Alfredo Orellana Moyao*
En el número 1351 de Proceso, del 22 de septiembre de 2002, aparece la columna “Claroscuro”, firmada por Alberto Barranco Chavarría, bajo el título “Cooperacha, ¿transparente?”, en la que se utilizan fragmentos de una carta suscrita por el coordinador del programa Pactos de Integridad de Transparencia Mexicana, justamente para esbozar una crítica y un cuestionamiento sobre el mecanismo por el que se fondea la participación de los testigos sociales de Transparencia Mexicana en los procesos de licitación pública. Es muy pertinente aclarar lo siguiente.
La información de la columna es esencialmente cierta. La opinión del autor, aunque respetable, descontextualiza los hechos y pone en duda la legitimidad de nuestra metodología y la participación de los testigos sociales en las licitaciones públicas. Usando sus palabras, el mecanismo de “Pactos de Integridad” de Transparencia Mexicana (TM ), busca financiar una herramienta útil para el combate a la corrupción mediante una “cooperacha muy transparente”, es decir, bajo un esquema de cofinanciamiento, con reglas claras, en el que están invitados a participar tanto el sector privado (empresas concursantes) como el sector público (entidad convocante). Todo ello basado en aportaciones estrictamente voluntarias que, lleguen o no lleguen, no determinan ni influyen el desarrollo y/o conclusión del pacto de integridad.
TM, y particularmente su programa de Pactos de Integridad, vive de los donativos que recibe de la sociedad civil y de las entidades y organismos que apoyan la lucha contra la corrupción. Pero, ¿cómo funciona un pacto de integridad? La entidad (pública, paraestatal o privada) que convoca al proceso, invita a TM para que participe con su metodología y herramientas dentro de la licitación. TM designa y contrata a un “Testigo social”, es decir, una persona con altos conocimientos relacionados con la materia propia de la licitación y que, además, cuenta con elevada calidad moral y profesional. TM paga los honorarios del testigo social bajo parámetros de mercado, justamente para que su trabajo sea profesional más que una mera acción unilateral, espontánea y que dependa de la convicción individual respecto del tema de la corrupción. Se trata de profesionales en pleno ejercicio de su profesión y de su calidad ética y personal. El Testigo Social no es un “árbitro a sueldo” como dice el autor de la columna, sino que es un invitado que debe atestiguar, desde su propia experiencia, el desarrollo de un concurso para informar al final del camino, si es que las reglas fueron observadas y si es que los participantes realizaron alguna conducta corrupta o deshonesta. Se requiere la voluntad de los actores para alcanzar, mantener y llevar a buen término un acuerdo ético en beneficio de ellos mismos; el testigo social está presente para observar y no para imponer este acuerdo fundamental.
También es cierto cuando Barranco explica que TM es una organización sin fines de lucro y que, aún así, solicita donativos. Es justo por la ausencia de lucro, que este Programa de Pactos de Integridad debe pedir aportaciones para estar en posibilidad de participar en los procesos a los que se invita a TM. Desafortunadamente, el concepto de “organizaciones no lucrativas” se ha venido asimilando a actividades gratuitas, filantrópicas y sin costos. Pero es falso, todo cuesta. Aún las actividades más deseables, imparciales y no lucrativas, cuestan. El “no lucro” es la renuncia a obtener utilidades por encima de los costos de cada labor; sería imposible exigir que el concepto de lo “no lucrativo” implicara también que cada organización sufrague o subsidie la totalidad de los costos de sus tareas. Debemos mencionar que los integrantes del Consejo Rector de Transparencia Mexicana no reciben retribución alguna, sino que dedican su tiempo y esfuerzo de manera altruista y desinteresada a los proyectos de la organización. Hay muchas horas de trabajo detrás de los programas y acciones de TM que son verdaderas donaciones para el desarrollo de las herramientas anticorrupción.
Alberto Barranco dice que en la licitación para la construcción de la central hidroeléctrica de El Cajón, en Nayarit, TM solicitó donativos entre 20 y 50 mil pesos, en beneficio de la equidad de los participantes. Es totalmente cierto, el mecanismo de fondeo busca determinar un piso y un techo que garanticen equidad incluso en la aportación de los interesados. Parece que el autor de la columna se sorprende con los montos y con la forma de pedir el donativo, sobre todo, porque la petición se dirige a los posibles licitantes involucrados en el proceso.
Hay que aclarar las cosas llamándolas por su nombre. La carta mal citada por Alberto Barranco es en efecto una petición de donativos, una solicitud de aportaciones económicas y, en buen español, es pedir dinero a personas específicas. En efecto, se busca promover que los involucrados sean los que financien los costos relacionados con el pacto de integridad, justamente porque ellos son los que se benefician o perjudican directamente con la transparencia o corrupción de los procesos de concurso público, pero también se solicitan aportaciones al sector público. No siempre se obtiene respuesta. Pero además, pedir dinero no es corrupto ni ilícito, sino que forma parte de los incentivos fiscales que la ley otorga a las organizaciones que se plantean vivir de la generosidad y apoyo de otras personas o instituciones que se interesan en sus actividades y labores, en vez de cobrar honorarios o tarifas que pueden comprometer la objetividad e imparcialidad de los resultados de sus acciones. Los donativos hechos a TM, como a muchas otras organizaciones que utilizan los recursos exclusivamente para cubrir sus costos (sin poder jamás repartir utilidades o dividendos a sus integrantes), merecen ser “deducibles” fiscalmente. Son pues, donaciones que cuentan con incentivos públicos para ser promocionadas abierta y transparentemente.
En México, las donaciones son siempre voluntarias, tanto para el que las otorga como para el que las recibe. Es por eso que TM establece los parámetros bajo los cuales se considera en condiciones de recibir la aportación de cualquier donante, sin que se ponga en riesgo la legitimidad de su metodología. Ninguna persona está obligada a entregar cantidad alguna a TM, pero ésta tampoco está obligada a recibir cualquier tipo de donativo. Son dos caras de una sola moneda: el donativo es la voluntad de quien regala y quien recibe, ni más ni menos.
Al autor de la columna parece preocuparle el dinero por sí mismo y por sus cuantías. Es pertinente poner esta apreciación en su justa dimensión. Por ejemplo, en el Pacto de Integridad relacionado con la venta de Aseguradora Hidalgo, mencionado expresamente por Alberto Barranco, se adjudicó un contrato de 9 mil 200 millones de pesos, mientras que TM recibió una aportación neta de 100 mil pesos, es decir, el equivalente al 0.001% del contrato total. Esta cantidad, por cierto, no fue suficiente para cubrir la totalidad de los costos asociados al Pacto de Integridad del caso AHISA, sin embargo, la participación de TM fue cumplida totalmente.
El ejemplo más reciente es la licitación para adquirir las pólizas de seguros de la Comisión Federal de Electricidad. El monto total adjudicado fue de prácticamente 105 millones de dólares, es decir, de poco más de mil millones de pesos. TM recibió aportaciones equivalentes a 125 mil pesos, que representan el 0.012% del total del contrato concursado. Esta cantidad permitió cubrir una mayor cantidad de los costos directos del Pacto de Integridad, aunque no resultó suficiente para cubrir los costos indirectos.
TM ha participado en siete procesos de licitación pública y a pesar de que no ha obtenido donativos en todos ellos, siempre ha concluido sus labores y compromisos. Esa es justamente la característica esencial de un sistema de cofinanciamiento voluntario como el diseñado por TM (al que Alberto Barranco Chavarría llama despectivamente “cooperacha”), en contraste con un sistema de tarifas, cuotas u honorarios. Con o sin aportaciones, TM realiza su trabajo y asume sus compromisos económicos.
En conclusión, el mecanismo del financiamiento del programa de Pactos de Integridad busca su propio sostenimiento con base en aportaciones de quienes participan en los concursos públicos, tanto del sector privado como del sector público. Es un sistema lícito, con incentivos fiscales previstos en ley y eminentemente voluntario para las partes, pero sobre todo, es un mecanismo transparente y claro para todos. Es tan claro, que los reporteros de Proceso y de cualquier otro medio, y de hecho cualquier ciudadano, puede tener acceso a nuestras cartas de invitación y a nuestro sistema de financiamiento.
Por eso Alberto Barranco Chavarría tiene razón en lo que ha reportado en su columna, aunque no parece tenerla en su apreciación y no comprendemos ni compartimos el motivo de su molestia.
En una sociedad más abierta, plural y sobre todo, que camina hacia un escenario de mayor transparencia en su cotidianeidad, es deseable que los temas relacionados con la obtención de fondos y con el manejo de dinero puedan ser vistos de forma objetiva, clara y sin prejuicios. Reconocer que las actividades “no lucrativas” cuestan y que deben ser financiadas por personas específicas, es lo más sano para avanzar en la participación ciudadana. La corrupción, como cualquier otro asunto ciudadano, es un tema que involucra tanto a las instituciones públicas como al sector privado. La filosofía del sistema de financiamiento del Programa Pactos de Integridad es simplemente reconocer a los actores involucrados para solicitarles que, en conjunto, desarrollemos y financiemos actividades y prácticas en contra de la corrupción.
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*Coordinador del Programa Pactos de Integridad
Transparencia Mexicana
Comentario de Barranco Chavarría
Aunque el señor Orellana Moyao habla en su largo artículo, cuya extensión es mucho mayor a la de la columna en que se abordó el asunto, de una molestia personal del columnista, en realidad ésta nace al interior de las empresas a las que se les está solicitando la cooperacha, –por más que la palabra ciertamente parezca excedida, considerando que la ayudita solicitada oscila entre 20 y 50 mil pesos–, considerando que fue justo una de ellas la que nos hizo llegar la información de la discordia.
Alberto Barranco Chavarría
