Hoyos negros

Finalmente la semana pasada el gobierno de Estados Unidos vino al rescate del tambaleante peso mexicano y de la precaria estabilidad política del país. A través de su intervención en los mercados el lunes 9 de enero en defensa de la divisa azteca, la eserva Federal (o Banco Central) de los Estados Unidos hizo lo que debió haber hecho desde el 19 de diciembre. Y a través de su declaración del 11 de enero, Bill Clinton puso toda la fuerza de su administración al servicio de la resistencia contra los especuladores, lo cual devolvió, por lo menos durante algunos días, la tranquilidad a los mercados. Mejor tarde que nunca, pero el auxilio norteamericano adolece aún de inmensas lagunas y hoyos negros conceptuales. Es la hora que el régimen del Presidente Ernesto Zedillo tome la iniciativa para llenarlos.
La manera en que las autoridades estadounidenses actuaron durante los primeros días de la crisis, y la completa falta de imaginación que se vio del lado sur de la frontera en las solicitudes de ayuda, se comprobaron con el carácter totalmente tradicional de los apoyos ofrecidos y pedidos. Proceder mediante nuevos préstamos y paquetes de financiamiento equivalió a quedarse corto frente a las oportunidades que el Tratado de Libre Comercio, con todo y el enorme costo que pagó México por suscribirlo, ahora ofrecía. En lugar de que los apoyos financieros de Estados Unidos y del resto de la comunidad internacional se brindaran a la antigüita, es decir, mediante préstamos condicionados y programas de austeridad más o menos impuestos, era el momento de pasar a una nueva relación monetaria con Estados Unidos y Canadá. La coyuntura era propicia para intentar, desde un principio y con orden y aliento, lo que se comenzó a hacer, de manera improvisada y a cuentagotas, el lunes 9 de enero: que la defensa del peso la asumiera la Reserva Federal mediante la compra de nuestra divisa en los mercados, de forma análoga a su comportamiento para sostener algunas otras monedas (siempre la libra esterlina y el franco francés, el yen y el marco alemán cuando es pertinente, y en ocasiones y bajo determinadas condiciones la lira italiana y el dólar canadiense). En algún momento, el país asistido tiene que recuperar su divisa, y posiblemente pagar intereses, pero esta carga es más ligera, y sus consecuencias menores, que el incremento de la deuda en la que vamos a incurrir mediante el paquete actual.
México, como comentó un exalto funcionario norteamericano, ciertamente no es miembro de ese club, y su divisa no es moneda de reserva –requisito para ser comprada y vendida en los mercados internacionales. Pero la salud de la economía mexicana sí es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos, y a final de cuentas Washington se vería obligado de cualquier manera a intervenir a fondo para evitar un desplome total del país y de sus instituciones. Las últimas versiones procedentes desde Washington indican que el Ejecutivo americano pretende ampliar la línea de crédito actual de 9 mil millones a 25 mil millones, y según algunos rumores, hasta 40 mil millones. Es la magnitud del abismo en el que hemos caído, y de lo que va a costar nuestra supuesta salvación. El TLC puede ser considerado como el pase y el pago de inscripción a ese club exclusivo, no de países del Primer Mundo, mas sí de aquellos cuya estabilidad monetaria es corresponsabilidad virtual de Estados Unidos. La prueba: la Fed intervino para comprar el equivalente en pesos de más de quinientos millones de dólares el lunes 9 de enero.
Huelga decir que no es posible lograr un acuerdo de largo alcance con las autoridades monetarias estadounidenses sin pactar previamente con ellas los detalles del programa de recuperación. Y, sin duda, compartir la responsabilidad de sostener una moneda entraña alguna dosis de abdicación de soberanía monetaria. Pero ésta igual se ha desvanecido con los años, tanto en México como en otras latitudes. De haber procedido así desde un principio, se hubiera evitado tal vez el pánico, la incertidumbre y la sangría terrible de dinero. Si bien las diferencias técnicas entre un swap con la Fed sin límite ni vencimiento declarados y los préstamos del gobierno de Estados Unidos por nueve mil millones de dólares pueden parecer mínimas, el efecto sicológico de un anuncio de la Reserva Federal de que defendería el peso a 4.50 o a 5.00 por dólar “como perro” (pero un perro gringo) hubiera obligado a los especuladores a desistir de sus ataques contra nuestra moneda.
Con tiempo y paciencia se le debió haber expuesto a las autoridades en Washington la gravedad de la situación y la disposición de México de negociar, en paquete, el apoyo de la Fed, un programa de recuperación no recesivo sino de crecimiento, y la regulación de los efectos migratorios de la nueva crisis mexicana. Quizás no habrían entendido de inmediato (la administración Clinton se encontraba de por sí agobiada por sus propias preocupaciones) pero se hubiera iniciado una nueva etapa, pos-TLC, en la relación México-Estados Unidos. Para ello, habría que haber enfrentado la crisis a la vez con calma y celeridad, con imaginación y audacia, atributos que no han sobrado en México a lo largo de las interminables semanas posteriores al 19 de diciembre.
La secuencia deseable, en realidad, era exactamente la opuesta a la que se siguió. Una vez pactado el compromiso de la Reserva Federal de defender una determinada paridad fija –digamos la de 4.50 por dólar, que el gobierno dice querer y creer factible–, se debían haber incrementado las tasas de interés a un nivel suficiente para que, junto con la declaración del Banco Central de Estados Unidos de intervención en los mercados, el anuncio de la nueva paridad fuera recibido por todos como un cambio definitivo. No habría ni ampliación de la banda, ni flotación, ni recuperación ulterior o desbandada cambiaria: simplemente un nuevo tipo de cambio, respaldado durante un período indefinido por la Fed y en lo inmediato por altas tasas de interés para arraigar el dinero en México.
Este convenio con Estados Unidos –hacia una versión edulcorada del cual se inclina hoy el gobierno de México, tarde y mal– hubiera permitido iniciar dos negociaciones adicionales, creando mejores condiciones para ellas, sin por supuesto eliminar la complejidad y la delicadeza de los temas. En primer lugar, el recurso a un mecanismo monetario de esta naturaleza –semejante al que existe entre los países de la Unión Europea y financiado por el virtual Banco Central de ese conjunto de países, a saber, el Bundesbank alemán– mitiga los efectos de un diferencial inflacionario excesivo entre los dos países. La clave de una devaluación real es que la inflación no se dispare, ya que entonces, además de nulificar las hipotéticas ventajas competitivas que brinda, rápidamente se encuentra el país en la misma situación que antes. A la larga, la inflación en México no puede ser sustancialmente superior a la de Estados Unidos. Pero si la nueva paridad goza del respaldo de la Reserva Federal y los mercados así lo reconocen, por un tiempo por lo menos, no es tan grave un diferencial inflacionario más alto.
Ese margen permitiría negociar con Estados Unidos –y no con el Fondo Monetario Internacional– un programa económico de recuperación y crecimiento –no recesivo– para México, que es lo que ambos países necesitan desesperadamente. México lo requiere porque después de trece años de escasa o nula expansión económica –hay que insistir: en dólares constantes el Producto Interno Bruto por habitante es menor hoy al que era en 1980– la población sencillamente no resiste más austeridad y desempleo. Estados Unidos, también lo ansía, ya que una nueva recesión en México, aunada a la caída vertiginosa de los salarios mexicanos en dólares que implica la devaluación, no puede tolerar una nueva ola migratoria. Las condiciones de hoy son idénticas a las de los años ochenta, que provocaron la resaca de la Propuesta 187 que hoy todos lamentamos: recesión y devaluación en México, sobre-calentamiento de la economía estadounidense y auge de la demanda de mano de obra no calificada.
Del mismo modo que habría que vincular la obtención del apoyo de la Fed a la negociación del paquete de crecimiento, este último difícilmente resultaría vendible en Estados Unidos, sobre todo con un Congreso Republicano, sin su componente en materia de inmigración. Y este, a su vez, encierra serias complicaciones para México, incluyendo la decisión sobre el grado de responsabilidad que asuman las autoridades en relación a aquellos flujos migratorios que rebasen cualquier acuerdo posible de legalización estacional o sectorial. Pero este dilema igual existe, y de todas maneras habrá que enfrentarlo, con o sin crisis devaluatoria, con o sin debacle económica. Al atar la negociación migratoria a lo demás, México lograría, a cambio de concesiones sumamente dolorosas que de cualquier forma tendrá que realizar, los apoyos que la situación exige.
Obviamente ya corrió mucha agua bajo el puente, y algunas de estas ideas ya no son del todo pertinentes, o bien por obsoletas, o bien porque se hallan en vías de realización. No obstante, hay que perseverar en el intento de configurar una estrategia de largo plazo de salida a la crisis y de negociación con Estados Unidos, en el contexto y sacando provecho del TLC que este mismo equipo negoció y le impuso al país. La diferencia básica entre un esquema como el aquí delineado y las respuestas ad hoc, improvisadas y sistemáticamente retrasadas que ha dado el gobierno mexicano desde el 19 de diciembre, yace justamente en el diseño conceptual. Los detalles –o los árboles– pueden, en algunos casos, ser los mismos; el enfoque –o el bosque– sí es, por ahora, distinto.
Un último comentario sobre el problema de las culpas y venganzas. Si a un programa de recuperación con crecimiento y al paquete de acuerdos con Estados Unidos anteriormente mencionado Ernesto Zedillo sumara la formación del famoso gobierno de coalición propuesta desde junio, entre muchos otros, por Carlos Fuentes, por el Grupo San Angel, por el que escribe, y ahora por Cuauhtémoc Cárdenas, es posible que la crisis se resuelva sin tener que recurrir a medidas más drásticas. Entre estas últimas destacarían, como opciones, el permitir la participación extranjera en la exploración y extracción de petróleo crudo mediante contratos de riesgo (este es la amenaza real, no la privatización de los viejos fierros inservibles de Pemex), o culpar política y penalmente a Carlos Salinas de Gortari por la debacle. Mientras Zedillo se resista a actuar con audacia y oportunidad, aumentarán las probabilidades de que no le quede otra. De allí que convengan algunas anotaciones sobre el asunto Salinas.
Sería absurdo que quienes sistemáticamente criticamos al régimen saliente por su autoritarismo, su política económica antipopular, su política internacional entreguista y el ambiente de corrupción y despilfarro que generó, ahora nos pusiéramos a defender al mandatario anterior. Debo reconocer, sin embargo, que al descubrir el rosario de volteretas, traiciones, deslealtades y desenfrenadas tentativas de deslinde y distancia frente al sexenio recién concluido en la desgracia y el oprobio, me tiembla el pulso al persistir en mi antisalinismo primario. Durante los últimos seis años abundaron las oportunidades para criticar, disentir, renunciar o combatir las políticas que llevaron al país al despeñadero. Había, ciertamente, un costo; algunos lo pagamos; otros no se animaron. Muy pocos que no pertenecían ya a las filas de la oposición o de la crítica quisieron aprovechar esas oportunidades. Los demás comparten la responsabilidad del desastre con Carlos Salinas, y deben compartir su destino, cualquiera que éste sea. Para hacer leña del árbol caído, hay que tener títulos de leñador. Que cada quien muestre los suyos.