Verónica Espinosa
CELAYA, GTO.- Una cuenta pendiente con la justicia tiene en el estado de Guanajuato el presidente Vicente Fox, debido a las explosiones que, el 26 de septiembre de 1999, causaron la muerte a 71 personas y heridas a otras 350, además de múltiples y severos daños materiales.
Decididos a que el caso “no se olvide”, familiares de los muertos, así como heridos, mutilados y damnificados cuyas vidas cambiaron radicalmente desde entonces, realizaron el próximo jueves 26 varios actos conmemorativos e insistieron en que se finque responsabilidad penal a todos los funcionarios involucrados en la tragedia por acción o por omisión, así como a la dueña de la Abarrotera de Celaya, Angélica Vargas Bocanegra, quien almacenaba pólvora y juegos pirotécnicos en una bodega clandestina ubicada en el área de la Central de Abastos.
Agrupados en el Movimiento Ciudadano Celayense, los afectados por aquel “domingo negro” exigen el pago de indemnizaciones, promueven nuevas demandas y apremian a las autoridades para hacer justicia en las causas abiertas con anterioridad.
Fue así como, a punto de expirar las posibilidades legales de proceder penalmente, consiguieron que, hace poco más de un mes, el agente del Ministerio Público Federal Mario Rangel Arvizu consignara la averiguación 83/2001 ante el juez V de Distrito, Javier Avilés, después de la revisión del caso por una queja presentada ante el director general de Visitaduría de la PGR, Héctor Terán Huerta.
En el primer lugar de la lista de funcionarios involucrados en el proceso penal 123/2002 por daños y lesiones (que se sumó al proceso 294/1999 por homicidio culposo por omisión) está el ahora presidente de la República, Vicente Fox.
La causa: que en su calidad de gobernador del estado, Fox dirigió al secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, un oficio (número 135/98, fechado el 15 de septiembre de 1998) donde le comunica que “no existe inconveniente alguno para que esa secretaría conceda a Angélica Vargas Bocanegra, con domicilio en Antonio Plaza número 273, colonia Resurrección de Celaya, Guanajuato, la autorización correspondiente al permiso general, en relación a la compraventa al menudeo de juguetería pirotécnica, sin almacenamiento”.
Más aún, dos meses antes de la tragedia, la bodega clandestina había sido inspeccionada, con resultados alarmantes. Según consta en la averiguación previa 4308/98, el 16 de julio de 1999 se presentaron en la Abarrotera de Celaya agentes de la Policía Judicial del Estado y un representante del Ministerio Público del Fuero Común, quienes investigaban el robo de mercancía de una tienda departamental. Al revisar la bodega, encontraron varias decenas de cajas repletas de juegos pirotécnicos, y por esas mismas fechas notificaron del hallazgo a la XVI Zona Militar y al Ministerio Público Federal.
Un mayor especializado en materiales de guerra, Artemio Victoria, acudió a corroborarlo todo, y en los oficios relativos dejó registrada su evaluación con las siguientes palabras: “En caso de que hubiera una explosión, no habría salida (…) provocaría un siniestro mayor”.
Por eso es que las viudas, huérfanos y damnificados de las explosiones insisten en que se castigue “el descuido, la irresponsabilidad y la negligencia de todas las autoridades implicadas”.
No obstante, hasta ahora sólo han conseguido tocar lo que el dirigente del Movimiento Ciudadano Celayense, Florencio López Ojeda, denominó en entrevista con Proceso “el eslabón más débil de la cadena”, en referencia a que, hace apenas unas semanas, el Juzgado V de Distrito emitió órdenes de aprehensión contra dos exinspectores de Fiscalización de la Presidencia Municipal de Celaya, Maximiano Muñiz Nieto y Jesús de la Fuente Madrid, ya cumplimentadas.
El hecho es que, desde el 18 de abril del año pasado, los afectados reclamaron al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha –durante una visita que éste realizó al cuartel militar en Sarabia– determinar la responsabilidad que en los hechos tuvieron el gobernador de Guanajuato, Vicente Fox; el titular de la Sedena, general Cervantes Aguirre; el alcalde de Celaya, Ricardo Suárez Inda; el secretario del Ayuntamiento, Hugo Arias García; el director de seguridad Pública municipal, Jorge Acuña; los dos inspectores y la propia Angélica Vargas, cuyo esposo, Ignacio Ojeda, también murió en las explosiones.
Pese a ello, los únicos presos son los mencionados Maximiano Muñiz y Jesús de la Fuente, en tanto que apenas hace unos días declaró prófugos a Luis Antonio Amezcua y Javier Regalado, exfuncionarios de Fiscalización Municipal. En cuanto a Angélica Vargas, cuenta con una suspensión definitiva otorgada por el juez VI de Distrito, Francisco González Chávez, el mismo que en el proceso penal por homicidio culposo exoneró a Francisco Villalobos, quien era el director de Fiscalización.
Contra dicho juez, el Movimiento Ciudadano interpuso una queja ante el Visitador Judicial Federal, magistrado Fernando Hernández Piña, y un mes más tarde sus integrantes remitieron al procurador Macedo de la Concha una carta donde le expresan:
“Pedimos a usted, señor procurador, que no le tiemble la mano para hacer justicia, no importando los cargos públicos que actualmente tienen los implicados.”
Nada es igual
Las explosiones se produjeron el domingo por la mañana, a la hora del almuerzo, cuando la zona de la Central de Abastos, ubicada frente a la Central Camionera, se hallaba atestada. Era día de plaza y de tianguis.
“Estaba almorzando barbacoa. Nada más me acuerdo de que escuché la explosión. Desperté en el sanatorio Guadalupano, sin mis piernas”, recuerda José Socorro Ortega García, de 39 años, con tres hijos y un puesto de frutas casi a media cuadra de la bodega y la Abarrotera Celaya.
Cristina, una socorrista de 24 años de edad que tenía nueve como voluntaria en la Cruz Roja, perdió la vida en el acto, y ahora su madre, Celina Laguna Saldaña, refiere:
“En la mañana que salió, me dejó su radio prendido. Cuando me levanté e iba a apagarlo, empezaron a hablar de las explosiones. Fueron mi esposo y otra de mis hijas los que escucharon que habían muerto tres socorristas.”
Celina cruza los brazos sobre la mesa alrededor de la cual se encuentran reunidos varios deudos y damnificados. Y continúa: “Cristina había hecho la secundaria y luego se capacitó como paramédico. Ese año la nombraron reina de los socorristas. Hoy su foto está junto a la de sus compañeros en la entrada del edificio. La Cruz Roja fue su vida”. Y, claro, recibió una condecoración después de su muerte.
El policía Raúl Cañada comenzó a trabajar ese día a las siete de la mañana. Iba a almorzar al tianguis cuando escuchó por radio noticias de la catástrofe.
“Mi compañero y yo fuimos de los primeros en llegar. Reportamos y pedimos apoyo de los bomberos. Acababa de ocurrir la primera explosión y ya había lesionados; entramos al negocio con un extinguidor de la patrulla, que no sirvió. Cuando sacaba a una de las empleadas, me gritó: ‘Córrele, poli, porque va a explotar’. Me alcanzó en la puerta.”
Fue lanzado sobre un auto. El chaleco antibalas quedó hecho pedazos. “Cuando caí, encontré una pierna y la alcancé, creyendo que era la mía. Cuando vi que sí las tenía, aunque estaban rotas, aventé aquélla”.
Lleva más de cuatro operaciones quirúrgicas. Sigue trabajando, y dice que en la Presidencia Municipal no quieren retirarlo con el cien por ciento de su ingreso. “Me han dicho que firme mi finiquito, pero me darían como 2 mil pesos”.
En cambio, desde la anterior administración hasta la fecha se han utilizado recursos del erario para pagar a un abogado que realiza la defensa legal de los exfuncionarios implicados, así como para cubrir amparos y fianzas por algunos de ellos. Y, aún más, el gobierno del estado y el ayuntamiento “presionaron” a los deudos para firmar un convenio, a mediados del año pasado, mediante el cual otorgan el perdón por la reparación del daño, pues dichas autoridades se comprometieron a asignar recursos para ir apoyando a los lesionados. “Con trabas burocráticas, pero sí se han estado entregando algunos recursos”, aceptó Florencio López Ojeda.
Además de que las explosiones causaron heridas a unas 350 personas, 23 mujeres quedaron viudas; cinco perdieron también a un hijo y otras cinco quedaron sin ambas piernas, un brazo o un pie. De los lesionados, 27 necesitan continuar con un tratamiento, realizarse nuevas operaciones, ponerse alguna prótesis o recibir atención psicológica.
Florencio López Ojeda dice: “Hemos propuesto la creación de un fideicomiso que involucre a la Federación, al estado y al municipio. Serviría para auxiliar permanentemente a quienes requieren cambios de prótesis, medicinas, apoyos para vivir. La Presidencia de la República mandó nuestra petición al gobernador Romero Hicks, y él se la remitió al alcalde José Mendoza Márquez. Los apoyos no han sido del tamaño de la tragedia. Tampoco la justicia”.
Mientras esperan nuevas respuestas, el jueves 26 se concentrarán de nuevo en Antonio Plaza y Felipe Ángeles, donde se efectuará una ceremonia religiosa por todas las víctimas.
Mientras tanto, cala el sentimiento hacia Vicente Fox. Y es que, a pesar de que en el momento de la tragedia ya no era gobernador, sino candidato a la Presidencia de la República, no se presentó a acompañar a los celayenses ese domingo. Y el año pasado, cuando estuvo en Celaya para inaugurar la nueva planta de Mabe, dijo a los representantes del movimiento: “No hay dinero y no me comprometo a nada”.
Y ellos mismos recuerdan: “El Papa Juan Pablo II envió condolencias a los deudos y damnificados. Vicente Fox ni eso, y a las Torres Gemelas de Nueva York sí fue”.
