Señor director:
En el número 950 de la revista Proceso aparece una carta firmada por Rafael Arévalo Barrientos, firmada desde Hollywood California, donde asegura que a raíz de haber denunciado la corrupción sindical en la Aduana, en 1990, fue secuestrado por Judiciales, expulsado del Estado y que ahora es un “perseguido político”.
Señala que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no han sido tomadas tampoco en cuenta por esta administración, “por lo que el gobierno panista que encabeza Francisco Barrio continúa negando la impartición de justicia y mantiene a los responsables en la más aberrante impunidad”.
Revisando los expedientes respectivos, nos encontramos lo siguiente:
1) El proceso judicial de Rafael Arévalo Barrientos inicia, oficialmente, cuando en marzo de 1990 es denunciado en Averiguaciones Previas por golpear a su cónyuge.
2) El señor Arévalo interpuso una demanda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesta arbitrariedad y carencia de la órden de aprehensión de parte de los agentes judiciales. Aparentemente no se le dio seguimiento al caso en la administración pasada.
3) Esta administración reabrió el expediente para darle curso de seguimiento a la recomendación 146-92 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se integró la averiguación y se consiguió el 27 de octubre de 1993. Se ejerció acción penal contra los agentes Armando Medrano Rivero y Angel Snato Gómez.
4) Sin embargo, el Juez Segundo de lo Penal niega la orden de aprehensión, por considerar que no existen elementos suficientes para acreditar su responsabilidad, de acuerdo con el artículo 16 constitucional.
5) Ante esta resolución, la Procuraduría de Justicia del Estado interpone el recurso de apelación ante la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia.
6) El 17 de marzo de 1994, el Juez Segundo de lo Penal concede el auto de libertad sin fianza ni protesta, para los dos agentes denunciados.
7) El 9 de junio de 1994 la Procuraduría de Justicia apeló nuevamente ante el Supremo Tribunal de Justicia, sin tenerse aún el dictamen.
Con esto dejamos claro, pues, que la administración de Francisco Barrio si le da seguimiento a las denuncias que se presentan ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluido el caso del señor Arévalo Barrientos, cuyos líos inician –según los expedientes– por problemas intra-familiares y no tanto por otras causas.
Por lo demás, en materia de justicia en Chihuahua buscamos siempre proteger la integridad física de las personas para que no tengan que acudir a exiliarse al extranjero, ni siquiera a Hollywood, que está más lejana que cualquier ciudad norteamericana fronteriza.
Me permito enviar a usted copia de los expedientes relativos a este caso.
Atentamente
Eloy Morales Fong
Coordinador de Comunicación Social
Gobierno del Estado de Chihuahua.
