En las cinco unidades de la Cruz Verde y las Casas de Salud hay urgencias que nadie atiende: las condiciones laborales de médicos, enfermeras, radiólogos, empleados de limpieza y de almacén suplentes que cobran salarios bajísimos y carecen de seguridad social aunque llevan años en la institución y realizan las mismas funciones que el personal de base.
El nombramiento de Antonio Cruces Mada como secretario de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara resultó contraindicado para los 750 trabajadores suplentes de la Cruz Verde.
El nuevo funcionario aplicó por primera vez y de manera arbitraria el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los sueldos –que han sido los mismos desde hace seis años– y ahora pretende pagarle a una empresa privada por controlar la nómina, con lo que los susodichos perderían su relación laboral con el municipio.
El personal suplente se enteró por una circular de que el ayuntamiento contrató a Consultoría Grupo Corporativo (CGC), S.C., para que desde el pasado 16 de septiembre se encargara de administrar la nómina.
Los suplentes sospechan que la contratación de CGC beneficia a los amigos de Cruces Mada o del presidente municipal, el priista Jorge Aristóteles Sandoval. La consultora se registró el 29 de enero de 2010 –escritura pública 68,894– y sus socios son José de Jesús Preciado López y Martín Ramón Palacios Rodríguez.
De acuerdo con la página de Transparencia del municipio, CGC ha cobrado desde el año pasado hasta la fecha un total de 1 millón 374 mil 668 pesos por asesorías al presidente municipal y por su labor de auditoría.
El pasado 25 de octubre, para manifestar su desacuerdo de ser contratados por un tercero, los trabajadores suplentes se reunieron con el director de Recursos Humanos, Sergio Javier Otal Lobo, con el propio Cruces Mada y con el representante legal de CGC, Preciado López.
La representación de los trabajadores, conformada por Laura Alejandra Sierra Martínez, Minerva Carolina Gutiérrez, Karla Daniela Ávila, Rita Graciela Rodríguez y María del Rosario García Partida, expuso su desacuerdo con la pérdida de su relación laboral directa con el ayuntamiento tapatío.
Además, cuestionaron la pretensión de contratar a CGC, en vista de que el municipio siempre ha manejado a la Cruz Verde. Las autoridades respondieron que se debía a que “el ayuntamiento ya no tenía los recursos para solventar el pago de la nómina”, recuerda Minerva Gutiérrez, empleada del área de rayos X.
Las autoridades también comentaron que “administrativamente al ayuntamiento le convenía más que dicha empresa le diera sus servicios, porque así ellos tendrían más fácil los movimientos e incluso la empresa les financiaría el primer mes de pago de nómina de los suplentes, que equivaldría a más de 1 millón de pesos, y que después dicha empresa pasaría a Tesorería para cobrar”.
Según Gutiérrez, las trabajadoras cuestionaron a Otal Lobo “que si tenían para pagarle a esa empresa, entonces por qué no pagarnos como siempre se ha hecho. A esto respondieron, él y el doctor Cruces, que porque así también iban a aprovechar para depurar la lista de suplentes, ya que había mucho personal ‘amañado’, pues se le pagaba la guardia completa cuando nada más trabajaba unas pocas horas”.
En la misma reunión se les dijo que se les seguiría aplicando el tabulador actual, pero las representantes de los inconformes argumentaron que desde 2005 no se les ajustan los sueldos y, peor aún, desde la llegada de Cruces se les comenzó a descontar el ISR, por lo que en realidad su salario disminuyó.
También hicieron notar que no existe claridad en la forma de aplicar este impuesto, ya que mientras algunos empleados perciben 142 pesos por día y les descuentan 22 pesos, a otros que ganan 188 pesos les retienen sólo 14.
Otra demanda que plantearon fue que se les homologara el sueldo con el personal de base, ya que realizan exactamente las mismas funciones, a lo que Otal Lobo objetó que “por qué en sus dos años como director no habíamos ido a reclamar el aumento del salario, y comentó que él ni siquiera sabía que nos pagaban conforme a un tabulador. De hecho, ahí mismo le preguntó al doctor Cruces por qué no le informó de la situación, pero éste no supo qué responder”, comenta Alejandra Sierra, trabajadora del almacén.
Las autoridades tampoco aclararon cuáles son los criterios para otorgar una plaza, “ya que en los dos últimos años ha entrado personal y se le ha basificado sin haber sido suplente, lo que demuestra que fue por dedazo o compadrazgo. No supieron qué responder, nada más dijeron que para ellos los suplentes no cuentan para las bases, que jamás dejaríamos de ser personal de apoyo y que eso no iba a cambiar”.
Por si fuera poco los funcionarios les dijeron que la ventaja de ser contratados por CGC es que dispondrían puntualmente de su pago quincenal y derecho al Seguro Social, aunque solamente los días que laboren.
En su edición 365, Proceso Jalisco publicó que el cuñado de Aristóteles Sandoval, el médico de origen guatemalteco Marco Tulio Marroquín Batres, fue contratado el 15 de noviembre de 2010 y el pasado 31 de agosto se convirtió en jefe de departamento, cuando hay personas que llevan hasta 20 años como suplentes.
De todas formas, al finalizar la reunión de octubre, los funcionarios tapatíos le advirtieron a la representación de los empleados suplentes de la Cruz verde que CGC se haría cargo de pagar la nómina, les gustara o no.
Autoritarismo y amenazas
Pese al infructuoso diálogo con el ayuntamiento, el personal suplente de la Cruz Verde se mantuvo en resistencia contra el traspaso de su contrato a CGC y, el pasado martes 8, el presidente municipal anunció que debía revertirse el convenio. De inmediato, Otal Lobo declaró que la intención de contratar a la empresa era que se pagaran las suplencias el día 13 y acabar con los actuales retrasos, de hasta dos semanas.
No obstante, los trabajadores dudan de la palabra del alcalde, ya que encontraron en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Guadalajara, carteles en los que se convoca a personas para trabajar en la Cruz Verde local. Para confirmar sus sospechas, el miércoles 16 pidieron informes a CGC, donde les aseguraron que estaban contratando personal y sólo debían llevar su currículo o acudir a una entrevista.
Los afectados –médicos, enfermeras, paramédicos, choferes, trabajadoras sociales, almacenistas, radiólogos y personal de intendencia que se reparten en las cinco unidades de la Cruz Verde o en las Casas de Salud– decidieron unirse en una coalición para exigir su inscripción en el Seguro Social, prestaciones de ley, homologación salarial y pago puntual de su quincena. Desde el viernes 11 colocaron mantas para dar a conocer estas demandas.
El mismo día Cruces “mandó quitarlas: primero la de la unidad Leonardo Oliva; después siguieron con la unidad Mario Rivas, unidad Francisco Ruiz Sánchez”, afirma Minerva Gutiérrez.
Según ella, la coalición se formó a fin de cumplir los requisitos que les pidió el regidor panista Sergio Sánchez Villarruel, integrante de la comisión edilicia de salud, para presentar su caso ante el pleno del ayuntamiento. “Como un grupo organizado y no como suplentes”, les dijo.
Del 14 al 21 de este mes se han unido 60 personas a esta coalición, pero el objetivo es que se unan los 750 para que el caso se plantee en el órgano municipal antes de las vacaciones de diciembre.
Gutiérrez asevera que ella y sus compañeros representantes de la coalición han sido amenazados con el despido de la Cruz Verde si siguen exigiendo sus derechos. No obstante, recalca:
“Lo único que estamos haciendo es pedir que se nos respete y que nos den lo que por ley nos corresponde, en ningún momento se está agrediendo a nadie. La verdad es que esto ya se lo están tomando personal y no es justo que quieran callar a la gente amedrentándola y quitándole su sustento. La Constitución dice que todo mexicano tiene derecho de libre expresión y estos funcionarios la están violentando. La mayoría de los compañeros no quieren alzar la voz y reclamar por miedo a que les quiten su trabajo.”
Señala como la primera víctima de su movimiento a Ana María Guadalupe López Flores, quien cubría desde hace seis meses una vacante de enfermería, pero el jueves 17 fue despedida sin justificación alguna por la directora de las Unidades Periféricas, Claudia Pichardo.
Ante todo, los empleados suplentes cuestionan las políticas de CGC, las cuales estipulan que no se pagan suplencias para dos plazas, ya que como dice uno de ellos, “cuando la mayoría de suplentes en las diferentes áreas cubrimos en un día laborable hasta tres turnos; esta disposición va en detrimento de nuestro trabajo”.
Además, afirman que la empresa pretende contratar a tres suplentes en un turno de 24 horas, aunque es “disfuncional en un servicio de urgencias, donde se maneja la vida y la salud de los pacientes”.
Otra práctica normal de CGC es verificar en forma sorpresiva la asistencia del personal suplente, y en caso de que no se encuentre en el lugar de trabajo en ese momento no se le paga. Dadas las maniobras turbias con que se ha operado el traspaso del contrato, “existe el temor fundado de que se podría actuar de mala fe para evitar pagar suplencias y despedir a los compañeros”, explica uno de los trabajadores.
CGC contempla igualmente que un día laboral debe constar de ocho horas, pero en la Cruz Verde “no hay turnos de ocho horas, sino que son de seis, 10, 12 y 24 horas”, señala.
El grupo de entrevistados insiste en que durante varios años han laborado en condiciones precarias y fuera de la ley laboral, “ya que no contamos con Seguro Social –interviene otro empleado–. Nuestro sueldo se basa en el tabulador del año 2005, lo que implica seis años de retraso en aumento salarial; no se nos da uniforme, se nos retrasa el pago cuando menos de dos a tres meses, y se nos retiene el ISR a pesar de no contar con un contrato laboral con el ayuntamiento”.
Por si fuera poco, alega, “acudimos a laborar en los horarios y días indicados, aún en jornada de 24 horas seguidas de manera frecuente y jamás habíamos protestado, con la esperanza de aspirar a una plaza de base”.
Concluyen: “Al vernos amenazados en nuestros pocos derechos laborales, no aceptamos que la empresa nos contrate como suplentes externos ni que nos amenacen con quitarnos nuestro trabajo”.
