Fue hace 17 años, los días 19 y 20 de septiembre de 1985. En la Ciudad de México, la tierra se hundió bajo nuestros pies. Según cifras oficiales, el número de muertos fue de 6 mil, el de heridos, 30 a 40 mil, el de desaparecidos, 20 mil; 30 mil familias perdieron sus casas totalmente y hubo 150 mil personas damnificadas. Todos sabemos que en aquellos tiempos, los números oficiales se manipulaban al gusto de los gobernantes y que el desastre fue mucho mayor al reconocido por las autoridades públicas. Algunos cálculos de instituciones privadas y académicas, elevan el número de muertos a más de 30 mil y el de los damnificados totales y parciales, a cerca de 1 millón.
Y sin embargo, con el correr del tiempo, los habitantes de la Ciudad hemos ido olvidando los trágicos eventos. Consciente o inconscientemente, tratamos de borrar las cicatrices de los sentimientos de miedo, desamparo, angustia, compasión y estupor que se apoderaron de todos nosotros, testigos activos o pasivos de los hechos. Son pocos los que piensan que puedan ocurrir de nuevo y muchos más los que prefieren no pensar en ello. Y sin embargo, por las investigaciones geológicas, la historia de los desastres pasados y las predicciones científicas, sabemos con certeza que en la Ciudad de México, tarde o temprano, volverá a temblar con la misma intensidad
Pero este año, no ha sucedido así, quiérase o no, los recuerdos volverán a asaltarnos. El meteoro Isidore está produciendo desastres comparables en la península de Yucatán y en el momento en que escribo este artículo, su furia no se ha saciado aun. Ante la desgracia que conoce el 75% de los habitantes de esa entidad, y los desastres futuros que pueden aumentar aun más su número el recuerdo del terremoto vuelve a posesionarse de nosotros, para recordarnos que defeños y yucatecos vivimos, los primeros, en una zona de alta sismicidad y los segundos, en una región en la cual la frecuencia de las tempestades y los huracanes es una de las más altas del mundo.
Ambas experiencias enseñan que ante desastres naturales de esa magnitud, la acción de los gobiernos no es suficiente. Que es necesario que la sociedad se organice para prevenir, auxiliar y reparar. Que aun cuando el sector público carga con la responsabilidad principal, la sociedad organizada no puede depositar toda su confianza en él.
En la Ciudad de México, la primera reacción de la población al percatarse de la magnitud del desastre fue incorporarse espontáneamente a las labores de rescate, acopio y distribución de víveres y ropa de todo tipo. Se calcula que en los primeros cuatro días, más de 300 mil ciudadanos se sumaron al trabajo voluntario de auxilio a los damnificados. Sin dormir, medio comidos, trabajaban sin perder el ánimo hasta la última esperanza. Otros se ocuparon de los damnificados y los campamentos que se multiplicaban espontáneamente. Sólo a principios de octubre comenzó su número a disminuir.
En muchos lugares, quienes dirigieron las operaciones de salvamento fueron civiles, médicos, ingenieros y líderes naturales sin experiencia previa, pero con muy buena voluntad. La inmensa mayoría de los médicos abandonaron la práctica privada y se incorporaron a los hospitales públicos, repletos de heridos y muchos hospitales privados dejaron de cobrar. Frente a esa explosión de solidaridad, las movilizaciones logradas por el gobierno y las organizaciones civiles existentes anteriormente, aparecen como muy minoritarias.
El gobierno puso en acción el ahora ya famoso plan DN-III-E que a final de cuentas no funcionó. Dueños de una estructura independiente, las fuerzas armadas fueron las primeras que conocieron la situación en su conjunto. Con la ayuda de helicópteros, aviones de reconocimiento, motocicletas y otros vehículos, levantaron un rápido censo del desastre. Al poco tiempo había en la escena unas 50 mil tropas –un tercio del ejercito mexicano– con sus respectivos oficiales, que tomaron control de las seis principales áreas de desastre. En un principio, el mando de las operaciones iba a estar a cargo de una comisión encabezada por el presidente y el secretario de la Defensa. Pero luego, por decisión del primero, se creó la Comisión Intersecretarial de Auxilio y Reconstrucción, a la cabeza de la cual se ubicó el regente del Distrito Federal, y la Secretaría de Defensa quedó como un componente más de la comisión. Según los documentos existentes, el plan contemplaba que los soldados intervinieran directamente en las labores de rescate y auxilio a los sobrevivientes, transporte de material y lucha contra los incendios. Pero en la práctica los militares nunca intervinieron en esas operaciones. La Secretaría de Defensa destacó muy pocos ingenieros militares a los edificios derruidos, no desplegó hospitales de campaña o equipo antidesastre y redujo su presencia a la vigilancia.
¿La causa? Según los investigadores que han estudiado el caso, la falta de claridad sobre quién tenía el mando y la falta de coordinación entre los componentes de la Comisión, fue la causa principal de su paralización. Observadores cercanos a la Comisión relatan que esta nunca funcionó debido al constante cambio de los funcionarios que representaban a las diferentes instancias. La ausencia de la unidad de mando generó conflictos entre el sector civil y los militares que formaban parte de la institución. En última instancia esas desavenencias se manifestaron en choques entre los brigadistas voluntarios y los soldados.
Mientras tanto, entre la población que nunca fue informada con precisión sobre el plan y la o las personas que lo encabezaban, crecieron los sentimientos de indefensión y posteriormente, de rechazo y enojo. No hay duda que el fracaso del gobierno de tomar en sus manos la dirección de las operaciones más urgentes de defensa civil en ese fatal fin de septiembre, tuvo una influencia decisiva en las elecciones de 1988.
Lecciones que no pueden ni deben ser olvidadas en estos aciagos días. La sociedad civil debe prepararse y organizarse para las grandes contingencias y los gobiernos, federal o local, tienen que estar listos para actuar con eficiencia y oportunidad en la movilización de todos sus recursos y la orientación de la población. A cada uno su función especial. Este es el mandato de una sociedad verdaderamente democrática.
