SAN ANTONIO, TEXAS.- El juez John W. Primomo, de la corte federal de esta ciudad, exclamó: “Esto es absolutamente increíble, esto se alargó ya demasiado”, y, evidentemente molesto, dispuso un receso y conminó a los abogados de ambas partes a “que determinen cuál es en verdad la información que necesita ser presentada”.
Era el 29 de noviembre de 1994, día en que se efectuó la sexta sesión de la audiencia para determinar si se le concedía o no libertad bajo fianza al abogado Enrique Fuentes León, ante cargos de autoridades de Estados Unidos y de México –que reclamaban su extradición–. El juez Primomo se sentía abrumado ante las revelaciones comprometedoras sobre personajes de ambos países que surgían a cada momento.
La audiencia se inició el 4 de noviembre y concluyó el 2 de diciembre. Durante ese lapso se realizaron nueve sesiones, en las cuales, e inclusive en la resolución del juez –que negó la libertad bajo fianza a Fuentes León, el 16 de diciembre–, se habló de lavado de dinero, de tráfico de influencias en los dos países, de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, del presidente Carlos Salinas de Gortari… y hasta de infidelidades conyugales, en una trama a ratos policiaca, a ratos de telenovela.
El repertorio de personajes incluyó a Manuel Muñoz Rocha, Humberto Benítez Treviño, Carlos Hank González, Lloyd Bentsen y Hillary Clinton. Como testigos de la defensa y del fiscal comparecieron toda clase de personas, incluido un pastor evangelista y un negociante de oro; destacó el testimonio de Xavier Olea Peláez, enviado por el gobierno mexicano para declarar contra Fuentes León, pero al final él mismo fue puesto en entredicho.
Las sesiones de este caso produjeron un expediente abultadísimo –registrado bajo las claves SA94-CR377 y SA94-516M–, que incluye miles de páginas y decenas de audiocasets y videos. A partir de este expediente, conseguido por Proceso en la corte federal, se reconstruyen los episodios sobresalientes del caso Fuentes León.
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En la primera sesión, el fiscal Glenn MacTaggart resumió los cargos contra Fuentes León: una acusación del gobierno de Estados Unidos, por intentar sobornar a un agente del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN); y una del gobierno mexicano, también por el delito de soborno, como prueba de la cual el fiscal ofreció un paquete de documentos remitidos por la Procuraduría General de la República (PGR). Estos documentos, señaló el fiscal, indican que se libró una orden de aprehensión contra Fuentes León por un juez de Distrito de la Ciudad de México, el 24 de enero de 1989, pues se le acusaba de sobornar a dos magistrados y un ministro para que dejaran en libertad a Alejandro Braun Díaz, presunto asesino de una niña en Acapulco.
Según el fiscal, esos documentos prueban que Fuentes León huyó a Chile en 1990, donde residió durante un tiempo; después estuvo en Argentina y, finalmente, se trasladó a Estados Unidos, donde ha vivido últimamente, “para evitar esa orden de arresto en México”.
MacTaggart dijo que, según Gary Rennick, funcionario del SIN, el 15 de julio de 1993 Fuentes León fue arrestado por violaciones migratorias, por el agente Marcelino Alaniz. Según el testimonio, Fuentes le ofreció trabajo a Alaniz si lo dejaba libre, pero éste rechazó la oferta e informó a su supervisor. En esa ocasión, al día siguiente quedó en libertad.
A finales de 1993, Rennick inició una investigación encubierta sobre Fuentes con un doble propósito: primero, determinar si estaba involucrado en lavado de dinero; segundo, intentar localizar y aprehender al fugitivo mexicano Alejandro Braun Díaz, de quien Fuentes era abogado en México.
Explicó que, entre abril y agosto de 1994, Alaniz actuó de manera encubierta, como si fuera un agente corrupto del SIN, y sostuvo numerosos encuentros y conversaciones telefónicas con Fuentes, de lo que había evidencia en videos y audiocasets.
El 16 de junio, aseguró MacTaggart, el acusado ofreció al agente “de 10,000 a 50,000 dólares” si ayudaba en sus gestiones migratorias a Augustine de Pablo, “un amigo español de Fuentes”. En esa fecha, Fuentes también ofreció a Alaniz un automóvil.
El 30 de junio, Alaniz presentó a Fuentes con un agente especial de la DEA, Rudolf A. González, quien a su vez simulaba ser primo y asesor financiero de Alaniz, así como traficante de cocaína. En varios encuentros con Fuentes, éste se comprometió a ayudarlo a lavar sus ingresos del narcotráfico.
Fuentes informó a González, según el fiscal, que “ha estado lavando una gran cantidad de dinero para un traficante de equipo electrónico a través de cuentas de su casa de bolsa en la Ciudad de México, y podría hacer lo mismo con las ganancias por el tráfico de cocaína del agente de la DEA”. Además, Fuentes, el 2 y el 19 de agosto, entregó a González 20,000 dólares. En la última fecha, González proporcionó a Fuentes una tarjeta de residente extranjero permanente a cambio de los sobornos en efectivo, que finalmente sumaron 30,000 dólares.
El abogado Roy Barrera Sr., a cargo de la defensa junto con Roy Barrera Jr., protestó contra estas acusaciones y demandó que se le entregaran copias de todas las grabaciones de las “supuestas conversaciones”, y de las transcripciones correspondientes. Barrera se quejó de que se trata de grabaciones defectuosas, presumiblemente mejoradas, en algunos casos con traducciones del español al inglés, por lo que exigió las cintas originales y las versiones “mejoradas”.
El fiscal dio a conocer después los cargos que presentó el gobierno mexicano para pedir la extradición de Fuentes. Contó que el matrimonio Mondain Segura residía en Acapulco, con su hija de seis años Merle Yuridia. El 21 de octubre de 1986 la vieron viva por última vez. Dos días después, recibieron una llamada telefónica demandando rescate por su hija. Pero, a los pocos días, fue encontrado el cadáver de la niña en un lote baldío.
De acuerdo con los documentos remitidos por la PGR, puntualizó el fiscal, una investigación revela que la niña había sido secuestrada y asesinada por Alejandro Braun Díaz y uno de sus sirvientes, José (Refugio) Cortés Juárez. Braun y Cortés fueron encontrados culpables de secuestro, abuso sexual y asesinato, y condenados a 30 años de prisión. Fuentes León, como su abogado defensor, supuestamente sobornó a dos magistrados de circuito y a un ministro de la Suprema Corte de Justicia para que dejarán libre a Braun.
Los dos magistrados –Gilberto Arredondo Vega y Eufemio Zamudio Alemán – fueron condenados por soborno y están cumpliendo sentencias de nueve años y medio de prisión. En tanto, el ministro Ernesto Díaz Infante y Braun siguen fugitivos.
Barrera Sr. rebatió las acusaciones del fiscal. Afirmó que Fuentes León fue en México un abogado de “buena reputación” durante muchos años, en los que manejó casos importantes, pero que sus “opiniones francas” lo enemistaron con las autoridades, en particular en el caso de Braun Díaz, en el cual Fuentes presentó evidencia “legal y factual” al tribunal colegiado, dos de cuyos magistrados acordaron revertir el fallo inicial de culpabilidad y liberar al acusado.
Entonces, acusó Barrera, “los periódicos, en México, que están sujetos a los dictados del gobierno prevaleciente, levantaron un vocerío indignado”, que llevó finalmente a la búsqueda de culpables. Aseguró que los magistrados fueron presionados para que se declararan culpables, y que incluso la esposa de uno de ellos fue amenazada en un avión con ser lanzada si su marido no se autoinculpaba. Posteriormente, ambos magistrados se retractaron y argumentaron que habían rendido su declaración inicial para proteger su integridad física y la de su familia.
Bajo esas circunstancias, continuó Barrera, Fuentes León se fue de México, “no para evadir la justicia, sino para evadir la injusticia que estuvieron a punto de cometer con él”.
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Llamado por la defensa como su primer testigo, compareció el abogado Jack Pytel. Relató que, “a fines de marzo o principios de abril de 1991”, Enrique Fuentes Ladrón de Guevara, hijo de Fuentes León, le pidió que manejara sus asuntos en Estados Unidos. Así, el 22 de abril de ese año, recibió a Fuentes León en el aeropuerto de Houston y luego lo condujo a San Antonio. Establecido su cliente en esta ciudad, Pytel entabló comunicación con varios miembros del Congreso para que se concediera “una especie de asilo” a Fuentes o se revisara su extradición; habló también con el entonces embajador de México en Estados Unidos, Gustavo Petricioli.
A pregunta de Barrera Jr., Pytel puntualizó que el 22 de julio de 1991 escribió al senador texano Lloyd Bentsen –quien luego ocupó el cargo de secretario del Tesoro, hasta diciembre pasado–, para pedirle que intercediera por Fuentes León; además, se entrevistó con personal de la oficina de Bentsen en Washington. Al congresista Solomón Ortiz le solicitó que escribiera al Presidente de México.
En uno de los viajes a Washington, contó Pytel, Fuentes León vio a Petricioli; “se dieron un apretón de manos, un abrazo y platicaron de cosas que no me enteré”… pero después el embajador firmó la solicitud de extradición, “ignorando por completo los esfuerzos hechos por el senador Lloyd Bentsen, el congresista Ortiz, Catalina Villalpando –del Departamento del Tesoro–, por todas estas gentes que pedían una revisión”. Petricioli, dijo el testigo, se había comprometido con él, y con miembros del Congreso, a revisar todo el asunto.
Pytel viajó también a la Ciudad de México en varias ocasiones, una de ellas a fines de 1992. Se enteró entonces de que “había dos casas de Fuentes en la Ciudad de México. El se estaba cambiando de una residencia que estaba totalmente ocupada con muebles… a otra. Creo que la residencia a la que él se estaba cambiando era la residencia de Hank González”. Según el testigo –quien no aclaró la fecha de dicho traslado–, Fuentes “no tuvo oportunidad de cambiar sus pertenencias a su nueva residencia. Fui a la casa. Las puertas estaban rotas, los candelabros, todo estaba como si alguien hubiera saqueado la casa”.
Interrogado por el fiscal, Pytel señaló que Fuentes León se entrevistó en dos ocasiones con Solomón Ortiz, pero dijo no saber si su cliente había hecho “donativos políticos” al congresista; igual, afirmó desconocer si esta clase de donativos fueron proporcionados a Bentsen.
A pesar de todo ese cabildeo, resumió el fiscal MacTaggart, en junio de 1993 el SIN negó a Fuentes el asilo político, pues “no hay evidencia de que su gobierno esté preocupado por algo más que el hecho de que usted fue acusado de un delito. El único interés que su gobierno tiene es extraditarlo a México y procesarlo por los cargos presentados”.
Pytel declaró que Fuentes León le contó algunos detalles sobre sus problemas políticos en México. Por ejemplo, sostuvo, “el gobernador de Guerrero era un excuñado del Presidente. Bueno, Salinas de Gortari. El estaba intentando adquirir, o arrebatarle su yate a Braun Díaz, o la concesión del mismo, a cambio de no perseguir a su hijo. Pero ese acuerdo se vino abajo.
“Consecuentemente, Braun Díaz fue acusado y condenado. Enrique Fuentes León llegó al caso para manejar la apelación. Logró revertir la condena. El gobernador y Fuentes León entraron en disputa. Hay llamados a la autoridad. Hay acusaciones que van y vienen en los periódicos.
“El gobernador de Guerrero es un amigo cercano del exgobernador de Jalisco, Alvarez del Castillo, quien era procurador general del Presidente. Se quejó con el procurador Alvarez del Castillo. La investigación empieza, y, a causa de que él –Fuentes– enfrenta a estas fuerzas políticas, se acelera la investigación, se acelera el arresto, se acelera todo.”
Además, dijo Pytel, “tenga en cuenta que Alvarez del Castillo no puede venir a este país, porque nuestro gobierno sospecha de él ya que era gobernador de Jalisco cuando ocurrió el asesinato de Camarena. Y hay algunos nexos entre él y los narcotraficantes Quintero…”.
El fiscal le preguntó si “ese gobernador de Guerrero” era José Francisco Ruiz Massieu, a lo que Pytel respondió afirmativamente.
Dijo que Fuentes maneja sus cuentas en el Frost Bank y el International Bank of Commerce (IBC). Presionado por el fiscal, tuvo que reconocer que la historia empresarial de Fuentes en esta ciudad es extraordinariamente exitosa, pues tras declarar en 1991 utilidades de “1.5 a 2 millones de dólares”, tres años después dijo tener propiedades por 30 millones de dólares.
Compareció enseguida Rosa Linda González, llamada por la defensa. Dijo ser primera vicepresidenta del IBC, que llevaba laborando en este banco 16 años, ocho de ellos en la oficina matriz, ubicada en Laredo, Texas. Afirmó que ha tratado a Fuentes los últimos diez años, siete de ellos en la oficina de Laredo, que maneja su cuenta, que “al día de hoy tiene un saldo de aproximadamente 307,000 dólares”.
Llamado también por la defensa, atestiguó Jesse Monroy. Señaló que es ciudadano estadunidense de origen mexicano, residente en California, con una cadena de 47 restaurantes y dedicado al negocio del oro desde hace quince años. Contó que conoció a Fuentes en 1978, en una fiesta en la Ciudad de México, y que desde entonces se habían hecho amigos “muy cercanos”.
MacTaggart, al interrogar a Monroy, logró que reconociera que en una ocasión llamó por teléfono al agente Alaniz para que intercediera por Fuentes, cuando fue arrestado por el SIN, en julio de 1993.
–¿Recuerda que le ofreció su coche o una limousina al agente del SIN si él venía a California?
–No recuerdo eso, señor.
–¿Recuerda haberle dicho que usted ha estado en la Casa Blanca?
–Sí, he estado muchas veces.
–¿Recuerda haberle dicho que usted había sido comisionado por la señora Clinton al Partido Demócrata en California?
–No. Fui comisionado a los “Hispanos por Democracia y Justicia”.
–¿Y la esposa del Presidente tuvo algo que ver con eso?
–No lo creo.
–Bueno, el agente indicó que usted, claramente, se refirió a la esposa del Presidente, al Partido Demócrata de California y a la Casa Blanca en esa conversación. ¿Por qué lo hizo?
–Porque la hemos invitado, usted sabe, a venir, sí.
Después atestiguó Kevin Ryan, pastor de la iglesia evangelista St. Mark en San Antonio, y habló sobre la buena conducta de Fuentes León como “prominente” miembro de su iglesia.
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El 28 de noviembre, por la tarde, el fiscal llamó como testigo a Xavier Olea Peláez. Se identificó como penalista, en ejercicio en México desde 1978. (Entre sus defendidos, por cierto, se cuenta Juan Rafael Moro Avila, presunto asesino material de Manuel Buendía.) Manifestó haber sido subprocurador de Justicia en Guerrero, de fines de 1991 al 1º de abril de 1993. Sobre Fuentes, señaló que lo conoce desde hace unos 24 años y que su reputación en México, como ciudadano y abogado, “es realmente mala”.
–¿Cuándo fue la última vez que usted vio a Enrique Fuentes León –le preguntó MacTaggart.
–Antes de ahora, el 2 de noviembre de 1991.
–¿Dónde?
–En el hotel Sheraton Plaza, aquí en San Antonio.
–¿Estaba con alguien en ese momento?
–No en el momento en que llegó, pero después, sí.
–¿Con quién estaba?
–Con un comandante llamado González Calderoni.
–¿Dónde está ahora González Calderoni?
–Al parecer, está en prisión en McAllen, Texas.
–¿Sabe usted si fue un supuesto narcotraficante?
–Presumiblemente, sí.
Olea Peláez dijo que Fuentes León fue acusado del asesinato de una muchacha de 17 años, en mayo de 1970, y que en su contra se libró orden de aprehensión. Recordó que en ese crimen estuvo involucrado Rodolfo López González, quien era defendido por el despacho de Ignacio Moreno Tagle, con quien Olea trabajaba como asistente. Dijo también estar enterado del caso Braun Díaz; aseguró que el comandante de la Policía Judicial que lo detuvo, Víctor Parra, le contó que Fuentes León le propuso a través de un hermano de Braun que testificara que había torturado a éste, y que si lo hacía le daría una gratificación, “20 ó 30 millones”.
En su turno, al día siguiente, el abogado Barrera Sr. acorraló a Olea Peláez. De entrada, lo obligó a hablar de su vida personal; luego cuestionó su conocimiento de la legislación mexicana sobre el soborno y le preguntó también detalles procesales del caso Braun Díaz. Olea tuvo que admitir que intervino en ese caso como abogado de la familia Mondain Segura “a petición de un amigo”.
–¿Y ese amigo quién era?
–Su cliente lo sabe.
–¿Lo sabe usted?
–¿Yo lo sé?
–Le estoy haciendo la pregunta.
–José Francisco Ruiz Massieu.
Aseguró después que el entonces gobernador de Guerrero no lo había forzado para que aceptara la encomienda, que lo hizo voluntaria y gratuitamente porque eran amigos desde hacía muchos años. Sin embargo, Barrera Sr. le recordó que, tiempo después, acusó en un desplegado a su “amigo” el gobernador de “saludar con sombrero ajeno” e insinuó que lo demandaría si no le pagaba honorarios…
Olea reconoció que asistía como testigo a petición del entonces procurador general de la República, Humberto Benítez Treviño, cuya oficina le pagó boletos y viáticos. Cuando el fiscal lo hizo hablar de su vida privada, contó que estaba separado de su esposa, Alejandra Trueheart, quien se trasladó a San Antonio, con sus dos hijos, sin su consentimiento; que judicial y consularmente reclamó que le devolvieran a sus hijos, lo que finalmente consiguió con la ayuda del cónsul mexicano en esta ciudad, Humberto Hernández Haddad, quien es su amigo desde tiempos universitarios.
Además, Olea Peláez –hijo de Xavier Olea Muñoz, exgobernador interino de Guerrero– admitió que uno de los abogados que contrató en esta ciudad para recuperar a sus hijos es Raúl Guerra. Barrera le preguntó si “es el mismo Raúl Guerra que fue enviado a la penitenciaría por traficar con armas de fuego con miembros de la mafia mexicana”, a lo que Olea contestó que “yo no supe nada de eso”.
Barrera quiso saber las causas precisas por las que Olea juzgó, en su testimonio, que Fuentes León es “amoral”, a lo que contestó que se había dedicado a “intimidar y corromper jueces”.
El juez Primomo, alarmado, comentó que la audiencia se había alargado demasiado, exhortó a las partes a “reevaluar la información” y dio por concluida esa sesión del 29 de noviembre.
Al otro día, Barrera volvió a la carga: cuestionó la falta de autoridad moral de Olea Peláez para opinar sobre la conducta de Fuentes León, y dijo que existía una grabación en la que Olea reconocía que en México ha comprado jueces y sobornado a todo mundo, “las mismas cosas de las que él acusó a nuestro cliente”.
La mención de ese caset alborotó la sala. Olea Peláez se revolvió en su asiento. El fiscal MacTaggart intentó impedir que Barrera lo presentara como evidencia. El juez formuló algunas preguntas sobre la conveniencia de que se divulgara la cinta… y finalmente lo autorizó. Barrera aclaró que la cinta contenía una conversación entre Olea Peláez y su exesposa; puso a funcionar la grabadora, y corrió la cinta (Proceso dispone tanto de la transcripción como de una grabación copiada del caset original):
–Nada más te quiero decir una cosa… con todo el amor del mundo, te voy a decir: pierdes el amparo, y no vuelves a ver a tus hijos ni vuelves a hablar con ellos.
–¿Y cómo sabes, Xavier? ¿Tienes comprados a todos, o qué?
–¿Mande?
–¿Tienes comprados a todos?
–Tengo… tú sabes que yo he comprado lo que yo he querido.
–¿Al juez?
–Los jueces… y todo lo que tú quieras.
–Para empezar, a Héctor Martínez Sánchez, a ese lo tienes comprado. ¿A quién más has comprado, Xavier? ¿Tienes tanto dinero?
–A quien quieras, compro…
–¿Al procurador también?
–A todos. A Jorge Carpizo, con tus…
–¿Con mis qué?
–Con tus cartas a Derechos Humanos y…
–¿Ya las leíste, o qué?
–Ya, ya tengo todo. Y te lo dije… Con el Presidente, qué. El Presidente se murió de la risa, quiere que Tony le haga los discursos. Los discursos quiere que Tony se los haga, escribe muy bien.
–O sea que no hay justicia en México, porque toda la tienes comprada.
–En ningún lado hay justicia, Alexis. Tú podrás tener la razón, pero no te defendiste.
–¿Y también has comprado a Memo Handam?
–No, para nada. Se puso contra mí en lugar de arreglar las cosas. Ahora está tratando de desenredar las cosas porque le conviene.
–¿Por qué le conviene?
–Bueno, le conviene porque está en el foro…
En ese momento, la intérprete, que traducía del español al inglés, no entendió bien algunas palabras; se regresó la cinta varias veces y se perdieron varias frases. La transcripción se reanuda con la voz de Xavier:
–… Por culpa de tu abogado, Coello Trejo, por lo que dijo tu madre y porque es Fuentes León quien te está comiendo viva. Todos están quemados. Escogiste a los peores, Alexis. Te lo dije hace quince días.
–Entonces tú sabes todo lo que estoy haciendo, Xavier.
–Todo.
–¿Ya sabes que fui a ver al procurador Diego Vela… Diego Valadés?
–Ya lo sé. Y me habló él.
–¿Te habló él? ¿Para qué?
–Para decirme que lo habías ido a ver.
–¿Y qué te dijo?
–Que estabas jodida.
–¿Sí?
–Y que no se iba a meter. Le habló primero a Pepe, al gobernador.
–¿Pepe…?
–Pepe Ruiz Massieu.
–¿Para qué le habló a él?
–¿Cómo que para qué? Para decirle el problema.
–¿Entonces tu apoyo es Pepe Ruiz Massieu?
–Pues… puede ser mi apoyo. Mi apoyo es la ley… en la mano. Y tu mal… y puedes hablar, y le has estado hablando a David Jiménez y todo. No los va a recibir David Jiménez, no le manejen por ahí.
–¿Entonces por dónde, si tienes a todos comprados?
–¿Quieres manejar este problema a nivel nacional? El Presidente no va a jalar contigo, Alexis.
–¿Y contigo sí?
–Conmigo sí.
–¿Y por qué, qué te debe a ti?
–Nada. Simplemente no comento mis problemas personales con él.
–¿Y por qué lo fuiste a ver entonces en un problema personal?
–Porque me mandó llamar. Te lo dije.
–¿El te mandó llamar?
–El señor Presidente me mandó llamar.
–Y qué… ¿Ruiz Massieu te consiguió la cita o qué?
–Te lo dije, yo no tengo nada… Me mandó llamar. No me consiguió Ruiz Massieu la cita. Me mandó llamar, que es diferente.
–¿Y mi carta la leíste también?
–Todas… La de La Jornada… La de Carpizo, también.
–¿Y ese te está apoyando también, Xavier?
–No. No me está apoyando. Simplemente es un problema personal, jurídico…
–Ilegal.
–… de derechos humanos.
–Ilegal, porque compraste al juez.
–¿Ilegal, Alexis? No te defendiste, mi amor. Perdóname, no te defendiste.
–Bueno, ¿eso qué tiene que ver con los niños?
–Todo. No te defendiste.
–Los únicos que están saliendo perjudicados son los niños.
–Las víctimas son los niños.
–Bueno, no puedes ser padre y abogado al mismo tiempo. Tienes que decidirte.
–Ahora, te quieres ir al amparo. Te voy a decir una cosa: la apelación la vas a perder.
–¿Compraste a los magistrados también?
–Compré a los magistrados y les di cien millones de pesos.
–Pero si tú no tienes ese dinero, Xavier. ¿De dónde lo estás sacando? ¿De dónde lo sacas si tú no tienes tanto dinero? Ah, ya sé… de tu papá.
–Trabajé. Trabajo… y lo saco. Y todavía sacaste 650 dólares de una cuenta, Alexis.
–Y todavía… te gastaste 300 millones, porque son tres magistrados.
–No, me he gastado mil millones de pesos.
–¿Qué, todavía tienes los teléfonos intervenidos?
–No, para nada. Me gastaba yo, y te lo digo, 20 millones de pesos mensuales en… la intervención de teléfonos.
–Eso es un delito, Xavier.
–Compruébenmelo.
–¿Quién te está apoyando tanto? ¿Carrillo Olea?
–¿Carrillo Olea? Carrillo Olea no sabe nada.
–¿Y entonces cómo…? La única forma en que puedes lograr intervenir los teléfonos es a través de Gobernación.
–No, pagándolos Alexis.
–¿Comprando aparatos o qué?
–No… comprando… aparatos… aquí tenía yo… Y tus hijos saben qué aparatos había.
–Pues eso es un delito, Xavier.
–Que me denuncie… Marcela.
–Por eso sabes qué es lo que hago, porque sigues teniendo los teléfonos intervenidos.
–Te lo juro por mis hijos que no tengo un solo teléfono intervenido.
–¿Y por qué ya no los tienes?
–Porque ya no tengo dinero. Así de fácil.
–¿Entonces cómo compraste a los magistrados?
–Si me gasté mil, me voy a gastar otros mil.
–¿A quién más puedes comprar? Ya no te queda nadie por comprar. ¿A Morales Lechuga?
–A Morales Lechuga, a todos, con todas las gentes que has ido. Sí… con Ponce, con todos, con mis enemigos has ido. Con Fuentes León has ido. Te has acostado con Fuentes León. Y este… vale madre. Me vale madre, Alexis.
–Pues sigue comprando tu justicia.
–Aquí… ¿Y en Estados Unidos sabes cuánto me costó, tu justicia gringa?
–¿Cuánto?
–Veinte mil dólares.
–¿Eso te cobró…?
–Para el Partido Demócrata. Y se los puedes decir.
–¿Eso depositaste a Fred York, o qué?
–No.
–¿Al sheriff Copeland?
–Al sheriff de… a nadie. Yo se lo deposité y se lo di, no personalmente, a un juez. Igual que aquí.
–¿A Richard Teniente, el juez ese? ¿Veinte mil dólares?
–El que quieras tú.
–¿Y a ese le diste veinte mil dólares, y aparte a tu abogado Fred York, a Raúl Guerra, y aparte a quién más?
–Yo pagué mis honorarios. Lo que tú no has pagado.
–Pues si no tengo dinero, con qué…
El fiscal recuperó a su testigo e intentó componer las cosas. Olea dijo que en esa conversación con su exesposa se encontraba “deprimido” por lo del divorcio, que ella le formuló preguntas “que ella misma se contestaba”… pero confirmó la relación de Alexis con Fuentes León –”creo que ellos han tenido relaciones sexuales aquí en San Antonio”–, y reveló además que el abogado defensor de Fuentes en el crimen en que se le involucró en 1970 fue Ricardo Franco Guzmán, “que sería después un alto funcionario” de la PGR.
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La audiencia tuvo otras dos sesiones, el 1 y el 2 de diciembre, donde desfilaron sobre todo testigos del fiscal. Destacaron los testimonios de los agentes del SIN Juan Martínez y Rodríguez Reyes, quienes acabaron de enredar el caso al declarar que el día en que fue arrestado finalmente Fuentes León, 19 de octubre, lo acompañaba un hombre que después fue identificado como Manuel Muñoz Rocha, presunto autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu. La defensa trató de desmentir esta versión: presentó dos testigos que juraron que “no había otro hombre” con Fuentes cuando fue arrestado, pero el fiscal desacreditó estos testimonios por provenir de partes interesadas.
Cuando todo indicaba que se realizaría un juicio de extradición y que prosperarían los cargos del gobierno de Estados Unidos contra Fuentes, en particular después de que el juez resolvió no concederle la libertad bajo fianza, se anunció que se había llegado a un acuerdo, mediante el cual Fuentes León aceptaba regresar a México para ser juzgado. Los detalles de este convenio no han sido revelados.
