El despojo de los desmonteros de los ejidos de Zapotitán de Hidalgo y de Huejotitán puso al descubierto las innumerables irregularidades de los comisariados ejidales locales. Según los afectados, las autoridades han manejado a su conveniencia los fondos de Procampo y ahora, con tal de quedar bien con la empresa agroindustrial Berrymex, intentan parcelar las tierras de uso común para vendérselas o rentárselas.
ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC.- La decisión del ejido de esta localidad y el de Huejotitán de despojar a un grupo de 500 desmonteros de las tierras en las que han vivido durante décadas sacó a flote las irregularidades con que se manejan los apoyos de Procampo, al tiempo que exacerbó el descontento social de los afectados, quienes están dispuestos, dicen, a defenderse incluso a machetazos.
Ante la decisión de los ejidos de parcelar los terrenos de uso común para vender o rentar las tierras a la empresa agroindustrial Berrymex, los afectados –también llamados coamileros– comenzaron a organizarse para denunciar los daños al entorno ecológico y a la salud de los habitantes por el uso de pesticidas que utiliza la trasnacional y que ya ha provocado varios casos de muerte por cáncer.
A principios de mes un centenar de personas, en su mayoría ancianos, realizaron una manifestación en las inmediaciones de la Casa Ejidal en la que exhibieron pancartas con leyendas como: “Ejidatarios, las tierras son para trabajarlas, no para negociarlas” y “Ejido decadente que no ayuda a la gente”.
Sus rostros reflejaban la indignación porque, dicen algunos de los participantes a Proceso Jalisco, en abril pasado les quitaron las tierras que durante décadas trabajaron sus abuelos y sus padres, aunque “sin crear derechos”. Esa acción les impidió sembrar la pasada temporada, por lo que hoy, comentan, no tienen “ni para comer”.
Dicen que la mesa directiva del comisariado, encabezada por Alfonso García Villaseñor, se negó a escucharlos. Y cuando la reportera intentó entrevistar al funcionario, éste se negó.
“Vivimos entre puras ratas colmilludas”, suelta Martha Saucedo Silva, una mujer de complexión robusta. Y eleva la voz para decir que no es justo que quiten sus parcelas a los desmonteros, pues es de donde sacan su maíz y su frijol, para venderlas o rentarlas a una maquiladora dedicada a la producción de fresas, frambuesas, zarzamoras y moras.
Saucedo se lanza también contra el comisariado ejidal de Zapotitán, a cuyos integrantes acusa de malos manejos de los subsidios –un apoyo de mil 330 pesos por hectárea para cada campesino– de Procampo: “Ellos se lo chingan. Nada más llegan los dineros, los meten al banco, les sacan el jugo y sólo se los dan a los desmonteros cuando les da su regalada gana”, grita.
–Dígame los nombres de los que se roban el dinero –insiste la reportera.
–Los de la mesa directiva… los ejidatarios. Entre ellos tienen hectáreas fantasmas y están cobrando lo de Procampo y chingándoselo. Se muere un desmontero y nunca lo dan de baja en lo de Procampo para seguir cobrando (a su nombre).
–¿Quiénes integran el comisariado?
–El presidente del ejido, Alfonso García; ese es un puerquito. También es director de la primaria, pero está pior que yo, que no fui a la escuela; Iván González Martínez, el tesorero; Jesús Robles Romero, Jesús Flores, Rogelio Hernández García y Panchito.
“Todos son ganaderos y le cortan a los desmonteros el alambrado de sus tierras para que se meta el ganado y se coma sus cultivos. Son bien bandidazos. Muchos (de los desmonteros) dicen que van a defender su tierra a machetazos.”
Uno de ellos, Jesús Rivero, del ejido de Huejotitán, entrega a la reportera una lista de 25 personas que supuestamente cobran el subsidio de Procampo sin merecerlo. Entre ellas se encuentran: Dionisio Barajas García, que cobra apoyo de 13.1 hectáreas; José Ricardo Hernández y Dionisio Ornelas Robledo, 11.5 hectáreas cada uno; José Manuel González Cuevas, 11 hectáreas; Gabriela Cuevas Villaseñor y Rogelio Lomelí Díaz, con 10.5 hectáreas, por cabeza, y Guillermina Cortés Hernández y José González Rodríguez, con 10 hectáreas cada uno.
También están Roberto Hernández Navarro, con 9.5 hectáreas; Celedonio Machuca Saavedra, con nueve hectáreas, y el resto cobran apoyos de ocho a 1.5 hectáreas. Los desmonteros calculan que ambos ejidos han desfalcado al programa Procampo con 80 millones de pesos en un periodo de 18 años.
Pedro Flores, a quien le arrebataron las tierras que pertenecían a su abuelo, subraya que la corrupción del comisariado ejidal data de más atrás, tiene al menos unos 40 años, sostiene:
“Aquí en Zapotitán existe un grupo corrupto. No voy a decir nombres, pero es el que siempre está en el poder. Nada más se rolan la presidencia del comisariado; se apoderan de los terrenos de las personas ausentes, de los asoleaderos y de las áreas comunes. Nada más se han dedicado a saquear el ejido.”
Relata que las autoridades deberían darse una vuelta por esta comunidad para que vean lo que ha sucedido en los últimos 40 años. “Sólo hemos vivido corrupción –insiste–. El Procampo es un cochinero; y aunque no todos son corruptos, negocian los cheques para entregarlos a sus destinatarios. En Zapotitán también existe bastante corrupción”.
Los otros daños
Los desmonteros sostienen que la trasnacional Berrymex utiliza pesticidas prohibidos en países del Primer Mundo, lo que podría generar enfermedades cancerígenas entre los habitantes de la comunidad.
Y mientras se ponen de acuerdo sobre quién va a declarar a Proceso Jalisco, se acerca un hombre moreno de 1.65 metros que se identifica como Florentino Zúñiga Ramírez y comenta a la reportera:
“Mire, ella es mi esposa (Bertha Alicia Valentín Martínez, dice, al tiempo que la señala).Vea cómo está: ella era más alta que yo (ahora sólo mide 1.40 metros). Tiene cáncer en los huesos a causa de los plaguicidas que aplica Berrymex en el cultivo de la mora.”
Y se suelta: “Ha muerto mucha gente a causa de eso. Le pregunté al doctor por qué le vino la enfermedad. Me dijo que si había una fábrica o algo así. Le dije que vivimos en un potrero, un pueblo chico… Lo único que hay es Berrymex, la empresa de fresas y moras.
“¡Uyy!, me dijo, se vienen de su país (Estados Unidos) porque los químicos que aplican están prohibidos allá. De por sí, esa enfermedad ya la traen las personas y con los químicos se aproxima más. Me preguntó si había otros casos. Le dije que sí, que había muchos.”
Florentino asevera que su esposa pesaba 67 kilos, pero con la enfermedad bajó 30 kilos. “Estaba en los puros huesos. Y aun cuando tenemos el Seguro Popular, éste no cubre esa enfermedad. Cada mes y medio tengo que comprar medicinas y salen muy caras. Además, el doctor nos dijo que no le queda mucho de vida”. Con su último comentario, Florentino provoca el llanto de su esposa, así como de sus hijas, de nueve y de 10 años.
Otros desmonteros narran historias de personas que han fallecido a causa del cáncer. Refieren que hace dos semanas murió un muchacho de 32 años que trabajaba en Berrymex. Su familia, dicen, no recibió ninguna indemnización.
La señora Blanca Estela aprovecha una pausa de sus compañeros y expone: “Habemos muchos padres de familia jóvenes. Yo soy madre de cuatro niños… Si las tierras se las quitan a mi suegro y a mi esposo, ¿qué futuro van a tener mis hijos?”, se pregunta.
“No es justo que por unos cuantos ejidatarios se nos quite el sustento, nuestra comida. Le pedimos al presidente (Felipe) Calderón que nos ayude; somos gente humilde. No queremos que nuestros hijos terminen de narcotraficantes.
“Estamos desesperados, ya nos quitaron la ayuda de Procampo, y ahora los ejidatarios quieren las tierras para rentarlas. Aparte nos vamos a enfermar con todo lo que le echan a los cultivos (de Berrymex)”, asegura.
Los desmonteros comentan que el comisariado ejidal les propuso comprar sus tierras. Cada hectárea, les dijeron, cuesta entre 50 mil y 100 mil pesos. Cómo hacerle, se preguntan, cuando “apenas tenemos para comer”.
Además, relatan que este año se dejaron de sembrar 250 hectáreas y las pocas que se sembraron no se pudieron cosechar porque el ganado de los ejidatarios se comió casi todo. Algunos desmonteros incluso fueron desalojados de sus parcelas por la policía municipal.
Las denuncias
El 10 de octubre último los desmonteros afectados entregaron un escrito en el ayuntamiento de Jocotopec, dirigido al alcalde Mario Guadalupe Chávez, con copia al director de Seguridad Pública, Alejandro Bravo Roldán; a José Trinidad Avelar, jefe del Jurídico, y a Ricardo Cervera García, secretario general.
En él relatan que el 29 de septiembre pasado “estando en los que son los terrenos que tenemos en posesión desde hace 50 años, fuimos molestados ilegalmente por elementos de Seguridad Pública del municipio, violando nuestra garantía de audiencia y defensa, ya que sin orden judicial superior se nos estaba requiriendo abandonar lo que en tantos años hemos defendido”.
Por ello piden a la autoridad municipal que “se abstenga de intervenir y que sean juzgados conforme a derecho corresponda quienes ordenen el desalojo”.
Las quejas de los desmonteros también van contra algunos ejidatarios. Roberto Machuca, de 97 años, refiere que se le acercó María Eugenia Robles, una habitante de la comunidad, para pedirle que le vendiera parte de sus tierras. Como él se negó, dice, ella le entregó 20 mil pesos, pero don Roberto no los aceptó.
Sin embargo, María Eugenia lo hizo firmar “con engaños” un papel en el que supuestamente él renunciaba a ser ejidatario. “Cómo iba a renunciar a sus tierras si de ahí se mantenía”, comenta Esperanza Machuca, hija de don Roberto.
El de María Flores Rodríguez, una señora de más de 85 años, es un caso similar. Ella recuerda que Ramiro El Guango llegó a su domicilio y le dijo: “Présteme su título. Yo, obrando de buena fe, se lo presté. Me dijo que al día siguiente me lo iba a regresar. Eso pasó hace dos años.
“Me quejé con las autoridades y con los del comisariado y no me hicieron caso. Me dicen que El Guango lo vendió, pero yo no firmé nada. Me dicen que al parecer copiaron mi firma.”
Desde que les quitaron sus parcelas los desmonteros comenzaron a enviar cartas al gobernador del estado, Emilio González Márquez; al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).
El Ejecutivo estatal no les respondió, mientras que el federal indicó que “la petición” fue canalizada a la delegación de la Procuraduría Agraria, encabezada por María de la Luz Rodríguez Mendoza. El ombudsman, a través de Sergio Octavio Ibarra Valencia, visitador adjunto de guardia, envío el oficio 542/GOQ/20110, con fecha 3 de agosto de 2011, al procurador del estado, Tomás Coronado Olmos, “para presentar” a tres de los afectados, quienes se identificaron como miembros de la comunidad agraria de la Ribera de Chapala.
En su escrito, Ibarra Valencia menciona que los agraviados fueron despojados de las tierras de uso común y que “hace aproximadamente 22 días acudieron a denunciar los hechos ante el agente del Ministerio Público adscrito a la población de Jocotepec, donde el titular de la fiscalía les negó el derecho que tienen de denunciar, argumentando que les faltaban documentos”.
La CEDHJ pide que se les apoye para que se recabe su denuncia. Hasta ahora eso tampoco ha pasado.
Los desmonteros también entregaron oficios al Tribunal Superior Agrario y a la delegación de la Procuraduría Agraria. En esta última dependencia, el jefe del Departamento Jurídico, Mauricio Balderas Padilla, les dijo el 30 de julio pasado que deberían acudir ante el Tribunal Agrario del Distrito XVI para dirimir su caso.
Para interponer su demanda, relatan los afectados, el funcionario les pidió que entregaran documentación que acredite que ellos tienen la posesión de los terrenos, así como el acta de delimitación, destino y asignación de tierras, los planos topográficos elaborados con motivo del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede). De esta manera, les dijo, las autoridades agrarias podrían reconocerles la posesión que “dicen detentar”.
Según ellos, Balderas Padilla les expuso que una vez interpuesta la demanda, se puede solicitar al tribunal “una medida precautoria” a fin de que “personas ajenas a dicha posesión, incluidos los ejidatarios y el propio comisariado ejidal de cada núcleo agrario, se abstengan de realizar actos de molestia de dichos terrenos (hasta que concluya el juicio agrario).
Entrevistado al respecto, Balderas Padilla reitera que su única función es conciliar y asesorar. Además, “el ejido como dueño de sus tierras puede hacer todo lo que concierne al régimen de explotación, porque así lo establece el artículo 23 de la Ley Agraria (…) Pero eso no les da derecho a que si yo estoy en posesión de desmontero por más de 10 o 20 años, no puede llegar la asamblea a despojarme a través de su comisariado ejidal, pueden celebrar su asamblea, pero no implica que tengan que cortar alambrado, meter ganado, que es lo que está pasando”.
Insiste en que los desmonteros deben ser oídos por el Tribunal Agrario. “Mientras no se agoten los procedimientos
–dice– es ilegal que les quiten las tierras”. Sin embargo, precisa que los afectados deben entregar un documento legal, sea un acta de traslado de dominio o “algún contrato que demuestre una causa legal por la cual están ahí. Al parecer hay contratos de arrendamientos, pero no da derechos más que al usufructo”, precisa.
En este momento, los dos ejidos pretenden autorizar el cambio de destino de tierras de uso común a parceladas. Si lo logran, cada ejidatario podrá hacer lo que quiera con su propiedad. l
