La nueva Ley de Información Pública que aprobó el Congreso local el jueves 8 sancionará hasta con siete años de cárcel a quien difunda información reservada y, en cambio, le da a la autoridad un amplio margen para clasificar datos. El evidente retroceso que implica la reforma, y la versión de que fue negociada con el gobernador a cambio de mayor presupuesto para el Legislativo en 2012, unió en su contra a organizaciones civiles, investigadores académicos y al propio presidente del Itei, Jorge Gutiérrez, quien lamenta el carácter unilateral de los cambios.
La nueva Ley de Información Pública de Jalisco, que sanciona con cárcel hasta por siete años a quienes difundan información reservada, puede desacreditar a la entidad por criminalizar la libertad de expresión y corre el riesgo de ser impugnada en instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirman especialistas consultados por Proceso Jalisco.
La reforma a la citada ley fue aprobada al vapor y por unanimidad en el Congreso local el jueves 8. Los artículos más polémicos fueron el 298 del Código Penal del estado, en el que se contemplan sanciones económicas y de cárcel por publicar información reservada, así como el artículo 41 de la norma de Información Pública, según el cual el gobierno podrá clasificar la información sin necesidad de justificarse; es decir, no contempla la “prueba de daño”.
John M. Ackerman, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y colaborador de Proceso, señala en entrevista telefónica su preocupación porque esta modificación legal y algunas medidas tomadas en estados como Puebla –donde hay que pagar 80 pesos por cada copia certificada de información financiera– le abran la puerta a reformas retrógradas nacionales, con las que han coqueteado sobre todo los gobiernos panistas y priistas:
“Llama la atención que esto suceda en el estado que gobierna un panista de corte conservador, como Emilio González Márquez, con una ley propuesta por él.”
Indica que estas regresiones son comunes, por ejemplo, en Uganda, donde se convierten en instrumento de represión porque se llega a exigir que los periodistas se registren para solicitar información y se utiliza el padrón para controlarlos, con el resultado de que, según la organización Amnistía Internacional, en aquel país decenas de comunicadores enfrentan cargos penales.
Por separado, la doctora en ciencia política por la Universidad de California e investigadora de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, señala que esta ley jalisciense tiene todo para que sea motivo de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en su caso, para dirimirla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que criminaliza la libertad de expresión y atenta contra principios como el auspicio a la máxima publicidad y la prueba de daños.
Ackerman y Sandoval coinciden en que los ciudadanos podrán recurrir a esa instancia internacional para exigir la revocación de la nueva ley jalisciense cuando se agoten las instancias nacionales, pues existen jurisprudencias de la Corte Interamericana sobre los requisitos básicos para el acceso a la información pública.
Sandoval añade: “Hay que recordar que los criterios de avanzada federal e internacional señalan que no se puede invocar el carácter de información reservada cuando ésta sirva para la investigación de delitos graves, violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Y Jalisco no lo contempla. No es posible que Jalisco evada la dimensión de esa cláusula”.
Para el presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) capítulo Jalisco, Juan Larrosa Fuentes, en la reforma legal “se violan el precepto de máxima revelación recomendado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y diversos documentos del Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos”.
Además, afirma, el artículo 41 fracción VI atenta contra la obligatoriedad de transparentar las decisiones de los servidores públicos.
“Ese artículo dice que las opiniones o puntos de vista que se den en un proceso deliberativo será información reservada; es decir que los legisladores eliminaron la garantía del derecho fundamental de toda persona a conocer el proceso y la toma de decisiones públicas.
“¡Se necesita saber cómo y por qué toman una decisión! No basta con conocer nóminas, sino se debe saber por qué otorgan una concesión a tal empresa, y con esta ley no lo podemos conocer. Es increíble la laxitud con que se les permite (a los funcionarios) reservar información.”
Al vapor
La nueva Ley de Información Pública fue aprobada en forma unánime el jueves 8 en el pleno del Congreso local y, de acuerdo con varias organizaciones civiles, el trámite se hizo al vapor, sin leer a fondo el texto ni tomar en cuenta a los expertos locales y mucho menos al Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei).
Jorge Gutiérrez Reynaga, presidente de este instituto, se dice extrañado de que la reforma se haya incluido de última hora en el orden del día: “A las 13:00 horas la agendaron y a las 14:03 ya estaba aprobada”, señala en entrevista.
Al plantearle a Larrosa la versión de que esta ley fue moneda de cambio para otorgarle al Congreso de Jalisco más presupuesto en 2012, ya que éste gastó 790 millones durante este año y aun así le faltaron 200 millones para cerrar el año, el presidente de la Amedi Jalisco apunta: “El secretario de Gobierno (Víctor González Romero) ha salido a decir que no hubo negociación, pero otras fuentes de información confiables nos dicen que sí la hubo, que si no estuvieran apremiados por lo económico no se hubiera aprobado” la reforma.
La Ley de Información Pública sustituirá a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. “Hasta eso es peligroso –opina Larrosa–, le quitaron la palabra ‘transparencia’, y en las 213 páginas de la nueva ley no hay un solo argumento que justifique la abrogación de la anterior, que era buena, aunque perfectible”.
Margarita Sierra, exdirectora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, recrimina: “Estoy sorprendida por la forma en que ellos (los diputados locales) de una manera tan superficial aprobaron la reforma. Ya teníamos en Jalisco una ley muy avanzada y vamos para atrás. La reforma se usó como moneda de cambio por recursos para el Congreso. Dicen los diputados que no es cierto, pero qué casualidad que, en cuanto la aprobaron, el Ejecutivo cede inmediatamente y ya hay dinero para los sueldos y aguinaldos en el Congreso. ¡Los ciudadanos no estamos tontos!”.
El jueves 8 los diputados presumieron en un comunicado que esta ley es un “logro ciudadano”, fruto de meses de trabajo y diálogo. “¡Mentiras! –dice Sierra–, nunca convocaron, echaron por la borda el conocimiento de académicos locales y las recomendaciones de expertos internacionales”.
El dictamen incluía 15 iniciativas presentadas en la presente legislatura y dos de la anterior, entre ellas una congelada desde noviembre de 2008 y enviada por el gobernador González Márquez.
Según los diputados, la información fundamental aumenta de 27 a 64 rubros y ahora sólo se puede reservar información por seis años y no por 10, como en la ley anterior, además de que se especifica a cada uno de los sujetos obligados.
La doctora Irma Sandoval discrepa: “Anunciaron que aumentan de 27 a 64 los rubros, pero lo que hicieron fue desdoblar entre poderes la misma información para los tres poderes y organismos autónomos o institutos, y no dicen que esa ya era información de oficio; y (se trata de información) superficial, como la estructura orgánica, sueldos, directorios, permisos, cuestiones que no permiten al investigador analizar a fondo” la situación de los entes públicos.
Además, pormenorizar a cada sujeto obligado en vez de establecer la obligación de trasparentar a todos los que reciban dinero público podría llevar a aberraciones jurídicas como hacer una reforma cada vez que se genere una entidad pública, o bien que alguna de reciente creación pretenda exentarse con el pretexto de que aún no aparezca en el listado legal.
“Los diputados de Jalisco –agrega Sandoval Ballesteros– además le dan pompa al decir que ahora se publicarán como información fundamental las listas de quienes no hayan presentado su declaración patrimonial ¿De qué sirve la lista? Un verdadero avance sería obligarlos legalmente a publicitar la declaración; hasta ahora no le ha entrado nadie.”
De acuerdo con la doctora Sandoval, existen además incongruencias jurídicas y hasta se puede acusar al Congreso jalisciense de violentar la Constitución. Como ejemplo cita el artículo 41, fracción VI, que en su opinión contradice al artículo 9 de la Constitución de Jalisco, el cual auspicia la transparencia de la toma de decisiones.
“Ese artículo de la nueva ley dice que es información reservada la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos”, pero indica que los criterios de reserva se basan en formulaciones abstractas y típicas de la opacidad:
“Se dice que reservarán datos que pongan en riesgo la estabilidad financiera, económica, y la vida, seguridad o salud, o vayan en perjuicio del cumplimiento de las leyes. Todo eso puede ser interpretado al gusto de cada funcionario. Deberían dejar claro cuál es esa información reservada, cuál es la que realmente pone en riesgo todo eso que mencionan, porque si no, luego van a querer meter fideicomisos u obra pública, y todo se deja a la interpretación de la autoridad.”
También critica que la nueva ley clasifique como reservadas las averiguaciones previas, ya que éstas, dice la doctora, “terminan sólo con el ejercicio de acción penal o con el no ejercicio. Pero como lo dejan de forma tan general (en la redacción aprobada de la ley), podría darse que una averiguación concluida se reserve”.
Explica que este punto es sensible, pues actualmente la SCJN atiende un juicio de inconstitucionalidad donde se discute si las averiguaciones previas pueden ser reservadas. “El debate se realiza en torno del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que Felipe Calderón quería reservar hasta de por vida las averiguaciones”.
Por separado, Juan Larrosa enlista otras anomalías de los legisladores: “Ignoraron las recomendaciones que la Amedi Jalisco les hizo desde el 16 de abril de 2010 y no tomaron en cuenta a académicos y expertos. Esta nueva ley prescinde de la disposición de transparentar las decisiones de los servidores públicos, ni corrige las deficiencias que se presentaron en el anterior proceso para elegir al nuevo presidente del Itei, a fin de que ya no sea cuota de partidos ni se vaya a convertir en una agencia de colocación”.
Los entrevistados coinciden en que el punto clave del debate es el artículo 298 del Código Penal de Jalisco, que impone de uno a siete años de prisión y multa de 50 a mil días de salario mínimo a quien difunda información clasificada como reservada o confidencial; o a quien la entregue a un tercero. “Esto va dirigido sin duda a los periodistas y a quien filtra información, sólo les faltó especificarlo así”, dice Sandoval.
Sobre esto observa Ackerman: “Cuando a los gobernantes les cae el veinte empiezan a tomar medidas de ese tipo, regresiones”.
El día en que se aprobó la reforma, el coordinador de los diputados del PRI, Roberto Marrufo Torres, se indignó cuando los reporteros preguntaron si la nueva ley atenta contra la libertad de expresión. Respondió: “El ciudadano debe mostrar respeto y tiene que atender las reglas de la transparencia a las que estamos expuestos todos”.
No obstante, Ackerman comenta que los diputados omiten “cómo los funcionarios podrán decidir qué clasificar y qué no, a su antojo; se potencializa el riesgo de encarcelar periodistas. Es el colmo”.
Por eso, puntualiza, “ahora lo importante es mantener la presión social y periodística sobre este tema y evitar que, con el pretexto de Puebla y Jalisco, y de la burbuja de la transparencia, la efervescencia de varios años por este tema se desinfló, se abra la puerta a regresiones en la ley mexicana”.
En manos del gobernador
El presidente del Itei, Jorge Gutiérrez Reynaga, relata que el miércoles 14 se reunió con el secretario de Gobierno, Víctor Manuel González Romero.
“Lo mejor es que la ley se vete y ahora sí nos llamen al Itei y a las instituciones ciudadanas para hacer la ley entre todos –comenta–. Sobre todo queremos que se aclare que sólo los funcionarios deben ser los que reciban sanciones por divulgar información reservada y queden claros los criterios de reserva y las pruebas de daño. Me preocupa que se sancione a un particular que no trabaja en el gobierno y, como bien ya lo han dicho, sé que le preocupa a periodistas e investigadores.”
Para Gutiérrez Reynaga, a pesar de todo la reforma tiene aspectos positivos, como la inclusión clara del Poder Ejecutivo y el Legislativo.
De hecho, se le hizo llegar al gobernador una petición de que vete la nueva ley, firmada por representantes de organizaciones civiles como el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco (Cesjal), Ciudadanos por Municipios Transparentes Capítulo Jalisco (Cimtra), la Amedi, Ciudadanos Unidos por la Democracia Lázaro Cárdenas, Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno, Academia Jalisciense de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Atai), Corporativa de Fundaciones, así como diversos periodistas, académicos y ciudadanos. Hasta el cierre de esta edición González Márquez no había respondido.
–¿Qué esperan ahora del gobernador? –se le pregunta a Gutiérrez Reynaga.
–Yo no sé qué vaya a hacer él. Yo ya hice mi trabajo en un análisis que el Itei le entregó, con observaciones a los 107 artículos. Hay muchas dudas. Es una ley que no hemos operado y se necesitará más presupuesto también, sobre todo para reforzar el área de responsabilidades, la de contraloría, la capacitación, los estudios y la evaluación de los sitios de internet. Pero la responsabilidad es del gobernador. Él sabrá si permite que la ley pase con las críticas de activistas. A él le corresponde la responsabilidad histórica.
Por su parte, Larrosa Fuentes no es optimista: “El gobernador puede vetar la reforma pero sabemos que él la propuso, así que difícilmente veo que vayan a vetarla. Las organizaciones civiles debemos estudiar qué podemos hacer para que sea transformada, y deberemos acudir a las instancias legales correspondientes”. l
