso creen que se trata de una medida recaudatoria que, en lo particular, beneficie a ciertos funcionarios más que a la institución, porque para ingresar a la carrera tienen que pagar por fuera entre 10 y 15 mil pesos. Para muestra de lo que se hace en las carreras más demandadas como las ingenierías, medicina y derecho, entregaron a esta columna el siguiente comunicado: “Por este medio me permito comunicarle que con base a los procesos de admisión que rigen en esta casa de estudios, en cumplimiento de la autorización que usted otorgó a esta institución educativa para reexaminarlo dentro de los 30 o 45 días hábiles posteriores a la presentación de su examen de admisión, el cual usted aplicó el día 05 de noviembre del año en curso, en armonía con las más estrictas normas de seguridad para salvaguardar la confiabilidad del procedimiento de aplicación de las pruebas para el ingreso de alumnos a la Universidad de Guadalajara, le notifico que esta instancia universitaria tuvo a bien seleccionarlo para ser examinado nuevamente. En razón de lo antes expuesto, le informó que deberá presentarse nuevamente a ser examinado, el sábado 17 de diciembre de 2011, a las 8:00 AM, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (…) En caso de no presentarse en el lugar, fecha y hora citada con antelación, se le advierte que para efecto de los trámites de concurso para el ingreso a esta Universidad, se le considerará con el estatus de examen no presentado…”
La iniciativa de ley enviada por el gobernador Emilio González al Congreso estatal para reformar la Ley de Transparencia e Información Pública – y que fue aprobada a la carrera por los diputados a cambio de que les liberen millones de pesos más luego de que en 10 meses se acabaron el presupuesto de 2011–, lleva implícita una amenaza para los periodistas, porque “se impondrán de uno a siete años de prisión” y multa de mil días de salario mínimo a quien dé a conocer información reservada. ¿Acaso se previene Emilio para que, ahora o en el futuro no se conozcan algunos o muchos desvíos y malos manejos de los recursos públicos que se hayan dado en su administración? l
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