Las empresas mediáticas que han crecido en México al amparo del poder presidencial pasaron de ser testigos a actores de la vida social y política del país. Su influencia sobre la población es tal, que los sucesivos gobiernos han aceptado una alianza con los concesionarios en aras de transmitir interpretaciones de la realidad favorables a su ejercicio, a sus políticas, a su imagen.
Pero sólo se trata de una alianza coyuntural y no, como se ha afirmado, de la cesión del poder, ni de la supremacía de dichas industrias sobre los gobernantes. Éstos continúan con las prerrogativas que la Ley les otorga y los concesionarios, en caso de que el gobierno decida aplicar los reglamentos, deberán plegarse y acatar las disposiciones jurídicas.
Desde la era del PRI y de manera ampliada durante este sexenio, parte de la política pública consiste en apoyar a la industria mediática con prebendas consistentes en: subsidios disfrazados de promocionales, de campañas, de información; quitar impuestos (por ejemplo, con el decretazo de Vicente Fox que redujo el pago en especie de 12.5% del tiempo al 1.25%) y mediante otras fórmulas para que las aportaciones sean de escasa monta. También aceptando medidas como el Teletón e Iniciativa México. O por medio de las Fundaciones.
Antes de que las industrias de este tipo cotizaran en la Bolsa de Valores, era casi imposible conocer sus condiciones financieras. Hoy, el mecanismo accionario les impone hacer públicas sus finanzas. Y si bien los documentos no exhiben con detalle el proceso que lleva a definir cuáles son los impuestos que declaran pagar, sí es al menos posible exponer sus números para mostrar la enorme brecha entre ingresos e impuestos.
Televisa declaró ventas netas en 2010 de 57 mil 856.8 millones de pesos, y la erogación para el erario fue de 3 mil 259 millones de pesos. La utilidad declarada consistió en 15 mil 582.6 millones de pesos. Es decir por un mecanismo que no conocemos, los impuestos no alcanzan 30% sobre utilidades, sino apenas 20%. El documento consultado no señala el porqué de la diferencia.
En el grupo de TV Azteca aparece una brecha similar. Las ventas netas para 2010 fueron de 11 mil 554 millones de pesos; su utilidad, de 4 mil 195 millones de pesos, y Hacienda obtuvo 489 millones de pesos. A lo anterior, hay que agregar que ambas empresas gozan de la prebenda de diferir a dos o tres años el pago de los impuestos, sin que por ello se les carguen multas o intereses.
Por otro lado, la inversión es, a todas luces, escasa. Televisa declaró haber invertido en 2010 la cantidad de mil once millones de dólares, la mayor parte en compra de acciones en la sexta, emisora española; de Univisión, estadunidense, y en infraestructura para el “Grupo de telecomunicaciones de alta capacidad”, y para la compañía aérea Volaris.
El Estado, haciendo caso omiso de las transgresiones a la Ley de los consorcios erogó en publicidad, según afirma Azteca en su informe anual, un porcentaje de 7.8 en 2008, 10 al año siguiente y 9 en 2010, sobre el total.
Estamos únicamente ante la punta del iceberg que significa el apoyo estatal a la empresa privada, a costa del ciudadano.
