WASHINGTON.- La confiscación de evidencia criminal, la negativa a proporcionar pruebas de asesinato y tortura, el silencio de funcionarios y la amenaza física fueron algunos de los obstáculos que encontraron los grupos internacionales de derechos humanos que investigaron violaciones de las garantías individuales durante los doce primeros días del conflicto armado en Chiapas.
Sin embargo, con base en su “persistencia en encontrar la verdad” y en nuevas técnicas científicas, las organizaciones Physicians for Human Rights (PHR, Médicos por los Derechos Humanos) y Human Rights Watch/Americas (HRWA) pudieron determinar, “sin lugar a equivocaciones”, que miembros del Ejército Mexicano y de la guerrilla zapatista, “probablemente” y en menor medida, cometieron crímenes de guerra contra la población civil en sus combates en la región de Los Altos de Chiapas.
El informe sobre la investigación de PHR y HRWA, titulado Esperando justicia en Chiapas, fue dado a conocer el miércoles 14. Documenta varios casos de violación de derechos humanos ocurridos en el conflicto, entre los que sobresalen la ejecución sumaria de cinco presuntos combatientes zapatistas en el mercado de Ocosingo, el 2 de enero, así como la tortura, desaparición y muerte de tres indígenas tzeltales, ocurridas cinco días después en el ejido Morelia, cercano a Altamirano.
En las conclusiones del informe –de cien páginas– se afirma que “existe suficiente evidencia” para responsabilizar y enjuiciar a miembros del Ejército Mexicano por la comisión de estos hechos, y se llama al presidente Ernesto Zedillo a identificar y presentar ante la justicia al personal militar involucrado. Asimismo, que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condujeron investigaciones “inadecuadas y, de manera intencional o no, burdamente negligentes”. La PGR, se añade, “ha mostrado mayor interés en proteger la reputación del Ejército Mexicano que en conducir investigaciones independientes y completas de los presuntos abusos militares en Chiapas”.
La investigación también encontró que miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desoyeron la postura de su comandancia, de ajustarse a las disposiciones de la Convención de Ginebra, al tomar rehenes y asesinar, de acuerdo con testimonios verbales y versiones oficiales, al oftalmólogo Francisco Talango, al maestro Ricardo Gómez López y al campesino Luciano Jiménez. No obstante, de acuerdo con el informe, el EZLN “no parece haber usado la fuerza sistemáticamente” contra civiles.
El corresponsal entrevistó telefónicamente a tres de los investigadores de los sucesos en Chiapas. Eric Stover, autor del informe; Clyde Snow, antropólogo forense, y Thomas Crane, quien estuvo seis meses al frente de los trabajos de campo, relataron sus experiencias en el desarrollo de la investigación y expresaron su deseo de que los culpables de las violaciones de los derechos humanos descritas antes, y otras más que documenta el informe, sean “castigados de acuerdo con la ley”.
Dicen que su informe “ahorra el trabajo a la PGR y a la CNDH”, porque contiene toda la información necesaria para consignar a los responsables. Lo único que necesitan ahora las autoridades –afirman– es pedir a la Secretaría de la Defensa Nacional que proporcione los nombres de los oficiales o jefes que tuvieron a su cargo las operaciones en Ocosingo y Morelia, deslindar responsabilidades y actuar judicialmente contra los culpables. “Ahora sólo hace falta un poco de voluntad política”, sostienen.
Thomas Crane, médico de Santa Rosa, California, se encontraba en México, aprovechando un año sabático, cuando estalló el alzamiento armado en Chiapas. Rápidamente se involucró en la observación del conflicto.
Tuvo su primera prueba en el caso del mercado de Ocosingo. Soldados de los batallones de infantería 17, 53 y 73 se enfrentaron ahí con unos 150 guerrilleros en la tarde del 2 de enero. Los primeros reporteros en entrar en Ocosingo, en la mañana del 4 de enero, encontraron cinco cuerpos de zapatistas acostados boca abajo, con señas de haber sido amarrados y con disparos en la cabeza. “Horas después –describe el informe–, imágenes de cinco de esos cuerpos, tendidos uno junto al otro, aparecieron en periódicos y pantallas de televisión alrededor del mundo.
“En los días siguientes del descubrimiento de los cuerpos, por lo menos tres dependencias del gobierno mexicano y las fuerzas armadas (la PGR, la CNDH y la Procuraduría de Justicia Militar) anunciaron que habían abierto investigaciones sobre las muertes en el mercado de Ocosingo. El 7 de enero, la PGR, bajo la dirección de Jorge Carpizo, difundió un boletín de prensa diciendo que había mandado 30 expertos forenses a Chiapas para investigar las muertes que resultaron del alzamiento…”. El 6 de enero, los expertos de la dependencia habían realizado supuestamente las autopsias a los cuerpos de Ocosingo y concluido, entre otras cosas, que las heridas de bala que presentaban los cadáveres, en cuatro casos, no eran de armas usadas por militares. En el quinto caso, el arma usada sí era de grueso calibre, pero, a juicio de los expertos de la PGR, era imposible determinar la responsabilidad del homicidio.
“Perplejo por las contradicciones del informe de la Procuraduría”, Crane pidió al antropólogo forense Clyde Snow que se desplazara a Chiapas para participar en una investigación independiente. Este llegó a Chiapas el 21 de enero, acompañado de la patóloga forense Margarita Arruza. Al día siguiente, los representantes de PHR se entrevistaron por primera vez con el presidente de la CNDH, Jorge Madrazo, en San Cristóbal de las Casas. “Durante la reunión –abunda el documento–, Madrazo expresó dudas sobre los hallazgos de la PGR en el caso Ocosingo y pidió a los dos científicos forenses norteamericanos que examinaran parte de la evidencia y aconsejaran a la CNDH”.
Madrazo y los científicos estadunidenses volvieron a encontrarse la noche siguiente. Cuatro científicos forenses de la CNDH les mostraron fotografías de prensa del lugar del crimen y sus propias fotografías de la autopsia practicada a los cinco cuerpos. “Pronto fue claro que los expertos de la PGR habían realizado autopsias a cuerpos equivocados o que nunca habían visto los cuerpos encontrados en el mercado de Ocosingo…”, explica el reporte. Viendo las fotografías, Snow y Arruza determinaron que las heridas fueron causadas por armas de nueve milímetros, disparadas probablemente por alguien parado cuando mucho a metro y medio detrás de las víctimas.
“Madrazo terminó la reunión agradeciendo a los científicos estadunidenses el haber confirmado la teoría de la CNDH: Había una alta probabilidad de que los cinco de Ocosingo hubieran sido ejecutados sumariamente, y que los miembros del Ejército no podían ser excluidos como los autores de esos crímenes. Madrazo dijo que informaría inmediatamente a la PGR de los hallazgos y que éstos se darían a conocer públicamente.”
A partir de esa fecha (23 de enero), relata Crane, “la CNDH comenzó a actuar de manera francamente extraña. Buscamos a Madrazo para enterarnos de su reunión en la PGR, pero no hubo respuesta. El 27 de enero dimos a conocer un comunicado pidiéndole que hiciera públicos los hallazgos de la CNDH”. Al día siguiente, la CNDH difundió un boletín diciendo que la Procuraduría de Justicia Militar había emprendido una investigación de los hechos, pero omitió la presencia de heridas producidas por balas de calibre nueve milímetros y señas de atadura en las muñecas de los cuerpos. Es más, el comunicado concluía que, si bien existía la “posibilidad” de una ejecución sumaria, los expertos forenses de la CNDH y de la PGR estaban de acuerdo con los resultados de las autopsias.
Crane volvió a encontrarse con Madrazo el 2 de febrero, para discutir el contenido del boletín. Crane cuestionó al funcionario acerca de la renuencia de la CNDH a admitir que los cinco hombres de Ocosingo habían sido ejecutados sumariamente. “Madrazo respondió que lo que realmente importaba es que la PGR ahora estaba de acuerdo en que los cinco habían sido ejecutados”.
Finalmente, el 7 de abril, las tres dependencias reconocieron que las cinco personas fueron víctimas de ejecución sumaria, pero exoneraron al Ejército.
“Madrazo no cumplió con su función de ombudsman”, denuncia Crane. “El tenía información que contradecía a la PGR y simplemente decidió no darla a conocer”. En ese sentido, concluye el médico californiano, Madrazo obstruyó la investigación y encubrió al Ejército.
Otra historia de justicia obstaculizada en Chiapas, a decir de Crane, se dio en el caso del ejido Morelia. En la mañana del 7 de enero, la tropa entró en ese poblado tzeltal localizado a ocho kilómetros al este de Altamirano. Actuando con base en una supuesta delación, los soldados entraron a las casas y detuvieron a todos los hombres mayores de quince años. Todos fueron obligados a acostarse boca abajo, con las manos en la nuca, en la cancha de basquetbol que sirve también como plaza central del pueblo. Tres campesinos, Severiano Santiz Gómez, Sebastián Santiz López y Hermelindo Santiz Gómez, fueron interrogados y torturados en la sacristía de la iglesia del poblado. Sus gritos se oían desde afuera. A las seis de la tarde, fueron sacados del poblado en una ambulancia militar.
El 10 de febrero, un grupo de campesinos descubrió restos humanos cerca del camino entre Morelia y Altamirano. Los pobladores avisaron al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Thomas Crane y Sebastian Brett, un investigador de HRWA, llegaron al sitio del hallazgo un día después. Los pobladores los dejaron pasar “sólo después de que nos identificamos como extranjeros, pues no tenían confianza en las autoridades mexicanas”, cuenta Crane. La delegación, en la que también iba Pablo Romo, del Centro Fray Bartolomé de las Casas, encontró restos regados en un área similar a la de una cancha de tenis.
Funcionarios de la CNDH y de la PGR también llegaron al lugar. Recogieron restos humanos y prendas de vestir, y las colocaron en tres bolsas. Luis Eusebio Mancilla Trujillo, funcionario de la PGR, firmó un acuerdo con los pobladores a fin de que le permitieran llevarse los restos para practicarles un examen forense; se comprometió a devolverlos en 72 horas.
El camino que siguieron esos restos en los siguientes tres días fue tragicómico. Cuando los conducían a Tuxtla Gutiérrez, fueron retenidos por militares en el retén de Altamirano. El Ejército alegó que confiscó las bolsas porque los funcionarios gubernamentales carecían de permiso para su transporte. Más tarde, ese día, fueron depositados en la presidencia municipal. Cuestionado a la mañana siguiente por Crane, Mancilla Trujillo aseguró que los restos habían llegado a Tuxtla Gutiérrez y que ya se encontraban de regreso a Altamirano. Sin embargo, el alcalde de Altamirano, Arnulfo Cruz, informó que los huesos no habían salido del municipio.
Cuando por fin dieron con ellos, un grupo de forenses militares, llegado de la Ciudad de México, se encontraba estudiándolos. Al día siguiente, el representante de la Procuraduría estatal Miguel Angel Esquinca llegó a Altamirano con la encomienda de regresar los restos a Morelia. Unos pobladores enardecidos esperaban los restos en el ejido. Cuando los funcionarios se retiraron, Crane pidió a los líderes ejidales que le permitieran realizar una investigación forense independiente y pidió nuevamente al doctor Clyde Snow desplazarse a Chiapas para conducir los trabajos. Snow llegó a Morelia el 23 de febrero.
Localizado telefónicamente en su casa de Norman, Oklahoma, Snow dice que el examen de los restos de Morelia es uno de los casos más difíciles a que se ha enfrentado. Reconstruyó en tres días tres esqueletos que, al momento de su hallazgo, estaban separados en 170 pedazos. Determinó que los hombres habían sido asesinados y sus cuerpos devorados por animales salvajes.
Y si bien tenía a la mano suficiente evidencia para determinar que se trataba de los restos de Severiano Santiz Gómez, Sebastián Santiz López y Hermelindo Santiz Gómez, quiso comprobarlo con una prueba definitiva: el estudio del material genético (ácido desoxibonucleico mitocondrial o ADNm) tomado de los dientes de los cadáveres, comparado con muestras sanguíneas tomadas de familiares maternos de los tres hombres. La prueba fue aplicada después en la Universidad de Berkeley, por la genetista Mary-Claire King.
En la entrevista, Snow dice que la primera vez que se usó una prueba de ADN en investigaciones de violaciones de los derechos humanos fue en Guatemala, hace tres años, en un caso de asesinato de doce personas. “Esta es una herramienta científica muy reciente”, dice. “La empleamos en este caso porque si, como queremos, llega a juicio, habrá una prueba irrefutable de que los restos encontrados en el camino Morelia-Altamirano son de los tres hombres que fueron secuestrados por militares”.
Eric Stover, autor del reporte Esperando justicia en Chiapas, dice que las conclusiones de la investigación se demoraron “en parte por la aplicación de la prueba de ADN, pero también porque hubo acceso muy limitado y difícil a las evidencias criminales”.
Desde Wilmington, Carolina del Norte, donde se encuentra trabajando en otra investigación, Stover afirma que el reporte de PHR y HRWA habría sido innecesario si el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hubiera realizado una investigación seria de los hechos.
“Es evidente que Salinas no tomó con seriedad estos acontecimientos y ésta podría ser la primera conclusión del reporte. Es increíble que a casi un año de los hechos no haya una sola orden de aprehensión girada. Ahora Ernesto Zedillo tiene la oportunidad de ganar credibilidad si lleva a los culpables a juicio.”
La PGR y la CNDH, expresa Stover, ni siquiera tienen que tomarse la molestia de investigar. “Nosotros ya lo hicimos por ellos; y mire que nos salió muy barato: apenas gastamos 8,000 dólares. Ahí están todas las evidencias y ahora sólo es cuestión de que haya voluntad política. Y yo no creo que eso tenga que ser un problema. Esto no es El Salvador, no es Guatemala, no es Yugoslavia. Aquí no hay miles de muertos. Estamos hablando de casos judiciales que deberían resolverse fácil y rápidamente. No entiendo por qué no se ha hecho, si todas las autoridades prometieron investigar”.
Abunda: “Nosotros decimos que un asesinato es un asesinato. Y no veo por qué sea menos importante investigar el homicidio de un indígena tzeltal que el de Luis Donaldo Colosio”.
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