Jesusa Cervantes y Guillermo Correa
Desde la segunda semana de septiembre, la eventualidad de una huelga en Pemex se convirtió en verdadera amenaza. El gobierno se mostró decidido a conjurarla y en pocos días logró organizar lo que el sindicato petrolero llamó una campaña de linchamiento. Con el Pemexgate como trasfondo, miembros connotados del PRI, partido al que pertenece como corporación el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana –encabezados por Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo–, intervinieron en horas cruciales para desactivar el mecanismo que parecía dirigirse inexorablemente hacia la huelga. Pero los planes del gobierno de Vicente Fox van más allá de conjurar el movimiento y eventualmente llevar a juicio a los líderes acusados de peculado. Según documentos gubernamentales obtenidos por Proceso, la estrategia es continuar la guerra hasta tronar sus estructuras y restarle poder al STPRM.
El gobierno federal se propone impulsar la democratización del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y pretende modificar la correlación de fuerzas entre esa organización y la empresa paraestatal que este fin de semana se hallaba a un paso de la huelga.
De acuerdo con documentos del gobierno federal obtenidos por Proceso, el plan incluye recurrir a los grupos disidentes de la organización y la “reestructuración” del contrato colectivo de trabajo, ya que, a la fecha, el sindicato “tiene una sólida estructura de intervención” en la paraestatal, y no sólo eso, sino que sus “espacios de dominio y control permiten que el sindicato tenga en tensión permanente a la empresa y al gobierno mismo”.
Originados en las secretarías del Trabajo y de Gobernación, así como en Petróleos Mexicanos (Pemex), los documentos apuntan, entre otras cosas, que sólo la dirigencia nacional del sindicato y los secretarios seccionales –gente fiel a Carlos Romero Deschamps— pueden otorgar las prestaciones de los 82 mil trabajadores petroleros de base.
Así, uno de los primeros pasos de la administración foxista ha sido ubicar geográfica y numéricamente a las distintas fuerzas disidentes, además de identificar a sus líderes y sus relaciones políticas; otro, la elaboración de fichas sobre quienes encabezan cada grupo, y uno más, el diseño de una estrategia de negociación, ya que, se advierte, implica serios riesgos cualquier intento de “desaparecer los derechos e intereses de los dirigentes del sindicato”.
Por ello el gobierno pretende negociar con el actual dirigente, Carlos Romero Deschamps, “una transición tersa” donde participen todas las fuerzas, para llegar, a partir del 2003, a una reestructuración del contrato colectivo de trabajo, mediante una renovación de los secretarios generales en las 36 secciones del STPRM.
La fuerza del sindicato
Uno de esos documentos, elaborado en la Secretaría del Trabajo y titulado
Notas para una estrategia de negociación entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, aclara que la fuerza del sindicato “no sólo consiste en la composición de su comité nacional, sus comités seccionales (36) y el elevado número de funcionarios sindicales (4 mil 500), sino en que esta fuerza se complementa y amplía con una sólida estructura de intervención en la empresa que va desde su participación en el Consejo de Administración hasta su participación en las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, así como el control absoluto de los comités mixtos de la empresa en diferentes esferas de acción”.
Puntualiza que “el fuerte y elevado poder de negociación que concentra el sindicato” se ve reflejado, entre otros, en los siguientes aspectos: “sus posiciones en Infonavit, Seguro Social, comisiones mixtas; control y monopolio que ejerce sobre la contratación de personal; cláusulas contractuales que le permiten el control sobre la industria petrolera que le otorgan una fuerza económica derivada de las concesiones, cuotas, canonjías y recursos que se obtienen por usos y costumbres nacionales o regionales; elevado poder de gestión y control extralaboral, al conservar cargos políticos como presidencias municipales, regidurías, diputaciones locales y federales y federaciones estatales de la CTM”.
El poder regional que el STPRM ha acumulado a lo largo de 50 años –“ni las crisis afectan sus estructuras”– permite a la dirigencia nacional, mediante la “manipulación de las bases por conducto de los comités seccionales”, gestionar “cuantiosos recursos económicos y políticos”.
Lo anterior se traduce, apunta el documento, “en una sólida injerencia del sindicato sobre áreas administrativas, técnicas y económicas de la industria, directamente o a través de personal subordinado a sus intereses en áreas de planeación, gerencias, recursos humanos, etcétera”.
E inclusive señala que en el artículo 8 de los estatutos sindicales vigentes “el sindicato declara abiertamente…que pugnará por la evolución de los procedimientos empleados, hasta lograr que la administración de la industria quede bajo la dirección y responsabilidad de los trabajadores petroleros”.
Es por ello que, aparte del funcionamiento democrático de la organización, se requiere “la definición de espacios de poder y de equilibrio entre empresa y sindicato en cuanto al control de la administración y la orientación de la industria petrolera”.
El momento propicio para realizar estos cambios, sugieren los asesores del gobierno foxista, es durante la revisión contractual de agosto del 2003, cuando posiblemente pueda negociarse “una adecuada reestructuración del contrato que genere nuevos equilibrios”.
La disidencia
En el apartado “Estrategias de negociación desde el gobierno del presidente Vicente Fox”, el documento advierte, sin embargo, que, por lo pronto, alterar los estatutos “sería contraproducente para el Poder Ejecutivo en su conjunto, así como para la transición democrática del país”.
Antes de que se elaboraran los documentos mencionados, que incluyen fichas del Cisen y estudios de Pemex, los directivos de la paraestatal, reunidos con autoridades de la Secretaría del Trabajo, preguntaron a quién podrían poner como secretario general del STPRM en lugar de Carlos Romero Deschamps. La respuesta fue que ese no era el camino, sino pactar con el dirigente “una transición tersa”, de manera que pudieran realizarse unas elecciones vigiladas por las autoridades donde participaran todas las fuerzas: la de Romeros Deschamps y las correspondientes a los tres grupos disidentes.
Por lo que se refiere a éstos últimos, un documento elaborado por la Dirección Corporativa de Administración de Pemex los identifica como la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros (asesorada por la ONG Cereal); el Frente Nacional Petrolero (constituido en su mayoría por jubilados) y la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros (identificada y apoyada por Joaquín Hernández Galicia, La Quina.)
En diversos momentos, estos tres grupos sindicales disidentes se han acercado a la Dirección Corporativa –la cual realizó “un mapeo” de ellos—para plantear sus problemas y demandas. Los tres han coincidido en solicitar la destitución de Carlos Romero Deschamps, una elección democrática de dirigentes y erradicar la corrupción tanto en el STPRM como en Pemex.
La Dirección Corporativa ubica a la disidencia sobre todo en 18 de las 36 secciones sindicales, y aunque dice que sus activistas apenas representan
el 3% de los sindicalizados, destaca que la Alianza Nacional Democrática, “en los últimos meses, ha consolidado su presencia en todas las secciones”.
Y en otro estudio señala que nueve secciones son “prioritarias y estratégicas” por su “ubicación geográfica, aportación económica-productiva e importancia política”. Se trata de las secciones 1, 10, 11, 24, 30, 34, 35, 40 y 47, de las cuales sólo la 10 y la 40 presuntamente no tienen disidencia.
Aparte de que en dichas secciones se concentra más del 60% de los miembros del sindicato y son “centros de decisiones regionales”, sus dirigentes son considerados como de alto “alcance político”.
El mismo documento de Pemex evalúa a cada uno de los actuales secretarios seccionales. A unos los califica como “derechistas, militantes del PRI”; a otros se refiere por sus conflictos con La Quina o por su relación con dirigentes cetemistas nacionales, con presidentes municipales e inclusive con el excandidato a la Presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa, respecto al cual asienta que Fernando Pacheco Martínez, de la sección 24 de Salamanca, lo apoyó directamente en su campaña electoral.
En tanto que la Secretaría de Gobernación elaboró recientemente una ficha por cada uno de los dirigentes de la disidencia, el documento de la paraestatal advierte que la “transición tersa” en el sindicato se dificultaría, entre otras cosas, por el hecho de que las tres organizaciones de disidentes tienen, a su vez, 48 grupos opositores.
Todos quieren la dirigencia
Aunque todos los grupos disidentes se han manifestado en contra de la huelga a la que convocó Romero Deschamps, todos se acusan de pretender quedarse con la dirigencia nacional.
Y Jorge Fuentes, coordinador del Frente Nacional Petrolero (FPN), dice que quienes se ostentan como cabeza de los grupos representan intereses de Joaquín Hernández Galicia.
Agrega que Manuel Camacho, quien dirige la Coalición y sustituyó a Norma Monroy –esposa de Jesús Guerrero, quien fue uno de los hombres de La Quina–, salió “al vapor” y que ya hasta repartió las carteras del sindicato. “Cuando todavía no tienen el animal –enfatiza–, ya se lo quieren comer”.
El dirigente del FNP –según él, son 5 mil miembros en activo más jubilados y trabajadores transitorios– acusa a Romero Deschamps de haber ofrecido entre 200 y 500 pesos por asistir a sus marchas contra el gobierno foxista con motivo del Pemexgate.
Y aunque dice que a la fecha el FNP ha interpuesto 11 denuncias contra Romero Deschamps por lavado de dinero, violación de los estatutos y narcotráfico, el dirigente anterior, Leopoldo Álvarez, fue destituido acusado de cometer fraude con cajas de ahorro en Salamanca, y la Secretaría del Trabajo considera al frente como el grupo disidente con menor representatividad.
Mayor relevancia confiere la Secretaría del Trabajo a la Coalición, financiada, según la dependencia, por el llamado Movimiento de Alianza Sindical de la sección 1, considerada como uno de los bastiones de fuerza de La Quina. Surgió el 23 de febrero de este año, día en que tomaron las oficinas centrales del sindicato.
“Al parecer este grupo es el que tiene una mayor capacidad económica”, observa otro documento de la Secretaría del Trabajo.
De acuerdo con la exdirigente de la Coalición, Norma Monroy, el grupo Alianza, asesorado por Cereal (una ONG conducida por sacerdotes jesuitas), tuvo un desprendimiento de trabajadores “porque los padrecitos ven a largo plazo, no de inmediato”, pero revela que, “sin embargo, nosotros, que somos vanguardia, ya firmamos un pacto de unidad con ellos”.
Por lo pronto, el asesor de la Coalición Juan Díaz asegura que esta agrupación no irá a la huelga y que sus integrantes están de acuerdo en que se aplique el rigor de la ley a Romero Deschamps y su gente.
Respecto al emplazamiento de huelga, Aarón Soledad Hernández, de la sección 34; Vicente Fernández, de la 45, y Alberto Castillo, del hospital Pemex-Picacho, aseguran que el 70% de los trabajadores repudia el paro, al igual que la tercera organización de disidentes, la Alianza, reputada como el grupo de mayor penetración tanto por la Secretaría del Trabajo como por Pemex.
La Alianza es el único grupo constituido como asociación civil, tiene un proyecto de contrato colectivo y cuenta con presencia real en 18 de las 36 secciones.
Julio César Rodríguez, dirigente nacional de la Alianza, aclara que no tiene pacto con la Coalición para destituir a Romero Deschamps, aunque acepta que pueden hacer un frente único para hacer respetar los derechos de los trabajadores.
Lo cierto es que estas tres organizaciones de inconformes han sufrido la fuerza represiva de Romero Deschamps, quien, de acuerdo con los documentos oficiales, intervino para que decenas de trabajadores fueran despedidos o jubilados antes de tiempo, luego de que el gobierno federal filtró en los medios el llamado Pemexgate.
La resistencia al paro
En las cuatro secciones del estado de Veracruz los disidentes se preparan para laborar en caso de huelga, en tanto que la prensa local dio a conocer el viernes 27 un “Plan de contingencia ante amenaza de huelga por el STPRM” para la región Sur y Marina.
Según el desplegado, Pemex pidió el apoyo de 6 mil elementos del Ejército para apoyar al personal imprescindible, y se trata de evitar la interrupción de la producción de alrededor de 2 millones 725 mil barriles diarios de crudo, así como de 3 mil 440 millones de pies cúbicos de gas, entre otras situaciones que causarían pérdidas por 80 millones de dólares diarios.
A su vez, Ricardo Decle López, ingeniero químico y operador de las plantas procesadoras de gas en Cactus, Chiapas, dijo que “se han levantado censos de algunos grupos técnicos que han laborado y tenían experiencia, tal vez para laborar en caso de emergencia”.
En tanto que en Ciudad Madero, Tamaulipas, La Quina –quien rechazó en entrevista haberse reunido recientemente con el presidente Fox– sostiene a diario reuniones con grupos disidentes, y otro dirigente de la Coalición, Rafael Zúñiga, acepta haber sostenido encuentros con funcionarios de Pemex y del gobierno federal. Incluso dice que recibió “sugerencias” sobre cómo evitar enfrentamientos con sus compañeros en caso de que estalle la huelga.
Así mismo, Zúñiga afirma que la Coalición firmó un pacto con la Alianza para unir fuerzas y criterios ante las actuales circunstancias.
Mientras tanto, en Veracruz, los integrantes del Frente Nacional Petrolero confían en que ellos tendrán la dirigencia nacional del sindicato, aunque la Secretaría del Trabajo considera “poco seria” la forma en que el Frente realizó su asamblea para elegir a su nuevo comité nacional.
Como sea, tales son las fuerzas que contenderán — con la de Romero Deschamps– por la dirigencia nacional del STPRM o, en todo caso, las que con ésta última formen una dirigencia colegiada que, de acuerdo con los planes gubernamentales, pueda discutir los cambios en el contrato colectivo de trabajo. (Con información de Armando Guzmán, Gabriela Hernández y Regina Martínez).
