Apenas se animó el presidente Ernesto Zedillo a romper con el esquema económico de Salinas –quien se obsesionó en no tocar la paridad peso-dólar y en sacrificar el crecimiento económico para mantener baja la inflación–, desató la tormenta:
Al anuncio, la madrugada del martes 20, de que se ampliaba en 53 centavos el límite superior de la “banda de fluctuación” del tipo de cambio –que significó una tácita devaluación de 15%–, sobrevinieron un desquiciamiento total de los mercados financieros, el encono generalizado, la incertidumbre de inversionistas y un severo ataque especulativo contra el peso.
Y fue tal éste último, que el gobierno tuvo que reconocer públicamente que esa medida –de fuerte impacto psicológico, toda vez que desde diciembre de 1987 no se devaluaba tan abruptamente la moneda, y en los distintos pactos se decidía un deslizamiento de la paridad o se acordaba su fijación– había resultado tibia, y la especulación, antes que ceder, hizo que las reservas internacionales del Banco de México continuaran en su vertiginosa caída: de más de 24,000 millones de dólares a principios del año, se hallaban la semana pasada en menos de la mitad.
En consecuencia, el gobierno decidió tomar distancia definitiva de la política cambiaria de la administración anterior: a la medianoche el miércoles 21 anunció –bajo la eufemística fórmula de “los sectores firmantes del Pacto acordaron”– que el tipo de cambio lo determinaría libremente el juego de la oferta y la demanda de divisas; la devaluación, pues, como no se veía desde los tiempos de Miguel de la Madrid.
El efecto fue demoledor: si el lunes el dólar costaba 3.40 nuevos pesos, el jueves se compraba, en algunos puntos, hasta en más de seis nuevos pesos. Una devaluación de casi 80%.
Y lo que vino: turbulencia financiera, desplome de valores mexicanos en los mercados bursátiles neoyorquinos, ira de empresarios endeudados en dólares, nerviosismo en la Bolsa Mexicana de Valores, compras de pánico, reetiquetación en supermercados, ocultamiento de bienes importados; enojo de trabajadores, que verán anulado un incremento salarial que aún no empieza su vigencia; zozobra en la población; incertidumbre.
Lo peor para el gobierno de Ernesto Zedillo: descrédito, desconfianza de los agentes económicos nacionales, desconcierto de los internacionales, acusaciones de que es un gobierno “débil”, que no garantiza un futuro de certidumbre.
En el corto plazo: aumento de tasas de interés, más presiones inflacionarias, estancamiento productivo, encarecimiento de la deuda; en suma, un programa económico que nació muerto, una economía que se va a pique, y promesas de campaña y de inicio de gobierno –”el bienestar creciente de cada persona y de su familia” como fin último de la política económica– que quedan, por el momento, en el olvido.
Todo ello, cuando aún Ernesto Zedillo no cumple un mes al frente del gobierno.
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Todavía no llegaba el presidente Zedillo de su primera gira de trabajo por los estados –viajó a Magdalena de Kino y a Hermosillo, Sonora–, cuando fue informado, la noche del lunes 19, por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Jaime Serra Puche, que la especulación contra el peso y la salida de capitales estaban en su apogeo, por la irresuelta situación del conflicto en Chiapas: en un solo día se fugaron 1,000 millones de dólares. Las reservas se estaban agotando.
De inmediato acordaron convocar a una reunión urgente del Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de la Presidencia de la República y de la Secretaría del Trabajo se encargaron de llamar a los representantes de los sectores firmantes. Los localizaron en sus casas, en la carretera por medio del celular, en sus lugares de descanso. Donde estuvieran.
Todos acudieron sorprendidos. No tenían idea de qué se trataba. La reunión se prolongó hasta pasadas las cuatro de la mañana del martes 20. Horas más tarde, desde las siete de la mañana, Serra Puche –por gestiones de Carlos Salomón Cámara, director de Comunicación Social de la Presidencia– era entrevistado por noticieros radiofónicos. Informó de la ampliación, de 53 centavos, en el “techo” de la banda de fluctuación del tipo de cambio. Nunca mencionó el término devaluación.
Justificaba la medida como necesaria para enfrentar la especulación contra el peso generada en factores extraeconómicos. El documento de los firmantes del Pacto acusaba directamente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como el causante de los problemas. “Los llamados a la violencia y las amenazas a la paz social han ido creando un clima de incertidumbre que obstaculiza el desenvolvimiento económico de México”, decía.
Precisaba que a algunos factores desfavorables en la economía –aumento en las tasas de interés, presiones en el mercado cambiario y restringidas perspectivas de inversión, empleo y bienestar de la población– se sumaba “una enfática amenaza de inminente violencia, formulada por el Ejército Zapatista”. Por lo cual “las partes firmantes conminan al EZLN a aceptar expresamente y sin demora el diálogo como única vía democrática y pacífica para una solución justa, digna y duradera al conflicto de Chiapas”.
Una contradicción apareció flagrante: mientras las autoridades económicas culpaban al EZLN, las políticas –la Secretaría de Gobernación, principalmente– negaban categóricamente que los rebeldes chiapanecos hubieran tomado –como ellos aseguraban– 38 municipios de aquella entidad o que hubiesen roto el cerco militar.
Horas más tarde empezaban los estragos en la economía.
El tipo de cambio subió al techo de la banda. Al mediodía, el peso ya se había depreciado 15%. El pánico y la incertidumbre empezaron a cundir. La falta de información oportuna y clara de la autoridad propició un nerviosismo generalizado. Colas en las casas de cambio. Todo mundo quería comprar dólares; hasta amas de casa con la bolsa del mandado. Los mercados registraban: si se movió la banda una vez, puede moverse otra. La bolsa se comportó irregular: subió abruptamente y bajó; el índice llegó a ganar casi 8%, pero terminó la jornada en poco menos de 2%. En los bancos, el desconcierto: unos no vendían dólares, otros sí, y al precio más alto. Lo mismo en el aeropuerto: los viajeros adquirieron sus dólares 15% más caros. Entre empresarios, la irritación: sus deudas en dólares aumentan en la proporción que se deprecie el peso; lo mismo sus insumos importados.
Fuera del país, reacciones virulentas de inversionistas y corredurías: aquéllos hicieron que se desplomaran 9% en promedio las acciones de empresas mexicanas que cotizan en Nueva York; éstas acusaron: el nuevo gobierno pierde credibilidad, pues dice una cosa y hace otra. Se referían a que apenas la semana anterior Serra Puche había afirmado contundentemente, al Financial Times y a The Wall Street Journal, que no se movería la paridad, que se defendería al peso con un incremento en las tasas de interés y que, de plano, estaba descartada cualquier devaluación. El mismo presidente Zedillo, en el documento de “Criterios generales de política económica para 1995”, entregado a la Cámara de Diputados el 9 de diciembre, señalaba que “la política cambiaria mantendrá la banda de flotación establecida”. Afirmaban que Zedillo se ve débil; no resuelve el conflicto en Chiapas, está a la defensiva. Más: que, por todo ello, México ya no es garantía, que el “grado de inversión” se aleja. Así acusaron, el mismo martes, entre otros, Salomon Brothers, Nomura Securities, Smith Barney, corredurías de prestigio internacional.
En el país, los dueños de los bancos también despotricaron. Oficialmente –la Asociación de Banqueros de México es firmante del Pacto– se mostraban forzadamente optimistas. José Madariaga Lomelín, el dirigente de los banqueros, aceptó que un cambio en la paridad cambiaria “nunca es buena noticia: no satisface al hombre de negocios; al de la calle molesta porque no la entiende y la percibe equivocadamente”. Pero la medida puede resultar exitosa “si la comunicamos bien”, agregó.
En privado, empero, los banqueros expresaban su desacuerdo. Así lo hacían en comunicados internos, que inclusive filtraban –sin firma ni membrete– a los medios informativos. Algunos hablaban y pedían, “por favor”, que no se mencionara el nombre del banco. En uno de esos comunicados mostraban sorpresa ante la decisión “un tanto intempestiva” de la Secretaría de Hacienda de aumentar en casi 15% el límite superior de la banda de flotación del tipo de cambio.
Criticaban: “la decisión de las autoridades sugiere, en primera instancia, que no se vislumbra, al menos en el corto plazo, una solución de la crisis política en Chiapas y que, de mantenerse el anterior techo cambiario, persistirían las presiones sobre el tipo de cambio y las reservas internacionales”.
Y lamentaban: uno de los efectos inmediatos de la medida es que el sector privado financiero y no financiero que haya incurrido en fuertes colocaciones de deuda en dólares registrará fuertes pérdidas cambiarias que incidirán negativamente en sus márgenes.
Consideraban que el ajuste acordado tuvo un origen fundamentalmente político (la situación en Chiapas y sus repercusiones sobre las expectativas de los inversionistas) y, por tanto, también mandaban señales respecto al manejo de la situación política nacional:
“En este sentido, es evidente que, ante dos opciones, línea dura y línea blanda, el gobierno ha optado al momento por la segunda. Sin juzgar las bondades de cada una, la estrategia elegida lleva implícita una cuestión de gran trascendencia: ¿hasta qué punto está dispuesto el gobierno a aceptar que la inestabilidad política afecte al modelo económico?
“Evidentemente –señalaban– el ajuste de la banda manda una señal negativa a este respecto”. La modificación de la banda da al gobierno “tiempo extra” para buscar una solución negociada al problema. Pero, concluían, aunque el ajuste “otorga un alivio temporal a la presión que prevalecía en los mercados financieros, de ningún modo resuelve el problema original” (esencialmente político).
Y, finalmente, sugerían que a ese respecto “se requieren señales contundentes de las intenciones del gobierno para que los mercados vuelvan a recobrar la calma, y eventualmente se pueda reiniciar el ingreso de capitales a la economía”.
El miércoles 21 fue el caos. La Bolsa de Valores vivió momentos de crack. Apenas se iniciaron las operaciones en el piso de remates, el indicador principal cayó vertiginosamente. Al mediodía llevaba una pérdida de casi 12%. Como en los días negros de octubre de 1987. Los inversionistas “institucionales” –entidades gubernamentales, como Nacional Financiera; fondos privados, grupos financieros– tuvieron que salir al rescate de la bolsa, que terminó la jornada con una pérdida de “sólo” 3.1%. El presidente mismo de la Bolsa Mexicana de Valores, Manuel Robleda, tuvo que bajar al piso de remates a tratar de calmar a los operadores. Luego habló con los reporteros. Explicaba que no se trataba de una crisis de confianza, que la baja que estaba experimentando el índice era un fenómeno irracional, propiciado sobre todo porque no se estaba analizando seriamente el efecto de la devaluación.
Entre empresarios, el descontento crecía. El gobierno había cambiado abruptamente la jugada. Muchos se vieron obligados a suspender importaciones, cancelar pedidos; otros no tuvieron más opción que pagar un precio más alto por sus compras externas. Afuera, seguía el desplome de los títulos mexicanos. Telmex, la estrella, se apagaba: acumulaba una pérdida de 10%.
Mientras, el presidente Zedillo justificaba, en Los Pinos, la decisión de ampliar la banda de flotación. No haberla modificado, explicó, “habría significado cancelar, en el corto y en el mediano plazos, las posibilidades de recuperación económica en nuestro país”.
Lo dijo durante la ceremonia en que entregó el Premio Nacional de Economía “Juan F. Noyola” 1994. Fue notoria, en el acto, la ausencia del secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, pues en el presidium le acompañaron todos los secretarios de Estado con formación académica de economistas. Y más aún porque se supo que Serra, con Luis Téllez, jefe de la Oficina de la Presidencia, estuvo desde horas antes con el presidente Zedillo, dando seguimiento al desarrollo de los mercados financieros, que se desquiciaban.
Al micrófono, Zedillo defendía el cambio en la política cambiaria y de paso dejaba entrever un distanciamiento incipiente con la ejercida el sexenio pasado: “la decisión de hacer más flexible la política cambiaria y mantener, al mismo tiempo, los compromisos esenciales del Pacto es muy importante y adecuada, ya que durante 1994 algunos desequilibrios de la economía que hasta un año antes se estimaron como sumamente manejables fueron tomando una proporción muy preocupante”.
Y expuso las razones por las cuales se llegó a la determinación anunciada por Serra Puche:
“Los cambios en las condiciones externas –señaladamente la escasez de capitales en los mercados internacionales, reflejada en un alza substancial de las tasas de interés–, así como la aparición de circunstancias internas hasta hace un año inexistentes, dieron una dimensión distinta a los desequilibrios acumulados, que no eran causa de preocupación seria hasta 1993.
“Ustedes saben –explicó, ante economistas reunidos en Los Pinos– que entre estos factores internos sobresalen la zozobra causada en la población por los brutales asesinatos de figuras destacadas de nuestra vida política y, asimismo, el conflicto en el estado de Chiapas.
“La tensión de las últimas semanas –agregó– alteró drásticamente la percepción prevaleciente en los mercados financieros, propiciando muy fuertes presiones sobre el mercado cambiario. Esto hizo indispensable actuar en ese ámbito. No haberlo hecho habría significado cancelar, en el corto y en el mediano plazos, las posibilidades de recuperación económica de nuestro país.”
La crítica era implícita: una medida similar debió haberse aplicado antes. Pero el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se empeñó en mantener inflexible la política cambiaria. Y aun antes de que terminara su gestión había ya muchos elementos insostenibles en la estrategia económica: el desequilibrio en cuenta corriente –un déficit de 30,000 millones de dólares– llegaba a niveles inusitados del producto interno bruto; ello, y una caída continua a lo largo del año en las reservas, el alza en las tasas en Estados Unidos, el cada vez menor interés de los fondos bursátiles estadunidenses por el papel mexicano y la aparición de otros mercados más atractivos en América Latina –Brasil y Argentina, sobre todo– para los inversionistas extranjeros, evidenciaba la fragilidad de la estrategia del sexenio pasado.
Salinas de Gortari optó por no mover las aguas, llegar en paz a las elecciones del 21 de agosto y terminar su gestión de manera triunfal. Pero la crisis estaba latente, y el paquete se le quedó a Ernesto Zedillo que, la noche del miércoles, no tuvo más que romper definitivamente con el esquema económico del salinismo, dejar la obsesión de un tipo de cambio inflexible como elemento antiinflacionario; modificar su discurso, desdecirse de promesas y sacrificar su credibilidad.
Así fue:
La noche del miércoles, en reunión de emergencia del Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento, los firmantes –Serra Puche a la cabeza– reconocieron la insuficiencia de la medida tomada la madrugada del martes, pues “no detuvo el proceso especulativo desatado en los mercados financieros.
“Por tal motivo –leyó el secretario de Hacienda, casi a la media noche–, las autoridades financieras han decidido que la oferta y demanda de divisas determinen libremente el tipo de cambio, hasta que el mercado cambiario muestre condiciones de estabilidad.”
La devaluación franca.
El factor Chiapas ya no aparece, en el discurso oficial, como el origen de la crisis. Ahora es la “nueva” realidad económica la que motiva la modificación en la política cambiaria.
Y en un intento de apaciguar las olas que se vendrían, los firmantes acordaron que en los 60 días próximos no habría alteraciones de precios en los bienes y servicios públicos y privados; que se respetaría lo convenido desde el martes en materia de salarios: un incremento de 7% al mínimo más una bonificación fiscal equivalente a 3% de los salarios mínimos vigentes este año.
Asimismo, anunciaron una serie de medidas con efectos de largo plazo –desregulatorias, de beneficio al sector privado– para apoyar la estrategia. Más tarde, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que giró “instrucciones a los organismos y (las) empresas del sector público para que mantengan sin alteración los precios y (las) tarifas que cobran por el suministro de sus bienes y servicios, en el marco del Pacto”.
Por último, dispusieron que, para defender el peso, se reactivarán los acuerdos de créditos recíprocos que se tienen celebrados con el Tesoro y la Reserva de Estados Unidos, por 6,000 millones de dólares estadunidenses, y con el Banco de Canadá, por 1,000 millones de dólares de ese país.
Pero el golpe estaba dado. La devaluación, como todas, resultó traumática. El peso, en tres días, ya estaba casi a la mitad de su valor respecto del dólar. La conmoción se extendió hasta los mercados de valores latinoamericanos, y otra vez se desplomaron los papeles mexicanos en Nueva York.
Los banqueros mexicanos se escudaron en el anonimato para sugerir recetas: “el desenvolvimiento inmediato futuro de este episodio desafortunado descansa en la percepción del público sobre la política `política’ adoptada en los días próximos. Si, como dijimos antes, los agentes económicos relevantes estiman que la actitud oficial sobre el conflicto de Chiapas es débil, lo más probable es que acentúen su presión sobre el mercado”.
En medio de la desazón, quedaron canceladas, por el momento, las expectativas creadas al anunciarse el programa económico para 1995: las tasas de interés subieron hasta 15 puntos porcentuales en un solo día, con lo cual en muchos rubros –tarjetas de crédito, sobre todo– el interés anual se situó en más de 60%; se desencadenaron presiones inflacionarias y se inhibe de entrada la actividad productiva. La oferta del crecimiento económico pronto, elevado y sostenido, para el “bienestar de las familias mexicanas”, quedó suspendida.
En medio de la turbulencia, la incertidumbre de la gente y el nerviosismo de los mercados, Serra Puche se estrenó internacionalmente como secretario de Hacienda. Acompañado de sus subsecretarios, tuvo que hacer el jueves un viaje relámpago a Nueva York para explicar a la comunidad financiera internacional –después del niño ahogado– las medidas económicas de la semana. Se reunió, según versiones de agencias noticiosas –la secretaría no informó del viaje–, con unos 70 representantes de instituciones financieras, a quienes trató de dar “un mensaje de confianza en medio de un ambiente incierto”.
Sus interlocutores le manifestaron su preocupación y extrañeza por el cambio inesperado de la política cambiaria y le hicieron “muchas preguntas duras”, según los despachos, sobre lo “confuso” de las señales y los discursos del presidente Zedillo y del propio secretario, quien anunció allá, en el extranjero, que el gasto público mexicano se reducirá entre 15,000 y 20,000 millones de dólares para 1995, lo cual equivale a entre 21% y 28% del presupuesto de egresos que el miércoles 21 aprobaron los diputados.
Mientras, en Los Pinos, el presidente de la República se reunía con su gabinete y con los gobernadores, en un intento más por encontrar soluciones al conflicto en Chiapas.
En resumen, por un lado, el presidente Zedillo no ha podido resolver pacíficamente el problema de Chiapas y, por el contrario, éste se agudizó; por otro, acabó en dos días con dos de los orgullos de su antecesor: bajar la inflación a un dígito y no devaluar el peso.
