TAPACHULA, CHIS.- “Hay que bloquear aquí con sillas, por favor”, ordena Gabriel Gutiérrez, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a la gente que mantiene cerrado el acceso principal de la presidencia municipal de esta ciudad, la segunda en importancia en la entidad.
El perredista y sus correligionarios, unos 150, demandan la remoción del alcalde Norberto De Gyves Córdova (PRI), quien, según Mario Ohm Camacho, su jefe de prensa, entra “por la puerta de atrás” al edificio municipal, después de que Eraclio Zepeda, secretario de Gobierno de la entidad, llegó a un acuerdo en este sentido con los manifestantes.
Por lo pronto, los perredistas mantienen interrumpidas las funciones de la alcaldía; los burócratas, que también entran por atrás, llegan a la sede municipal a no hacer nada, sólo a platicar.
Gabriel Gutiérrez explica: “Es cierto: No podemos hablar de que mantengamos tomado el palacio municipal; pero sí que el PRD está adelante y De Gyves atrás”.
Sin embargo, a diferencia de la situación que prevalece aquí, en Cacahoatán y Huehuetán, municipios aledaños, las alcaldías sí fueron tomadas, también por militantes del PRD.
En los tres casos, quienes encabezan la rebeldía civil manifiestan abiertamente su apoyo a Amado Avendaño, desde el 8 de diciembre gobernador “de transición en rebeldía”; demandan la destitución del gobernador constitucional, Eduardo Robledo, y simpatizan con el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
VACIO DE PODER
El domingo 8, la militancia perredista determinó instalarse en plantón permanente a las puertas del palacio municipal tapachutelco, después de evaluar los incidentes que se presentaron cuando, con violencia, fueron desalojados, primero de la plaza pública, y luego de la Unidad Administrativa, integrantes de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Soconusco (COCES).
El viernes 6, Día de Reyes, integrantes de esta organización –que agrupa a más de 5,000 miembros– se manifestaron frente a la alcaldía para exigir la reinstalación de un vendedor ambulante, pero casi de inmediato fueron repelidos con macanazos y gases lacrimógenos por elementos de la policía municipal.
La fuerza pública agredió a ciudadanos que en ese momento por allí caminaban, ocasionando lesiones graves, inclusive a mujeres y niños.
El domingo siguiente, la policía arremetió violentamente contra decenas de cocesistas que mantenían ocupadas las instalaciones de la Unidad Administrativa con el fin de que se atendieran sus demandas sociales.
Y lo mismo: garrotes y gases lacrimógenos contra los ciudadanos inconformes, que, por la fuerza, tuvieron que desalojar el edificio público.
Fundador de la COCES, Francisco Aranda explicó a Proceso que la situación política que se vive en la zona costera de la entidad –o región del Soconusco– “es de demasiada tensión y de inestabilidad social”, que finalmente se refleja en un vacío de poder.
Entrevistado en la sala de su casa, y rodeado por hombres y mujeres que discutían entonces las acciones a seguir, Aranda Tinajero declaró que las autoridades locales “trabajan por la represión”, mostrando una profunda insensibilidad ante los reclamos sociales, que se resumen en 325 marchas, 27 plantones y cuatro huelgas de hambre desde la fundación de la COCES –filial de la COCEI–, el 23 de noviembre de 1991.
El dirigente se refirió a un encuentro que sostuvo con Eraclio Zepeda, secretario de Gobierno del estado, el cual, afirma, “no sirvió para nada”.
En casa del obispo Felipe Arizmendi, el viernes 6 por la noche, Zepeda escuchó los reclamos de Francisco Aranda por la “brutal” represión ocurrida horas antes a las puertas de la sede municipal, que, por cierto, afirma, fue atribuida al gobernador Eduardo Robledo por el subprocurador Didier Cruz, en declaraciones hechas al Canal 2 de Tapachula.
“Mire, señor secretario –le dijo de frente Aranda Tinajero–, a mí siempre me gusta que la gente me escuche: Se llama vacío de poder el no poder encontrar soluciones a los problemas, y eso es lo que sucede aquí en Tapachula.”
Zepeda le respondió que no podía comprometerse con ninguna de las peticiones de la COCES.
Sin embargo, Zepeda –recuerda Aranda– le exigió que desalojara a quienes ocupaban la Unidad Administrativa; el cocesista le explicó que él no podía tomar determinaciones en nombre de sus compañeros, por lo que le pidió que se trasladara al plantón y expusiera personalmente qué podía ofrecer.
Eraclio Zepeda anticipó que iría a la Unidad, pero –dice el dirigente de la COCES– nunca llegó, “y a cambio envió, el sábado, a un representante sin ninguna autoridad”. Un día después, los manifestantes fueron desalojados.
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“Entrega de obsequios a participantes del desfile del 20 de noviembre. Enero 9 1995”, se lee sobre un tablero colocado en uno de los salones del palacio municipal tapachulteco; la ceremonia no se realizó por el bloqueo de militantes perredistas y de la Asamblea Regional Democrática de los Pueblos del Soconusco, iniciado un día antes.
Afuera, entre cobijas, anafres, carbón, mantas y periódicos arrugados, los manifestantes preguntan por el paradero de sus compañeros desaparecidos.
La sede de los poderes locales, mientras tanto, es resguardada por elementos de Seguridad Pública Estatal; un grupo de aproximadamente 25 efectivos permanece acuartelado en los sótanos del edificio; otro similar protege la planta principal, cuyos ventanales fueron rotos durante la refriega del 6 de enero.
A la cabeza de los manifestantes, Gabriel Gutiérrez se queja de la inclemencia del sol: las mantas que los protegían han sido arrancadas por el viento.
A unos pasos del bloqueo, los perredistas colocaron botes oxidados con los que se pide a la ciudadanía cooperación económica para sostener el plantón.
El dirigente perredista, además de explicar sus exigencias –la destitución del alcalde Norberto De Gyves y del gobernador Eduardo Robledo, así como el reconocimiento del gobierno de transición en rebeldía–, dice que el bloqueo es en solidaridad con los cocesistas reprimidos el fin de semana anterior.
Gabriel Gutiérrez señala que “Norberto De Gyves ya no debe estar en ese edificio. La agresión a la COCES es el operativo que se aplicó para evitar lo que siempre se ha temido: la toma del palacio municipal”.
Y advierte: “Que no quieran tocarnos… a menos que deseen que tomemos las 16 alcaldías del Soconusco”.
El viernes 13, vía telefónica, informó que Eraclio Zepeda les había anunciado la destitución de Ernesto Macotela, director de la policía municipal, como paso previo para el desalojo de la presidencia.
En el municipio de Cacahotán, cuya alcaldía sí está tomada por perredistas, la situación es análoga: el orden legal está roto; las funciones de la alcaldía no se realizan, y la población permanece sin saber cómo canalizar sus peticiones.
La sede municipal de esta ciudad, situada a unos 20 kilómetros de Tapachula y con alrededor de 35,000 habitantes, es bloqueada con rocas en las calles aledañas. Los perredistas, que tomaron el edificio el 3 de enero, izaron la bandera nacional en medio de la plaza pública.
Resguardan la presidencia con palos y machetes. El miércoles 11, al mediodía, cuando los reporteros entrevistaban a José Luis López López, coordinador regional perredista, un vehículo pasó alrededor de la sede y uno de sus ocupantes advertía a gritos: “Los vamos a sacar con armas…”.
José Luis López repudia lo que él y sus correligionarios denominan “ayuntamientos en estado de excepción”, la medida legislativa que el exgobernador Patrocinio González Garrido impulsó y con la cual se dio un año más de vigencia a los poderes municipales.
Rodeado por simpatizantes, el dirigente perredista refiere que, desde “tiempo atrás”, se había exigido a Sofía Sesma Muñoz, presidenta municipal por segunda ocasión, la constitución de un concejo municipal, aunque éste estuviese formado por priístas y perredistas.
Recordó también que la alcaldesa, que había viajado a Tapachula, “armó a trabajadores y contrató a agentes” que, con escopetas y metralletas, vanamente intentaron defender el edificio municipal antes de que unos 500 campesinos con palos y machetes tomaran las instalaciones. “Se cortó cartucho, pero no hubo ningún disparo”, dijo.
Aquí, como en Tapachula y Huehuetán, los perredistas ganaron con amplitud en las elecciones federales del 21 de agosto de 1994; de hecho, la región del Soconusco es eminentemente perredista desde las elecciones federales de 1988.
PIDIO SU RENUNCIA
A lo lejos, desde la plaza que está frente a la alcaldía de Huehuetán, puede verse una gran manta que dice: “Amado Avendaño, gobernador de Chiapas”, además del logotipo del PRD y de una foto con el rostro de quien suele presentarse como “abogado de profesión y periodista de oficio”.
El ingreso a la presidencia municipal es fácil: nadie detiene a nadie y nadie pregunta nada a nadie.
En su interior, el miércoles 11, había una docena de perredistas reposando, acostados sobre el suelo. Uno de ellos llamó a Francisco García Reyes, dirigente del Partido de la Revolución Democrática, quien manifestó a Proceso que el movimiento que sostienen reclama la destitución de Gilberto Aguilar Tavernier, presidente de un concejo municipal, y del gobernador Eduardo Robledo Rincón.
García Reyes refirió que la toma, pacífica, ocurrió el jueves 5 de enero por un grupo de unas 80 personas. Desde entonces, dijo, la vida en Huehuetán –con unos 10,000 habitantes– transcurre en completa calma.
El dirigente perredista informó que Aguilar Tavernier, inclusive, había viajado a Tuxtla Gutiérrez, sede de los poderes estatales, “a pedir su renuncia”.
Francisco García Reyes afirmó que en Huehuetán “han pasado años y años” sin que la autoridad procure la atención y la respuesta a las demandas sociales.
Informó también que Filiberto Gamboa, comisionado por el Congreso del estado, les ofreció la constitución de un nuevo concejo municipal plural “con la participación de las fuerzas priístas y perredistas”.
“Con Eraclio Zepeda –advirtió– no queremos hablar porque depende de un gobierno ilegítimo.”
Desde el 8 de diciembre de 1994, cuando tomó posesión Robledo Rincón como gobernador del estado, han sido tomadas por lo menos once alcaldías: Amatenango del Valle, Siltepec, Chiapa de Corzo, Huehuetán, Tuzantán, Cacahoatán, Mazapa de Madero, Bella Vista y Chicomuselo; el Ejército Zapatista se apoderó de Simojovel y de San Andrés Larráinzar.
En Chicomuselo y Tuzantán, las ocupaciones derivaron en desalojos violentos, que causaron la muerte a siete personas, varios heridos y decenas de desaparecidos.
El viernes 13, en un hecho insólito, los habitantes de Amatenango del Valle –localizado a unos 30 kilómetros de San Cristóbal de las Casas– participaron en un plebiscito para ratificar o no a Andrés Gómez López, presidente del concejo municipal al que Amado Avendaño, el jueves 5, dio posesión.
En presencia de diputados locales priístas y perredistas –y de Antonio Hernández, diputado federal por el PRD–, los ciudadanos ratificaron a Gómez López como presidente del concejo municipal.
Sin que se sufragara en urnas, los habitantes fueron formados de acuerdo con su filiación partidista. Fueron contabilizados 892 para el PRI, y 1,095 para el PRD.
Por la tarde, el Consejo del Gobierno de Transición recomendó a todas las organizaciones de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco “suspender temporalmente las tomas de presidencias municipales”; mantener los concejos municipales instaurados, y demandar la liberación inmediata e incondicional de los secuestrados y detenidos por grupos paramilitares en Chicomuselo y Frontera Comalapa.
–¿Qué significa para usted que quienes han tomado las presidencias municipales manifiesten su apoyo al gobierno “de transición en rebeldía” –se preguntó a Amado Avendaño.
–Pues para mí, que hay un apoyo abierto y público; y para Robledo, pues que se le sigue diciendo, sin que lo quiera leer así, que se vaya…
