Con base en el análisis de las más recientes reformas en la normatividad de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que echaron por tierra cualquier posibilidad de sindicalismo independiente, dos especialistas en derecho laboral llegan a la conclusión de que en el Distrito Federal no hay una política progresista en la materia. Es más: consideran que ahí los conflictos se resuelven siempre en favor de los patrones. En otras palabras, las conquistas laborales quedaron sepultadas en el corazón de la República.
La afirmación es categórica: en la capital de la República no existe una política jurídico laboral progresista que vele por los intereses de los trabajadores. Aquí, 90% de los contratos colectivos de trabajo –más de cien mil– registrados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) son de protección; es decir que son pactados en secreto por los líderes sindicales y los empresarios.
El colmo, afirman los laboralistas Arturo Alcalde Justiniani y Alfonso Bouzas Ortiz, es que un gobierno presuntamente de izquierda –el del PRD– haya aprobado un conjunto de criterios que hacen imposible el ejercicio del derecho de asociación y de contratación colectiva. “Se condena a los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de México a vivir sometidos a los sindicatos que decida el patrón”, manifiestan en entrevista con Proceso.
El decreto antisindical –llamado “boletín de criterios” y aprobado por la JLCA el pasado 25 de octubre– generó un gran malestar entre las organizaciones sindicales democráticas, ya que impone requisitos que no podrán cumplir los trabajadores que deseen tener un sindicato real o un contrato colectivo verdadero. Se trata de 330 nuevos requisitos, pero “en realidad son más de 300 obstáculos que impiden los derechos colectivos en nuestra ciudad”, añaden los entrevistados.
Varios laboralistas señalan que los autores intelectuales de dicho decreto son Tomás Natividad, de la Coparmex, y Guadalupe Guerrero, secretaria general de asuntos colectivos de la JLCA y quien –según el personal de esa dependencia consultado y que pidió el anonimato– es la “mandamás” de la Junta desde hace muchos años, sin importar quién aparezca como presidente de la misma. En esta ocasión es Ramón Montaño Cuadra.
Diversas organizaciones sindicales democráticas, entre ellas el Sindicato de Telefonistas, la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Auténtico del Trabajo, los sindicatos de la Universidad Iberoamericana, del Montepío, de la Red de Transporte Público y otros interpusieron amparos ante diversos jueces de distrito denunciando el decreto de la JLCA por violar la Constitución y convenios internacionales, pero sobre todo porque deja a los trabajadores de la Ciudad de México en estado de indefensión.
De las centrales obreras oficiales la única que se sumó a la protesta fue la Confederación Regional Obrera Mexicana. El resto de las centrales, entre ellas la CROC y la CTM, han guardado silencio pues, afirman los entrevistados, sus líderes viven de los contratos de protección patronal que les asignan los abogados empresariales. Uno de los líderes sindicales entrevistados manifestó: “Para qué protestamos si a nosotros no nos ponen los trabajadores; con quien debemos estar bien es con los empresarios”.
Este problema hizo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) emitiera un punto de acuerdo para echar abajo los cambios a 330 modificaciones a las reglas de la junta y realizara el jueves 8 el foro “Los alcances del decreto antisindical de la JLCA-DF” que, denuncian abogados y especialistas, afectan a la democracia y a la libertad sindicales. Día a día crecen las condenas, entre otras razones porque se ha demostrado que el decreto reproduce las mismas propuestas del PAN en su proyecto de ley laboral para impedir el sindicalismo libre y autónomo.
Durante la celebración del foro académicos, laboralistas y sindicalistas coincidieron en que se trata del golpe más duro que se ha dado a la democracia y a la libertad sindical en los últimos tiempos y que, de consolidarse, servirá de ejemplo a otros estados.
Acordaron un plan de movilizaciones que incluirá denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Organización Internacional del Trabajo.
El abogado Manuel Fuentes denunció en el foro que el decreto antisindical de la JLCA viola la Constitución porque no cumplió con el trámite legislativo que debe hacerse antes de cualquier cambio a una norma jurídica, sino que fue una simple consigna interna que se dio en una sesión del pleno que duró sólo 13 minutos, a pesar de que el documento tiene más de cuarenta páginas a reglón seguido; en él –dijo Fuentes– están los 330 obstáculos al derecho de asociación y de contratación colectiva.
También planteó que es violatorio a los principios más elementales contenidos en la ley, en los convenios de derechos humanos y particularmente, al Convenio 87 sobre libertad sindical de la OIT.
Arturo Alcalde Justiniani detalló cómo estos obstáculos cierran las dos únicas vías con las que cuentan los trabajadores para acceder a un sindicato auténtico: el emplazamiento a huelga por firma de contrato y la posibilidad de quitar al sindicato impuesto por el patrón a través del juicio de titularidad contractual.
“El conjunto de normas aprobadas por el pleno de la Junta ahoga estas dos posibilidades al exigirle a los trabajadores el cumplimiento de requisitos imposibles de atender, como condición previa para admitir cualquier demanda”, apuntó.
Entre los nuevos requisitos se exige que se informe previamente los nombres y categorías de los trabajadores inconformes que buscan un contrato colectivo auténtico o un cambio de sindicato, acreditar la firma de cada uno y dejar constancia escrita de su autorización expresa para tal fin. Además deberán exhibir documentos cuya existencia depende de la empresa, como recibos de nómina firmados, credenciales con fotografía y sello y constancia de alta en el régimen de seguridad social.
Son requisitos absurdos, agrega Alcalde, “porque se convierten en una lista negra que permite al patrón despedir a los inconformes, razón por la cual ningún trabajador se va a animar a esta aventura que le exige la Junta como condición previa a que su demanda sea admitida”.
También subrayó que en el Distrito Federal, sobre todo en la pequeña y mediana empresas, la mayoría de los trabajadores tienen una relación laboral informal. Precisamente por eso buscan organizarse en sindicatos reales.
“Es absurdo que se les pidan documentos de los que carecen. Con ello se acredita que la verdadera intención del decreto es blindar los contratos colectivos de protección patronal para convertir a la Ciudad de México en el cementerio definitivo de los derechos colectivos de los trabajadores, como no existe en ninguna parte del mundo.
“Si las autoridades logran su objetivo, no quedaría más alternativa a los trabajadores que la lucha clandestina en sus centros de trabajo. Nada más contrario a una plataforma progresista defensora de la libertad y la democracia en el mundo del trabajo; sería dejar sin esperanza a los trabajadores de la construcción, de la limpieza, de los servicios y a quienes viven indefensos en los centros comerciales y en los edificios escondidos de la ciudad.”
Los “ganones”
Alfonso Bouzas Ortiz –recientemente premiado por la UNAM como investigador en el área social– elaboró el informe Evaluación de la contratación colectiva, mecanismo de estabilidad institucional de las relaciones laborales, conflictividad individual en el trabajo y la forma institucional de resolverla en el Distrito Federal, donde concluyó que no hay una política laboral que realmente proteja a los trabajadores en la capital del país y que la JLCA fue irresponsable al aprobar los nuevos criterios.
“La secretaria de Conflictos fue la que estuvo manipulando a los gobiernos perredistas y si continúa y nos descuidamos, va a ser la próxima presidenta de la JLCA”, expresa.
El estudio de Bouzas –elaborado con información de la JLCA (obtenida en su página de internet), de la Secretaría del Trabajo, del IMSS y del INEGI– establece que en ninguna de las juntas de conciliación del país, incluyendo la del DF, hay un criterio de agrupación de los sindicatos y de la firma de los contratos.
“Precisamente en la contratación colectiva local es donde se presenta con mayor frecuencia la simulación contractual, los contratos colectivos de protección patronal, los liderazgos sindicales desvinculados totalmente de los trabajadores, la firma de contratos colectivos de machote, las liquidaciones de trabajadores contra su voluntad y sin respetar el monto que por ley debiera pagarse, convirtiéndose así los tribunales del trabajo en escenarios artísticos en los que presenciamos desde farsas hasta tragedias, con un personaje principal y reiteradamente victimado: el trabajador como actor individual y como actor colectivo y actor secundario, no por ello menos dañado, el empleador”, apunta.
“La información aportada por la JLCA en su página de internet va de septiembre de 2001 a 2010, pero los datos ya publicados cambiaron en 2009 a partir de la renovación de la dirigencia de la junta. Todo el trabajo que se había alcanzado de 2001 a 2008 se ve truncado, obliga a recomponer las bases y genera incertidumbre sobre lo posible de alcanzar”, indica.
Al analizar cada año por separado, Bouzas encontró que un solo sindicato maneja una variedad de contratos, pues algunos firman o revisan más de cien por año; otros sólo uno.
En conclusión, los sindicatos fueron autorizados por el gobierno para disputarse entre ellos la titularidad de la contratación colectiva “para despedazarse y hacer todo lo posible para imponerse frente a sus adversarios en la conquista de la titularidad contractual; la contradicción trabajo-capital fue cambiada de lugar y ahora se da entre representaciones sindicales. Es posible incluso pensar que las propias organizaciones sindicales no surgieron con la pretensión por parte de los trabajadores del radio de acción que tienen establecido y que el juego del poder se los estableció.
“En el Distrito Federal los sindicatos son agencias de contratación más que representantes de los intereses de los trabajadores y éstos se encuentran a significativa distancia de las que debieran ser sus organizaciones y expresión del ejercicio de su derecho de asociación para la defensa de sus intereses. Por lo tanto dejan de jugar el importante papel que pueden llegar a jugar en las relaciones trabajo-capital al sobreponerse los intereses de las direcciones sindicales a los intereses de los trabajadores”, destaca el informe.
DF en construcción
En años recientes ha aumentado considerablemente el número de obras de infraestructura contratadas por el gobierno del DF y la cantidad de permisos para edificación de vivienda entregados por las autoridades delegacionales se han multiplicado. Precisamente el de la construcción es el sector donde se presentan las peores condiciones de trabajo, señala Bouzas en su trabajo.
Hay “evidencias de esclavitud y priva una absoluta simulación de la contratación colectiva. Es un sector en el que, respecto a contratos por obra determinada, al inicio de los trabajos se compra ‘la placa de una organización sindical’ lo que implica firmar el contrato colectivo y se coloca en la obra sin importar el número de trabajadores y menos sus nombres, con la pretensión de que no emplace otra organización sindical por la firma de contrato colectivo”, acusa.
Otro sector en el que las direcciones sindicales se comportan como mafias –al decir del especialista– es el de los trabajadores al servicio de bares, restaurantes, hoteles, moteles, giros artísticos, cabarets y semejantes. Alrededor de 20 organizaciones sindicales detentan todos los contratos colectivos de este sector.
Bouzas, quien durante 10 años ha investigado la contratación colectiva en el Distrito Federal, llega a la conclusión de que las principales empresas comerciales –“por todos conocidas”– no realizan revisiones o éstas siguen siendo “secreto de estado al grado de que son omitidas de la información que se publica y por ello pensamos que tienen contratos firmados años atrás y sin movimiento”.
“De la lectura de los nombres de las empresas que celebraron contratos colectivos de trabajo en las anualidades 2009 y 2010 apreciamos importante presencia de empresas terciarizadoras, outsourcing y de servicios secundarios.
“El total de trabajadores que alcanzaron empleo por la firma de nuevo contrato colectivo asciende a 18 mil para 2009, año en que contrataron colectivamente según datos de la junta 68 mil trabajadores y para 2010, 11 mil, dando un total de 58 mil trabajadores.
“Por cuanto a presencia de los sindicatos apreciamos en los cuadros de sindicatos nacionales con mayor representación de trabajadores en 2009 que 60 representaciones sindicales establecieron las condiciones de trabajo para 34 mil trabajadores y para 2010, 60 representaciones sindicales establecieron las condiciones de trabajo para 35 mil trabajadores”, indica el documento.
“En los mismos términos la jurisdicción local expresa una evidente concentración de la representación en tanto que 17 sindicatos concentran 622 de los contratos colectivos celebrados en esa anualidad y para 2010 son 13 las organizaciones sindicales que concentran a la mayoría de contratos colectivos con un número de 543 contratos”.
