MATIAS ROMERO, OAX.- La militarización del Istmo de Tehuantepec y el traslado de tropas del ejército mexicano a Chiapas para cercar a los zapatistas sólo reflejan que no existe congruencia entre el discurso presidencial y los hechos.
Esta militarización “pareciera indicar que estamos en guerra, pues si no lo estamos, no tiene razón de ser”, consideró el líder de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres.
Y agregó: “nos parece incorrecto que la Secretaría de la Defensa Nacional esté sitiando Chiapas, cuando el presidente Ernesto Zedillo habla de que está haciendo esfuerzos para dar una salida política al conflicto armado”.
Aunque las autoridades militares continúan negando el traslado masivo de fuerzas militares a Chiapas –”sólo se trata de relevos”–, Guillermo López Avila, empleado de carros de la terminal de Ferrocarriles Nacionales en Arriaga, confirmó que tan sólo entre los días 24 y 25 de diciembre arribaron a la estación tres corridas de trenes especiales con tropa y material de guerra.
El sábado 24, a las 10:30 horas, pasó un tren especial rumbo a Tapachula y dejó, en Arriaga, cinco furgones con material de guerra a cargo del teniente coronel Adrián Huerta Córdova, del Primer Batallón de Material de Guerra, mientras que una unidad con personal militar quedó al mando del coronel Heliodoro Villarreal Reyes, del sexagesimoprimer Batallón de Infantería.
Otros dos coches con fuerzas castrenses y un furgón con implementos militares, así como diez plataformas con vehículos del ejército mexicano, quedaron a cargo del coronel Bardomiano del Angel Casado, del cuadragésimo Regimiento Blindado de Reconocimiento.
Respecto de los otros dos trenes especiales, dijo que “no los tenía registrados porque éstos se pasaron durante la noche y madrugada del 25 de diciembre, y eso nos metió en una bronca, porque a nivel central se me exige ese reporte.
“Lo único que sé es que en la estación amanecieron 25 plataformas vacías que llevaron a Arriaga vehículos militares que se desplazaron por tierra hacia otros puntos estratégicos de la entidad chiapaneca”, agregó el informante.
El dirigente de la Ucizoni asentó que, también por tierra, se movilizaron elementos del Ejército Mexicano de la vigesimonovena Zona Militar de Minatitlán, Veracruz, y en Matías Romero, precisamente en el kilómetro 200 de la carretera transístmica, establecieron un retén durante los días 23 y 24 de diciembre.
Mariano Santana, miembro de la dirección política de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), fue más contundente: el ejército mexicano, dijo, inició operativos en la zona zapoteca alta, particularmente en Comitancillo, Río San Juan, San Antonio y San Miguel Chimalapa, situación que no negó el coronel José Luis Ortega Altamirano, del Sexto Regimiento de Artillería en Matías Romero, quien sólo se limitó a contestar que se trata del Plan Canador, que ha sido aplicado durante 1994.
La presencia y el tránsito especial de militares en Oaxaca se detectaron el 8 de diciembre, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dio por terminada la tregua por la toma de posesión de Eduardo Robledo Rincón de la gubernatura de Chiapas, y cuando los zapatistas realizaron una ofensiva pacífica con la cual declararon autónomos 38 municipios.
La versión de que se realizará por toda la zona del Istmo de Tehuantepec un operativo de despistolización, la presencia del ejército mexicano y los retenes de las policías judiciales federal y estatal y de caminos han creado en esta región un clima de zozobra y tensión, por los antecedentes que existen de violación de las garantías individuales.
Carlos Beas Torres enjuició a la Coordinación de Seguridad Nacional por considerar al Istmo “como un cordón sanitario entre el conflicto de Chiapas y el resto del país, y en este sentido entendemos el porqué de la militarización de la zona”.
Aclaró que en el Istmo se impuso una barrera para impedir el paso de “agentes contaminantes, de alborotadores o de subversión que pongan en riesgo la estabilidad y la paz social del país”.
Recordó que, debido a esta situación, varias organizaciones sociales, como la Ucizoni, COCEI y UCIRI, han sido golpeadas, intimidadas y acosadas por los cuerpos de seguridad con el pretexto de que “buscan gente armada”.
El martes 27, el coronel del vigesimosegundo Batallón de Infantería con base en Ixtepec, Daniel Velasco, alertó a las autoridades de Tapanatepec y Chahuites sobre la presencia de un grupo armado que se decía zapatista en un predio que mantiene ocupado la COCEI desde junio de 1993.
Aunque esta versión fue negada por habitantes del predio Las Lindas, situado a unos 25 kilómetros de los límites con Chiapas, el jefe de la partida de la Policía Preventiva en Tapanatepec, Saturnino Marcial Martínez, aceptó que “no pueden entrar en ese lugar porque la gente es muy agresiva”.
El secretario municipal de Tapanatepec, Freddy Estrada López, aceptó que en el predio Las Lindas –donde el 25 de abril pasado hubo un enfrentamiento que dejó tres muertos, según consta en la averiguación previa 100/994– existe un autogobierno, porque los 200 coceístas que habitan las 642 hectáreas se encuentran parapetados e impiden la entrada de personas ajenas y de la autoridad misma.
Durante el recorrido que se realizó entre los municipios limítrofes entre Oaxaca y Chiapas se logró establecer que existen patrullajes constantes, tanto de militares como de policías federales y estatales.
Tan sólo en Tapanatepec, el número de elementos de la Judicial del estado se incrementó de cuatro a 30, más 12 de la policía preventiva, 12 de la Federal de Caminos y alrededor de 20 de la Judicial Federal, que además mantiene retenes de vigilancia en Palomares y La Ventosa. Sin embargo, las autoridades responsables de las corporaciones niegan estas disposiciones.
Aparte de tal preocupación, existe la inquietud por la posibilidad de que familiares de mixes, zapotecos y mixtecos sean enviados a Chiapas –como sucedió a principio de año cuando murieron en el campo de batalla entre tres y ocho oaxaqueños de San Juan Guichicovi, recordó Beas Torres–, porque muchos jóvenes indígenas se han dado de alta en el ejército por la falta de empleo, la crisis en el campo y la escasez de oportunidades.
Así, alrededor de 2,000 militares que se hallan en Matías Romero y Ciudad Ixtepec permanecen a la espera de una orden para realizar operativos de desarme o para trasladarse a Chiapas.
Por otra parte, indígenas de la Mixteca Alta y de la Sierra Sur denunciaron la militarización de esas regiones con el pretexto de “buscar grupos armados”, aunque en realidad ellos sostienen que se trata de una campaña de intimidación, porque “han sitiado pueblos e ignoran a las autoridades municipales”.
El dirigente de las Organizaciones Indígenas por los Derechos Humanos en Oaxaca, José Luis Cortés, manifestó su preocupación por el establecimiento de una partida militar en la agencia municipal La Cieneguilla, perteneciente a San Juan Quiahije, donde los militares desarmaron a los policías municipales.
Cortés informó que el 26 de diciembre llegó a establecerse una partida de 100 elementos del ejército mexicano a la región chatina, y además confirmó la incursión de tropas en comunidades mixtecas y zapotecas, como Amoltepec, Teojomulco y Tlacotepec.
“Esta situación se la comentamos al secretario general de Gobierno, José Antonio Estefan Garfias, y él se limitó a contestar que lo iba a ver”, dijo.
Los campesinos chatinos Santiago Cruz Salvador y Juan Baltazar señalaron que su pueblo está “sitiado” por los militares porque “ellos deciden, ignoran a nuestras autoridades municipales, quitaron las armas a los topiles (policías municipales) y atemorizan a la gente”.
José Rentería Pérez, representante de Jóvenes Cristianos por la Democracia, consideró que la presencia militar es intimidatoria para la población porque en sus operativos realizados en Teojomulco, Tlacotepec, Amoltepec, Río Ciruelo, Barranca Honda, Quiahije y Cerro del Aire los cuestionan por ser “de la oposición”.
Asimismo, preguntan por la identidad de sus líderes, indagan quién concientiza a la gente, qué actividades tienen las catequistas y el sacerdote de la región, mencionan nombres de personas y los hostigan para que les informen sobre sus ocupaciones.
Mientras eso acontece en la Sierra Sur, en la Mixteca también el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo denunció el aumento de tropas militares en esa región.
La militarización en las comunidades triquis, amuzgas, nahuas, tacuates y mixtecas es innecesaria, sostuvo el diputado federal Andrés Bolaños Bolaños y descartó que entre los indígenas de esta región existan grupos armados.
Como muestra de la militarización en la zona se construyó, en una superficie de 40 hectáreas del municipio de Juxtlahuaca, una unidad habitacional militar y un fuerte para que se establezca el nonagesimoquinto Batallón de Infantería, de reciente creación.
Según el representante de Constructora Jara, Hugo Martínez, la edificación del cuartel tuvo un costo de 24 millones de nuevos pesos y después de tres meses de trabajos, el inmueble fue entregado durante la presente semana.
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