Señor director:
El suscrito, Rafael Arévalo Barrientos, fue despedido injustificada e ilegalmente de la Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (léase Pedro Aspe), después de servirla por más de 33 años consecutivos, en forma similar a la que se empleó para despedir, también ilegalmente, a la señora María de la Luz Cireno Martínez (Proceso 944).
¿Mis “delitos”? Haber tenido el valor civil de denunciar ante la base trabajadora hacendaria de México, a partir de 1988, la profunda corrupción que agobia al Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda (SNTH); haber propuesto la implantación de la prueba antidrogas para toda autoridad en el país; haber organizado a la disidencia hacendaria, con fines de crítica, en la “Vertiente Institucional Democrática” y, en marzo de 1990, ante las autoridades judiciales del estado de Chihuahua, haber interpuesto queja formal por la presumible administración fraudulenta y despojo del edificio social “5 de Diciembre”, cometidos por los comités ejecutivos nacionales del SNTH que se sucedieron a partir de 1985, en contra de los elementos que conformaban el resguardo aduanal norte-centro, con sede en la ciudad de Chihuahua.
La represión que he padecido a partir del 7 de marzo de 1990 no tiene parangón: Fui secuestrado en unión de mi primogénito por numerosos agentes de la Policía Judicial de Chihuahua; fui expulsado del estado; hasta la fecha, el gobierno de dicha entidad nos ha negado el cumplimiento total e íntegro de la recomendación 146/92 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que el gobierno panista que encabeza Francisco Barrio continúa negando la impartición de justicia y mantiene a los responsables en la más aberrante impunidad.
A todo lo anterior debe agregarse que, pese a las pruebas irrefutables que presenté, autoridades federales de Conciliación y Arbitraje dictaron recientemente, en la forma más injusta y absurda, laudo contrario a mi reposición laboral y a la reintegración total de mis derechos.
Pero eso no es todo. Tanto a mi hijo como a mí se nos ha continuado amagando, lo cual nos ha obligado a buscar la protección de nuestra integridad física cambiando de residencia frecuentemente a diferentes lugares, incluso en otro país. En consecuencia, he pasado largas temporadas fuera de México con el fin de evadir los riesgos que implica vivir en una nación donde no priva la seguridad que otorga un verdadero Estado de derecho. Por tal motivo, me considero un perseguido en vías de buscar asilo político permanente en el extranjero.
Como último recurso, el pasado 1º de diciembre, ejerciendo el derecho de petición y apelando en contra del infame laudo dictado por el tribunal burocrático mencionado, me dirigí al presidente Ernesto Zedillo mediante un extenso pliego petitorio en busca de la justicia que se me ha negado, aportando las pruebas suficientes que avalan mi derecho. Próximamente veremos si se produce la justicia a que se ha comprometido el nuevo Presidente o si también en su sexenio se consagra la impunidad. (Carta resumida.)
Atentamente
Rafael Arévalo Barrientos
Hollywood, California, Estados Unidos.
