El principal pleito que se dirime actualmente en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco es interno: dos grupos de consejeros, uno cobijado por el PAN y otro por el PRI, se disputan el control del máximo órgano del Poder Judicial estatal, con todo su botín político y económico. El colmo es que en vez de ganar simpatías mejorando su trabajo, simplemente lo abandonaron.
Luego de 12 semanas de inactividad causada por la disputa de dos grupos partidistas que pretenden controlar el Poder Judicial de Jalisco, el 29 de noviembre sesionó el Consejo de la Judicatura del estado.
Una de las facciones, apoyada por el PAN, la encabeza Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco (CJEJ). La otra, el consejero Luis Enrique Villanueva Gómez, impulsado por el PRI y precandidato en campaña –sin haber pedido licencia a su cargo en el CJEJ– por la alcaldía de Zapopan.
La principal aliada de Rodríguez González es la consejera María Cristina Castillo Gutiérrez, mientras que Villanueva cuenta con Miguel Gutiérrez Barba.
Celso Rodríguez lleva prácticamente tres periodos como presidente del STJE, uno como interino, otro por elección y uno más por reelección. Cobijado por Acción Nacional, ya está apuntado para obtener una notaría pública.
A su vez Villanueva Gómez, en su segundo intento por obtener la presidencia municipal de Zapopan, ya tiene anuncios espectaculares en dos importantes puntos de la avenida López Mateos: uno en la colonia Las Fuentes, en el mismo municipio, y el segundo en la Plaza Outlet, de Tlajomulco.
En opinión de Luis Octavio Cotero Bernal, presidente de la Federación Nacional de Colegios de Abogados, los integrantes del CJEJ se disputan el botín político y económico que representa esa institución, en perjuicio de la sociedad y con la complacencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo. “No es posible que el Consejo de la Judicatura haya suspendido la administración de la justicia; hay juzgados sin secretarios, sin actuarios, sin papelería, y eso es terrible”.
En entrevista por separado, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, José Luis Guízar Abarga, señala que así como en los partidos políticos hay tribus, las hay en el CJEJ, y reprobó la turbulencia que protagonizan los consejeros.
Abogados integrados en asociaciones y colegios afirman que se han documentado efectos negativos por los problemas internos en el consejo. Como ejemplo, aseguran que la ratificación de los nombramientos de entre 150 y 200 trabajadores del Poder Judicial se demoró porque los consejeros no sesionaron tres meses a causa de un impedimento legal: la nulidad concedida a nueve jueces en un juicio por el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAEJ).
Sin embargo, ante la presión de los colegios de abogados, la amenaza de paro de labores y un oficio del TAEJ, los consejeros no tuvieron más remedio que reanudar sus labores el 29 de noviembre a las 10:00 horas, después de estar inactivos desde la segunda semana de septiembre.
En el documento mencionado, el magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del citado tribunal, Armando García Estrada, le quitó sustancia a las argucias de los integrantes del CJEJ: “La decisión de este tribunal nunca ordenó sutil o veladamente la interrupción del servicio de la Administración de Justicia en este Estado de Jalisco, reiterándose que la medida no contiene efectos erga omnes” (respecto de todos, en latín).
El oficio 463/2011 de García Estrada, del 4 de noviembre, está dirigido al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, en el cual recayó la demanda de amparo interpuesta a finales de octubre por uno de los trabajadores del Poder Judicial afectados porque los consejeros no trabajaban.
El día 28 del mismo mes, el consejero presidente del CJEJ, Celso Rodríguez González, emitió un oficio y al día siguiente los consejeros se presentaron a laborar.
Uno de los trabajadores afectados, que pidió omitir su nombre por temor a represalias, expresa: “Los consejeros sólo tienen que aprobar, ni siquiera tienen que someter a discusión nada; la mayoría ya tenemos nombramiento, pero tiene que ser renovado por los jueces y avalados por los consejeros”.
Sin embargo, esto no resolvió el problema de la administración de justicia porque en el seno del CJEJ siguen las disputas internas, aseguran empleados inconformes y abogados. Añaden que cuatro de los cinco integrantes están confrontados, y los dos grupos se disputan el apoyo de alrededor de 130 jueces.
Otro trabajador del Poder Judicial reprocha: “Se odian y casi se destruyen entre sí, no les importa a quién se lleven entre las patas, pero hoy (en la sesión del 29 de noviembre) se abrazaron los cuatro ante los medios de comunicación como si fueran grandes amigos”.
Uno más interviene: “La señal que se envía al crimen organizado es que las instituciones y el Estado son débiles. Los narcos están en tierra fértil para delinquir, no se les aplicará el peso de la ley”.
El abogado José Luis Guízar Abarga opina al respecto que la política no debería interferir con la impartición y la administración de la justicia, pero ocurre. También se refiere a la simple grilla: “Hay jueces que son perseguidos por el consejo porque en su juzgado se libera a mucha gente, a presuntos culpables, pero el consejo no investiga que la procuraduría integró mal la averiguación previa”.
Asegura que el Poder Judicial funcionaba muy bien antes de que existiera el CJEJ, y propone que, “si no lo quieren desaparecer, entonces que los consejeros sean honoríficos”.
Para Luis Octavio Cotero es lamentable que las universidades públicas y privadas que imparten la carrera de derecho no impulsen un movimiento legítimo para frenar las irregularidades internas del CJEJ.
Añade que para garantizar la administración de justicia “todos tenemos que jugarnos el cuero; yo lo hice y en consecuencia tengo un enemigo personal que es el propio presidente (Celso Rodríguez), a quien le interpuse una denuncia de juicio político y no creo que eso le haga mucha gracia”.
Desequilibrio
El Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial, encabezado por Arturo Anaya Peña, ganó uno de los rounds de su largo pleito con los integrantes del CJEJ para que dejen de meter “mano negra” en el manejo del personal y se respeten los derechos laborales en la institución.
El dirigente tuvo que promover el juicio de amparo que obligó a reanudar las sesiones plenarias en el organismo encargado de administrar, supervisar y vigilar la justicia de primera instancia en Jalisco.
El titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, Óscar Arturo Murguía Mesina, dejó sin efectos la medida cautelar dictada por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado, por lo que el Consejo de la Judicatura reinició sus sesiones, tanto en el pleno como en comisiones.
Esta suspensión se otorgó en el juicio de amparo 2668/2011-8 promovido por el Comité Directivo del Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial, el pasado 15 de noviembre, al resolverse la queja 160/2011 en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado asentaron en su resolutivo que con la suspensión de sesiones plenarias se vulneran sus garantías individuales, “ya que existen prestaciones de carácter laboral, como de seguridad social” que se pueden ver afectadas.
Con base en lo anterior, resolvieron que “lo procedente es conceder la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en los acuerdos del 9 y 12 de septiembre de 2011, dictados por la Cuarta Sala del Tribunal de lo Administrativo de Jalisco, para que deje de aplicarse la prohibición decretada, permitiendo que el Consejo de la Judicatura del Estado sesione en forma regular hasta en tanto no se resuelva sobre la suspensión definitiva”.
Antes de presentar el recurso legal que dio fin a la parálisis en el CJEJ, Anaya Peña presentó a los consejeros varias peticiones para que le entregaran al sindicato las cantidades correspondientes a la aportación que por nómina le deben descontar al personal afiliado y se le informe sobre el número de trabajadores al servicio del consejo.
El líder denuncia a Proceso Jalisco que “los consejeros han abierto plazas a diestra y siniestra para favorecer a los políticos, como José María Martínez –diputado local panista–, que tiene las manos metidas en el Poder Judicial”.
Oficialmente se reconoce que unos mil 300 trabajadores dependen del Consejo de la Judicatura, pero para Anaya Peña “la cifra puede ser mucho mayor”, lo que genera incertidumbre respecto del presupuesto asignado y los compromisos de fin de año, como son aguinaldos y el mes 13, prestación que reciben en Jalisco los empleados de los poderes Legislativo y Judicial.
Lamenta que por intereses políticos se haya interrumpido la marcha de los asuntos administrativos, vitales para la impartición de justicia, “porque en los juzgados buena parte del personal trabaja por contratos de término y deben ser ratificados periódicamente”.
Durante los últimos cuatro meses de estancamiento en la Judicatura local, jueces y abogados mantuvieron su posición en el sentido de llamar a los consejeros a que sesionaran para que salieran los acuerdos de carácter administrativo. Ese es precisamente el caso de los requerimientos del Instituto Mexicano del Seguro Social, las aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado y de otras obligaciones fiscales.
Anaya Peña indica que desde hace tres meses unos 200 empleados dejaron de cobrar su sueldo: “No es justo que los consejeros se lleven mensualmente entre 150 y 200 mil pesos y no trabajen, sobre todo porque muchos dejaron de percibir sus salarios, incluidos secretarios de juzgados”.
Aun así, dice, el consejero Luis Enrique Villanueva trató de borrar el problema y “negó ante los medios que hayan dejado de cobrar muchos trabajadores desde hace tres meses”. (Con información de Esperanza Romero D.)
