Cuando la fundación neoyorquina City Mayors lo denominó “alcalde del año” en mayo último por su gestión en pro del medio ambiente, Marcelo Ebrard tenía una deuda de mil 500 millones de pesos con propietarios de viveros de diversas entidades. Y la sigue teniendo pues se niega a pagar lo que debe a los campesinos que han abastecido a la capital de plantas de ornato.
Aun cuando la City Mayors Fundation de Nueva York lo denominó en mayo pasado “Alcalde del año” por ser “activo promotor en asuntos de materia ambiental”, Marcelo Ebrard acumula una deuda por 98 millones de pesos a los productores del campo que le permitieron reverdecer la Ciudad de México y colocarla como “la número uno entre 834 ciudades del mundo”, según lo reconoció él mismo al recibir el premio.
Ebrard comenzó a endeudarse con 350 viveristas del Estado de México, Morelos, Michoacán y Tabasco que desde 2007 han abastecido a su administración de plantas de ornato para playas artificiales, pistas de hielo, parques, avenidas y actos públicos. Hoy, sus acreedores están en la bancarrota.
Los principales afectados son los floricultores, a quienes el gobierno capitalino les debía hasta mayo pasado mil 500 millones de pesos, según el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México, Juan de Dios Barba, citado el 14 de mayo por Reforma.
Ahora, son varios los terrenos de cultivo abandonados, así como los viveros sin abonar. En el caso de la empresa Jardinería González, sus instalaciones lucen descuidadas, con plantas muertas en medio de terrenos áridos a causa de los acuerdos no cumplidos por Ebrard con esa compañía, fundada hace 20 años y registrada en el padrón de proveedores del gobierno capitalino.
El 13 de octubre de 2011, los campesinos de esa firma interpusieron una demanda ante el Juzgado 61 de lo Civil para exigir el pago de 98 millones 108 mil 772 pesos que les adeuda la administración capitalina.
“El jefe de gobierno Marcelo Ebrard sabe lo que estamos pasando; nos hemos reunido cuatro veces, unas en sus oficinas de la calle Cuernavaca (en la colonia Condesa). La última fue en mayo, en una exposición de jardinería en el Centro Banamex. Esa vez el licenciado Ebrard llegó a mi stand y me dijo que se pondría en contacto conmigo para pagarnos. Fue muy amable; hasta me dio mi beso y dijo que estaba muy apenado”, comenta Amelia González Vargas, cabeza visible de la empresa.
Originaria del municipio de Nicolás Romero, González Vargas cuenta que la tragedia de los viveristas se remonta a marzo de 2007, cuando fueron presentados con el secretario general de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila, quien los canalizó con funcionarios de la Secretaría de Obras y Servicios (SOS), en ese entonces encabezada por Jorge Arganiz.
“Ellos (el gobierno del Distrito Federal) tenían un problema porque nadie les quería fiar y necesitaban decorar avenida Reforma, del Caballito hasta la Fuente de Petróleos, para lo de Miss Universo”, promovido en mayo de ese año por la entonces titular de Turismo local, Alejandra Barrales, quien hoy aspira a suceder a Ebrard, relata González Vargas.
Era la primera vez que los productores organizados con González Vargas entraban en tratos con una entidad federativa. En sus 20 años de existencia Jardinería González había suministrado insumos a constructoras de unidades habitacionales como Grupo Demet, Came y Profusa; de autopistas como Grupo México y recientemente con la española OHL, y renovado espacios de entretenimiento como el Hipódromo de las Américas.
“El licenciado Ávila nos mandó con José Luis Teherán, quien era titular de la Dirección General de Servicios Urbanos (DGSU). Con él firmamos varios contratos con el gobierno capitalino; luego hicimos tratos con José Luis Pérez Castañeda, que era director de Limpia e Imagen Urbana (DLIU), y aunque tarde pero nos pagaban; nosotros no nos quejábamos en principio, confiábamos en ellos, y convencíamos a nuestra gente a que aguantara que lo tomara como inversión”, dice.
En octubre de 2007, esa empresa se encargó de la decorar avenida Reforma para un evento de automóviles de Fórmula Uno. Para noviembre del año siguiente, González Vargas firmó el contrato 042 por adjudicación directa para colocar miles de plantas y flores en “diferentes puntos de la red vial principal” de la ciudad.
El monto del contrato: 25 millones 982 mil 550 pesos, según la copia del documento obtenido por Proceso. El escrito está firmado por el subdirector de Recursos Materiales de la SOS, José Luis Teherán Intriago, designado por el gobierno capitalino para esas actividades desde el 5 de diciembre de 2006; por Rubén González Herrera, y por el responsable de la Unidad Departamental de Adquisiciones, Percy Cancino Balcázar.
Funcionario oficioso
Julio López González, productor de Jardinería González, asegura que los funcionarios del Distrito Federal no tenían hora ni lugar preciso para la entrega de los suministros. Recuerda también que una noche tuvieron que acudir con 200 mil plantas para rehabilitar el parque Río de Janeiro en la colonia Roma.
“Nos enteramos que ese día la escritora Guadalupe Loaeza se quejó por el descuido en el que encontraba el parque. Teherán los llamó de inmediato para que lleváramos las plantas. La entrega fue firmada por personal del DGSU; fueron ellos los que las sembraron”, dice.
El 20 de noviembre de 2008 Guadalupe Loaeza publicó en Reforma una “Carta Abierta” dirigida al entonces delegado en Cuauhtémoc, José Luis Muñoz Soria, en la que mencionaba el estado de abandono del parque Río de Janeiro. Cinco días después Loaeza publicó otro artículo, titulado “¡¡¡Gracias!!!”, en agradecimiento a Teherán.
Pese a que el pago del primer contrato no fue cubierto, los campesinos de Jardinería González aceptaron seguir surtiendo plantas y flores al gobierno capitalino. Julio López González, productor de la empresa, dice a Proceso que los funcionarios capitalinos se comprometieron a pagar y solicitaron más encargos.
La deuda siguió aumentando, dice, y exhibe 121 vales que el gobierno capitalino le dio como comprobante y que ascienden a 72 millones 126 mil pesos.
En cuanto al primer contrato, los funcionarios aseguraron que en cuanto la Secretaría de Finanzas liberara los recursos presupuestados pagarían la duda. Incluso se organizaron mesas de trabajo para revisar cada comprobante de entrega de materiales, así como el monto acumulado hasta octubre de 2009, ya con Fernando Aboitiz como titular de la SOS, acota el viverista Reyes Roa, negociador de la deuda.
“Él nos dijo que tenía instrucciones de Marcelo Ebrard de saldar la cuenta pendiente; pero nos pidió que le echáramos la mano con la temporada de muertos. Incluso nos encargó flores de cempasúchil, además de malvones rojos y verdes para el Bicentenario”, expone Roa.
Tras el cotejo de documentos, el 14 de octubre de 2009 funcionarios de las direcciones General de Servicios Urbanos y de Limpia e Imagen Urbana, de la SOS, firmaron un acta administrativa de reconocimiento de trabajos y prestación de servicios para el gobierno del Distrito Federal por conducto de la Dirección General de Servicios Urbanos, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios.
En ella admitieron su deuda de más de 72 millones de pesos, así como su incapacidad para saldarla a causa, decían, de los recortes presupuestales. El documento lo firmaron José Pérez Castañeda, Raúl Rocha Velásquez, subdirector de Limpieza Urbana y Mantenimiento de Áreas Verdes, Raymundo Galicia Mendoza, y los jefes de departamento Raymundo Galicia y Martín López.
Los funcionarios arguyeron también que “la obra pública, adquisición de insumos y contratación de servicios no pueden suspenderse, ya que son necesarios para la prestación de los servicios urbanos elementales”; por ello, añadieron, “se estimó viable la contratación de los trabajos consistentes en la adquisición de (plantas) ornamentales, asignándosele a la C. González Vargas Amelia”.
Asimismo, asentaron que la dependencia había solicitado los trabajos de emergencia para cumplir con el Programa General de Desarrollo 2007-2012, en cuyo eje 6 se destaca que el combate a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) representa “la oportunidad para posicionar internacionalmente a la Ciudad de México como un factor de peso en el cumplimiento de las metas del milenio”.
Un acuerdo no cumplido
El 18 de febrero de 2010, meses después de la firma del acuerdo en el que el gobierno capitalino admitió su deuda, los campesinos viveristas entregaron la factura a nombre del Gobierno del Distrito Federal/SOS/DGSU.
Para el 20 de mayo siguiente, el encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración de la misma secretaría, José Cruz Rosales, dirigió un escrito a Amelia González en el que, aun cuando reconoce el adeudo de más de 72 millones de pesos, advierte que “actualmente no se cuenta con disponibilidad presupuestal”.
Sin embargo, en la contestación a la demanda presentada por los viveristas ante el Juzgado 61 de lo Civil, el gobierno capitalino considera aquélla como “infundada e improcedente”. La respuesta, firmada por el director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica, León Javier Martínez Sánchez, refiere que no procede el pago del contrato 042 porque de una revisión realizada por la Contraloría General del Distrito Federal en 2009 “se detectaron irregularidades por un monto de 24 millones 465 mil 591 pesos”.
La base de esa afirmación, según el gobierno capitalino, es el cotejo del contrato con la visita a los sitios donde se colocarían las plantas, a raíz de la cual se detectó que las especies señaladas no corresponden a lo contratado por el gobierno capitalino; es decir, la empresa demandante “no cumplió con las especificaciones”.
En cuanto a los más de 72 millones de deuda acumulada y reconocida en octubre de 2009 por Pérez Castañeda y otros funcionarios, el gobierno capitalino dice que el documento “no fue suscrito por personas que contaran con facultades para suscribirlo, por lo que carece de valor probatorio para demostrar el pretendido adeudo por parte del Distrito Federal”, y al no existir contrato tampoco hay obligación de pago.
En la respuesta a la demanda con número de expediente 1279/2011, el representante de la administración capitalina cita una investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que dio por concluida la denuncia de las personas representadas por Amelia González.
Según el documento, no existen “elementos suficientes para acreditar la violación a derechos humanos”, conclusión que el gobierno capitalino interpreta como suficiente para que el juez 61 absuelva a aquél “de las prestaciones reclamadas”.
A su vez, el Amelia González entregó al juzgado un documento el viernes 2 en el que notifica que los cambios de especies correspondientes al contrato 042 están sustentados en 12 oficios que forman parte del expediente, al tiempo que cuestiona que después de tres años de exigir el pago del adeudo “es hasta ahora que resulta que no era lo que se había contratado y que como no le gustó (al gobierno capitalino), no lo paga”.
El martes 6, en la primera audiencia conciliatoria, al Tribunal Superior de Justicia llegaron decenas de campesinos en espera de que el gobierno capitalino reconociera su falta y se comprometiera a pagar. Sin embargo, la Consejería Jurídica sólo cumplió con el requisito administrativo de enviar a un representante para firmar el acta, pero sin capacidad de negociación.
Los acreedores se inconformaron y realizaron un plantón en el Zócalo capitalino. Al día siguiente acudieron a una cita con el secretario Fernando Aboitiz, quien, según Reyes Roa, los trató de manera “grosera y déspota”.
Al final, Aboitiz le dijo a los viveristas que como habían decidido recurrir a una demanda judicial para recuperar su dinero, se les iba a pagar “hasta que lo diga el juez”.
Amalia González dice que tuvo que vender su parque vehicular, estimado en 7.5 millones de pesos, para mantener a flote su negocio en todo este tiempo.
“Yo sólo soy la representante. Detrás de mi hay 350 productores, que pueden ser miles de personas si consideramos que cada productor representa por lo menos a una familia de cinco a 10 miembros; hay gente que ya se enfermó de diabetes, gente que se fue de mojada a Estados Unidos o que ya no tiene ni qué vender para comer”.
