La realidad no deja de dar sorpresas, y el bisoño equipo político del presidente Zedillo ha resultado ser el incipiente proveedor de eficacia que no tuvo su ala de expertos financieros, en cuyas manos se daba por fsegura la cosecha de los beneficios de la política económica sostenida en los últimos años. Pero más tarda el nuevo equipo gobernante en encontrar rendijas de luz en el agobiante inicio de sus gestiones, que la realidad en nublar y acortar sus espacios.
De un lado, en el frente externo, el rescate económico ofrecido por Washington para estabilizar los nervios de sus inversionistas en el mercado mexicano, ha encontrado suficiente oposición para encaminarse a una de sus peores posibilidades: la demora. De otro lado, en el frente interno, la exitosa insurrección de los priístas de Tabasco en contra de la posible remoción del gobernador Roberto Madrazo, impugnado por el PRD, puso una carga de dinamita en los cimientos del Acuerdo Político Nacional, firmado el 17 de enero en la casa presidencial por todos los partidos y, en especial por el PRD, ausente sistemático de los acuerdos previos.
El Acuerdo fue justamente celebrado como un logro mayor del gobierno de Zedillo, el banderazo para un fresco reinicio de la transición democrática de México. Para nadie es un secreto que el consentimiento visible del PRD al Acuerdo Nacional estaba fincado en el acuerdo invisible de que, a cambio de su entrada a la negociación institucional, el gobierno federal daría instrucciones poco institucionales de renuncia o licencia a los gobernadores priístas de Tabasco y Chiapas. Convocaría después en esos estados a nuevas elecciones o nombraría de plano gobernadores interinos aceptables para el PRD.
Hay todos los indicios de que ese acuerdo invisible había empezado a “instrumentarse” en el más puro estilo de las “concertacesiones” del sexenio pasado, en que situaciones poselectoral conflictivas, como las de Guanajuato o Mérida, fueron resueltas en última instancia con decisiones políticas presidenciales que favorecieron al Partido de Acción Nacional. No hay nada ajeno a la tradición política mexicana, ni aún a la conveniencia pública de negociación y concordia, en estas formas piramidales de repartir poder para diluir conflictos. Pero está lejos de ser una conducta legal y, mucho menos, democrática, ya que, al final, los únicos verdaderos ausentes de la decisión son los electores, en cuyo nombre todos hablan pero nadie, en verdad, atiende ni representa.
Las disculpas de la oposición para estos arreglos bizarros tienen fuerza y verdad histórica: el gobierno, se dice, ha hecho siempre fraude, y no escucha razones legales ni democráticas; la única manera de echar atrás el fraude, entonces, es con presión política extraelectoral. Las razones del gobierno no son menos claras si bien bastante más cínicas: la oposición será escuchada en sus reclamos en razón estrictamente proporcional a su capacidad de generar conflicto: el que no llora, no mama. Si el conflicto o la ventaja de darle la razón a quien protesta amerita “corregir” un resultado electoral y “ceder” a la oposición lo que reclama, hay que “cederlo”. El capital político fundamental de esta conducta del gobierno consiste precisamente en aquello que la oposición no se cansa de señalar como la mayor lacra política del país: la dependencia del PRI del gobierno y su sometimiento a la voluntad presidencial.
Por esa ruta vieja y efectiva de pagar y cobrar deudas democráticas con decisiones antidemocráticas, parecía desenvolverse la negociación entre el PRD y el gobierno de Zedillo para la “pacificación” política de Chiapas y Tabasco, y la inclusión de los perredistas en el concierto institucional que ahora sí, a partir de este último arreglo al viejo estilo, con el consenso de todos los actores, sería por fin, simplemente, un concierto democrático, no sujeto a otras reglas que las de la legalidad.
El mensaje de los priístas tabasqueños es que, al menos en Tabasco y por esta vez, el capital político de la disciplina priísta se le acabó al presidente y, por lo tanto, no puede serle transferido al PRD, lo cual rompe el pacto invisible del Acuerdo Nacional, pone a la dirigencia del PRD en un brete, por haber firmado sin cobrar, y al Presidente en la inédita situación de no tener al PRI incondicionalmente tras de sí –más bien lo tuvo en contra, con silbatinas, reclamos e insultos en Villahermosa– y no poder cumplir lo pactado para darle piso a su iniciativa política clave, que es el Acuerdo Nacional.
Hay novedades que celebrar en el caso tabasqueño: el grito de independencia política del PRI frente al Presidente y de un estado frente al centro. También, el haber echado abajo un acuerdo decisivo para Tabasco pactado a espaldas de los tabasqueños. Ambas cosas podrían ser precedentes de una saludable epidemia en la materia. Pero hay una zona de sombra: enturbia el horizonte de la negociación política nacional y disminuye la fuerza de un gobierno federal urgido de aciertos claros que fortalezcan su liderato y lo aparten del vacío sin sustituto que lo (nos) ronda.
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