Comisionados cuestionados

En el último tramo del plazo otorgado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para iniciar el recorrido de pasos que prevé la propia norma, el presidente Vicente Fox designó a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y sometió sus nombres a la consideración (que no ratificación, que tendría otros efectos jurídicos, como negar la que sería entonces una propuesta presidencial y, en todo caso, obligar al presidente de la República a la reposición de los nombres de alguno o algunos de los comisionados) del Senado de la República, el que deberá mostrar su objeción de manera pública o su aceptación inclusive de manera tácita, cuyo efecto político no es menor, aunque hubiera sido deseable que el Senado tuviera la atribución legal de la ratificación, que sí existe en las leyes de acceso a la información pública de Sinaloa y Michoacán, donde los gobernadores  proponen y el congreso local dispone.

De cualquier manera, es un avance significativo si se toma en cuenta que el gobierno del presidente Vicente Fox hubiera deseado los mínimos de los mínimos, a pesar de la campaña mediática que pondera la transparencia y el acceso a la información pública para efectos de marketing y de su promoción de imagen personal.

Es evidente que en el Instituto descansa en gran medida el éxito de la Ley. De ahí que los nombres de los designados sean importantes para atisbar el futuro cercano de los alcances en la instrumentación de dicha ley para la fecha fatal del 12 de junio del 2003, donde Vicente Fox se ha encargado de generar amplias expectativas sobre su cumplimiento, aunque algunos de sus operadores técnicos, como Sergio López Ayllón, son menos optimistas.

Los nombramientos son dispares, sorpresivos y, en todo caso,  resultado del intento gubernamental por lograr un equilibrio entre la defensa de los intereses políticos del gobierno del presidente Fox y las demandas ciudadanas crecientes por contar con órganos autónomos, imparciales e independientes, que aseguren que prime el principio de apertura informativa sobre el de la secrecía, batalla que más temprano que tarde habrá de extenderse a todo el país, si la presencia activa de la sociedad organizada mantiene un esfuerzo sistemático en esta jornada más allá de la coyuntura.

La composición de los comisionados del Instituto tiene luces y sombras. Difícil sería adoptar una postura maniquea, donde todo es blanco o todo es negro. Hay que identificar los aspectos negativos, pero reconocer otros, que lo son menos. En principio, habría que lamentar que el presidente no haya cuidado el aspecto de la diversidad de género. Alguna mujer en México debe existir con las prendas cognitivas, de honorabilidad e imparcialidad para que hubiera sido parte de ese órgano colegiado, si bien también es verdad que algunas académicas invitadas declinaron participar. Esta última razón tampoco podría señalarse como argumento definitivo de esta ausencia advertible.

También es de llamar la atención que no se haya tomado en cuenta la diversidad regional. Si bien es cierto que algunos de los designados no tienen acta de nacimiento de la Ciudad de México, también lo es que su desarrollo profesional ha tenido lugar precisamente en la capital del país, de ahí que toda vez que se trata de un Instituto Federal la presencia de representantes idóneos de las regiones de México no estado demás.

Finalmente, no resulta la mejor señal que al menos dos de los ungidos no sólo carezcan de credenciales públicas de conocimiento en rubros de derecho de acceso a la información pública,  sino que incluso uno de ellos provenga de la nómina del gobierno federal, lo que podría presumir parcialidad al momento de desarrollar sus funciones. No es, por supuesto, una ilegalidad designar a un servidor público, pero sí una conducta que va a contracorriente de las tendencias de avanzada en la materia.

El presidente tiene, en efecto, la atribución para designar a servidores públicos que no estén comprendidos en las excepciones que la propia ley prevé. En Sinaloa y Michoacán las leyes correspondientes establecen, por el contrario, que ningún servidor público puede ser comisionado, de ahí que en Sinaloa, por ejemplo, los comisionados sean todos y cada uno de ellos académicos de tiempo completo de las universidades públicas locales, una mujer presida la comisión y todas las regiones del estado estén representadas. Seguramente lo mismo podría suceder en Michoacán, donde la ley facilita esa posibilidad.

En este contexto adverso, hay, sin embargo, algunas luces al final del túnel. Primero, es de reconocer que al menos tres de los designados tienen la presunción de imparcialidad y seriedad profesional en el desempeño de sus funciones y los otros dos tienen la oportunidad de demostrar que el compromiso no es con el gobierno del presidente Fox sino con el derecho a saber de los mexicanos. Segundo, esta misma composición permite observar que hay habilidades distintas y complementarias aunque no se trate en algunos casos de expertos con trascendencia pública en cuestiones de derecho de acceso a la información pública.

Finalmente, es deseable que, como ha sucedido en el caso de Sinaloa, el gobierno del presidente Fox brinde todos los recursos materiales necesarios para que el Instituto pueda iniciar sus labores a la brevedad posible, pues la travesía es muy larga para llegar a ese 12 de junio, cuando habrá que probar la eficacia de la ley, que es a final de cuentas de lo que se trata. La sociedad organizada deberá vigilar, por su parte, que el Instituto cumpla su cometido y la ley no se quede en un catálogo de buenas intenciones. Con todo, lo peor que podría hacerse ahora es erosionar la imagen del Instituto sin darle la oportunidad de que demuestre que puede (o que no) traducir en acto el mandato de la ley.

PD. El jurista Miguel Carbonell ofrece una nueva producción editorial por demás interesante. Se trata del libro Transición a la democracia y medios de comunicación, que edita la Coordinación General de Asesores del Gobierno de Aguascalientes.

(Comentarios: evillanueva99@yahoo.com y www.limac.org.mx)